La Argentina de la década de 1970 no estalló en violencia el 24 de marzo de 1976. Para esa fecha, el país ya llevaba años sumergido en un baño de sangre impulsado por organizaciones terroristas que, bajo banderas políticas, sembraron el caos y justificaron la ruptura del orden constitucional. Entender aquella debacle exige mirar sin sesgos ni medias tintas a los actores que, con sus crímenes, empujaron a la sociedad al abismo.
El caldo de cultivo y la lucha contra el terrorismo
Tras la muerte del General Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974, su viuda y presidenta, María Estela Martínez de Perón, heredó un país ingobernable. Lejos de tener las herramientas para calmar las aguas, se encontró con un Estado infiltrado y desbordado por la violencia. En su defensa de la democracia, y ante la impotencia de las fuerzas de seguridad convencionales, Isabel Perón firmó decretos históricos.
El 6 de noviembre de 1974, mediante el Decreto Nº 1368, dispuso el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. Pero el más significativo fue el Decreto Nº 261/75, firmado el 5 de febrero de 1975, que dio inicio al Operativo Independencia en Tucumán. Este decreto ordenaba al Ejército Argentino «proceder a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos».
El 9 de febrero de 1975, 1.500 soldados bajo el mando del general Acdel Vilas se desplegaron en la provincia, estableciendo su comando táctico en Famaillá. Estas eran medidas legales y necesarias ante grupos armados que ya habían declarado la guerra al Estado argentino.
La Triple A: El terror parapolicial
En este contexto de violencia desatada, estaba la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Creada desde el Ministerio de Bienestar Social por José López Rega, esta organización parapolicial no fue una respuesta institucional, sino una expresión más del terror, actuando al margen de la ley. Su objetivo era perseguir a todo aquel que consideraran de izquierda, y su accionar sembró decenas de muertes y operó en la impunidad que brindaba la confusión de la época.
En otras palabras, los asesinatos y secuestros comenzaron ANTES de la dictarura militar de 1976, en pleno gobierno democrático.
Los terroristas del ERP y Montoneros
Es imperativo detenerse en los verdaderos responsables del clima insurreccional: los grupos terroristas. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) , de orientación marxista liderado por Mario Roberto Santucho, y Montoneros, originariamente comandados por Mario Firmenich, no eran «organizaciones políticas juveniles» idealistas. Eran estructuras militares perfectamente armadas y financiadas que eligieron el camino de las armas para tomar el poder.
Tampoco eran «gente de pueblo», sino que los cabecillas provenían de sectores de la más alta elite social argentina.
Sus objetivos eran claros: destruir el sistema democrático e instaurar un régimen revolucionario. Para ello, ejecutaron los más horrendos crímenes. Sus modos de ataque incluían el secuestro extorsivo de empresarios para financiarse, el asesinato de sindicalistas que no comulgaban con su ideología, el ataque a cuarteles militares y el asesinato de policías.
El punto culminante de esta locura fue el 23 de diciembre de 1975, cuando aproximadamente 300 guerrilleros del ERP, bajo el mando de Santucho, Benito Urteaga y Hugo Irurzún, atacaron el Batallón Depósito de Arsenales 601 «Domingo Viejobueno» en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. El objetivo era apoderarse de 13 toneladas de armamento. La operación, planeada desde agosto de 1975, fue un rotundo fracaso gracias a la infiltración de Jesús «El Oso» Ranier, un agente de inteligencia del Ejército. El resultado fue una masacre: 62 guerrilleros muertos, decenas de heridos y 30 combatientes del ERP fueron ejecutados tras rendirse, según diversas fuentes. Las fuerzas militares sufrieron entre 7 y 10 bajas. Vecinos de la Villa IAPI también murieron en el fuego cruzado, y 49 cuerpos de guerrilleros fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Avellaneda, muchos de ellos con las manos cortadas y números pintados en el pecho. Este ataque, el mayor enfrentamiento librado entre la guerrilla y el Ejército en Argentina, demostró la capacidad de fuego del ERP y su desprecio por la vida, buscando una escalada que sumiera al país en una guerra civil.
La posición de Perón y la fatiga social
Juan Perón, desde su regreso, fue contundente con la juventud que decía adherir a él pero actuaba como delincuente. En su histórico discurso del 1 de mayo de 1974, los llamó «estúpidos e imberbes» y dejó clara su expulsión moral de la Plaza de Mayo. Perón entendía que el enfrentamiento armado no era el camino y que esos grupos, lejos de defender su legado, lo destruían desde adentro.
La sociedad argentina, golpeada y atemorizada, veía cómo la guerrilla copaba las provincias. El caos económico se sumaba al terror de no saber si un atentado estallaría en la esquina. Por eso, cuando las Fuerzas Armadas, aplicando la Doctrina de la Seguridad Nacional y con un feroz plan de combate, intervinieron, la sociedad, cansada de la inseguridad y el desorden, miró para otro lado. No hubo un apoyo explícito al terrorismo de Estado que vino después, pero sí un hartazgo con el flagelo guerrillero que, aunque suene duro, fue un pésame para muchos argentinos.
La mentira de los 30.000 y la verdad histórica
En el análisis de los números, debemos ser implacables con la verdad. Durante décadas se impuso el relato de los 30.000 desaparecidos como un dogma incuestionable. Sin embargo, la realidad, sostenida por testimonios de los propios protagonistas, demuestra que esta cifra fue una construcción política con fines de financiamiento y propaganda.
El exmilitante de las FAP, FAR y Montoneros, Luis Labraña, ha realizado en los últimos años una serie de confesiones públicas que terminan de derribar el mito. En una entrevista televisiva en el programa «Intratables», Labraña confesó sin ambages: «Inventamos la cifra, fui yo el que dijo 30.000» . Según su relato, la decisión se tomó en una reunión en Holanda, adonde habían viajado Madres de Plaza de Mayo para solicitar apoyo económico. Labraña explicó que las Madres llevaban una lista inicial de aproximadamente 4.000 casos de desaparecidos, pero las autoridades holandesas, con la memoria del Holocausto judío de 6 millones de muertos aún fresca, consideraban que ese número no era suficientemente significativo para calificar los hechos como «genocidio» y justificar una donación. Fue entonces cuando, en palabras de Labraña: «Dijimos varios números, uno fue 15 mil, otro 30 mil y otros disparates. Se aprobó 30 mil. Fui yo el que dijo la cifra. Pero, oficialmente, son alrededor de 8.000 personas desaparecidas» . El exguerrillero justificó la mentira como una necesidad para obtener recursos para las Madres, aunque con el tiempo reconoció que «fue una bandera de la mentira, la mezquindad» .
Pero Labraña no se detuvo en el número. También expresó un profundo arrepentimiento por su pasado en la guerrilla, aunque sin caer en el simplismo. «No me arrepiento de haber tomado las armas porque el que habla ahora no es la misma persona que antes», aclaró, pero sí fue categórico al afirmar que «la mentira era necesaria para conseguir ese dinero para las madres de los desaparecidos» . Su testimonio es demoledor porque viene de alguien que vivió la lucha armada en primera persona y que hoy reconoce el error de haber contribuido a construir un relato falso que solo alimentó el odio y la división entre los argentinos.
Otro testimonio de enorme peso es el de Graciela Fernández Meijide, una mujer cuyo propio hijo, Pablo, fue secuestrado y desaparecido por la dictadura en octubre de 1976, a los 17 años. Lejos de abrazar el relato de los 30.000, Fernández Meijide, quien fue secretaria de la CONADEP, siempre se mantuvo firme en los datos documentados. En 2016, en declaraciones recogidas por diversos medios, fue contundente: «¡Cómo que no se sabe la cifra! Claro que se sabe, son todos los publicados por la Conadep» . La CONADEP, en su informe original Nunca Más entregado al presidente Raúl Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, documentó 7.954 casos de desapariciones . Investigaciones posteriores elevaron esa cifra a alrededor de 8.961, pero Fernández Meijide siempre rechazó el número de 30.000. Incluso reveló el origen de esa cifra: fue Eduardo Luis Duhalde, durante el exilio en España, quien la colocó en un nuevo prólogo del libro Nunca Más años después, para poder apelar a la figura del genocidio ante la comunidad internacional . Fernández Meijide cuestionó públicamente: «¿Dónde están los nombres de esos veinte mil más? ¿Dónde están sus familias y las denuncias?» , dejando en evidencia que el número era una construcción política sin sustento en denuncias concretas.
Esa cifra de 8.961 incluye también a los desaparecidos durante la democracia previa a la dictadura del 76.
A estos testimonios se suma el de Darío Lopérfido, exfuncionario de Cultura de la Nación, quien en 2016 planteó que «no hubo 30 mil desaparecidos» y que «se arregló ese número en una mesa cerrada» . Lopérfido también señaló el rol de Montoneros en el ataque a la democracia, afirmando que «la historia argentina dice que los Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron» . Sus declaraciones le costaron el cargo, pero abrieron un debate necesario.
Incluso el economista Ricardo López Murphy se sumó a estas voces, señalando que «no hay 30.000 desaparecidos, el dato fue artificialmente inflado para llamar la atención» de los europeos, y remarcó que «si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad» .
En definitiva, la cifra de 30.000 no es un dato censal, sino una bandera política.
Esto no minimiza ni justifica los horrores cometidos por el Estado, pero nos obliga a una memoria completa. Si queremos verdad, debemos reconocer a todas las víctimas de todas las violencias, incluyendo las del ERP y Montoneros, cuyos crímenes han sido sistemáticamente ocultados por la «teoría de los dos demonios» que en realidad solo demonizaba a uno.
El quiebre de 1976 fue la consecuencia trágica de la incapacidad de la clase política para contener a grupos armados que creyeron que la violencia era el camino. Hoy, desde la distancia, tenemos la obligación de condenar sin atenuantes la barbarie guerrillera, la misma que con sus crímenes allanó el camino para la dictadura más dura de nuestra historia.
