En base a las investigaciones realizadas por Chubut Online, el titular de este medio radicó una denuncia penal a fin de que se investiguen una serie de presuntas irregularidades que involucrarían a la fiscal jefe de Esquel, María Bottini, y a su esposo, el contador Juan Martín Sandoval Martínez.
El escrito plantea interrogantes sobre una operación de transferencia de un automotor de valor multimillonario, casi 0km, por parte de los dueños del «geriátrico del terror», a manos del marido de Bottini que oficiaba de contador y posible gestor de aquel escandaloso lugar.
El automotor, según intentaron justificar, habría sido transferido al marido de Bottini en «parte de pago de honorarios adeudados«, lo cual constituye una gran sospecha, ya que resulta difícil comprender que los honorarios sean varias veces multimillonarios.
Según investigó Chubut online, el valor actual del vehículo superaría los $30.000.000. pero además, otro detalle hizo sonar las alarmas: el vehículo fue inscripto en el registro automotor por el marido de la fiscal como si fuese soltero, es decir, ocultándose los bienes de la sociedad conyugal y posiblemente evitando el pago de certificaciones de firmas ante el registro automotor.
Bottini habría intentado justificar el accionar de su marido argumentando cierto desconocimiento, lo cuál también resulta dudoso, ya que se trata de una operación multimillonaria por presuntos honorarios adeudados, más la posesión de un vehículo, que es un bien que difícilmente pueda ser ocultado a un cónyuge, amén de que recibir tantos millones impactaría abiertamente en el ámbito familiar, especialmente en su economía.
Por otra parte, se plantean las dudas de cómo es que los dueños del geriátrico pudieron comprar un automóvil 0km cuando supuestamente tenían una deuda multimillonaria, de mucho tiempo, con quien le llevaba la propia contaduría del negocio.
Pero eso no es todo: el vehículo habría estado a nombre de uno de los hijos de los dueños del geriátrico, de profesión desconocida; y ese hijo se constituiría como un tercero ajeno a la supuesta deuda del geriátrico. En otras palabras, si el geriátrico tenía un titular, no se entiende cómo un tercero pagaba con sus bienes una deuda ajena.
De haber existido esta extraña operación, debería haber registro de contratos, boletos de compra-venta con fecha cierta, facturaciones multimillonarias del marido de la fiscal y una serie de documentos que menciona la denuncia y de los que se solicita que se obtengan copias.
La investigación solicitada tiene como finalidad evaluar si existió delito, especialmente en lo relativo a posible evasión impositiva, falsificación o adulteración de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, encubrimiento, cohecho, entre otros.
La denuncia deja entrever la extraordinaria rareza de que una fiscal no esté al tanto de las acciones multimillonarias llevadas a cabo por su marido, como así también, vale recordar que Matín Sandoval es contador público, por lo que no puede desconocer los mecanismos legales para el registro de bienes. Se solicita investigar si Bottini hizo la vista gorda a todas estas irregularidades.
La actuación de Bottini como fiscal en una denuncia contra el geriátrico también merece ser atendida, ya que dejó el caso en manos de un fiscal bajo su jefatura, cuando se supone que debiera haber dejado a un fiscal dependiente de otra autoridad para garantizar la transparencia de las actuaciones y la no influencia directa o indirecta en cuestiones que involucran a un geriátrico que mantuvo relaciones multimillonarias con su marido.
La denuncia también plantea que se estudie si el vehículo pudo haber sido recibido como una especie de dádiva para garantizar cierta impunidad para los dueños del geriátrico. De haber sido así, podría tratarse de una situación de cohecho. Es una situación que debe ser estudiada y determinada por la investigación penal.
El geriátrico, luego de clausurado, se habría mudado a Esquel, y en cuyas transacciones también habría participado el marido de la fiscal, especialmente, gestionando el alquiler del inmueble donde se asentó.
El geriátrico clausurado en Trevelin se habría trasladado a Esquel, a la calle Perito Moreno N°331, donde no contaría con habilitaciones municipales, ni de ninguna índole.
Chubut Online constató la presencia de ancianos en el lugar, y otras personas nos han acercado videos que efectivamente muestran a ancianos dentro de ese lugar y se visualiza a la hija de los dueños del geriátrico clausurado, como la persona a cargo del lugar. Los autores de los videos habrían realizado una denuncia penal sobre el geriátrico, la cual, según nos informaron, habría sido cajoneada, y la prueba de los videos habría sido desestimada oralmente.
Recusaciones: Bottini y Miquelarena.
La denuncia plantea la recusación de los fiscales de Esquel bajo la órbita de Bottini. Así también, la denuncia presentó pruebas fotográficas y periodísticas tendientes a acreditar un presunto vínculo directo entre la fiscal Bottini y el Procurador General Jorge Luis Miquelarena, solicitándose también el apartamiento de la investigación de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal.
Esta solicitud, tendiente a garantizar la transparencia de la investigación solicitada, plantea en la práctica, un verdadero desafío para el Poder Judicial, en virtud de que no se evidenciarían mecanismos para nada pulidos para cuando la propia estructura del Poder Judicial tiene que ser investigada. Menos aún, cuando fiscales deben investigar a otros fiscales y bajo la mirada de la máxima autoridad, que tendría vínculos afectivos directos con la fiscal a investigar.
Ampliaremos.
