La polémica vuelve a sacudir a la provincia de Chubut. El Comité Departamental Esquel de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un pedido formal ante la Legislatura Provincial para exigir la destitución inmediata de Santiago Igón como Director de la Empresa Provincial de Energía (EPECh). El reclamo se fundamenta en la falta de idoneidad moral del funcionario, quien deberá enfrentar un juicio oral por su implicación en la causa del «Vacunatorio VIP», un caso que conmocionó a la provincia por el privilegio en el acceso a la vacuna contra el COVID-19 durante la emergencia sanitaria.
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Si bien Igón había logrado un sobreseimiento en septiembre de 2025 mediante el pago de una reparación económica, la Sala III de la Cámara de Casación dio un giro radical a la causa. Los jueces anularon dicho cierre y ordenaron que el proceso penal continúe, dejando al exdiputado nacional a las puertas de un debate oral y público. Este nuevo escenario judicial, que lo sitúa como imputado en un delito grave, choca de frente con los principios de transparencia y ética que deberían regir en la función pública, especialmente en una empresa estatal clave como la energética.
Por otra parte, cabe reflexionar sobre qué hizo hasta ahora Igón como directivo de esa empresa estatal, cuál es su idoneidad, y cuál es su salario, y si, como acostumbran los funcionarios kirchneristas, hubo manejos poco claros del dinero de la empresa estatal.
La solicitud de la UCR, respaldada por dirigentes de Esquel, Trelew, Rawson, Trevelin y Puerto Madryn, sostiene que es inaceptable que un ciudadano sometido a proceso penal por hechos de alta sensibilidad social continúe ocupando un cargo de director.
Los camaristas fueron contundentes al señalar que la reparación económica no es una vía válida para extinguir la acción penal cuando se trata de funcionarios públicos, subrayando el «fraude a la expectativa social» generado por estas maniobras.
La permanencia de Igón en la EPECh no solo es un agravio a la sociedad chubutense, sino que refleja una actitud repudiable y recurrente de ciertos sectores políticos: buscar refugio en cargos del Estado para tener un sobrevaluado ingreso económico que no consiguen en el sector privado. Careciendo de la más mínima idoneidad técnica y con un prontuario judicial que lo descalifica, su continuidad es un insulto a los principios republicanos de transparencia. La Legislatura y el presidente de la EPECh tienen ahora la responsabilidad de actuar de oficio y apartar preventivamente a Igón, demostrando que en Chubut no hay lugar para la impunidad.
¿Y Biondo?
No hay que olvidarse del otro imputado en la causa de los vacunatorios VIP, Emiliano Biondo, que sigue ocupando un cargo en el HZE si haber recibido sanción administrativa alguna, a pesar de la gravedad de los hechos. ¿Es así como se pretende que funcionen las instituciones públicas?
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