La justicia federal puso fin a cualquier intento de impunidad y ordenó que el exdiputado nacional Santiago Nicolás Igón y el exjefe del Programa Sanitario de Esquel, Emiliano Biondo, se sienten en el banquillo de los acusados. Deberán enfrentar un juicio oral y público por el escándalo de la «vacunación VIP» en plena emergencia sanitaria por Covid-19, un caso que se ha convertido en el símbolo de la corrupción y el abuso de poder en la provincia del Chubut.
La investigación federal data de 2021, cuando se descubrió que Igón recibió dos dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital Zonal de Esquel. En ese momento crítico de la pandemia, las dosis estaban destinadas exclusiva y rigurosamente al personal de salud que estaba en la primera línea de batalla contra el virus. Sin embargo, el exdiputado, aprovechando su cargo político y sus contactos, accedió a un privilegio que le estaba vedado al resto de los ciudadanos que esperaban con desesperación ser inmunizados.
El caso no solo mancha la reputación de Igón, sino que expone la podredumbre de un sistema que permite a ciertos funcionarios sentirse por encima de la ley. Su cómplice necesario, el médico Emiliano Biondo, fue quien facilitó y autorizó este desvío de recursos públicos. La conducta de Biondo es doblemente reprochable: no solo traicionó la confianza depositada en su cargo al burlar los protocolos sanitarios, sino que lo hizo mientras él y la clase política seguían cobrando sus sueldos, ajenos al sacrificio económico de una población sometida a una cuarentena que destruyó las economías familiares.
Resulta indignante que, pese a la gravedad de su accionar, Biondo nunca haya recibido una sanción administrativa, demostrando la impunidad total que reina en la administración pública de Chubut.
Inicialmente, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia intentó cerrar el caso con un acuerdo por el cual Biondo pagaría la irrisoria suma de $1.000.000 para extinguir la acción penal. Este intento de «solución mágica» pretendía lavar la imagen de una estructura corrupta, enviando un mensaje nefasto a la sociedad: que quien tiene dinero puede comprar su inocencia. Afortunadamente, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, tumbó ese privilegio y ordenó que el juicio continúe. Los magistrados fueron contundentes al señalar que «una reparación integral no se puede usar para extinguir la acción penal» y que la gravedad institucional del caso, al tratarse de funcionarios públicos, exigía un proceso público para reparar el fraude a la expectativa ciudadana.
La actitud de Igón, al intentar resolver la comisión de un delito grave con dinero, deja una huella imborrable de cinismo. Su patrimonio y el de sus parientes cercanos deberían ser objeto de una investigación profunda, así como sus vínculos con un entorno político plagado de funcionarios condenados o procesados por corrupción. Su fortuna es un misterio y debería analizarse si proviene de décadas de prácticas políticas en un sistema donde el delito se ha convertido en una costumbre, un sistema kirchnerista que ha visto a varios de sus miembros ser declarados corruptos por la justicia. Desde los cuadernos de las coimas hasta los desfalcos en obra pública, el modus operandi es el mismo: enriquecerse y proteger a los suyos a costa del pueblo. Igón pareciera ser un eslabón más de esa cadena de impunidad que tanto daño le ha hecho a la Argentina.
El juicio a Igón y Biondo no es solo una causa judicial más; es la oportunidad para que la justicia demuestre que en Chubut ya no hay lugar para los privilegios. Es un paso fundamental para reparar el daño causado a la confianza pública y para dejar claro que ningún funcionario, por más dinero o contactos que tenga, está por encima de la ley. La sociedad espera que esta vez la justicia sea ejemplar.
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