El Gobierno avanza en el Senado con un proyecto que limita expropiaciones, acelera desalojos y elimina restricciones a extranjeros para comprar tierras rurales.
El Senado comenzó a debatir este miércoles en comisiones el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del paquete de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. La propuesta busca blindar el derecho a la propiedad, acotar las facultades del Estado para expropiar bienes y agilizar los procesos de desalojo, en una jornada que convocó a más de veinte especialistas en el Salón Azul del Congreso.
Expropiaciones: más límites y pago total previo
Uno de los ejes más fuertes del texto es la reforma del régimen de expropiaciones. El proyecto establece una definición más restrictiva del concepto de “utilidad pública”, exige justificar cada medida de forma específica y proporcional, y obliga al Estado a pagar la indemnización total antes de tomar posesión del inmueble. Además, incorpora el lucro cesante dentro de la compensación y actualiza los montos por inflación más intereses comerciales.
Desalojos más rápidos y menos trabas judiciales
En materia de desalojos, la iniciativa propone que los trámites pasen a ser sumarísimos, el proceso más breve del Código Procesal. Se habilita la desocupación anticipada del inmueble incluso antes de una sentencia firme, se elimina la caución real como requisito –reemplazada por una declaración jurada del propietario– y se fija un plazo de apenas tres días de intimación previa ante la falta de pago.
Barrios populares: fin de la expropiación generalizada
El proyecto también modifica el régimen de integración socio urbana. Se elimina la expropiación masiva de terrenos en barrios populares y se habilitan mecanismos alternativos como la usucapión. Asimismo, se suprimen artículos que actualmente suspenden los desalojos y se otorga mayor participación a provincias y municipios en la gestión de estos territorios.
Campo: caen las restricciones a extranjeros
Otro punto de alto impacto es la modificación de la ley de Tierras Rurales. La reforma propone eliminar el tope del 15% del territorio nacional en manos extranjeras, quitar los límites por nacionalidad y suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Solo se mantendrán restricciones para Estados extranjeros y organismos públicos.
Manejo del fuego: menos años de protección ambiental
El proyecto elimina el plazo de 60 años de protección sobre tierras incendiadas y reduce las restricciones posteriores al fuego. La protección plena se conserva para bosques nativos, mientras que se flexibiliza el uso del suelo en pastizales y otras áreas, lo que podría facilitar cambios de destino de la tierra tras incendios.
El oficialismo busca ahora acercar posiciones para lograr dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y así avanzar hacia su sanción en el recinto.
El sistema judicial chubutense vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Pero lo que hoy indigna a la ciudadanía no es un hecho aislado ni una sorpresa: es la consecuencia de una lógica de funcionamiento que hace tiempo viene mostrando señales de desconexión, privilegio y falta de compromiso.
Información obtenida recientemente por Chubut Online da cuenta de que, en noviembre del año pasado, varios integrantes del Ministerio Público Fiscal provincial viajaron a San Francisco, Estados Unidos, en el marco de una capacitación sobre juicio por jurados con una duración de cinco días. Hasta allí, el argumento institucional podría resultar atendible, pero…
En los pasillos de los tribunales comenzaron a aparecer comentarios sobre fotografías de un par de participantes subidas a las redes sociales, donde se las ve disfrutando de las playas de Hawai, a unos miles de kilómetros de distancia de San Francisco, el lugar sede del curso.
Mientras la gran mayoría de los viajantes volvió al trabajo, al menos dos decidieron tomarse unas vacaciones en playas paradisíacas de Hawái, al tiempo que las víctimas de delitos en Chubut se preguntan por qué la justicia no funciona.
Como anticipo del viaje, algunas imágenes publicadas en redes sociales mostraban a dos de las viajantes arriba del avión en una actitud más cercana a un viaje de egresados que a la seriedad que requiere la administración de justicia, con abierta referencia escrita a que la imagen se trataba de fiscales en viaje.
Una llamativa suma de dinero.
Desde Esquel participaron la fiscal jefe, una funcionaria de fiscalía y una abogada del organismo. Según la información que obtuvimos desde Chubut Online, Por el viaje se abonaron viáticos por cinco días que totalizaron una suma nada despreciable de $3.728.891,40, además de pasajes de cabotaje por $1.380.000 correspondientes a la funcionaria y la abogada. En cuanto a la fiscal jefe, su pasaje habría sido cubierto por la Asociación Argentina de Fiscales, en virtud de su carácter de autoridad dentro de dicha entidad.
Ante un pedido de información formulado por Chubut Online, el Procurador Fiscal, Dr. Miquelarena respondió que los datos vinculados al viaje constaban en los registros informáticos del propio Ministerio Público, y que cada una de las erogaciones se tramitó conforme a la ley y a los reglamentos vigentes, bajo los controles internos y del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, lejos de aportar claridad, la respuesta se cerró sobre sí misma: sostuvo que “brindar cualquier otra información adicional, más allá de las actividades realizadas, podría implicar una violación a la Ley de Protección de Datos Personales”.
Entre lo ético y lo legal.
Las respuestas recibidas desde el MPF nos han generado más dudas, pero dejemos por ahora de lado el derecho a la información y la enorme equivocación -¿equivocación?- de la respuesta. Hasta allí, todo pareciera encuadrar dentro de la legalidad. Y, en efecto, lo estaría. No habría —al menos en lo legal— irregularidades que objetar. Pero es precisamente por eso que la mirada debe ampliarse. Y es en ese punto donde aparecen situaciones que, cuanto menos, llaman la atención.
La fiscal de Esquel, María Bottini, conocida por acumular cuestionamientos públicos sobre su accionar a lo largo de su carrera como fiscal, decidió que inmediatamente después del curso sobre “juicio por jurados”, era un buen momento para conocer las playas de Honolulu, Diamond Head y Kuhio Beach, en el paradisíaco Hawai, a casi 4000km del lugar del curso. No fue sola, se llevó al menos a una acompañante, también del MPF. Y no lo hizo en sus días libres teóricos: se tomó una licencia ordinaria que, si bien resultaría legal, expone la laxitud de un reglamento que permite a funcionarios de alto rango ausentarse cuando la sociedad más necesita de su presencia.
Si bien la gran mayoría de los participantes del curso volvieron en tiempo y forma a sus trabajos, el caso de Bottini no se trató de un regreso inmediato ni de una reanudación de funciones en un contexto que ya entonces requería respuestas. Por el contrario, la extensión del viaje evidenció que, más allá de la cobertura formal de licencias, existía margen —y decisión— para priorizar lo personal por sobre lo institucional.
Y es justamente ahí donde el análisis deja de ser meramente administrativo para ingresar en un terreno más incómodo, pero necesario: el ético. Porque aun cuando todo haya sido formalmente correcto, surgen preguntas que no pueden descartarse con una simple invocación a la legalidad.
En primer lugar, el modo en que se aprovechan oportunidades que, en definitiva, existen exclusivamente por el ejercicio de un cargo público. El viaje a Estados Unidos no fue una circunstancia privada: fue posible gracias a la función desempeñada. Y, en ese marco, la extensión posterior hacia Hawái no aparece como un hecho completamente desligado, sino como una derivación directa de esa misma oportunidad.
Dicho de otro modo: si no se hubieran utilizado las ventajas propias del cargo —incluso cuando parte de los costos hayan sido cubiertos por una asociación profesional—, ese desplazamiento difícilmente se habría producido en esas condiciones. El costo real de un pasaje internacional de esas características, asumido íntegramente de manera particular, habría sido sensiblemente mayor y, en rigor, debería haber salido del propio peculio del funcionario, que, dicho sea de paso, cobra mensualmente un salario jugoso muy alejado de la gran mayoría de la gente, que le permite viajar sin tener que caer en estos presuntos “oportunismos” de ética muy cuestionable.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿resulta correcto capitalizar una oportunidad generada por la función pública para obtener un beneficio personal? La respuesta, al menos desde una perspectiva ética, dista de ser sencilla. Porque lo que está en juego no es la legalidad del acto, sino el estándar de conducta que se espera de quienes ejercen responsabilidades institucionales.
La ética cuestionable y los cargos jerárquicos.
Esa exigencia no es abstracta ni declamativa: adquiere una dimensión concreta cuando quien adopta este tipo de decisiones ocupa, además, un rol de representación institucional. No es un dato menor que la misma funcionaria integre hoy el Consejo de la Magistratura del Chubut en representación de los magistrados. Desde allí, participa en la selección y evaluación de jueces, es decir, en la definición de los perfiles que deben ajustarse —justamente— a los más altos estándares de idoneidad, responsabilidad y conducta pública. La pregunta, entonces, se proyecta inevitablemente: ¿con qué vara se mide?
Las licencias nuevamente en debate.
El curso terminó en la tarde/noche del viernes 14 de noviembre y el día 15 por la mañana Bottini y su colega ya estaban en las playas de Hawái, tomándose licencia a partir del día lunes 17 hasta el día 26 de ese mes. Cabe señalar que los días 15 y 16 eran días previstos para el regreso a la Argentina, bajo el paraguas de la cobertura legal y reglamentaria que la misma Procuración General señaló por nota a Chubut Online. Esos días parece que entraron en un abismo reglamentario, porque, si bien era un fin de semana, la cobertura legal reglamentaria suponía que en esos días debían emprender el regreso a la Argentina.
Tampoco se trata de un episodio completamente aislado. En los últimos años se han conocido situaciones que, aun con diferencias entre sí, vuelven a colocar el foco en el uso de licencias y en los criterios con los que se ejercen las responsabilidades públicas.
Tal es el caso de una funcionaria del Ministerio Público de Esquel que, según está investigando este medio de comunicación, hace un tiempo habría utilizado una licencia médica para viajar a Europa; o el del juez de Cámara Claudio Petris, quien atravesó períodos de licencia en el marco de su investigación disciplinaria, con certificaciones médicas que habrían generado cuestionamientos e interrogantes por la forma en que habrían sido expedidas.
La sociedad chubutense, en ese marco, empieza a plantear un límite claro. No desde la ilegalidad —que aquí no se discute—, sino desde algo más básico: la coherencia entre el rol que se ejerce y las conductas que se adoptan. Porque la justicia no puede permitirse aparecer como un espacio de privilegios donde la formalidad alcanza para justificar cualquier decisión. –
No se trata de Hawái. Se trata de algo mucho más profundo: de una dirigencia judicial que parece haber olvidado que su legitimidad no se sostiene en lo que puede hacer, sino en lo que debería hacer.
En otras palabras, cualquier persona puede comer y saborear caviar delante de un indigente desnutrido, ya que no hay ilegalidad en ello; sin embargo, nadie lo hace, por respeto, o empatía. Menos lógico sería aún, que eso lo haga alguien con responsabilidad sobre la situación del mendigo. Sin duda, algo similar a lo vivido por el mendigo deben sentir todos aquellos que esperan que la justicia funcione, al ver a fiscales de vacaciones en playas de Hawái en época de trabajo.
¿Realmente capacitan esos cursos?
Desde el Ministerio Público Fiscal se defiende el viaje: curso intensivo, visitas a laboratorios, encuentro con la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, y hasta una visita al FBI. Todo muy técnico, todo muy relevante para el sistema de juicio por jurados que ya rige en Chubut. Pero entonces cabe preguntarse: si la capacitación fue tan valiosa, ¿por qué el accionar cotidiano de la fiscal Bottini deja tantas dudas? No hace falta ir muy lejos en el tiempo para ver su último papelón jurídico: en Esquel, la fiscalía, con la intervención de Bottini, intentó inventar un juicio contra un abogado por hechos en los que no tenía ninguna participación. ¿Eso es aplicar lo aprendido en San Francisco?¿ Valió la pena el costo del viaje?
La justicia no puede darse el lujo de parecer un club de privilegiados que viajan, se “capacitan” y, de paso, se toman vacaciones en el Pacífico mientras las víctimas de delitos buscan justicia. Si el reglamento de licencias lo permite, entonces hay que cambiar el reglamento. Y si quienes lo conceden no aplican criterios de razonabilidad y compromiso social, entonces hay que preguntarse si están a la altura de la función que ocupan.
Porque al final del día, una fiscal no es una turista más. Es la representante del Estado en la persecución del delito. Y cuando ese Estado se toma vacaciones, la víctima queda sola.
Un violento enfrentamiento armado sacudió este lunes las aguas del río Paraná, en Misiones, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) intentó frustrar un cargamento ilegal proveniente de Paraguay. Una efectiva de la élite Albatros resultó herida, mientras que las fuerzas de seguridad lograron secuestrar 53 bultos valuados en más de 245 millones de pesos.
El operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 1924 del río Paraná, en el denominado Paraje Cantera, cerca de Puerto Iguazú. Los efectivos de la PNA patrullaban la zona fluvial cuando detectaron un lanchón que había zarpado desde la costa paraguaya con una gran cantidad de bultos. Al advertir la presencia de la fuerza argentina, los tripulantes intentaron regresar rápidamente hacia el país vecino, abandonaron la carga y huyeron internándose en la vegetación.
Sin embargo, cuando el personal de Prefectura se aproximó a la embarcación para inspeccionarla, comenzaron las agresiones. Desde ambas márgenes del río, los delincuentes dispararon con armas automáticas y escopetas, además de arrojar piedras. La fuerza argentina respondió con disparos de advertencia y disuasivos, en medio de una creciente tensión fronteriza.
Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el repliegue de los efectivos hacia una zona segura. Fue en ese momento cuando se produjo un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya. Una integrante de la Agrupación Albatros —la unidad táctica de élite de la Prefectura— resultó herida. Sus compañeros la asistieron de inmediato y fue trasladada a un centro de salud local, donde quedó fuera de peligro, según confirmaron fuentes de la PNA.
Finalmente, los uniformados resguardaron los elementos secuestrados y los trasladaron a la dependencia local. Allí, en presencia de testigos, se procedió a la apertura de los 53 bultos. El decomiso incluyó electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y otros artículos de alto valor comercial, todos de ingreso ilegal al país. El total del cargamento supera los 245 millones de pesos.
En el procedimiento también participaron fuerzas federales y provinciales, y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que ahora investigan el origen de la carga y la identidad de los atacantes.
La jueza de garantías Eve Ponce fue contundente al evaluar el pedido de uno de los acusados por el homicidio de Mario Giannobile, ocurrido en Playa Unión. Pese a la promesa del imputado de «portarse bien» y a la oferta de comprar su propia tobillera electrónica, la magistrada entendió que el peligro de fuga era evidente. El hombre ya había permanecido prófugo durante la investigación y falsificó documentos de identidad.
En una audiencia celebrada en Rawson, el abogado defensor Diego Cruceño solicitó que su cliente, identificado como García, continúe el proceso en arresto domiciliario. El fundamento principal era poder acompañar a una de sus hijas en un proceso personal. «Me comprometo a lo que usted disponga y a seguir las pautas de conducta», aseguró el imputado ante la jueza. Incluso ofreció comprar su propia tobillera electrónica y donarla al Estado al finalizar el caso.
El defensor argumentó que su cliente goza del principio de inocencia, que no tiene condenas previas y que posee arraigo en la zona. También ofreció un departamento en caución para el Estado provincial en caso de fuga. «La regla debe ser la libertad del imputado», sostuvo Cruceño.
Sin embargo, la postura del fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill inclinó la balanza. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso con firmeza y recordó antecedentes clave: «El riesgo de fuga aún persiste. Basta tener en cuenta su comportamiento tras el crimen: falsificó documentos de identidad, se mantuvo prófugo con el auxilio de su familia y además tiene un pedido de prisión preventiva por parte de la Justicia Federal», detalló Cheuquemán. Y agregó: «De ser hallado culpable, la pena puede ser la prisión perpetua».
La jueza Eve Ponce coincidió con la fiscalía. En su resolución, rechazó el arresto domiciliario al considerar que siguen vigentes los riesgos procesales de fuga. Además, desestimó el argumento de la atención de la hija al señalar que no se presentaron informes que acreditaran esa necesidad. «El vínculo entre padre e hija se encuentra afectado, pero eso ocurre con todos los detenidos respecto de sus respectivos grupos familiares», indicó la magistrada.
El caso investiga el homicidio a golpes de Mario Giannobile, ocurrido a fines del año pasado en Playa Unión. Su cuerpo fue arrojado desde un acantilado entre las playas Magagna y Santa Isabel. Además del imputado al que se le rechazó el beneficio, permanecen detenidos el capitán de barco César Fresco y Fabián Sampietro. Días atrás, la jueza Ponce había extendido por seis meses el plazo de la investigación a pedido de los fiscales.
Las universidades nacionales argentinas se convirtieron en un agujero negro de recursos públicos. La Universidad de Buenos Aires (UBA) dice tener más de 300.000 alumnos, pero nadie sabe cuántos son reales. No hay categorización clara: ¿cuántos cursan, cuántos rinden, cuántos solo usan el comedor o el espacio para militar? Sin datos precisos, el despilfarro está garantizado.
El problema no es menor. Millones de pesos se fugan sin control porque los presupuestos no son públicos como deberían. Las autoridades rinden cuentas a nadie. Sobresueldos, viajes, asesores fantasma y obras paralizadas son moneda corriente. La UBA, emblema nacional, se convirtió en un símbolo de la opacidad.
Pero hay algo peor: los “estudiantes eternos”. Personas que hace diez, quince o veinte años están anotadas sin avanzar en ninguna materia. No van a estudiar, van a hacer política, especialmente los de izquierda, pagados por todos los argentinos. Usan las aulas como centros de adoctrinamiento kirchnerista, toman edificios, organizan marchas y después se quejan de que el país no funciona.
El nivel académico se derrumbó desde que el kirchnerismo intervino la universidad. Los planes de estudio se llenaron de contenciosidad vacía, ideología de género sin sustento científico y materias que parecen talleres de militancia. Los famosos rankings mundiales que la UBA presume son un circo armado por instituciones afines. No tienen rigor técnico. Son propaganda. Propaganda absurda basada en la imagen de lo que alguna vez fue la universidad y ya no lo es.
Urge un cambio de leyes. Las universidades nacionales no pueden seguir siendo feudos sin control. Hay que auditar cada peso, poner tope a la reelección de autoridades, eliminar la gratuidad para quienes no aprueben materias en un tiempo razonable y prohibir la militancia partidaria dentro de los claustros.
Las universidades no son gratuitas: las pagamos todos y por ello todos tenemos que saber qué hacen las universidades con nuestro dinero.
Mientras tanto, en otras universidades nacionales el panorama no es distante a la situación de la UBA. Profesores que trabajan pocas horas por semana cobran más que un empleado privado de jornada completa. Y aún así se quejan, paran, toman la calle. El derecho a huelga se convirtió en un arma de extorsión. Docentes de izquierda y kirchneristas acapararon los espacios y no dictan clases. En algunos casos ya son meses sin dictar cátedras agarrados de huelgas eternas mientras siguen «manoteando» sus sueldos. Los alumnos son rehenes del caos.
Basta de financiar vagancia, adoctrinamiento y mediocridad. La ley debe limitar las huelgas docentes. Si no dan clases, que no cobren. Si hacen política, que renuncien. La educación pública es un derecho, no una concesión a la casta universitaria.
El BCRA eliminó los topes para extraer efectivo con tarjeta de crédito argentina en el exterior. Fin del cepo cambiario kirchnerista.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso histórico este viernes al eliminar todas las restricciones que pesaban sobre los adelantos en efectivo con tarjetas de crédito emitidas en el país cuando se utilizan en el exterior. La medida, oficializada mediante la Comunicación “A” 8417, marca un antes y un después en la política cambiaria nacional y consolida el rumbo de apertura económica impulsado por el Gobierno.
Hasta ahora, los argentinos que viajaban al exterior se topaban con un esquema absurdo de límites: apenas 50 dólares por operación, o 200 dólares en países no limítrofes. Esas trabas, heredadas del paupérrimo manejo de la economía durante el kirchnerismo, aislaron al país del mundo y sometieron a los ciudadanos a un control abusivo sobre su propio dinero. Hoy, esa etapa queda definitivamente atrás.
Con la nueva normativa, desaparecen los montos máximos impuestos por el BCRA para las extracciones en cajeros automáticos fuera del país. Los usuarios podrán acceder a moneda extranjera según el límite disponible de su tarjeta, sin más condicionamientos que los propios de su entidad financiera. La Argentina vuelve a operar con normalidad en los esquemas cambiarios internacionales, sin las asfixiantes restricciones que durante años la mantuvieron al margen del mundo.
La decisión no solo beneficia a los viajantes, sino que envía una señal clara a los mercados: el país deja atrás el aislamiento y las regulaciones arbitrarias. El excelente rumbo de la economía argentina permite hoy eliminar todas las trabas que el kirchnerismo impuso con su mano ideológica y su pésima gestión. La libertad cambiaria es un hecho, y el fin del cepo a las tarjetas es una prueba más de que la Argentina recupera su lugar en el mundo.
La aerolínea low cost atribuyó la demora a “problemas administrativos excepcionales” sin dar una fecha precisa de pago. El sindicato ATAF denunciará la situación ante el Ministerio de Capital Humano y amenaza con una retención de tareas desde el lunes 13 de abril.
En medio de un escenario ya complicado por cancelaciones masivas y reacomodamientos de vuelos, Flybondi sumó un nuevo foco de tensión que ahora golpea de lleno a sus trabajadores. La empresa no depositó los sueldos correspondientes a marzo y, según un comunicado interno difundido en redes sociales, aseguró que busca regularizar los haberes “lo antes posible” sin comprometer una fecha concreta.
La respuesta del sector gremial no se hizo esperar. La Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) se declaró en estado de alerta y movilización. El sindicato anticipó que presentará una denuncia por incumplimiento ante el Ministerio de Capital Humano para que intervenga y aplique eventuales sanciones. Además, intimó a la compañía a pagar de manera inmediata y advirtió que, si la situación persiste, iniciará una retención de tareas por 24 horas a partir del lunes 13 de abril a las 14.
Fuentes de la empresa intentaron bajar el tono del conflicto al calificar el hecho como “excepcional” y destacaron que este jueves se abonaron los viáticos de todas las tripulaciones. Sin embargo, el malestar interno crece, sobre todo porque días atrás Flybondi ya había anunciado un programa de retiros voluntarios para “optimizar su capacidad y eficiencia operativa”.
La crisis operativa de la aerolínea viene de arrastre. Durante marzo, hasta ocho de los diez aviones alquilados bajo la modalidad ACMI permanecieron en tierra por renegociaciones contractuales. Aeronaves de la española Albastar y de Avion Express Lituania ya regresaron a sus países, y actualmente solo operarían una unidad de Avion Express Brasil y otra de ETF Airways.
Flybondi comenzó a volar en Argentina en 2018, en plena política de apertura del mercado aerocomercial impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de 2025 cambió de control accionario: su principal inversor es COC Global Enterprise. La empresa había anunciado en diciembre un plan de expansión para sumar 35 aeronaves, pero los aviones alquilados no llegaron a tiempo, lo que derivó en actas de infracción de la ANAC por suspensiones de vuelos sin aviso previo. En febrero, Paz Lovisolo asumió como nueva CEO en reemplazo de Mauricio Sana.
Por ahora, los pasajeros con vuelos programados para los próximos días siguen en vilo. La posible medida de fuerza del gremio podría profundizar el caos en una aerolínea que ya arrastra una larga lista de cancelaciones y demoras.
La lucha contra el crimen organizado desde dentro de las prisiones dio un paso decisivo en Chubut. Este jueves, la Legislatura provincial sancionó con amplia mayoría una ley que prohíbe terminantemente el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles a las personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La iniciativa, alineada con la normativa nacional vigente, tiene un objetivo claro: resguardar la seguridad pública y prevenir delitos como estafas, extorsiones y amenazas que, según investigaciones, se planifican y ejecutan desde el interior de las unidades penales.
En una sesión presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la nueva norma reunió el respaldo de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. Sin embargo, no fue unánime: la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) y Juan Aquino (Frente de Izquierda) votaron en contra, mientras que Mariela Williams, compañera de bloque de Goic, decidió acompañar la medida.
“Las cárceles no pueden ser centros de operaciones”
Al presentar el proyecto, la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, señaló: “No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas”. Aguilera remarcó que el Estado debe proteger a las víctimas, advirtiendo sobre “una visión distorsionada de los Derechos Humanos” que deja desprotegida a la ciudadanía frente a las redes delictivas que acechan desde los centros de detención.
En la misma sintonía, Sonia Cavagnini, presidenta de la Comisión de Legislación General, aclaró que la ley no vulnera derechos fundamentales, sino que ordena el sistema. “La cárcel tiene que ser un lugar de cumplimiento de condena y de resocialización. Esta medida no implica aislar, sino evitar que se convierta en un centro de operaciones delictivas”, explicó.
Debate y reparos
Si bien la mayoría de los diputados celebró la sanción, surgieron voces que pidieron cautela. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, valoró las reuniones informativas con especialistas, aunque lamentó el “apuro” en el tratamiento. Sus pares Norma Arbilla, Vanesa Abril y Emanuel Coliñir también cuestionaron la celeridad del debate. No resulta extraño que el kirchnerismo defienda delincuentes, más aún cuando su lider política es una presa VIP que goza de todos los lujos.
Por su parte, la diputada Tatiana Goic, al fundamentar su rechazo, citó al procurador general Jorge Miquelarena -quien apoya la ley- señalando que existen “conjeturas” y falta de estadísticas concretas sobre la incidencia de los celulares en la comisión de delitos. Goic acusó al Ejecutivo de “estigmatizar” a los presos con “discursos de odio”, recordando que “las personas privadas de su libertad ya están pagando”.
Juan Aquino (Frente de Izquierda) coincidió en la falta de datos empíricos y criticó “la incomprensión profunda de las raíces sociales de la delincuencia”, vinculando el problema con la pobreza y las malas condiciones de infraestructura carcelaria.
Un régimen controlado
Más allá de las posturas encontradas, la ley no solo prohíbe los dispositivos, sino que establece un régimen de comunicaciones controladas. Este sistema garantiza el derecho al contacto con el exterior de los internos, pero bajo estrictos controles estatales, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos. La diputada Andrea Toro (Pich) adelantó que solicitará informes al Ejecutivo sobre el estado de la infraestructura tecnológica en las cárceles para hacer efectiva la medida.
El Congreso aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. A diferencia de lo que circula en redes, los glaciares no pierden protección, sino que, básicamente, cambia la autoridad de aplicación, pasando a manos de las provincias.
El Congreso Nacional dio media sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, en una sesión que evidenció dos posturas contrapuestas. Mientras el oficialismo y los partidos aliados celebran un avance en el federalismo y el desarrollo productivo, la oposición advierte sobre presuntos intereses mineros y posibles impactos ambientales.
Qué cambia realmente y qué permanece igual
A diferencia de lo que la oposición difunde en las redes sociales, los glaciares no perdieron su protección. El corazón de la discusión no estuvo en los hielos permanentes, sino en la denominada “zona periglaciar”. Bajo la nueva normativa, esa área no queda desprotegida, sino que su gestión pasa al ámbito provincial. Cada provincia con glaciares —entre ellas Chubut— deberá realizar estudios técnicos de segundo y tercer grado para determinar qué sectores periglaciares cumplen una función hídrica relevante y cuáles no. Solo aquellos que no sean reservas estratégicas de agua podrán desafectarse del inventario del Ianigla y eventualmente destinarse a otros usos.
Postura a favor: federalismo y desarrollo
Los defensores de la iniciativa, encabezados por el diputado Nicolás Mayoraz, sostienen que la reforma no viola el principio de no regresión ambiental. “El paradigma de protección de glaciares que cumplen función hídrica no se modifica”, afirmó. Además, destacaron que el Ianigla no cuenta con recursos suficientes para realizar los estudios detallados que ahora podrán encarar las provincias. Según esta visión, se destrabarían inversiones por más de U$S 20.000 millones en proyectos mineros, generando empleo y desarrollo sin poner en riesgo el agua.
Postura en contra: riesgo ambiental e intereses mineros
La oposición cuestionó que los gobernadores puedan priorizar criterios políticos por sobre los científicos. “Las provincias tienen capacidad técnica, pero también demostraron que priorizan lo político”, advirtió. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue contundente: “Las mineras redactaron esta ley”. Los críticos temen que la explotación minera afecte cuencas hídricas que abastecen a provincias como La Pampa y que la reforma sea declarada inconstitucional por violar presupuestos mínimos de protección ambiental.
Promesa de judicialización
Durante el debate -muy acalorado- desde la oposición advirtieron que la nueva ley será judicializada. La puesta en marcha de la ley, entonces, empieza a crear incertidumbre, ya que ambas posturas, a favor y en contra, tenían fuertes argumentos legales para defender o atacar la reforma de la ley. En virtud de otras judicializaciones, la aplicación evidentemente quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia a su debido tiempo, luego de las clásicas idas y vueltas del Poder Judicial en las distintas etapas de judicialización. Un final sin certezas.
Resulta repudiable la utilización de niños como mascotas mediáticas. Así pareciera ser el caso de conductores de TV como Marley, el conductor que se hace llamar Lizy Tagliani, o Flor de la V, entre otros, que exponen a sus hijos en las redes sociales, dando la sensación de usarlos como herramientas para crear marketing en vez de estar ejerciendo una paternidad que los resguarde.
Otro tema aparte es la forma en la que estos personajes mediáticos llegan a ejercer la paternidad. Uno, aparentemente habría recurrido al alquiler de vientres en el extranjero, con óvulos de una tercera, sin darle la posibilidad a los niños de tener una madre biológica o de crianza. El otro, un hombre travestido que manifiesta percibirse mujer, pero claramente tampoco tiene la capacidad biológica para engendrar un hijo en su vientre y la ley argentina le permite la adopción a pesar de tener un aparente trastorno o conflicto interno por su condición de hombre que se percibe mujer. Al menos, este último, no expone el rostro del niño.
La pregunta es ¿Realmente están en condiciones de ejercer la paternidad o simplemente la adopción es un juego legal derivado leyes populistas absurdas combinadas una enfermedad de rating en medios y redes?
Ningún padre expondría a sus hijos ante los medios y redes, no sólo por estar expuestos a todo tipo de peligros, sino por la preservación de la intimidad de esos niños que algún día serán adultos y se encontrarán con que millones de personas desconocidas conocen sus nombres, historias, gustos y costumbres.
Es algo asimilable a la película de Jim Carrey, “The Truman Show”, en donde los niños no eligen ser parte del espectáculo horrendo, mediocre y bizarro al que están siendo expuestos por sus tutores legales.
Un niño no puede firmar un contrato. Un niño no puede leer los términos y condiciones de Instagram. Un niño no puede entender que una foto tomada hoy será vista por millones de personas durante el resto de su vida. Y sin embargo, a diario, cientos de menores aparecen publicados en redes sociales y programas de televisión como si fuesen un accesorio más de la vida adulta.
La maldita exposición.
Cuando un adulto —sea famoso o anónimo— sube una imagen de su hijo llorando, bañándose, enfermo o jugando despreocupadamente, está tomando una decisión unilateral que afectará para siempre a ese ser humano. El niño no consintió. No puede consentir. Y la ley es clara al respecto: los niños son sujetos de derecho, no objetos de propiedad parental.
Perjuicios concretos de la exposición temprana
Los daños no son especulativos. Son reales y están documentados por psicólogos, pediatras y especialistas en infancia:
Pérdida de la intimidad. El niño crece sabiendo que cada aspecto de su vida puede ser observado, juzgado y comentado por extraños. No hay refugio. No hay espacio privado.
2 Ansiedad y presión por performance. Cuando un menor sabe que está siendo filmado o fotografiado para una audiencia, deja de comportarse con naturalidad. Comienza a actuar. Eso genera estrés crónico, miedo al error y una necesidad enfermiza de aprobación externa.
Construcción de identidad distorsionada. La identidad se forja en la intimidad, en los errores, en los momentos feos. Un niño expuesto no puede equivocarse en privado. Todo queda registrado. Eso lo lleva a desarrollar una personalidad para la cámara y otra, muchas veces rota, para cuando está solo.
Riesgo de acoso y grooming. Las imágenes de menores en redes sociales son material codiciado por redes de depredadores sexuales. Publicar la escuela a la que asiste el niño, su rutina, sus vacaciones, es entregar un mapa de vulnerabilidades a quien no debería tenerlo.
Cicatrices de adulto. Muchos jóvenes que fueron expuestos durante su infancia por padres famosos o influencers relatan hoy, ya adultos, cuadros de depresión, trastornos de ansiedad, dificultades para confiar en los demás y un profundo resentimiento hacia quienes debían protegerlos y no lo hicieron.
El silencio cómplice del sistema legal
Las leyes existen. En Argentina, la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes establece el derecho a la intimidad, a la imagen y a no ser expuestos en los medios de comunicación cuando ello afecte su dignidad. También el Código Civil y Comercial, protege a los niños de la exposición indebida de lsu imagen.
Pero las leyes no se aplican. Los jueces no intervienen. Los fiscales no investigan. Los defensores de menores miran hacia otro lado cuando el adulto responsable es una figura pública con poder mediático. Y así, la naturalización avanza: cada foto compartida es un nuevo ladrillo en el muro de la impunidad.
Cuestionamiento ético ineludible
¿Es ético que un adulto gane seguidores, contratos publicitarios o simple popularidad a costa de la imagen de un niño que no puede decir que no?
La respuesta es no. No lo es.
Cada like que un adulto recibe por una foto de su hijo es un incentivo perverso. La lógica del mercado se impone sobre la lógica del cuidado. El niño se convierte en mercancía. Y la sociedad, con su clic cómplice, valida esta práctica como si fuese normal.
No es normal. No debería serlo nunca.
Llamado a la acción
Las plataformas digitales deben endurecer sus políticas. Los jueces deben actuar de oficio ante la exposición evidente de menores. Las escuelas y los profesionales de la salud deben alertar y denunciar. Y los adultos, todos los adultos, debemos preguntarnos antes de publicar: ¿esto beneficia al niño o me beneficia a mí?
Un niño no es un trofeo. No es un contenido. No es una herramienta para llenar el ego vacío de un adulto o para llenar de dinero sus bolsillos. Un niño es una persona. Con derechos. Con futuro. Con la necesidad sagrada de crecer en privado para poder mostrarse al mundo, algún día, desde su propia libertad.
La infancia no se recupera. Una vez expuesta, queda expuesta para siempre. Protejamos lo que no puede defenderse solo.
Muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia reabre debate sobre decisiones judiciales en disputas por tenencia. La familia pide respuestas.
La trágica muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia expone las grietas de un sistema judicial que debe resolver la tenencia de menores en medio de relaciones familiares conflictivas. Mientras la autopsia intenta determinar las causas del fallecimiento, la familia paterna denuncia que el menor fue separado de su entorno afectivo por una decisión que, aseguran, ignoraba su bienestar superior.
El pequeño llegó sin vida al Hospital Regional de Comodoro el pasado domingo. Pese a las maniobras de reanimación avanzada, los médicos solo lograron restablecer parcialmente su actividad cardíaca, pero nunca recuperó la respiración por sus propios medios. “Nunca respondió”, confirmó Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del hospital, en declaraciones a SETA TV.
El caso conmociona a la provincia de Chubut no solo por la muerte inesperada del menor, sino por el contexto judicial que lo rodeaba. Según relató Lorena Andrade, pareja del padre del niño, el pequeño había sido entregado a su madre biológica en noviembre pasado, en el marco de una disputa por la tenencia. “Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca”, afirmó.
Desde entonces, la familia paterna denuncia obstáculos para ver al niño. Una perimetral les impidió el acercamiento durante tres meses. Incluso, aseguran haber tenido que buscar por su cuenta el jardín al que asistía, porque nadie les informaba. “El nene lloraba y no quería irse con ella”, sostuvo Andrade, al describir un episodio frente a una comisaría donde un defensor ordenó devolverlo a la madre.
En el ámbito médico, Cisneros fue claro: no hay signos de violencia externa registrados en la historia clínica. “No podemos hacer juicio de valor, solo describir lo que observamos. Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general”, explicó. Sin embargo, remarcó que la causa de la muerte es “totalmente desconocida” y que solo la autopsia podrá aportar certezas.
La familia paterna, mientras tanto, exige respuestas y cuestiona el accionar de la Justicia. “Queremos que nos digan por qué tuvo un paro cardiorrespiratorio. No tenía problemas en el corazón”, planteó Andrade, al tiempo que denunció supuestos maltratos que habrían sido advertidos por vecinos de la zona.
El caso reabre un debate profundo: ¿cómo deben resolver los jueces la tenencia de menores cuando las relaciones entre adultos están atravesadas por conflictos, denuncias cruzadas y vínculos frágiles? La muerte de este niño de 4 años en Comodoro Rivadavia no solo es una tragedia familiar, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de revisar los protocolos judiciales para garantizar que el interés superior del niño sea el único eje de cada decisión.
Mientras la comunidad chubutense espera los resultados de la autopsia, el sistema judicial deberá responder no solo por la causa médica del deceso, sino también por las decisiones que, según denuncian familiares, alejaron al pequeño de su entorno afectivo. La investigación continúa.
El caso de hantavirus en Chubut estuvo intervenido por Emiliano Biondo, procesado por vacunatorios vip. Una adolescente murió pese al monitoreo y su internación temprana. ¿Qué falló? ¿Por qué sigue Biondo en funciones?
Hanta bajo órbita de Biondo: el médico procesado por vacunatorios vip que decidió el confinamiento en el oeste chubutense
La muerte de una adolescente de 15 años por hantavirus en Esquel no sólo conmueve a la comunidad de Cerro Centinela, sino que vuelve a poner en el centro de la escena a un nombre incómodo: Emiliano Biondo. El médico, actual referente de epidemiología en la zona, está procesado por la justicia en la causa de los vacunatorios vip durante la pandemia, junto al ex diputado Santiago Igón. Sin embargo, sigue en funciones y tomando decisiones clave en salud pública.
La joven fallecida era contacto estrecho de sus padres, los primeros casos del brote familiar. Según el propio Biondo, la menor estaba bajo “monitoreo constante”. Pese a ello, al aparecer fiebre y dolores, derivó rápidamente en terapia intensiva, requirió asistencia respiratoria mecánica y falleció por síndrome cardiopulmonar.
El caso obliga a una pregunta brutal: ¿para qué sirvieron los protocolos que Biondo asegura haberse aplicado? Si la niña estaba siendo vigilada de antemano por ser contacto estrecho, su muerte no debería encuadrarse en la lógica de una urgencia imprevisible, sino en la del fracaso de una supervisión que se presume activa. Cuando una persona ingresa a un hospital en estado grave, se comprende el desenlace fatal. Pero aquí no fue así. Hubo días de ventana clínica. Y aún así, no se pudo evitar el deceso.
Biondo, que durante la pandemia impuso medidas terribles que obligaron al confinamiento total de toda la población del oeste de Chubut con decisiones duramente cuestionadas, ahora reaparece como la voz oficial del brote de hanta. Su pasado y su situación judicial no parece inquietar a las autoridades sanitarias, que lo mantienen al frente de la epidemiología regional. La pregunta que flota en el aire es cómo puede seguir en funciones un procesado por delitos graves vinculados al manejo irregular de la salud pública.
Cabe preguntarse cuál es la capacidad real que tiene esta persona para estar a cargo del servicio de salud, tomar decisiones que afectan a todos y ser parte de los protocolos de urgencias. El contexto actual tampoco lo ayuda: días atrás salió en los medios masivos la noticia de la existencia de médicos drogadictos que roban fármacos de centros de salud para hacer sus propias fiestas fatales. En comentarios de lectores en las redes sociales, personas señalaron que esas cosas también ocurrirían en esta zona. Esto marca la urgente necesidad de depurar los sistemas de salud y revisar acabadamente si las personas a cargo están en condiciones de ejercer profesionalmente en el sistema de salud.
Si a eso se suma la ignorancia generalizada o la falta de criterio científico en el sistema de salud provincial, el resultado es letal: se toma como referente a un imputado con antecedentes nefastos, mientras los protocolos que él mismo coordina o de los que es parte muestran grietas insalvables. El caso de la adolescente de 15 años es la prueba más dolorosa de que monitorear no alcanza si no hay eficacia real. Y la eficacia, en este contexto, brilla por su ausencia.
La comunidad internacional contiene la respiración. A pocas horas de que venza el plazo de 48 horas impuesto por Estados Unidos a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó una advertencia escalofriante: “Una civilización entera morirá esta noche”. La frase, publicada en su red Truth Social, no solo enciende todas las alarmas en Medio Oriente, sino que expone una peligrosa tendencia global: un puñado de líderes, con poder militar y económico sin precedentes, juegan al borde del abismo sin considerar el costo humano ni ambiental.
Trump, que cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas más poderosas del planeta, ya había anticipado su intención de “arrasar” puentes y centrales eléctricas iraníes, reduciendo al país “a la Edad de Piedra”. Su vicepresidente, JD Vance, confirmó que hasta el último minuto hay negociaciones, pero el tono sombrío del mandatario sugiere que la decisión final está tomada. “Espero que los iraníes actúen con sensatez”, dijo Vance, mientras en Teherán la Guardia Revolucionaria advierte que su respuesta irá “más allá de la región” y que dejará sin petróleo ni gas a los aliados de Estados Unidos “durante años”.
Este pulso entre Washington y Teherán no es un hecho aislado. Es el síntoma de un orden mundial donde unas pocas personas —en Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Israel e Irán— concentran un poder brutal. Manejan los hilos de la economía global y los arsenales más letales, y se amenazan mutuamente con una indiferencia que hiela la sangre. Mientras Trump promete “demolición total”, el Kremlin observa con cautela, Pekín calcula sus movimientos geopolíticos y Corea del Norte ensaya misiles. Nadie parece priorizar la vida humana ni la integridad de un planeta ya herido por décadas de conflictos.
Lo paradójico es que, en medio de este clima apocalíptico, la Casa Blanca se apresuró a negar que se evalúe el uso de armas nucleares. Como si el bombardeo sistemático de infraestructura civil —prohibido por el derecho internacional salvo contadas excepciones— fuera una opción aceptable. Los ataques ya comenzaron: la isla de Kharg, clave para la exportación petrolera iraní, fue blanco de más de 50 bombardeos estadounidenses, según confirmaron funcionarios norteamericanos al Wall Street Journal.
Mientras tanto, la población civil —en Irán, en Gaza, en Ucrania, en cualquier rincón donde los poderosos dirimen sus diferencias— queda atrapada en medio de un tablero donde las fichas son cuerpos y territorios. Trump escribió en su mensaje: “Dios bendiga al gran pueblo de Irán”. Una frase irónica cuando sus aviones ya sobrevuelan objetivos energéticos y sus generales ultiman planes para dejar a millones sin electricidad ni agua.
El mundo asiste, una vez más, a la misma película: líderes que se erigen en jueces y verdugos, que disponen de naciones enteras como si fueran fichas descartables. Y la pregunta incómoda que nadie responde es: ¿hasta cuándo la comunidad internacional permitirá que unos pocos, encerrados en sus despachos, decidan el destino de civilizaciones enteras?
Porque esta noche, como dijo Trump, “quizás suceda algo revolucionario maravilloso”. O quizás solo suceda lo de siempre: más muerte, más escombros, y un planeta que sigue girando, cada vez más enfermo, bajo las botas de los mismos de siempre.
El gobierno de Javier Milei decidió esta semana declarar persona non grata en la Casa Rosada a una lista de periodistas y medios señalados por una investigación internacional. La causa es la más grave en la historia diplomática reciente: los servicios secretos de Vladimir Putin pagaron fortunas para instalar una agenda de destrucción contra el Presidente.
En una operación de inteligencia digna de la Guerra Fría, pero ejecutada con fondos digitales, Rusia intentó comprar el relato político argentino. Documentos filtrados del espionaje ruso, accesibles para este medio, detallan el funcionamiento de “La Compañía” , una estructura de propaganda vinculada al Grupo Wagner. Esta maquinaria desembolsó 283 mil dólares para fabricar más de 250 notas en medios locales, con el único fin de exacerbar la crisis económica y satanizar la figura de Milei ante la opinión pública.
Lejos de ser una simple opinión adversa, la operación fue un ataque sistémico a la soberanía nacional. Las instrucciones filtradas ordenaban explícitamente atacar al gobierno libertario, promover la narrativa del “apocalipsis económico” y defender los intereses energéticos de Moscú en medio de la guerra en Ucrania. No se trataba de periodismo; era un campo de batalla híbrido pagado con rublos manchados de sangre.
En consecuencia, el Gobierno argentino no solo denunció el hecho ante la justicia, sino que tomó una decisión administrativa implacable. La Casa Rosada retiró las acreditaciones a los cronistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, impidiéndoles el ingreso al Palacio de Gobierno. La medida, ejecutada por Karina Milei, es un acto de legítima defensa del Estado: no se puede dar acceso privilegiado a quienes fueron parte de una operación de inteligencia extranjera hostil.
La reacción oficial fue contundente. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, sentenció el mandatario. La oposición cómplice y los medios investigados han intentado girar la discusión hacia un supuesto “ataque a la libertad de prensa”, pero el argumento es falaz. La libertad de prensa no ampara la traición a la patria ni la aceptación de fondos de un régimen dictatorial como el de Putin.
Este episodio marca un antes y un después en la relación de Argentina con el mundo. Mientras Europa ya ha desarticulado células similares (como el caso Voice of Europe en Chequia), Argentina demuestra que no será un patio trasero para la desinformación rusa. La decisión de Milei envía un mensaje claro al Kremlin: aquí no se negocia la soberanía ni se permite la injerencia extranjera, venga de donde venga.
La lista de los periodistas traidores a la patria no es un acto de censura, sino un cerco sanitario a la deslealtad. Mientras estos medios recibían órdenes y cheques de Moscú, el pueblo argentino sufría las consecuencias de la inestabilidad que ellos mismos ayudaban a sembrar. El gobierno ha decidido: los agentes de intereses extranjeros no tienen lugar en la Sala de Prensa de la democracia argentina.
Chile apoya oficialmente el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. El respaldo se concretó en Buenos Aires.
En un hecho histórico que refuerza la posición argentina en el tablero internacional, el Gobierno de Chile manifestó su explícito respaldo al reclamo de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos adyacentes. El pronunciamiento se produjo en el marco de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par chileno, José Antonio Kast, en la Casa Rosada.
El respaldo trasandino no fue un gesto menor. A través de un comunicado conjunto difundido por ambas cancillerías, Kast reiteró el apoyo de Chile a los legítimos derechos argentinos y subrayó la necesidad de que los gobiernos de Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones. El objetivo, según el texto oficial, es alcanzar “a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva” al diferendo, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas y otros foros multilaterales.
La cita, que se extendió por más de una hora y media, contó con la participación de los principales ministros de ambas naciones. Del lado argentino asistieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por Chile, participaron los cancilleres Francisco Pérez Mackenna, Trinidad Steinert (Seguridad), Martín Arrau (Obras Públicas) y la subsecretaria Paula Estévez.
Más allá de la cuestión Malvinas, la agenda incluyó ejes clave para la integración bilateral: infraestructura, seguridad, comercio y energía. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones, expandir el intercambio comercial y modernizar los pasos fronterizos mediante digitalización y mayor coordinación. También se abordó el proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza, un tema sensible en el que el gobierno argentino recibió elogios desde Santiago.
La tormenta que azotó Buenos Aires obligó a suspender la ofrenda floral al General San Martín, pero no empañó el significado político del encuentro. Kast eligió la Argentina como su primer destino en el exterior tras asumir, siguiendo la tradición iniciada por su antecesor Gabriel Boric, y buscó sellar una alianza estratégica con el líder de la derecha regional.
Con esta declaración, Chile se suma al respaldo explícito al reclamo argentino en el Atlántico Sur, un gesto que fortalece la postura de Buenos Aires ante la comunidad internacional y renueva las expectativas sobre una solución negociada con el Reino Unido.
La justicia chubutense estuvo a punto de liberar a un monstruo que predicaba en las iglesias evangélicas. El Superior Tribunal de Justicia local quiso anular la condena a un pastor evangélico que violó a su hijastra durante siete años, escondiéndose detrás de un papelito burocrático mientras la víctima era revictimizada. La Corte Suprema tuvo que poner orden.
La impunidad casi se viste de traje en Chubut. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con un fallo que da vergüenza ajena, intentó dejar en libertad a Samuel Josué Figueroa, un pastor evangélico de El Maitén condenado por abusar sexualmente de su hijastra desde que la niña tenía apenas 8 años. ¿El argumento de los jueces? Un supuesto retraso en los plazos procesales durante la pandemia de COVID-19. Como si el mundo no se hubiera detenido. Como si la vida de una nena valiera menos que un calendario.
Estas basuras que se hacen llamar «pastores» son la escoria más peligrosa. Figueroa no solo violó a su hijastra durante siete años, sino que usó su falso manto de autoridad religiosa para amenazarla con que su madre se suicidaría si hablaba. Así de siniestro. Así de enfermo. Y mientras tanto, en Chubut, cualquiera puede abrir una iglesia, pararse en un púlpito, engañar a familias enteras, robarles sus bienes y, como en este caso, violar a sus hijos sin que nadie controle nada. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los registros de estos depredadores disfrazados de pastores?
El STJ de Chubut, integrado por los magistrados Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Alejandro Franco, firmó una aberración jurídica: anularon todo el juicio porque entre el veredicto de culpabilidad (marzo de 2020, plena pandemia) y la audiencia de fijación de pena (agosto de 2020) pasaron más de 10 días hábiles. Eso es todo. Ignoraron los decretos de aislamiento, los cortes de luz en la Cordillera, la imposibilidad de trasladar testigos. Casi logran que el violador quedara libre. La víctima, ya adulta, se negó a declarar otra vez. No iba a volver a pasar por el infierno. Y el STJ, con su necedad, la empujaba al vacío.
Por suerte, la Procuración General de Chubut recurrió a la Corte Suprema de la Nación. Los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti entendieron lo que los jueces chubutenses no quisieron ver: los plazos procesales no están por encima de la protección de una víctima de violencia sexual. La Corte dejó firme la condena de 14 años de prisión. Figueroa, cuyo padre también fue condenado por abusar de menores en Bariloche, deberá ir preso. Pero que no quede duda: la justicia de Chubut falló, y falló feo.
Este caso es la prueba más cruda de la desidia absoluta hacia el control de las iglesias evangélicas en Argentina, y especialmente en Chubut. Cualquier delincuente puede ponerse una biblia bajo el brazo, abrir un galpón, declararse pastor, y nadie le pregunta nada. Ni antecedentes, ni formación, ni nada. Mientras tanto, los menores quedan a merced de lobos. Exigimos controles. Exigimos un registro público de condenados por abuso sexual que impida que estos monstruos vuelvan a tener acceso a niños, sea dentro o fuera de una iglesia. La sociedad chubutense no puede seguir tolerando esta complicidad encubierta.
Un nuevo capítulo se abre en el caso del magistrado Petris, cuya situación judicial y administrativa vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre los funcionarios judiciales y los tiempos de respuesta institucional.
Cabe recordar que el juez fue previamente sumariado por el Consejo de la Magistratura, que resolvió por unanimidad remitir las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento con el objetivo de avanzar en un proceso de destitución. En ese marco, y considerando la gravedad de los cargos imputados, dicho tribunal dispuso su suspensión preventiva por el plazo de cuatro meses, al tiempo que ordenó la continuidad del proceso.
Sin embargo, la secuencia posterior introdujo un elemento que complejiza el escenario. Petris, conocedor de los resortes del sistema, solicitó una licencia médica por un tratamiento de larga duración. De acuerdo a fuentes consultadas, el magistrado se habría trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde continuaría desarrollando una vida normal, lo que genera interrogantes sobre el uso de este tipo de licencias en contextos disciplinarios.
Según trascendió, la estrategia del juez apuntaría a dilatar los tiempos del proceso con el objetivo de acceder a una jubilación provincial, significativamente superior a la que percibiría a través del sistema nacional (ANSES). En los hechos, la licencia tuvo un impacto inmediato: el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió suspender el procedimiento mientras se mantuviera dicha situación. Inconcebible, pero real.
No obstante, un nuevo giro se produjo a partir de una presentación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una nota formal, el organismo requirió información sobre la situación de Petris, quien —llamativamente— integraba un listado de juristas invitados a participar en procesos de selección de jueces en el principal distrito del país. Todo indica que el objetivo era evaluar su eventual exclusión de ese ámbito.
Este requerimiento parece haber actuado como catalizador. El Tribunal de Enjuiciamiento revisó en profundidad el estado del expediente y resolvió retomar el proceso. En su decisión, sostuvo que era necesario avanzar “a fin de preservar la seriedad del proceso y la confianza de la población en el funcionamiento de las instituciones, que exige conocer en un plazo razonable lo relativo a la eventual conveniencia de la continuidad en el cargo de un magistrado judicial, máxime cuando los cargos han sido formulados por unanimidad por el Consejo de la Magistratura”.
En consecuencia, el tribunal dispuso “la prosecución inmediata de la causa conforme a su estado actual”, reactivando así un proceso que había quedado en suspenso.
La resolución del Tribunal de Enjuiciamiento
En la resolución dictada, además, el Tribunal de Enjuiciamiento fue explícito respecto de la trascendencia institucional del caso. Señaló que en el procedimiento se encuentra en juego “la tutela de los bienes públicos” y “el adecuado funcionamiento de las instituciones de gobierno”, al tiempo que reconoció el derecho del magistrado “a que su situación sea esclarecida mediante una decisión en un plazo razonable”.
Bajo estos fundamentos, y destacando que no existía causal válida para mantener suspendido el trámite disciplinario, el tribunal resolvió avanzar sin más demoras. En ese sentido, dispuso no solo la continuidad inmediata del proceso, sino también “la efectivización, también de manera inmediata, de la suspensión del Dr. Claudio Alejandro Petris en el ejercicio de sus funciones”, una medida que —según surge del propio expediente— no había sido implementada hasta el momento.
Asimismo, el órgano ordenó comunicar la decisión al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, a fin de que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión preventiva. En paralelo, instruyó a la Secretaría a impulsar activamente el expediente, librando comunicaciones, intimaciones y demás providencias necesarias para evitar nuevas dilaciones “incompatibles con la naturaleza constitucional del presente proceso”.
El desafío de evitar desvíos en el sistema
El caso Petris expone, una vez más, las tensiones entre los tiempos administrativos, las garantías individuales y las posibles maniobras dilatorias dentro del sistema judicial. También abre interrogantes sobre los controles efectivos frente a situaciones que, sin ser necesariamente ilegales, pueden erosionar la credibilidad pública en las instituciones.
En este nuevo capítulo, además, se vuelve imprescindible extremar los controles para evitar desvíos que comprometan aún más la confianza en el sistema. En particular, se impone la necesidad de un control riguroso sobre los certificados médicos y las licencias otorgadas: según fuentes consultadas, dichos certificados habrían sido extendidos por un profesional de Esquel, mientras el magistrado se encontraría en la Ciudad de Buenos Aires, lo que añade un elemento adicional de controversia.
Del mismo modo, distintas voces coinciden en que no debería habilitarse una eventual renuncia que le permita acceder a los beneficios de una jubilación en este contexto, ya que ello podría traducirse en una vía de escape frente a un proceso disciplinario en curso.
En definitiva, lo que está en juego excede un caso individual. Se trata de reafirmar que no puede permitirse la utilización de los propios resortes del sistema para desviar o condicionar procesos que resultan esenciales para depurar y fortalecer la magistratura. La respuesta institucional, en este sentido, no solo deberá ser oportuna, sino también ejemplar.-
La muerte de un anestesista por sobredosis destapó la cloaca de la profesión médica: fiestas clandestinas, robos de fármacos en hospitales de prestigio y una casta de irresponsables que juegan con la vida.
La nobleza de la medicina, esa virtud que debería blindar a sus practicantes contra la tentación de la estupidez, ha sido violentada una vez más por un grupo de individuos que, parapetados tras la bata blanca, convirtieron la farmacia hospitalaria en su propio carnaval de la muerte. El reciente hallazgo del cadáver del anestesiólogo Alejandro Zalazar, encontrado con una vía en el pie y una bomba de infusión en su casa, no es solo el trágico final de un adicto. Es la fotografía de la podredumbre interna: una red de profesionales que, con la audacia del delincuente y la excusa de la inteligencia, saqueaban insumos vitales para organizar “Propo fests” y orgías químicas.
Mientras el resto de la sociedad confía ciegamente en que quien administra el sueño inducido durante una cirugía es un pilar de la ética, estos despreciables personajes demostraron que la cercanía a sustancias como el propofol y el fentanilo—el mismo cóctel que acabó con la vida de Michael Jackson—es solo una oportunidad más para satisfacer sus perversiones. En lugar de custodiar la vida, estos irresponsables se creían astutos, considerándose por encima del bien y del mal, capaces de controlar lo incontrolable. Pero la ciencia fue más dura que su soberbia: el paro respiratorio no entiende de títulos universitarios.
El caso, que salió a la luz tras la muerte del facultativo del Hospital Gutiérrez, ha salpicado a otra institución de renombre, el Hospital Italiano, de donde fueron sustraídas las drogas que terminaron en el cuerpo del médico fallecido. Allí, un anestesiólogo y una residente fueron señalados como los proveedores de este circuito macabro. La falta de controles en estos centros de alta complejidad no es un error administrativo; es un facilitador cómplice que permitió que narcóticos de uso estrictamente hospitalario terminaran siendo la diversión de una élite degenerada.
Las investigaciones revelan un submundo repugnante: por un lado, la venta de “viajes controlados” a incautos que pagan por ser sedados hasta el borde de la apnea; por otro, fiestas sexuales donde estas sustancias se usan como armas de sometimiento químico. Es la mercantilización del sufrimiento y el vaciamiento de la esencia hipocrática. Mientras los hospitales públicos reportan faltantes de insumos y las listas de espera se eternizan, estos delincuentes con título se daban el lujo de robar la esperanza y la salud materializada en jeringas.
Sin embargo, la tragedia de Zalazar sirve como una moraleja inapelable. Las medicinas robadas, destinadas a calmar el dolor de niños y adultos, terminaron siendo el instrumento de purga del propio sistema. La sobredosis que mató a este anestesista y las renuncias forzadas de sus cómplices funcionaron como una depuración necesaria, extirpando a esos imbéciles que, con su conducta antisocial, mancillan a los verdaderos profesionales y siembran la semilla de la desconfianza en la ciencia médica. Que sus nombres queden como advertencia: la astucia no existe donde reina la irresponsabilidad. El sistema de salud se limpia, a veces con sangre, pero siempre con la verdad.
En un nuevo episodio que evidencia el uso de fondos públicos hacia fines ideológicos, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF) del Chubut, desplegó una comitiva hasta la localidad de Gaiman. El objetivo formal era “capacitar” al personal del Área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad. Sin embargo, la práctica real expone un sistema de derroche sistemático: funcionarios que viajan para explicar qué hacen otros funcionarios, en un círculo vicioso que solo tiene un objetivo claro: justificar salarios abultados y la existencia de oficinas que, en una provincia con baja densidad poblacional, resultan un lujo injustificable cuando hay otras prioridades mucho más urgentes.
Rocío Miquelarena y María Suquia, representantes del SAVD, fueron recibidas por Amancay Calfunao, coordinadora del área local, en una jornada que, según la publicación oficial, sirvió para “dar a conocer el funcionamiento del SAVD”. Esta lógica autopoiética del Estado—donde un organismo gasta recursos para contarle a otro organismo lo que hace—choca de frente con las necesidades urgentes de la sociedad chubutense. Mientras los equipos de fiscalización del gasto brillan por su ausencia, los contribuyentes financian traslados, viáticos y horas de trabajo para reuniones que no se traducen en una baja de los delitos contra los sectores realmente vulnerables.
Pero el problema de fondo es aún más grave. Bajo el paraguas de la “perspectiva de género” y la “diversidad”, estas oficinas y capacitaciones suelen mezclar discriminatoriamente a mujeres con personas que padecen trastornos de identidad o disforia de género, tratando realidades biológicas y psicosociales como si fueran un mismo frente. Esta ideologización de la justicia no solo es un sinsentido práctico, sino que resulta insultante en un contexto donde la violencia contra niños, niñas y ancianos—los grupos más vulnerables y silenciados de la sociedad—no recibe ni una fracción de esa atención ni de esos recursos.
En una provincia con la densidad poblacional de Chubut, donde la microscópica porción de la población con conflictos de identidad de género no justifica la estructura burocrática montada, resulta imperativo preguntarse: ¿por qué existe una “oficina de género y diversidad” dentro de una Fiscalía? La función del Ministerio Público Fiscal es perseguir el delito, sin distinción. No es un área de contención social ni un centro de adoctrinamiento. La creación de estas estructuras paralelas implica un drenaje de dinero público que debería destinarse, prioritariamente, a fortalecer las fiscalías especializadas en delitos que realmente azotan a los chubutenses: el abuso infantil, la violencia intrafamiliar contra los ancianos y la inseguridad cotidiana. Un caso llro es el del geriátrico de Trevelin en donde la fiscalía ha cajoneado denuncias, que ya ampliaremos.
Mientras los operadores judiciales viajan de un municipio a otro para “consolidar vínculos” y hablar de “entrevistas y derivaciones”, las víctimas reales—los abuelos golpeados por sus cuidadores, los niños atrapados en entornos de abuso—podrían contar con un mejor servicio mucho más eficiente. La estrategia de “presencia territorial” que pregona el MPF no debería ser una excusa para la militancia ideológica, sino un verdadero despliegue de recursos para garantizar la seguridad y la justicia para todos los habitantes, sin discriminación ni privilegios para agendas sectoriales.
Es hora de que la ciudadanía de Chubut exija que cada peso de los fondos públicos se justifique con resultados concretos en la lucha contra el delito, no con folletos de autoayuda institucional ni con la expansión de una burocracia que solo sirve para alimentarse a sí misma.
Argentina se prepara para un hito histórico. El microsatélite ATENEA, desarrollado por universidades públicas y la CONAE, despegará en la misión Artemis II de la NASA.
Cabo Cañaveral se convierte en el epicentro de la expectativa global. En una jornada que promete quedar grabada en la historia de la exploración espacial, la Argentina se prepara para ser protagonista. El microsatélite nacional ATENEA, una pieza de ingeniería de vanguardia desarrollada por un consorcio de universidades públicas y organismos científicos, aguarda su lanzamiento como parte de la misión Artemis II de la NASA, la primera en más de medio siglo que intenta llevar tripulación cerca de la Luna.
La emoción se respira en cada rincón del centro espacial. Fernando Filippetti, director del Proyecto ASTAR de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), expresó el orgullo y la tensión del momento. “Tenemos un día excelente. Hay grandes expectativas de que se pueda lanzar hoy la misión”, afirmó el ingeniero, destacando que la emoción trasciende la participación argentina, ya que el mundo entero observa este desafío que la propia NASA califica como de máxima complejidad.
La presencia argentina no es casualidad. ATENEA, el único microsatélite latinoamericano seleccionado para esta expedición, comparte espacio en el lanzador con proyectos de Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur. Su lugar fue ganado a pulso en una convocatoria global que incluyó propuestas de casi 50 países. Filippetti explicó que los exigentes requisitos de seguridad y los plazos acotados hicieron que muchos quedaran en el camino, lo que resalta aún más el logro nacional.
Este hito es un testimonio del poder de la educación y la ciencia pública. “Estamos mandando un satélite importante, desarrollado con mentes argentinas que se educaron en su mayor parte en universidades públicas nacionales”, subrayó Filippetti. El proyecto es el resultado de una colaboración sin precedentes entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la FIUBA, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A.
La misión, que tiene una duración estimada de 10 días, llevará al cohete y a la cápsula Orión en un viaje que sobrevolará el lado oculto de la Luna antes de regresar a la Tierra. En este viaje, el pequeño pero sofisticado ATENEA desplegará sus objetivos: medir la radiación ambiental, validar nuevas tecnologías y probar sistemas de navegación GPS de última generación. “Eso pone a la Argentina en un lugar privilegiado, nos permite hacer cosas que nunca se hicieron”, destacó Filippetti.
Más allá del orgullo patrio, el director del proyecto visualiza un impacto económico y productivo profundo. “Al argentino común y corriente, más allá del orgullo de estar acá, en un futuro, si aprovechamos y empujamos la ciencia argentina y si le ponemos el ojo a esta nueva industria en la cual tenemos una ventaja estratégica, podemos traer un beneficio económico para todo el país”, señaló. La ambición es clara: impulsar el ecosistema aeroespacial nacional para atraer inversiones y generar empleo de alta calidad en el sector tecnológico.
Mientras las últimas horas corren en Cabo Cañaveral, la comunidad científica argentina celebra no solo la inminente partida de ATENEA, sino también la confirmación de que el país tiene un lugar asegurado en la élite de la exploración espacial. La mirada está puesta en el cielo, pero las consecuencias de este vuelo prometen transformar el futuro de la ciencia y la industria en la Tierra.
