El acusado de matar a un peón rural en Chubut enfrenta otra causa por amenazas. Carlos Omar Llaipen, de 66 años, está acusado por el homicidio de Pedro Segundo Quilodrán en una estancia de Chubut y, en paralelo, la Justicia analiza si lo lleva a juicio por presuntas amenazas contra un compañero de trabajo de la víctima. La definición quedó en manos del juez penal Ariel Quiroga, que resolverá por escrito.
El caso mantiene en vilo a la zona rural de Sarmiento y Ricardo Rojas, donde ocurrieron los hechos. Mientras Llaipen permanece bajo prisión preventiva en la comisaría de Sarmiento, el sistema judicial debe resolver dos frentes: la causa principal por el homicidio de Quilodrán y el expediente separado por las amenazas que habría proferido contra otra persona que participó en el hallazgo del cuerpo.
Una audiencia preliminar en Sarmiento
La discusión por la causa de las amenazas se desarrolló en la sala de audiencias N.º 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. Allí, ante el juez Ariel Quiroga, el Ministerio Público Fiscal pidió que el expediente avance a juicio oral y público. La procuradora Luciana Coppini y el funcionario Alexis Ubilla sostuvieron que existen elementos suficientes para continuar con el proceso, incluso aunque el denunciante falleció durante este año.
Para la acusación, las circunstancias que rodearon la presunta amenaza son centrales. El hecho habría ocurrido un día después del homicidio de Quilodrán, en la estancia La Fuencisla, ubicada a unos 50 kilómetros de Ricardo Rojas. Ese contexto, atravesado por la conmoción del crimen y por el hallazgo del cuerpo, es uno de los puntos que la Fiscalía considera relevantes para sostener el pedido de elevación a juicio.
La defensa pidió el sobreseimiento
El abogado defensor Guillermo Iglesias cuestionó la solidez de las pruebas reunidas y consideró que no alcanzan para llevar el caso a un debate oral y público. Por ese motivo, solicitó que Carlos Omar Llaipen sea sobreseído, es decir, que se cierre definitivamente la causa por las presuntas amenazas.
Durante la audiencia, el juez rechazó el pedido de la Fiscalía para incorporar como prueba un video de una entrevista policial en la que había quedado registrado el testimonio del denunciante. Esa decisión procesal podría influir en el peso de la acusación, aunque las partes todavía esperan la resolución final.
Luego de escuchar los argumentos, Quiroga informó que comunicará su decisión por escrito dentro del plazo legal. La resolución determinará si continúa la audiencia preliminar o si corresponde finalizar el proceso penal por las presuntas amenazas. Hasta entonces, Llaipen sigue detenido en la comisaría de Sarmiento.
El hecho que originó la investigación
De acuerdo con la acusación pública, las presuntas amenazas ocurrieron el 17 de marzo de 2025, cerca de las 9. Ese día, el denunciante y otras cuatro personas recorrían en una camioneta un camino cercano al casco de la estancia La Fuencisla, donde buscaban a Quilodrán.
El grupo encontró el cuerpo sin vida del trabajador rural y dio aviso a la Policía de Ricardo Rojas. Cuando los efectivos llegaron, constataron el fallecimiento. Poco después, según la reconstrucción de la causa, Llaipen se presentó caminando en ese sector del campo y habría reconocido su participación en el crimen ante las personas que estaban allí.
“Yo le pegué un tiro en el pecho con una carabina”, habría manifestado. Luego, presuntamente se dirigió a uno de los presentes y lo amenazó: “y vos, cuidate, porque te va a pasar lo mismo”. Esa frase dio origen al expediente paralelo por amenazas, que ahora está en manos del juez Quiroga.
El homicidio de Quilodrán ocurrió el 16 de marzo de 2025. La investigación por las amenazas avanza por una vía judicial separada y depende de la resolución que se notifique por escrito. La causa principal por el crimen continúa su propio recorrido, con Llaipen imputado por haber disparado contra el peón rural.
Qué puede pasar ahora
Si el juez hace lugar al pedido de la Fiscalía, la causa por amenazas podría avanzar hacia un juicio oral y público. En cambio, si acepta el planteo de la defensa, Llaipen podría ser sobreseído en este expediente. La decisión no modifica por sí sola la situación en la causa por homicidio, donde el acusado sigue bajo prisión preventiva.
El caso presenta además una particularidad: el denunciante falleció durante este año, lo que obligó a las partes a discutir la validez y el peso de las pruebas disponibles. La Fiscalía sostiene que los elementos reunidos permiten mantener la acusación; la defensa afirma lo contrario y pide el cierre del proceso.
Impacto en la zona rural
La causa se sigue con atención en Sarmiento, Ricardo Rojas y el resto de Chubut, no solo por la gravedad del homicidio de Pedro Segundo Quilodrán, sino también por las derivaciones judiciales que involucran a Carlos Omar Llaipen. El hecho ocurrió en un ámbito rural, en una estancia, y puso el foco en las relaciones laborales y de convivencia en el campo.
Mientras la Justicia define el futuro del expediente por amenazas, la comunidad espera una resolución que aclare los hechos y determine las responsabilidades penales. La decisión del juez Ariel Quiroga será clave para saber si el caso avanza a juicio o si se cierra esta parte del proceso.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó suspender el decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Vialidad. La Sala IV validó el avance patrimonial sobre los hijos de Cristina Fernández de Kirchner, las empresas Hotesur y Los Sauces, mientras sigue pendiente un reclamo en la Corte Suprema. La decisión fue unánime y respalda las medidas cautelares del Tribunal Oral Federal N° 2, que busca recuperar 685.000 millones de pesos por la corrupción en la obra pública.
El fallo representa un nuevo capítulo en una de las causas más sensibles de la política argentina. A cuatro años de la condena, la Justicia avanza sobre el patrimonio que, según determinó, habría tenido origen ilícito. Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron sentenciados en el juicio principal, sus bienes quedaron alcanzados por la ejecución del decomiso porque la Justicia los consideró parte de la maniobra delictiva.
LA DECISIÓN DE LA SALA IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, convalidó el proceso de decomiso y autorizó a avanzar sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner y de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. El tribunal de alzada respaldó así las medidas cautelares que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de la ejecución patrimonial.
Los magistrados analizaron las impugnaciones presentadas contra una resolución previa del TOF N° 2, dictada el 14 de septiembre de 2026. En aquella oportunidad, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso habían rechazado los recursos que pretendían frenar las actuaciones patrimoniales y cuestionaban el diferimiento de la participación societaria en el expediente.
La defensa de los hijos de la ex presidenta apeló esa decisión ante Casación. Su estrategia buscaba suspender el trámite de ejecución y las medidas cautelares vigentes hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera un recurso de queja vinculado con la procedencia del decomiso. Según ese planteo, avanzar antes del pronunciamiento del máximo tribunal podría frustrar la jurisdicción de la Corte y tornar ilusorio cualquier fallo favorable posterior.
También se argumentó que la continuidad de estas acciones afectaba garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad. La defensa invocó además el principio de trascendencia de la pena, al sostener que los efectos económicos del decomiso se proyectarían sobre el patrimonio de personas que no resultaron condenadas en el juicio de Vialidad.
QUÉ RESPONDIÓ CASACIÓN
Al evaluar la admisibilidad de los recursos, los magistrados de la Sala IV determinaron que las presentaciones no cumplían con los requisitos formales para habilitar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. El juez Gustavo Hornos precisó en su voto que la resolución del tribunal oral que rechazó las reposiciones no constituye una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a ella, de acuerdo con las exigencias del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación.
El fallo cuestionado no pone fin al proceso, no extingue la pena ni impide que continúen las actuaciones judiciales. La Cámara de Casación subrayó que el tribunal de origen no rechazó de manera permanente las peticiones de las partes, sino que postergó su tratamiento. En ese sentido, los jueces señalaron que las defensas no lograron demostrar la existencia de un perjuicio concreto, actual y de imposible reparación posterior.
Respecto de los embargos, el tribunal recordó que estas medidas poseen un carácter estrictamente preventivo. Por eso, no alteran la titularidad registral de los inmuebles ni anticipan una definición sobre el destino final de los bienes afectados. La resolución también indicó que la existencia de una queja en trámite ante la Corte Suprema no suspende la potestad del tribunal oral para realizar actos preparatorios o trabar las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia del decomiso.
HOTESUR Y LOS SAUCES
En paralelo, Sebastián José Sánchez, en su carácter de director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., presentó su propio recurso de casación, patrocinado por el mismo abogado de los hermanos Kirchner. Máximo y Florencia son accionistas mayoritarios de esas empresas.
Las firmas comerciales alegaron que el mantenimiento de embargos sobre 13 inmuebles de su propiedad, en paralelo a la postergación de su derecho a defenderse en el expediente, resulta contradictorio y perjudicial. El directivo societario sostuvo que las medidas cautelares producen un congelamiento de los activos más valiosos de las empresas, lo que paraliza en la práctica su funcionamiento comercial.
En su presentación, remarcó que las sociedades poseen una personería jurídica y un patrimonio diferenciados de los socios individuales. Por ese motivo, argumentó que la Justicia no tiene derecho a embargarles sus propiedades sin antes realizar un juicio o debate previo donde las empresas puedan defenderse y explicar por qué no se deben decomisar sus bienes.
La resolución judicial aclaró que el requerimiento del Ministerio Público Fiscal sobre los bienes de estas firmas aún no fue objeto de traslado ni de debate entre las partes. El tribunal oral difirió la participación de las empresas hasta el momento en que se sustancie formalmente dicha solicitud fiscal. Los camaristas concluyeron que esta postergación no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que las empresas de la familia Kirchner tendrán la oportunidad de formular todos sus planteos y defensas cuando se discuta específicamente la afectación de sus bienes.
El juez Mariano Borinsky adhirió al rechazo de los recursos y recordó que la Sala IV ya había convalidado anteriormente los parámetros para llevar adelante el trámite ejecutivo del decomiso. En aquellas actuaciones, se delegó en los representantes del Ministerio Público Fiscal la tarea de identificar los bienes a decomisar y proponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la pena pecuniaria impuesta. El magistrado Diego Barroetaveña coincidió en lo sustancial con los votos de sus colegas, lo que consolidó la unanimidad del pronunciamiento.
EL DECOMISO DE 685.000 MILLONES DE PESOS
La causa Vialidad gira en torno a la corrupción en la obra pública y a un entramado de bienes, empresas y contratos que la Justicia considera parte de una maniobra delictiva. El decomiso apunta a recuperar 685.000 millones de pesos, una cifra que convierte a este proceso en uno de los más relevantes por el impacto patrimonial que busca recuperar el Estado.
Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en el juicio, la Justicia sostiene que sus posesiones provienen de un origen ilícito y que, por lo tanto, pueden ser alcanzadas por la ejecución patrimonial. Ese punto es central en la disputa judicial y seguirá siendo motivo de debate en las próximas instancias.
CORTE SUPREMA Y PRÓXIMO ESCENARIO
El caso aún tiene un reclamo pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa sostiene que el máximo tribunal debe pronunciarse antes de que avance el decomiso, mientras que la Cámara de Casación entiende que la queja en trámite no suspende las medidas preparatorias ni cautelares.
Con la decisión de la Sala IV, el Tribunal Oral Federal N° 2 queda habilitado para continuar con la ejecución patrimonial. El proceso no está cerrado: restan definiciones sobre la participación de Hotesur y Los Sauces, sobre el destino final de los bienes embargados y sobre el alcance que tendrá la Corte Suprema cuando resuelva el recurso pendiente.
El fallo también tiene una fuerte lectura política. La causa Vialidad atraviesa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos y a empresas familiares, en un contexto de alta atención pública sobre los casos de corrupción y sobre el funcionamiento de la Justicia argentina. Para los lectores de Chubut y de todo el país, se trata de un expediente que marca un precedente sobre decomisos, bienes de terceros no condenados y ejecución de sentencias en causas de corrupción.
En definitiva, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó suspender el decomiso y habilitó que la Justicia avance sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner y de las firmas Hotesur y Los Sauces. La discusión de fondo, sin embargo, continúa en la Corte Suprema y en el tribunal oral que debe ejecutar la recuperación de 685.000 millones de pesos.
Las acciones argentinas suben y el riesgo país baja a 584 puntos, impulsadas por Wall Street y Brasil, mientras el petróleo cae y YPF avanza. El S&P Merval gana 0,5%, los bonos en dólares suben 0,1% y la Bolsa de San Pablo trepa 1,6%, en una jornada que combina optimismo financiero global con señales mixtas para la economía real y el sector energético.
La rueda financiera argentina encontró este viernes un respaldo externo. Los principales indicadores de Wall Street suben 0,3%, cerca de sus máximos históricos, aunque con una semana errática en precios. La referencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años rinde 5,26% anual, cerca de sus máximos desde 2003, un dato que mantiene presión sobre el costo global del dinero.
En ese contexto, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza 0,5%, hasta 2.840.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares en Nueva York hay números mixtos. Se destacan las ganancias de Ternium (+3,4%) e YPF (+2,6%, a USD 51,20). Los bonos soberanos en dólares se negocian con una suba promedio de 0,1%, mientras el riesgo país desciende cuatro unidades y se ubica en 584 puntos básicos.
El impulso regional también suma. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube 1,6%, cerca de los 210.000 puntos, y acumula una ganancia semanal de 8,9% tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Para los inversores argentinos, el clima externo funciona como una señal de apetito por riesgo, aunque no elimina la volatilidad local.
Petróleo en baja: alivio y presión
Los precios del petróleo caían alrededor de 1% al disiparse las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no atacará Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura y habló de conversaciones productivas para poner fin al conflicto. Esa combinación de señales bajó la prima de riesgo geopolítico en el crudo.
Los futuros del Brent del Mar del Norte bajaban 1%, a USD 103,30 el barril para entrega en diciembre. Los futuros del WTI estadounidense cedían 0,6%, a USD 90,99. En términos semanales, el Brent apunta a subir después de cerrar el jueves con alza de 4%, mientras el WTI se encamina hacia un ligero descenso.
También ayuda la reanudación de exportaciones de combustibles refinados por parte de China, principal importador mundial de petróleo, tras una breve interrupción durante las vacaciones de la Semana Dorada. La medida contribuye a aliviar la tensión del mercado. Al mismo tiempo, el huracán Isaías en el Golfo de México mantiene suspendida la producción de unos 1,3 millones de barriles diarios, equivalente al 62,9% de la producción hasta el jueves, lo que limita una caída mayor.
En paralelo, Teherán analiza la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días. Washington mantiene sanciones contra personas, redes y 17 buques por transportar crudo, productos petrolíferos y petroquímicos iraníes. El conflicto con Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania siguen interrumpiendo el suministro de combustibles refinados, como naftas, combustible para aviones y, especialmente, gasóil.
Impacto en la economía real y el sector energético
Para las provincias productoras de hidrocarburos, la jornada deja un mensaje ambivalente. La suba de YPF en Nueva York y el avance de los activos argentinos mejoran las expectativas de inversión en el sector energético. Las cuencas petroleras observan con atención cualquier cambio en el precio internacional del crudo, porque impacta en exportaciones, regalías y empleo.
Si el Brent se mantiene en niveles elevados, aunque baje en la jornada, las cuentas provinciales y las empresas del sector conservan cierto alivio. Si la caída se profundiza, el valor de las exportaciones y los ingresos por regalías pueden resentirse. En el corto plazo, un petróleo más bajo también puede traducirse en menor presión sobre los costos de combustibles importados, un dato sensible para el transporte, la industria y los hogares.
La baja del riesgo país a 584 puntos básicos, además, reduce el costo de financiamiento para el Estado nacional y las provincias, y mejora la percepción de los inversores sobre la Argentina. Eso puede abrir oportunidades de crédito, aunque el efecto depende de la estabilidad fiscal y de la marcha de la actividad petrolera.
Qué mirar en las próximas ruedas
Los operadores seguirán de cerca tres frentes: la evolución de Wall Street y de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el comportamiento del Bovespa tras el proceso electoral brasileño y las señales geopolíticas en Oriente Medio. En el plano local, el Merval, los ADR de YPF y Ternium, los bonos en dólares y el riesgo país marcarán el termómetro de la confianza inversora.
Para la economía argentina, la agenda pasa por el petróleo, el gas, las regalías y el empleo en las cuencas productoras. La combinación de acciones argentinas en alza, riesgo país en baja y crudo volátil deja un escenario de oportunidades y cautela: el mercado celebra el impulso externo, pero la economía real espera señales más firmes para sostener la actividad y la inversión.
La hipocresía del sistema legal queda al desnudo: una condenada a muerte sobrevivió a la inyección letal y ahora la curan para volver a ejecutarla. Christa Pike, de 50 años, pasó décadas en el corredor de la muerte. Fue condenada por un asesinato atroz cometido cuando tenía 18. En Tennessee intentaron aplicarle dos dosis letales. No murió. Entró en coma, quedó conectada a un respirador y despertó días después. Hoy permanece esposada y atada a una cama de hospital, en terapia intensiva, sin recordar el intento de ejecución. El Estado que quiso matarla ahora la somete a cuidados intensivos.La quiere muerta, pero como el método falló, primero la cura. Esa imagen condensa la hipocresía del ser humano y de un sistema legal que a veces parece más preocupado por el ritual burocrático que por la justicia real.
El caso de Christa Pike no es una ficción. Es un retrato incómodo. La mujer fue condenada por golpear, torturar y asesinar a Colleen Slemmer, de 19 años, junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp. La víctima sufrió. Su familia sufrió. La sociedad también debería recordarlo. Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen, por lo que evitó la pena de muerte y permanece en prisión. Pike, en cambio, fue sentenciada a morir. Desde entonces, acumuló décadas de apelaciones, revisiones, esperas y costos emocionales. La pregunta que sobrevuela no es menor: ¿cuánto tiempo puede una sociedad sostener un castigo que nunca llega? ¿Y qué dice de nosotros que, cuando finalmente intenta aplicarlo, el resultado sea una escena de hospital?
La ejecución fallida ocurrió el 30 de septiembre. Le inyectaron sustancias letales. No funcionaron. Pike no murió. Fue trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente mientras el personal médico intentaba extraerle del cuerpo el químico administrado. Los especialistas hablan de una recuperación larga e incierta. Algunos recuerdos vagos, confusión con las fechas, comunicación básica. Nada de memoria sobre la cámara de la muerte. La única persona que ha sobrevivido a una inyección letal con toxina inyectada es ella. Otros reclusos sobrevivieron a ejecuciones porque no lograron canalizarles nada en las venas. En su caso, el procedimiento se completó. Y aun así, no murió.
Ese detalle debería sacudir cualquier conciencia. No porque Pike merezca compasión automática, sino porque revela la irracionalidad de un mecanismo que se pretende infalible. El Estado no solo ejecuta: también falla. Y cuando falla, no se detiene. La lógica se invierte: si la inyección no mató, hay que estabilizar a la condenada, sacarla del coma, retirarle el respirador, recuperarla. ¿Para qué? Para volver a intentarlo. Es decir, se invierte tiempo, dinero y recursos médicos en curar a una asesina condenada para luego matarla otra vez. La contradicción es tan brutal que roza el absurdo.
Mientras tanto, en otras partes del mundo, miles de inocentes mueren sin piedad. Niños, mujeres, ancianos, civiles anónimos. Caen bajo bombardeos, balas perdidas, ataques terroristas, violencia criminal. No reciben terapia intensiva. No tienen abogados que pidan informes. No aparecen en portadas durante semanas. No se suspenden guerras por ellos. No se investiga cada detalle de su muerte con la minuciosidad con que se revisa una ejecución fallida. La hipocresía no está solo en el sistema legal: está en la mirada colectiva. Nos escandaliza una inyección que no funcionó, pero naturalizamos bombardeos que destruyen barrios enteros. Nos conmueve el cuerpo esposado de una condenada, pero pasamos de largo ante fosas comunes, hospitales bombardeados o niños asesinados en guerras que parecen eternas.
En el caso de Christa Pike, además, hay un elemento que muchos prefieren evitar: ella no es una víctima inocente. Fue parte de un crimen atroz. Colleen Slemmer fue torturada y asesinada. Su madre esperó décadas para que se hiciera justicia. Cuando el intento de ejecución falló, describió el episodio como un desastre. No es difícil entender su frustración. El sistema le prometió una respuesta y le entregó una función grotesca. La condenada vivió más de treinta años después del crimen. La víctima no tuvo ese tiempo. La víctima no tuvo apelaciones. La víctima no tuvo hospital. La víctima no tuvo otra oportunidad.
Entonces, ¿por qué tanta contemplación con la asesina? No se trata de reclamar tortura ni de pedir ejecuciones sumarias. Se trata de señalar una incoherencia. Si una sociedad decide abolir la pena de muerte, debe hacerlo con coherencia: cadena perpetua real, sin excarcelaciones sorpresivas, con reparación para las víctimas. Si una sociedad decide mantenerla, no puede convertirla en un espectáculo médico interminable. No puede fallar, curar y volver a intentar. No puede tratar a un condenado a muerte con más cuidado que a un inocente que muere en la calle. Esa es la hipocresía que el caso expone.
El episodio también tuvo consecuencias institucionales. Las ejecuciones fueron suspendidas por el resto del año y el director de prisiones renunció. Son gestos que admiten, sin decirlo, que algo salió mal.
Pero el problema no es solo técnico. No se arregla con una mejor dosis, una vena más visible o un protocolo más detallado. El problema es moral. Una sociedad que quiere matar, pero no se anima a reconocerlo; que quiere castigar, pero no sabe cuándo termina el castigo; que quiere proteger a las víctimas, pero llega tarde; que quiere ser humanitaria, pero solo con algunos. Esa mezcla de crueldad y sentimentalismo selectivo es la marca de una hipocresía profunda.
En Argentina, aunque no exista pena de muerte, el debate resuena. La inseguridad, la reincidencia, la lentitud judicial y la sensación de impunidad alimentan reclamos de mano dura. Muchas veces, esos reclamos nacen del dolor real de víctimas que no encuentran respuestas. Otras veces, se convierten en consignas vacías. Pero el caso de Christa Pike muestra que ni la mano dura ni la contemplación infinita resuelven el fondo. Un sistema que tarda décadas en aplicar una condena y luego la convierte en un experimento fallido no es un sistema ejemplar. Es un sistema quebrado. En Argentina, como en el resto del país, la discusión debería centrarse en algo más simple y más difícil: que la justicia llegue a tiempo, que las víctimas sean el centro, que los culpables paguen sin convertirse en celebridades, y que los inocentes dejen de morir.
No se trata de odiar a Christa Pike ni de santificarla. Se trata de mirar el cuadro completo. Una mujer condenada por un asesinato horrible sobrevive a una ejecución fallida y ahora es curada para volver a ser ejecutada. Mientras eso ocurre, miles de inocentes mueren en manos de asesinos o bajo bombardeos, sin contemplaciones, sin médicos, sin titulares. La pregunta no es si ella merece morir. La pregunta es qué clase de sociedad somos cuando dedicamos tanta energía a matar correctamente a una asesina, y tan poca a evitar que sigan muriendo los inocentes. Esa es la hipocresía. Esa es la grieta que ningún protocolo puede cerrar.
El Municipio de Esquel desmantela construcciones precarias en tierras fiscales del barrio Badén, camino al cerro La Cruz, y genera tensión con ocupantes. El operativo comenzó este miércoles en la parte alta del barrio Badén, sobre el faldeo que asciende hacia el cerro La Cruz. En el lugar hay vehículos oficiales, un móvil policial y personal de la Dirección General de Inspecciones del Municipio. También está presente el secretario de Gobierno de Esquel, Diego Austin.
La intervención apunta a varias estructuras precarias levantadas en tierras fiscales. Algunas no estarían habitadas, sino en proceso de construcción. Esa condición llevó a que, en el plano técnico, se evitara la palabra “desalojo” y se hablara de “expulsión”, porque no se trata de viviendas con ocupación permanente.
Un procedimiento incómodo.
El operativo se desarrolla en un sector sensible de Esquel: la parte alta del barrio Badén, sobre el camino al cerro La Cruz. Allí, las construcciones se mezclan con el paisaje de faldeo y con una trama urbana que, desde hace años, muestra tensiones por la falta de títulos de propiedad, la ocupación de tierras fiscales y las dificultades para acceder a servicios básicos.
Mientras avanzaba el desmantelamiento, la presencia oficial y policial marcó el clima de la jornada. Los vecinos se acercaron al lugar y comenzaron a discutir con los funcionarios municipales. Algunos intentaron impedir la destrucción de una de las estructuras y reclamaron que se exhibiera una orden judicial antes de continuar, aunque ésta no sería necesaria para este tipo de operativo.
Ocupantes reclaman orden judicial y cuestionan el accionar
La discusión entre ocupantes y autoridades fue uno de los puntos más tensos del procedimiento. Las personas presentes cuestionaron la intervención municipal y sostuvieron que el joven que estaba construyendo la vivienda lo había hecho con esfuerzo propio. También plantearon que la falta de títulos de propiedad no es un problema exclusivo de esa construcción, sino que alcanza a distintos sectores del barrio Badén.
En medio del reclamo, le pidieron a Diego Austin que mostrara una orden firmada por un juez. Además, cuestionaron que la documentación que se intentaba exhibir desde un teléfono celular fuera suficiente para avanzar con el desmantelamiento. La escena reflejó la desconfianza de parte de los reclamantes hacia el procedimiento y la necesidad de respuestas claras sobre el marco legal de la intervención.
Es claro que, muchas veces, actores políticos asesoran mal a los ocupantes y les hacen creer que tienen derechos sobre las tierras ocupadas y eso genera muchos conflictos entre quienes creen tener un derecho y las autoridades que cumplen con lo que la ley les exige.
Tierras fiscales, habilitaciones y factibilidad de servicios
El Municipio de Esquel sostiene que las construcciones están sobre tierras fiscales y que no cuentan con la habilitación correspondiente ni con factibilidad de servicios. Ese argumento es central para justificar el operativo en el faldeo del cerro La Cruz.
La cuestión de las tierras fiscales en Esquel no es menor. Se trata de terrenos del Estado que, en muchos casos, fueron ocupados de manera ilegal y que luego entraron en un circuito de conflictividad por la falta de regularización dominial. A esto se suma la dificultad para acceder a redes de agua, cloacas, electricidad y gas, servicios que condicionan cualquier proceso de urbanización.
Para los vecinos, la falta de títulos y de servicios es parte de una realidad más amplia que excede a una sola vivienda. Para el Municipio, en cambio, el avance sobre tierras fiscales sin autorización ni factibilidad técnica no puede consolidarse. Esa diferencia de lecturas explica buena parte de la tensión.
¿Desalojo o expulsión? La precisión técnica que marca el operativo
Uno de los puntos que surgió durante el procedimiento fue la denominación correcta de la medida. Desde el ámbito policial se indicó que, técnicamente, no correspondería hablar de “desalojo” cuando las construcciones no se encuentran habitadas. En esos casos, se utiliza el término “expulsión” para referirse al procedimiento.
La distinción no es solo semántica. El desalojo suele involucrar a personas que viven en el lugar, mientras que la expulsión se aplica a estructuras sin ocupación permanente o en proceso de construcción. Esa diferencia puede incidir en los protocolos, en los plazos y en los requisitos legales que debe cumplir el Estado antes de avanzar.
El operativo continúa y la tensión no baja
El procedimiento sigue en la zona del faldeo del cerro La Cruz. La presencia policial se mantiene y el reclamo de los vecinos persiste. Hasta el momento, no se vislumbra una salida rápida al conflicto, que combina un operativo municipal, la discusión por tierras fiscales, la falta de habilitaciones y la demanda de los habitantes por una solución habitacional y legal.
En Esquel, el caso del barrio Badén volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a toda la provincia del Chubut: cómo ordenar el crecimiento urbano, cómo regularizar tierras fiscales y cómo garantizar servicios sin dejar de lado la necesidad de viviendas. La respuesta no parece sencilla, y la tensión en el cerro La Cruz es una muestra de ello.
Un camionero que protagonizó un choque fatal en la Ruta 3 de Chubut dio positivo por marihuana y cocaína; dos hermanos murieron y una joven resultó herida. El caso estremece a Trelew, Comodoro Rivadavia y a toda la provincia, y vuelve a encender la alarma sobre las drogas al volante.
El siniestro ocurrió pasadas las 20 horas del domingo 4 de octubre, a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde. Un Volkswagen Gol que circulaba desde Comodoro Rivadavia hacia Trelew chocó de manera frontal contra uno de los camiones que transitaban por el sector. El impacto fue de una violencia extrema. El automóvil quedó completamente destruido. En su interior viajaban tres personas.
Dos hermanos de 28 y 30 años, ambos oriundos de Trelew y de apellido Díaz, murieron en el lugar. La tercera ocupante, una joven de 22 años, sufrió lesiones de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro. Los hermanos habían viajado desde Trelew a Comodoro Rivadavia para acompañar a un menor que participaba de un torneo de fútbol infantil y que integra las divisiones de Racing Club de Trelew. El regreso hacia el Valle terminó de manera trágica en la zona de Garayalde.
UN POSITIVO QUE COMPLICA AL CAMIONERO
El conductor del camión fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego del accidente debido a las lesiones que sufrió, entre ellas un golpe en la cabeza. Este miércoles recibió el alta médica. En el marco de la investigación se le realizó una extracción sanguínea para efectuar los análisis toxicológicos correspondientes.
El resultado fue positivo para marihuana y cocaína. Ese dato ahora forma parte central de la investigación que busca determinar las circunstancias exactas del choque y las eventuales responsabilidades penales. En principio, al camionero se le atribuiría el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito. Sin embargo, la Fiscalía no resolvió en el momento del alta hospitalaria su detención ni su situación procesal. Esas decisiones quedaron para ser analizadas posteriormente en sede judicial. Por el momento, se dispuso que el hombre fije domicilio legal y permanezca sujeto al proceso mientras avanza la investigación.
Tras el procedimiento realizado en el lugar del accidente, los camiones involucrados fueron secuestrados y posteriormente entregados en carácter de depositarios judiciales a las empresas propietarias. En tanto, el vehículo involucrado directamente en el impacto quedó secuestrado en la sede de la Comisaría de Próspero Palazzo, a disposición de la Justicia y de las medidas que puedan surgir durante la investigación. El choque involucró al Volkswagen Gol y a tres camiones.
Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Comodoro Rivadavia para las correspondientes autopsias y posteriormente fueron entregados a sus familiares. La investigación busca ahora establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades en una tragedia que dejó dos víctimas fatales y una joven internada.
DOS VIDAS INOCENTES, UNA FAMILIA DESTROZADA
No hay forma de maquillar el dolor. Dos hermanos que volvían a casa después de acompañar a un chico en un torneo de fútbol infantil murieron sobre el asfalto. La muerte los encontró en una ruta que debía llevarlos de regreso a Trelew. Una joven de 22 años sobrevivió, pero cargará para siempre con el peso de haber estado en ese auto destruido.
La causa penal seguirá su curso. La presunción de inocencia existe y debe respetarse. Pero hay algo que no admite discusión: manejar bajo los efectos de drogas es una conducta profundamente irresponsable. Quien consume marihuana o cocaína y después se pone al volante no solo se pone en riesgo a sí mismo. Convierte un vehículo en un arma capaz de destruir familias enteras. En este caso, el resultado toxicológico positivo encendió todas las alarmas.
La sociedad no puede seguir naturalizando estas conductas. No se trata de un accidente menor ni de una fatalidad inevitable. Cuando hay drogas en el organismo, los reflejos se alteran, la percepción del riesgo se distorsiona y la capacidad de reacción se deteriora. En una ruta nacional, con camiones de gran porte, autos particulares y cientos de kilómetros de por medio, esa combinación es letal. Los inconscientes al volante no matan solo por imprudencia: matan por decidir drogarse y conducir.
CONSECUENCIAS QUE NO SE BORRAN
Las consecuencias de estos hechos son irreversibles. Dos hermanos de Trelew ya no están. Una joven de 22 años sufrió lesiones y vive con el trauma de un choque frontal. Una familia entera quedó rota. Los padres, los amigos, los compañeros de equipo, los vecinos: todos cargan con un dolor que ninguna sentencia podrá reparar. La Justicia podrá determinar responsabilidades, pero no devolverá la vida de los hermanos Díaz.
Además, el impacto golpea a toda la comunidad. Trelew, Comodoro Rivadavia, Garayalde y cada localidad de Chubut sienten el peso de una tragedia que pudo evitarse. La Ruta Nacional N° 3 es una vía central para la provincia. Por allí circulan trabajadores, familias, deportistas, estudiantes y transportistas. Cada siniestro fatal deja una marca en el territorio y una advertencia que no debería repetirse.
La investigación también deberá reconstruir la mecánica del choque. Se secuestraron los camiones, se preservó el Volkswagen Gol y se realizaron las autopsias correspondientes. El objetivo es claro: saber cómo ocurrió el impacto, a qué velocidad circulaban los vehículos, en qué condiciones se produjo el cruce y qué responsabilidad le cabe a cada involucrado. Pero incluso antes de cualquier fallo, el positivo por marihuana y cocaína ya instaló una pregunta incómoda: ¿cuántas tragedias más tienen que ocurrir para que se controle con dureza a quienes manejan drogados?
SEGURIDAD VIAL: TOLERANCIA CERO A LAS DROGAS AL VOLANTE
Chubut necesita controles más estrictos. Argentina necesita controles más estrictos. No alcanza con campañas de concientización. Hacen falta operativos permanentes, tests toxicológicos, sanciones severas y un sistema judicial que no permita que los responsables eludan consecuencias. El mensaje debe ser único y contundente: el que consume drogas y conduce, debe quedar fuera de las rutas.
Mientras la idiotez persigue al que tomó un vaso de vino, otros manejan con drogas en sangre; una triste realidad que nadie quiere mirar.
No se trata de perseguir a nadie sin pruebas. Se trata de proteger a los inocentes. Los hermanos que murieron en la Ruta 3 no tenían ninguna responsabilidad en el consumo de drogas de otro. La joven herida tampoco. Sus familias tampoco. Por eso, la sociedad tiene derecho a exigir justicia y a reclamar que hechos como este no vuelvan a repetirse.
La muerte de dos hermanos de Trelew no puede quedar como una estadística. Debe convertirse en un llamado de atención para las autoridades, para los conductores y para toda la comunidad. Quien maneja drogrado no comete una simple infracción: decide poner en riesgo la vida de los demás. Y cuando ese riesgo termina en muerte, el dolor es irreparable.
La causa continuará. La Justicia deberá pronunciarse. Pero mientras tanto, Chubut llora a dos víctimas inocentes y acompaña a una joven que sobrevivió a una tragedia que pudo evitarse. La memoria de los hermanos Díaz exige verdad, justicia y, sobre todo, que nunca más una familia tenga que recibir la noticia de que un conductor drogado destruyó su mundo sobre el asfalto.
En horas de la mañana se llevó a cabo una audiencia para formalizar el inicio de una investigación penal por un caballo flaco –sí, así de ridículo como lo leyó-. En esa audiencia se plantearon serias irregularidades cometidas por la fiscal María Bottini y la procuradora Cecilia Bagnato.
Un caballo flaco. Un falso delito. Muchas irregularidades.
La fiscalía de Esquel en manos de Bottini y Bagnato pareciera perder su tiempo, y por ende, el dinero de todos los contribuyentes, en armarle una causa penal a un gaucho por tener su caballo momentáneamente flaco.
Si esto por sí solo ya le parece un sinsentido, espere a leer los demás detalles.
En la insólita audiencia de hoy quedó confirmado, que las eruditas del poder judicial secuestraron, le cambiaron el nombre, lo entregaron en tenencia permanente (lo regalaron, dicho en criollo) sin orden judicial, al caballo de una familia que lo tenía en Gualjaina. Todo, basado en un certificado veterinario que decía que estaba un poco más flaco de lo habitual. Ni enfermo, ni maltratado, ni lastimado, ni desnutrido: simplemente flaco.
Al pobre Canelo, como lo bautizaron sus dueños, las eruditas hasta le cambiaron su nombre, poniéndole el ridículo (para un caballo) nombre de «René», bajo el que las fiscales hacen su marketing jurídico, tergiversando los hechos, para mostrarse como defensoras de animales.
Para el secuestro del animal, ni siquiera hubo un examen riguroso, ni análisis básicos de sangre para establecer si existía alguna anemia, parásitos, o cualquier cosa básica que le puede pasar a cualquier animal doméstico de cualquier hogar que pudieran hacer adelgazar a las mascotas, sin que ello constituya un descuido o un maltrato.
Pareciera que en Esquel no hay perros flacos, ni abandonados en las calles, y las eruditas se vieron en la obligación de montar un mega operativo para allanar un campo en Gualjaina, y secuestrar y trasladar a un caballo que tenía hogar y dueños.
O quizás, para su marketing judicial era más fácil buscar una víctima lejos de Esquel, con cero conocimientos de sus derechos, para que no les rompan las pelotas cerquita de sus oficinas, y así lucirse como defensoras de los animales.
Si fue así, se equivocaron, porque el dueño del caballo buscó un abogado y ahora las eruditas de la fiscalía de Esquel van a tener que dar explicaciones. La defensa estuvo en un primer término en manos de una defensora del Poder Judicial y luego, en manos del Dr. Juan Manuel Zapata, el cual expuso varias irregularidades muy graves que, a prima facie, serían constitutivas de delitospor parte de las fiscales.
Un ser sintiente, como elemento de marketing.
Tiempo atrás, las eruditas se sintieron gloriosas de haber obtenido un ridículo fallo que declaró al caballo como “ser sintiente”, “sujeto de derecho”.
Genial. A partir de ahora que se cuiden los dueños de los frigoríficos porque, siguiendo esa línea de “pensamiento” (si se lo puede calificar como pensamiento), podrían ser culpables de genocidio agravado por la búsqueda de un lucro inhumano. Después de todo, una vaca, un chancho, una liebre, no son menos sintientes que un caballo, ¿o sí?
Suponemos que tanto los jueces actuantes como las eruditas fiscales deben ser veganos.
Esperemos que el día de mañana no se les ocurra declarar “ser sintiente” a una lechuga, porque las piedras son muy duras para ser comidas. Al menos, que avisen con tiempo, así me pongo a estudiar odontología y me lleno de plata.
Tal como dijimos hace un tiempo atrás, y hoy ratificamos, bajo esta lógica, hasta una mosca podría ser declarada sujeto de derecho y ser sintiente. ¡Vivamos entonces entre las moscas!
Es interesante ver, también, que en todo este ámbito habría personas que no se ocupan de sus propios hijos, pero se preocupan por animales ajenos. Un tema para analizar desde la psicología social.
Los sentimientos del caballo.
Pero parece que a las eruditas no les importaron tanto los sentimientos del pobre caballo: lo arrancaron de su hogar, se lo enchufaron en propiedad a una entidad protectora de animales, y ésta, a su vez, se lo regaló a un tercero, publicándolo por las redes sociales como un triunfo.
No faltaron los lobotomizados, que, sin conocer el trasfondo, celebraban el acto en las redes sociales.
Pareciera que poco les importó el estrés del animal que no tenía ni la más pálida idea de por qué lo cambiaban de casa constantemente. De hecho, cosificaron al caballo. El “ser sintiente” fue tratado como un objeto sin sentimientos por las propias eruditas de la fiscalía; como una caja o una cosa pasible de estar en cualquier lugar cuando a ellas se les ocurra, y bajo el supuesto cuidado de un desconocido.
Los hechos.
Un problema entre vecinos de Gualjaina (uno aparentemente le quería comprar el caballo a otro y el dueño se negó a vendérselo) terminó en una denuncia por maltrato animal, acusando que el animal estaba flaco.
Fue la oportunidad para que las eruditas de la fiscalía den un golpe mediático y tapar así otras tantas irregularidades mucho más graves que suceden en esa fiscalía, como el caso del geriátrico del terror, que podría terminar encarcelando a varios de ese entorno, entre otros temas.
Y cuando Chubut Online publicó la verdad de la milanesa sobre este caballo,ardieron en llamas defenestrando a este medio, inventando para sí, un papel de víctimas al peor estilo de Andrea del Boca. Pero lo cierto, es que la realidad se las lleva puestas. Si, la realidad. Ni un medio, ni un abogado, ni nadie; la realidad misma; incluso, su inexistente prueba contra el gaucho.
El tema es que, en base a un relato de un denunciante, secuestraron el caballo, sin siquiera analizar las imágenes de días anteriores donde se lo veía al caballo felizmente alimentado, tomando agua, y compartiendo el extenso campo con otros animales. Cero abandono evidente.
En el certificado veterinario no consta ningún maltrato, ninguna lesión, ninguna enfermedad, ningún análisis clínico. Nada, absolutamente nada. Sólo dice que estaba un poco más flaco del peso ideal.
A pesar de no contarse con evidencia alguna de maltrato, golpes, lastimaduras, desnutrición, enfermedad de la piel, ni nada, la erudita Bagnato lo entregó en tenencia DEFINITIVA a un tercero, bajo la supervisión de la otra erudita, Bottini.
Todo, sin autorización de juez alguno. Básicamente, eso sería constitutivo del delito de abuso de autoridad, y yendo en contra de la propiedad privada, tal lo establece el CCyC. Ya no importa si el juez más tarde revirtiera esa situación ante semejante bochorno y abuso: la falta de marco legal para ese acto existió. Por más que les quieran sacar las papas del fuego a las fiscales, quedó demostrado cómo actúan.
Así y todo, si esto no constituyera delito, sería un caso muy grave que debería dar inicio a los respectivos sumarios y posible destitución de ambas. ¿Realmente merecemos como ciudadanos pagarle el sueldo mediante nuestros impuestos a funcionarios que se manejan de esa manera?
Pero como en el Poder Judicial se encuentran jueces proteccionistas, no de los animales, sino de las falacias de los propios, pareciera que se las quisieran dejar pasar… si, como si nada hubiese ocurrido… que las fiscales se sientan libres de regalar los bienes ajenos sin orden judicial… total… el que se jode es un pobre gaucho… y el caballo declarado “ser sintiente” al que tampoco respetaron sus sentimientos, querencia, ni hogar.
Cualquier fiscal en su sano juicio ya hubiera desestimado la denuncia, amén de que tampoco hubiese emprendido un secuestro de un caballo por el simple hecho de estar flaco.
Pero en este caso, no ocurrió. El empecinamiento continúa y a pesar de no tener prueba alguna, quieren extender el martirio del gaucho insistiendo en una investigación en la que ya no pueden investigar ni probar nada, ya que el caballo hace meses que fue entregado a un tercero y ya no existe forma de hacerle un análisis que pruebe un estado anterior.
Lo peor de todo,es que el tipo de delito por maltrato animal, también necesita, en términos jurídicos, de una intencionalidad de hacerle daño al animal… intencionalidad que, evidentemente, jamás existió. Ni los daños, ni la intención. Nada. De hecho, la familia propietaria del caballo da muestra del cariño que tiene por el animal, no solo en su actitud actual, sino en registro fotográficos que tienen del caballo, donde sólo se los ve brindándole cariño. Si el caballo no les importaba ni siquiera hubieran contratado un abogado para recuperarlo. Que se lo lleven y listo.
La pregunta es… ¿Qué tipo de ser puede entonces pretender dañar la reputación de una familia de bien, mediante acciones claramente infundadas?
Vulneración del derecho a defensa.
Otro enfoque, también planteado en la audiencia, es la vulneración del derecho de defensa de los propietarios. Les arrebataron el caballo, se lo entregaron en propiedad a un tercero, ese tercero, a la vez, se lo regaló a otro, imposibilitando cualquier contacto del dueño original con su animal e imposibilitándole hacerle pericias que demuestren su inocencia.
La co-propietaria del animal, según nos contó, se reunió con el tenedor del caballo, quien actuaría como propietario y se habría negado terminantemente a devolverlo.
En la audiencia de hoy, el juez a cargo dejó en claro que la entrega a un tercero de la custodia era provisoria… pero habría otro dato de color… la eruditas Bagnato ni Bottini no habrían notificado a las partes a las que les fuera entregado en “tenencia DEFINITIVA” el caballo, de que ya no eran dueños, sino simple tenedoresprovisorios… al menos así surge de lo que hemos podido averiguar. Y si el tercero que lo recibió lo entregó a otro tercero en custodia permanente, la cosa se complica más.
En definitiva, hoy no se dio muestra alguna de que el juez supiera quien tiene realmente al caballo, ni a quien se lo dieron, ni bajo qué título u orden.
Y todo es un viva la pepa en el Poder Judicial.
Mientras tanto, las paradojas judiciales siguen más vigentes que nunca. A un pobre gaucho le secuestran su caballo, se lo entregan en propiedad a otro, con la simple presentación de un certificado veterinario que dice que está un poco flaco. Al mismo tiempo, hay documentación fehaciente que afirma que el marido de Bottini recibe un vehículo multimillonario a cambio de supuestos honorarios adeudados por el geriátrico del terror, hecho convalidado con la firma de Bagnato… parece que hay que ocultar las irregularidades en torno a fiscal Bottini y Bagnato. Las eruditas pareciera que quieren seguir dando cátedra de Derecho. Un derecho no tan derecho, sino que pareciera estar bastante retorcido. En fin.
Que siga la joda y el sufrimiento de los inocentes.
La IA del juez de garantías pareciera que le sugirió al juez simpaticón que el gaucho puede seguir padeciendo su malestar y sufrimiento por los atropellos de la fiscalía, total, más adelante, va a tener la oportunidad de validarle su pedido de sobreseimiento.
Eso sí, cuando alguien denuncia a Bottini y a Bagnato, con pruebas y documentos… ¡Agarrate Catalina! Porque el show de victimizaciones inicia, con lo más bizarro de sus actuaciones. “Pobrecitas ellas”, que son denunciadas. Los demás no importan.
La victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta brasileña y su paso al balotaje contra Lula da Silva confirman el encarrilamiento de América Latina hacia la derecha. El rechazo a las políticas de izquierda que fomentan la dependencia estatal y atentan contra la meritocracia impulsa un cambio de época en la región.
El escrutinio de los últimos comicios en Brasil dejó un resultado contundente: Bolsonaro no solo superó las expectativas de las encuestas, sino que capitalizó el descontento de una sociedad harta de gobiernos que premian la vagancia y castigan el esfuerzo individual. La izquierda brasileña, representada por el Partido de los Trabajadores, sufrió una derrota que trasciende fronteras y anticipa un ciclo conservador en todo el continente.
El análisis de los partidos minoritarios refuerza esta tendencia. Formaciones de centro-derecha y derecha como el Partido Novo —la sigla más derechista del país según el GPS Partidário de Folha—, junto con el PL de Bolsonaro, concentran un electorado que rechaza el estatismo y la ingeniería social. Incluso partidos de centro como el PSDB, que se define como oposición al «lulopetismo» y a todo radicalismo, han virado hacia posiciones liberales en economía y conservadoras en pautas sociales. Simone Tebet, figura del establishment político, se autodefine como «centro-derecha en economía y centro-izquierda en costumbres», una ambigüedad que refleja el agotamiento del relato progresista.
Ciro Gomes, otrora referente de la centro-izquierda, ha virado hacia el bolsonarismo y hoy abraza pautas de seguridad, religiosidad y críticas al ambientalismo radical. Este realineamiento ideológico no es casual: responde a una demanda social que ya no tolera gobiernos que promueven la vagancia subsidiada, atacan las costumbres tradicionales y desprecian la cultura del trabajo.
Los resultados del balotaje, en este contexto, aparecen como un escenario favorable para Bolsonaro. Los votos de los partidos minoritarios de derecha —Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema— se inclinarán naturalmente hacia el candidato liberal-conservador, mientras que Lula apenas retendrá el apoyo de la izquierda más radicalizada, hoy en franca minoría.
América Latina observa con atención. Argentina, con Javier Milei a la cabeza, ya marcó el camino. Brasil, la economía más grande de la región, parece dispuesta a seguir sus pasos. El rechazo a las ideologías que fomentan la dependencia del Estado y que van en contra de las costumbres sociales y la meritocracia se traduce en un movimiento continental imparable.
La izquierda latinoamericana, acorralada por sus propios abusos —inflación, corrupción, inseguridad, adoctrinamiento— enfrenta su ocaso. El balotaje brasileño no es solo una elección entre dos candidatos: es un plebiscito sobre el modelo de sociedad que la región quiere para las próximas décadas. Y las señales apuntan en una sola dirección: hacia la derecha.
El crematorio de Esquel se construirá en una zona industrial habilitada, sin riesgo técnico presumible y con amplio respaldo regional. La obra, esperada desde hace décadas por la comunidad, avanza en el Parque Tecnológico Industrial y promete resolver una necesidad histórica de servicios para toda la zona. El proyecto, denominado Centro Regional de Soluciones Ambientales Integrales, fue aprobado por el Concejo Deliberante con siete votos a favor y tres en contra, y representa una oportunidad concreta para el desarrollo productivo, ambiental y social de Chubut.
Una demanda histórica que no admite más demoras
Esquel y su región arrastran desde hace décadas una carencia elemental: no existe un servicio de cremación humana. Eso obliga a las familias a trasladarse a otras localidades en los momentos más difíciles, con costos elevados y trámites engorrosos. La comunidad viene reclamando hace años una solución y el crematorio aparece como una respuesta ampliamente beneficiosa para toda la región.
El proyecto no solo cubre una necesidad sanitaria y social. También implica inversión, movimiento económico y creación de empleo. La adjudicación del terreno significó un ingreso de US$ 27.500 al Municipio y abre la puerta a un centro regional que puede prestar servicios a distintas localidades. Se trata de un emprendimiento privado local que apunta a consolidar actividad productiva en un sector preparado para ello.
Zona industrial: el lugar correcto
El crematorio se instalará en una zona destinada a emprendimientos industriales. Ese sector cuenta con aprobación para proyectos productivos desde hace muchos años y contempla todo tipo de actividades. No es un área residencial, no es territorio rural vulnerable y no es un espacio ajeno a la actividad industrial. Es, precisamente, el lugar donde deben radicarse este tipo de iniciativas.
La adjudicación de 5.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico Industrial para el Centro Regional de Soluciones Ambientales Integrales respeta ese destino. La ubicación elegida permite separar la actividad industrial de las zonas pobladas y ordenar el crecimiento de Esquel con criterios técnicos y urbanísticos.
Sin elementos técnicos que presuman contaminación
No hay absolutamente ningún elemento técnico que pueda presuponer contaminación o perjuicio a ningún poblador rural de la zona. La adjudicación aprobada corresponde a una primera etapa: la entrega del inmueble. Las evaluaciones de factibilidad técnica y los estudios ambientales definitivos deberán avanzar después ante la autoridad municipal correspondiente.
Además, la adjudicación queda sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable. Si el proyecto incumple las condiciones establecidas, el terreno puede regresar al Municipio. Es decir, existen salvaguardas legales y técnicas. Hablar de contaminación sin fundamento técnico es instalar un temor infundado. La tecnología actual permite desarrollar este tipo de centros con altos estándares ambientales y sanitarios.
La consulta previa mal planteada
Integrantes de la Comunidad Nahuelpan reclamaron una consulta previa, libre e informada. Sin embargo, en este caso no correspondería ninguna consulta de ese tipo, ya que hay autoridades elegidas democráticamente para decidir sobre el asunto. Alguien mal asesoró a los pobladores de Nahuelpan sobre supuestas consultas previas que se le debieran hacer y los hicieron exponerse a acciones legales, mientras los mentores se escondían detrás de ellos.
La comunidad sostuvo que hubo una reunión con representantes de la empresa, la Cámara de Comercio y funcionarios municipales, pero señaló que ese encuentro no constituyó una instancia formal de consulta. Es cierto que no fue una consulta formal, pero tampoco era exigible. El proyecto se emplaza en una zona industrial habilitada previamente y no afecta territorio comunitario. La consulta previa no puede convertirse en un mecanismo de veto ni en una herramienta para frenar el desarrollo de toda una región. Hubo quienes los mal asesoraron al respecto y los habrían usado para provocar disturbios en el Consejo Deliberante de Esquel.
Incitación política e interrupción de sesión
Algunas personas de la comunidad Nahuelpan habrían sido incitadas a interrumpir el cuerpo legislativo local por un par de integrantes de un partido vecinalista minoritario de izquierda. Esos dirigentes habrían mal asesorado a los pobladores, lo que habría sido el motor para que se generen disturbios en el Concejo Deliberante. No les habrían advertido a los pobladores rurales de la situación legal a la que se exponían.
Es lamentable que se incite a pobladores rurales a interrumpir sesiones legislativas. Hacerlo constituiría un delito. Quienes alientan a estos pobladores a actuar de esa manera no les advierten a esas personas del riesgo penal que corren. La política no puede utilizar a las comunidades rurales para sacar rédito partidario. El episodio incluyó gritos, insultos y acusaciones de “traidores” y “racistas” contra los concejales, mientras el presidente del cuerpo intentaba recuperar el orden.
Desde atrás, militantes políticos alentaban el desorden, al grito de «no pasarán», pero dejaron expuesta y desprotegida a una pobladora rural que emprendió un discusión habiendo estado mal asesorada.
Un proyecto que ordena y beneficia
El crematorio traerá beneficios concretos: servicio de cremación humana en Esquel, menos traslados forzosos, costos más bajos para las familias, empleo local, inversión privada y un centro regional de soluciones ambientales integrales. La oposición política cuestionó la bonificación del terreno, la falta de gas, el tiempo de tratamiento del expediente y un informe ambiental que habría obtenido 14 puntos sobre 30. Son objeciones políticas y administrativas, no pruebas técnicas de contaminación.
Al contrario al accionar de algunos militantes, la concejal Silvana Sánchez Albornoz acompañó el proyecto y a la vez pidió una consulta con la comunidad. Su voto afirmativo permitió avanzar con la adjudicación. Las instancias posteriores de evaluación y habilitación deberán seguir los procedimientos que correspondan. Pero frenar la obra por presiones o desinformación sería un error estratégico para Esquel y para Chubut.
Desarrollo con responsabilidad y ley
El crematorio debe avanzar. El diálogo con la comunidad es válido, pero dentro de la ley y sin interrupciones del cuerpo legislativo. La desinformación y la incitación política no pueden imponerse sobre las decisiones de las autoridades elegidas democráticamente. Esquel necesita este servicio desde hace décadas y la región no puede seguir postergando una obra clave.
Los pobladores circundantes deben ser informados correctamente, con datos técnicos y sin manipulaciones partidarias. El proyecto se ubica en una zona industrial apta, no presenta elementos técnicos que hagan presumir contaminación y cuenta con respaldo para el desarrollo regional. Chubut necesita inversión, empleo y servicios. El crematorio es un paso en esa dirección y beneficia a todos.
Críticas a Taccetta
Es natural que todos los políticos sean criticados, especialmente por los partidos opositores. El gobierno de Taccetta no escapa de ser criticado en algunos aspectos; sin embargo, cuando cualquier político, sea del partido que sea, impulsa una buena idea, debería naturalizarse el apoyo en esa cuestión específica. Nuevamente: sea del partido que sea.
El crematorio es beneficioso para toda la región. De hecho, sería bueno que existiera la posibilidad de que otro inversor decidiera hacer lo mismo y así generar una competencia sana de precios en beneficio de la comunidad. Pero ni siquiera debe haber volumen que justifique otra inversión.
Generar criticas para generar desorden es una costumbre que debería ser erradicada. No es democrático. Y los que alientan estas cuestiones dicen llevar las banderas de la democracia. Una paradoja hipócrita.
Y peor aún, cuando se aprovechan de pobladores rurales y los exponen a conflictos legales mientras los autores esconden la mano con la que tiraron la piedra.
La Corte Suprema rechazó el último recurso y Santiago Igón irá a juicio por las vacunas VIP durante la pandemia en Chubut. El exdiputado nacional por Chubut, radicado en Esquel y referente del kirchnerismo, deberá sentarse ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia por la acusación de aceptación de dádiva. La decisión judicial no es un detalle: marca que el privilegio de vacunarse por encima de los demás no puede cerrarse con un cheque ni con una salida elegante.
La causa contra Santiago Igón llegó a su punto más alto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja de la defensa y dejó firme la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado el sobreseimiento y descartado la reparación económica como forma de extinguir la acción penal. Con eso, el camino al juicio oral y público quedó despejado. El exlegislador deberá responder por haber recibido la vacuna Sputnik V en febrero de 2021 en el Hospital Zonal de Esquel, cuando la campaña de inmunización estaba concentrada en los grupos prioritarios.
El episodio, conocido como vacunación VIP, es una herida abierta. Mientras miles de argentinos esperaban turno, rezaban por una dosis o veían morir familiares sin acceso a la vacuna, un puñado de dirigentes y allegados al poder se acomodó en la fila. No fue un error administrativo. Fue un abuso de cargo. Fue la vieja lógica de creer que el Estado es una propiedad privada y que los derechos de los demás se pueden pisotear con una firma, un llamado o una amistad política.
La defensa de Igón intentó llevar el caso hasta la Corte después de que Casación rechazara el recurso extraordinario. Presentó una queja directa, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti la declararon inadmisible por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Traducción: no hay más vueltas. El proceso sigue. El exdiputado tendrá que sentarse en el banquillo.
El intento de cerrar la causa con dinero es otro capítulo que indigna. En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había aceptado una propuesta de reparación integral: Igón ofrecía pagar 3 millones de pesos al Hospital Zonal de Esquel, mientras que Carlos Emiliano Biondo aportaría 1 millón. Era una salida para evitar el juicio oral. El fiscal federal Teodoro Nürnberg se opuso y la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto aquella resolución. El argumento fue contundente: no se puede aplicar una salida de ese tipo frente a un delito atribuido a un funcionario público en razón de su cargo.
Aquí aparece la hipocresía discursiva del kirchnerismo. Santiago Igón pertenece a ese espacio político que llena la boca hablando de los pobres, de los derechos humanos, de la salud pública y de la solidaridad. Pero a la hora de vacunarse, cuando el privilegio estaba en juego, la acusación sostiene que se priorizó a sí mismo. No esperó. No se puso en la fila de los que no tienen contactos. No pensó en el docente, en la enfermera, en el abuelo que hacía cola. Y después, cuando la Justicia lo alcanzó, intentó pagar para cerrar el expediente. Esa es la falsedad de un discurso que se dice popular mientras practica el privilegio más descarado.
Carlos Emiliano Biondo no queda afuera. Está procesado por su vinculación con la supervisión del operativo de vacunación. Si alguien tenía la responsabilidad de administrar dosis críticas en plena pandemia, su obligación era priorizar a la población, no a los amigos políticos. La medicina escaseaba. Las vacunas eran esperanza. Usar ese poder para facilitar el acceso a allegados es una traición a la confianza pública. La Justicia debe investigarlo a fondo y establecer responsabilidades.
No se trata de una condena anticipada. La Corte no declaró culpable a nadie. Lo que hizo fue habilitar el juicio oral y público. Eso es exactamente lo que corresponde en una democracia. Que se debata, que se pruebe, que se escuchen los argumentos. Pero también que no se permita que un funcionario acusado de abusar de su cargo compre una salida elegante. La sociedad exige que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia actúe con severidad y ponga límites claros.
El kirchnerismo nos tiene tristemente acostumbrados a estos episodios. Dirigentes que hablan de igualdad mientras viven en countries, que denuncian privilegios mientras se vacunan primero, que lloran por los pobres mientras acomodan a los amigos. El caso Igón es una muestra más. No es un hecho aislado. Es una práctica. Y por eso la respuesta judicial debe ser ejemplar.
Cinco años después de aquella vacunación en el Hospital Zonal de Esquel, la discusión vuelve al centro. La acusación deberá ser debatida en un juicio oral y público. La Corte cerró la última vía de apelación. Ahora la pelota está en la cancha del tribunal. Y la sociedad mira. Los que se creyeron por encima de los demás deben rendir cuentas. La impunidad no puede ser otra vez la salida.
La bóveda de Cristina Kirchner en El Calafate guardaba carpetas de espionaje sobre jueces, opositores, empresarios y agentes de inteligencia. El juicio por la Causa Cuadernos volvió a exhibir imágenes y videos de ese ambiente, encontrado durante el allanamiento de agosto de 2018, y reabrió una de las páginas más oscuras del kirchnerismo: la construcción de un aparato de inteligencia paralelo, orientado a perseguir, condicionar y garantizar impunidad.
No era un archivo doméstico. Era un arsenal de información. Allí había informes sobre integrantes del Poder Judicial, dirigentes políticos, empresarios, exagentes de inteligencia y documentación financiera. La escena, negada durante años por la expresidenta, quedó otra vez bajo la lupa del Tribunal Oral Federal 7, que observó las pruebas del procedimiento ordenado por el entonces juez Claudio Bonadio. El acta consignó indicios de una puerta blindada o de seguridad desmontada antes del allanamiento. Para Bonadio, el lugar era una “bóveda”. Para Cristina Kirchner, esa estructura nunca existió.
El detalle no es menor. Porque si algo muestra esta causa es que el kirchnerismo no toleraba controles, jueces independientes, opositores incómodos ni empresarios que no se sometieran. La vieja SIDE, luego transformada en AFI, dejó de ser un servicio de inteligencia del Estado para convertirse, según las hipótesis judiciales, en una usina de persecución política y protección de la corrupción. Las carpetas halladas en El Calafate son la prueba documental de ese entramado.
Entre los documentos secuestrados aparecía información sobre el propio Claudio Bonadio, el magistrado que encabezaba la investigación. También un dossier sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. Había papeles vinculados con Guillermo Elazar y datos patrimoniales provenientes de la AFIP. Es decir: jueces, fiscales, familiares de víctimas y organismos de control, todos dentro de un mismo archivo.
La lista se extendía al mundo de los servicios de inteligencia y a la guerra interna desatada durante el kirchnerismo. Los investigadores encontraron un informe sobre Antonio “Jaime” Stiuso, histórico agente desplazado durante el último gobierno de Cristina Kirchner, y otro sobre Pedro Tomás “Lauchón” Viale, agente de contrainteligencia y hombre cercano a Stiuso, muerto en 2013. La inteligencia estatal había sido partida en dos: una parte resistía; la otra operaba para el poder político.
También aparecieron documentos relacionados con dirigentes opositores. Entre ellos, informes sobre Francisco de Narváez, quien derrotó electoralmente a Néstor Kirchner en las legislativas bonaerenses de 2009, y documentación identificada como “Reutemann agendas”. No eran simples recortes periodísticos. Eran carpetas de seguimiento, datos sensibles, material apto para extorsionar o neutralizar adversarios.
El material alcanzaba además a compañías privadas y operaciones económicas. Había documentación sobre Barrick Gold, Petrobras, una licitación de combustibles de ENARSA, la expropiación de YPF y movimientos bancarios de empresas. También fue encontrada una carpeta sobre Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La trama no distinguía entre espionaje político y negocios: todo formaba parte del mismo sistema de poder.
Entre los papeles secuestrados figuraban asimismo informes sobre el Grupo Clarín y un análisis de la Agencia Federal de Inteligencia sobre compras de dólares durante el cepo cambiario de 2014, que clasificaba distintos perfiles de compradores. La pregunta es inevitable: ¿con qué autoridad moral el kirchnerismo hablaba de democratizar la palabra mientras clasificaba ciudadanos, empresarios y medios desde una bóveda clandestina?
Durante su declaración, el comisario retirado Adrián Lotocki, a cargo del allanamiento, confirmó que del ambiente se retiraron numerosos documentos y objetos de valor. Mencionó biblioratos, bastones presidenciales y una carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins. La imagen es brutal: junto a reliquias históricas, carpetas de espionaje. Un símbolo perfecto de un poder que se creía dueño del Estado, de la historia y de la verdad.
El kirchnerismo intentó minimizar el hallazgo. Dijo que no existía una bóveda. Dijo que era un depósito. Dijo que todo respondía a una operación judicial. Pero las imágenes, las actas y los documentos vuelven siempre al mismo punto: mientras denunciaba conspiraciones, construía una estructura de inteligencia ilegal para espiar jueces, opositores y empresarios. Mientras hablaba de derechos humanos, usaba la AFI para perseguir y proteger a los suyos.
Ese es el corazón del escándalo. No se trata solo de una bóveda en El Calafate. Se trata de un método. La corrupción kirchnerista no solo saqueó recursos, firmó contratos sospechosos y manejó el dinero público con criterios de caja política. También intentó blindarse con espionaje. Cada carpeta sobre un juez, un fiscal, un opositor o un empresario era una pieza de un mecanismo de impunidad. La información no se guardaba para cuidar al Estado: se guardaba para cuidar a los corruptos.
Para Chubut y para la Argentina, la causa Cuadernos es una advertencia. Las provincias no son ajenas a estos entramados. Cuando la inteligencia se usa para perseguir opositores, cuando los expedientes se fabrican desde el poder, cuando los jueces son vigilados y los empresarios extorsionados, la democracia se degrada. La transparencia no es un adorno: es la única barrera contra la impunidad.
La bóveda K ya no puede negarse. Las carpetas existen. Los nombres están. Las imágenes están. Ahora falta lo más importante: que la Justicia actúe sin presiones, que se sepa quién ordenó cada informe, quién los pagó, quién los usó y para qué. Porque si el espionaje kirchnerista queda impune, la corrupción vuelve a ganar. Y esta vez, con la complicidad del silencio.
En base a las investigaciones realizadas por Chubut Online, el titular de este medio radicó una denuncia penal a fin de que se investiguen una serie de presuntas irregularidades que involucrarían a la fiscal jefe de Esquel, María Bottini, y a su esposo, el contador Juan Martín Sandoval Martínez.
El escrito plantea interrogantes sobre una operación de transferencia de un automotor de valor multimillonario, casi 0km, por parte de los dueños del «geriátrico del terror», a manos del marido de Bottini que oficiaba de contador y posible gestor de aquel escandaloso lugar.
El automotor, según intentaron justificar, habría sido transferido al marido de Bottini en «parte de pago de honorarios adeudados«, lo cual constituye una gran sospecha, ya que resulta difícil comprender que los honorarios sean varias veces multimillonarios.
Según investigó Chubut online, el valor actual del vehículo superaría los $30.000.000. pero además, otro detalle hizo sonar las alarmas: el vehículo fue inscripto en el registro automotor por el marido de la fiscal como si fuese soltero, es decir, ocultándose los bienes de la sociedad conyugal y posiblemente evitando el pago de certificaciones de firmas ante el registro automotor.
Bottini habría intentado justificar el accionar de su marido argumentando cierto desconocimiento, lo cuál también resulta dudoso, ya que se trata de una operación multimillonaria por presuntos honorarios adeudados, más la posesión de un vehículo, que es un bien que difícilmente pueda ser ocultado a un cónyuge, amén de que recibir tantos millones impactaría abiertamente en el ámbito familiar, especialmente en su economía.
Por otra parte, se plantean las dudas de cómo es que los dueños del geriátrico pudieron comprar un automóvil 0km cuando supuestamente tenían una deuda multimillonaria, de mucho tiempo, con quien le llevaba la propia contaduría del negocio.
Pero eso no es todo: el vehículo habría estado a nombre de uno de los hijos de los dueños del geriátrico, de profesión desconocida; y ese hijo se constituiría como un tercero ajeno a la supuesta deuda del geriátrico. En otras palabras, si el geriátrico tenía un titular, no se entiende cómo un tercero pagaba con sus bienes una deudaajena.
De haber existido esta extraña operación, debería haber registro de contratos, boletos de compra-venta con fecha cierta, facturaciones multimillonarias del marido de la fiscal y una serie de documentos que menciona la denuncia y de los que se solicita que se obtengan copias.
La investigación solicitada tiene como finalidad evaluar si existió delito, especialmente en lo relativo a posible evasión impositiva, falsificación o adulteración de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, encubrimiento, cohecho, entre otros.
La denuncia deja entrever la extraordinaria rareza de que una fiscal no esté al tanto de las acciones multimillonarias llevadas a cabo por su marido, como así también, vale recordar que Matín Sandoval es contador público, por lo que no puede desconocer los mecanismos legales para el registro de bienes. Se solicita investigar si Bottini hizo la vista gorda a todas estas irregularidades.
La actuación de Bottini como fiscal en una denuncia contra el geriátrico también merece ser atendida, ya que dejó el caso en manos de un fiscal bajo su jefatura, cuando se supone que debiera haber dejado a un fiscal dependiente de otra autoridad para garantizar la transparencia de las actuaciones y la no influencia directa o indirecta en cuestiones que involucran a un geriátrico que mantuvo relaciones multimillonarias con su marido.
La denuncia también plantea que se estudie si el vehículo pudo haber sido recibido como una especie de dádiva para garantizar cierta impunidad para los dueños del geriátrico. De haber sido así, podría tratarse de una situación de cohecho. Es una situación que debe ser estudiada y determinada por la investigación penal.
El geriátrico, luego de clausurado, se habría mudado a Esquel, y en cuyas transacciones también habría participado el marido de la fiscal, especialmente, gestionando el alquiler del inmueble donde se asentó.
El geriátrico clausurado en Trevelin se habría trasladado a Esquel, a la calle Perito Moreno N°331, donde no contaría con habilitaciones municipales, ni de ninguna índole.
Chubut Online constató la presencia de ancianos en el lugar, y otras personas nos han acercado videos que efectivamente muestran a ancianos dentro de ese lugar y se visualiza a la hija de los dueños del geriátrico clausurado, como la persona a cargo del lugar. Los autores de los videos habrían realizado una denuncia penal sobre el geriátrico, la cual, según nos informaron, habría sido cajoneada, y la prueba de los videos habría sido desestimada oralmente.
Recusaciones: Bottini y Miquelarena.
La denuncia plantea la recusación de los fiscales de Esquel bajo la órbita de Bottini. Así también, la denuncia presentó pruebas fotográficas y periodísticas tendientes a acreditar un presunto vínculo directo entre la fiscal Bottini y el Procurador General Jorge Luis Miquelarena, solicitándose también el apartamiento de la investigación de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal.
Esta solicitud, tendiente a garantizar la transparencia de la investigación solicitada, plantea en la práctica, un verdadero desafío para el Poder Judicial, en virtud de que no se evidenciarían mecanismos para nada pulidos para cuando la propia estructura del Poder Judicial tiene que ser investigada. Menos aún, cuando fiscales deben investigar a otros fiscales y bajo la mirada de la máxima autoridad, que tendría vínculos afectivos directos con la fiscal a investigar.
Un hombre de 67 años fue rescatado con vida tras quedar atrapado en un incendio en un taller mecánico de Comodoro Rivadavia. El siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 de este martes en un inmueble ubicado sobre Pasaje Paraná al 400, en el barrio José Fuchs, en la zona sur de la ciudad. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital regional, donde permanece internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.
Alerta en la madrugada
El alerta se produjo cuando personal policial de la Seccional Segunda realizaba tareas de patrullaje por calle Malvinas y advirtió una intensa columna de humo negro que salía desde el garaje del taller. De inmediato, los efectivos solicitaron la intervención de Bomberos y de una ambulancia de manera preventiva. Al llegar al domicilio, se presentó un hombre que manifestó que el propietario del inmueble era su padre y que se encontraba durmiendo en una habitación ubicada en el sector posterior del taller.
El rescate del hombre de 67 años
Minutos después arribaron al lugar efectivos de Bomberos y personal de Defensa Civil, que trabajaron para controlar el foco ígneo. Una vez sofocado el incendio, los bomberos realizaron un rastrillaje en el interior del taller y localizaron al hombre de 67 años en una habitación ubicada al fondo del lugar. El hombre se encontraba en posición fetal y presentaba signos compatibles con intoxicación por humo. Los bomberos lograron retirarlo del inmueble y le colocaron oxígeno. Luego de varios minutos, recuperó parcialmente la lucidez y pudo responder algunas preguntas. Posteriormente, una ambulancia arribó al lugar y realizó su traslado al hospital local. Debido a la gravedad de su estado, permanece internado en terapia intensiva y con ventilación mecánica.
Investigan el origen del incendio
El hijo del propietario manifestó que su padre habría dejado encendido un calefactor con el objetivo de mantener calefaccionado el lugar, donde también se encontraban sus mascotas. El fuego se habría iniciado en el interior del taller, aunque las circunstancias concretas que provocaron el foco ígneo todavía son materia de investigación.
En el lugar se realizó una primera inspección ocular junto con personal de Policía Científica, donde se constataron daños materiales parciales en el sector del taller. La rápida intervención de Bomberos permitió sofocar el incendio antes de que las consecuencias fueran mayores. Dentro del taller había tres vehículos: un Volkswagen Gol Trend, un Chevrolet Corsa y una Volkswagen Saveiro.
El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de un perito ígneo durante la mañana para determinar el origen y las causas del incendio. Mientras tanto, quedó una consigna policial en el lugar hasta completar las tareas periciales correspondientes.
Prevención y riesgo de humo
La dramática secuencia puso en evidencia el riesgo de los incendios en espacios cerrados y la importancia de la detección temprana. El humo, en muchos casos, es más peligroso que las llamas: puede provocar desorientación, pérdida de conciencia y daño respiratorio en pocos minutos. En este caso, la aparición de la columna de humo negro fue clave para que la policía advirtiera la situación y pidiera ayuda de inmediato.
El barrio José Fuchs, ubicado en la zona sur de Comodoro Rivadavia, fue escenario de un operativo que combinó tareas policiales, bomberiles y sanitarias. La comunidad aguarda ahora novedades sobre la evolución del hombre internado y sobre las conclusiones de la investigación. La Fiscalía busca determinar si el calefactor encendido fue el origen del fuego o si existieron otros factores que contribuyeron al siniestro.
Mientras la causa avanza, las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención en talleres, garajes y viviendas: revisar artefactos de calefacción, no dejarlos encendidos sin supervisión, mantener ventilación adecuada y contar con detectores de humo. En una ciudad donde las bajas temperaturas son frecuentes, el uso de calefactores aumenta y con ello la necesidad de reforzar los cuidados.
El rescate de esta madrugada quedó marcado por la urgencia y la coordinación de los equipos de emergencia. La vida del hombre de 67 años depende ahora de la asistencia médica intensiva, mientras la investigación intenta reconstruir los minutos previos al incendio. La rápida reacción policial y la labor de los bomberos evitaron que el fuego se propagara al resto de la propiedad y que la tragedia fuera aún mayor.
YPF retoma los estudios marinos en el Golfo San Matías para avanzar con Argentina GNL y exportar gas de Vaca Muerta. La petrolera volverá esta semana al área offshore con el buque Rustrigen, de bandera argentina, para una nueva campaña geofísica y oceanográfica. Los trabajos durarán alrededor de una semana y se concentrarán en inspeccionar y mantener dispositivos ya instalados en el mar.
Esos equipos registran información sobre corrientes, oleaje y niveles del mar. Se trata de mediciones estratégicas: permiten conocer con precisión cómo se comporta el ambiente marítimo en una zona donde se prevé instalar infraestructura de gran escala. Con esos datos, los equipos técnicos podrán avanzar en los estudios de ingeniería vinculados con la infraestructura offshore del proyecto Argentina GNL.
Un regreso técnico al corazón del proyecto
La nueva campaña no es un hecho aislado. Da continuidad a los trabajos que YPF viene realizando en los últimos meses en el Golfo San Matías. En febrero, la compañía hizo estudios geotécnicos sobre el suelo marino del área para reunir información clave para planificar la infraestructura offshore. Ahora, la atención se centra en el comportamiento del mar: corrientes, olas y variaciones del nivel del agua.
Esa información resulta indispensable para diseñar instalaciones que quedarán expuestas al Atlántico durante décadas. No se trata solo de construir estructuras flotantes o ductos: se trata de garantizar que resistan las condiciones reales del entorno marino, con criterios de ingeniería, seguridad y eficiencia operativa.
Dos buques fábrica frente a la costa rionegrina
El diseño conocido hasta ahora contempla dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro. Son barcos fábrica que reciben el gas por ducto, lo enfrían hasta convertirlo en gas natural licuado y luego lo transfieren a los metaneros para su exportación.
Ambas instalaciones alcanzarían una capacidad conjunta de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030. Después, el proyecto prevé una ampliación hasta las 18 millones de toneladas anuales. El Golfo San Matías concentra buena parte de la infraestructura prevista para la etapa de licuefacción y exportación, lo que convierte a esta zona en un punto neurálgico de la nueva estrategia energética argentina.
Vaca Muerta, transporte y salida al mar
El gas que alimentará esas plantas proviene de Vaca Muerta. El proyecto integra la producción neuquina, su transporte y su procesamiento antes de la salida al mar. Es una cadena que une la formación shale con el Atlántico y que busca transformar el gas argentino en un producto exportable a gran escala.
Por eso los estudios marítimos no son un detalle menor. Definen aspectos técnicos de instalaciones que estarán sometidas al oleaje y a las corrientes del Atlántico durante décadas. Cada medición aporta precisión para una inversión de largo plazo.
RIGI e inversión de u$s 51.000 millones
En agosto, YPF, la italiana Eni y XRG —el brazo de inversiones internacionales en gas de la emiratí ADNOC— solicitaron incorporar Argentina GNL al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla una inversión acumulada estimada en u$s 51.000 millones.
El paquete incluye infraestructura de transporte, procesamiento y exportación de gas, encadenada a la producción de Vaca Muerta y su posterior transformación en GNL. La magnitud del número explica por qué cada campaña técnica, cada estudio y cada permiso se siguen con atención en la Patagonia y en el sector energético.
Impacto en Río Negro, Chubut y la Patagonia
El desarrollo de Argentina GNL también plantea nuevas necesidades de infraestructura, servicios y logística en Río Negro. La Provincia trabaja junto a YPF para acercar información sobre el proyecto a comunidades, autoridades y proveedores locales, con foco en Sierra Grande y San Antonio Oeste, las localidades ubicadas en el área de influencia.
Para Chubut, vecina al Golfo San Matías, el proyecto abre expectativas por el efecto derrame. Empresas de servicios petroleros, talleres, transporte, hotelería, alimentación y logística de ciudades como Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia podrían encontrar oportunidades en distintas etapas del desarrollo. El objetivo declarado es facilitar la participación de empresas y trabajadores locales.
Próximos pasos y señales para la industria
La campaña de esta semana permitirá mantener y verificar los dispositivos instalados. Luego, esos datos se sumarán a los estudios geotécnicos previos y alimentarán los análisis de ingeniería. El horizonte es claro: avanzar hacia la infraestructura offshore, la licuefacción y la exportación de GNL.
Argentina GNL combina Vaca Muerta, inversión internacional, tecnología offshore y una salida marítima estratégica. El regreso de YPF al Golfo San Matías es una señal concreta de que el proyecto sigue en movimiento y que la Patagonia se prepara para una nueva etapa energética.
La Justicia de Rawson investiga a un hombre por resistirse a la autoridad e intentar quitarle un subfusil a un jefe del GEOP durante un allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo el domingo 27 de septiembre en un domicilio de la ciudad y derivó en la detención del acusado, identificado como M.D.B. Ahora, una investigación preparatoria buscará esclarecer las circunstancias exactas del violento episodio que conmocionó a la capital provincial.
El operativo comenzó alrededor de las 8:10 de la mañana y contó con la participación de efectivos de la División Policial de Investigaciones y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). La medida había sido ordenada por la jueza de garantías Karina Breckle, quien dispuso el allanamiento como parte de una causa que se investiga.
M.D.B. se encontraba dentro de la vivienda cuando los efectivos comenzaron a intervenir. Lejos de colaborar con el procedimiento, el hombre habría adoptado una actitud hostil desde el primer momento, profiriendo insultos contra el personal policial y mostrando una especial agresividad hacia los integrantes del grupo especial.
El momento de mayor tensión se produjo cuando los agentes intentaron reducirlo. El acusado habría forcejeado con el jefe del GEOP y habría intentado arrebatarle el subfusil que llevaba. En medio del enfrentamiento, el comisario inspector habría terminado en el piso, lo que evidencia la gravedad de la situación y el riesgo que corrieron los efectivos.
La conducta del hombre no cesó una vez que fue esposado. La imputación sostiene que, ya reducido, continuó lanzando insultos y amenazas contra los efectivos, e incluso habría intentado golpearlos antes de quedar definitivamente detenido.
La imputación y el avance de la causa
La calificación provisoria del hecho es «resistencia contra la autoridad», un delito que contempla la oposición mediante fuerza o intimidación a un funcionario público mientras cumple una función legítima. Se trata de una figura penal que busca proteger el normal desempeño de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.
Tras escuchar la acusación, la jueza Karina Breckle dispuso la apertura de la investigación preparatoria. Esta etapa procesal permitirá avanzar en la incorporación de elementos de prueba y determinar con mayor precisión las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento durante el allanamiento. La investigación quedó a cargo de la fiscal general jefe Laura Castagno.
Es importante destacar que M.D.B. continúa amparado por el principio de presunción de inocencia. La apertura de esta instancia judicial no implica una declaración de culpabilidad, sino el inicio de una etapa destinada a investigar los hechos atribuidos y establecer qué ocurrió realmente durante el procedimiento.
Un episodio que reaviva el debate sobre la seguridad
El hecho pone de relieve la complejidad y el riesgo que enfrentan las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de allanamientos, especialmente cuando los involucrados presentan una actitud violenta. La intervención del GEOP, un grupo altamente capacitado para situaciones de alto riesgo, da cuenta de la gravedad que se anticipaba en el operativo.
Las autoridades judiciales continúan trabajando en la causa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La comunidad de Rawson y de toda la provincia de Chubut permanece atenta al desarrollo de una investigación que promete arrojar luz sobre lo ocurrido durante aquella mañana de domingo.
La causa continúa en etapa de investigación y se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos que permitan reconstruir con precisión lo sucedido. Por el momento, M.D.B. permanece detenido a disposición de la Justicia.
El megacohete Starship de SpaceX alcanzó la órbita terrestre por primera vez en su vuelo 14, desplegó satélites Starlink V3 y amerizó en el Pacífico tras una misión histórica para la exploración espacial y el futuro de la NASA.
El programa espacial de Elon Musk ha cruzado un umbral definitivo. El megacohete Starship completó con éxito su decimocuarto vuelo de prueba, logrando por primera vez la inserción orbital completa, el despliegue de carga útil real y un amerizaje controlado en el océano Pacífico. Este hito no solo valida la ingeniería de la nave más grande jamás construida, sino que consolida el camino hacia la reutilización total y las futuras misiones tripuladas a la Luna.
Un despegue colosal desde Texas
La jornada comenzó a las 7:46 (hora de Texas) desde Starbase, el complejo de SpaceX ubicado cerca de Brownsville, a orillas del Golfo de México. Con sus imponentes 123 metros de altura, el sistema integrado por el propulsor Super Heavy y la nave superior Starship encendió sus 33 motores Raptor.
La potencia del despegue fue descripta por Justin Styer, director sénior de lanzamientos, con una analogía impactante: una ametralladora capaz de lanzar 11 camionetas por segundo. A pesar de la magnitud del lanzamiento, la misión enfrentó desafíos técnicos inmediatos. Durante el ascenso, se detectó una anomalía: uno de los tres motores Raptor optimizados para operar en el vacío se apagó de forma imprevista.
Este fallo llevó a los controladores a evaluar inicialmente la cancelación de la inserción orbital. Sin embargo, tras recibir actualizaciones de los ingenieros, se determinó que la nave aún contaba con condiciones para realizar el encendido necesario utilizando los motores de nivel del mar. Dan Huot, portavoz de SpaceX, confirmó minutos después que la misión continuaría según lo previsto, demostrando la redundancia y robustez del diseño.
Hito histórico: Inserción orbital y despliegue de Starlink V3
El momento cumbre de la misión ocurrió cuando Starship logró encender sus motores para entrar en una órbita estable. Para mantenerse en órbita baja, la nave debió acelerar hasta unos 28.000 kilómetros por hora, un equilibrio perfecto entre velocidad y gravedad que hasta ahora solo se había simulado en trayectorias suborbitales.
Una vez en órbita, a una altitud aproximada de 269 kilómetros, comenzó el despliegue de los 26 satélites Starlink V3. Esta nueva generación de satélites representa un salto cuantitativo para la red de internet satelital de SpaceX. Según explicó Jake Berkowitz, ingeniero principal de propulsión, estos satélites ofrecen una capacidad de descarga cerca de 10 veces superior y una capacidad de subida 22 veces mayor que la versión anterior (V2).
Los satélites viajan apilados horizontalmente y son liberados uno por uno mediante un dispensador mecánico. Tres de estos aparatos llevan cámaras destinadas a observar el exterior de la nave, aportando datos críticos sobre el estado de las losetas térmicas durante el reingreso.
El regreso: Una maniobra de precisión
Tras completar aproximadamente seis órbitas, la nave inició su descenso. La maniobra de reingreso es una de las fases más críticas y visualmente espectaculares. Starship adoptó una posición horizontal, con la parte inferior orientada hacia el océano, imitando la caída libre de un paracaidista. Luego, encendió sus motores para girar a posición vertical y realizar un frenado propulsado antes del contacto con el agua.
El amerizaje se produjo en el océano Pacífico, al oeste de Chile. Aunque el contacto fue más brusco que en el vuelo de julio y se generó una bola de fuego durante la fase final, la estructura permaneció visible sobre la superficie tras el impacto. Esta secuencia es un ensayo directo para las futuras recuperaciones en tierra firme, donde SpaceX planea atrapar la nave con los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, apodada «Mechazilla».
El propulsor Super Heavy, por su parte, regresó al Golfo de México y realizó un amerizaje controlado. SpaceX introdujo modificaciones en el filtrado de los motores y actualizó el software para mejorar la fiabilidad de los reencendidos, tras los problemas de obstrucción por hielo detectados en el vuelo anterior.
Implicaciones para la NASA y el futuro lunar
El éxito de este vuelo tiene resonancia directa en los planes de la NASA. Jared Isaacman, director de la agencia espacial, felicitó a SpaceX a través de la red social X, calificando el lanzamiento como «espectacular» y destacando el manejo seguro y responsable de cada etapa.
La NASA ha seleccionado una versión de Starship como módulo de alunizaje para las misiones Artemis. Sin embargo, para que esto sea posible, SpaceX debe dominar aún dos tecnologías clave que no formaron parte de este vuelo: la transferencia de combustible entre naves en órbita y el almacenamiento prolongado de propelentes criogénicos.
Se estima que una misión lunar de Starship podría requerir hasta una docena de vuelos cisterna para llenar los tanques antes de partir hacia la Luna. Con la capacidad demostrada en este vuelo 14 de colocar hasta 100 toneladas en órbita (con proyecciones de llegar a 200 toneladas en versiones futuras), SpaceX se posiciona como el actor principal en la nueva carrera espacial.
Este decimocuarto vuelo no solo rompió la barrera de la órbita, sino que validó el concepto de un sistema de transporte totalmente reutilizable, abriendo la puerta a una era de acceso masivo al espacio desde el sur de Texas hacia el sistema solar.
El Gobierno argentino denunció vuelos ilegales de una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas y lanzó un ultimátum por el proyecto Sea Lion. La administración de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios y advirtió que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no detiene la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
En un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED. La medida responde a la detección de operaciones aéreas en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin la autorización de las autoridades argentinas.
Según se detalló, se trató de una delegación de empresarios ingleses provenientes del archipiélago que participaron de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo de esas gestiones era avanzar en la creación de una ruta comercial entre las islas y el sur de Chile, una maniobra que el Gobierno argentino considera ilegal y contraria a los derechos de soberanía que reclama sobre el Atlántico Sur.
Además de las sanciones contra la firma británica, el Ejecutivo instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso. La Cancillería y los equipos jurídicos del Estado comenzarán con un proceso de arbitraje internacional con el objetivo de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación.
El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado de dos semanas, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada de forma oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representa la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.
Milei compartió un mensaje citando el comunicado y fue categórico: «Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras».
El texto presidencial también rechaza de forma categórica la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el comunicado, ni la denominación de las Islas Malvinas como «Territorio Británico de Ultramar» ni el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes del archipiélago eligió permanecer bajo administración de Londres, alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que ese pleito debe resolverse a través de negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.
El respaldo jurídico del reclamo argentino se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. A su vez, la Resolución 31/49 exhortó expresamente a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe ese proceso. El gobierno argentino sostiene que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce «un perjuicio irreversible e irreparable» a sus derechos de soberanía.
El marco legal invocado por Argentina incluye a la CONVEMAR —considerada por juristas y organismos internacionales como la «constitución de los océanos»—, aprobada en 1982 y en vigor desde 1994. Ese instrumento establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá de su mar territorial a lo largo de la prolongación natural de su territorio, pudiendo alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base. Bajo ese régimen, Argentina considera que los yacimientos hidrocarburíferos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.
La escalada diplomática se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó días atrás que Londres está preparado para defender militarmente las Malvinas ante una eventual acción argentina. «Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas», declaró el funcionario, quien rechazó las reivindicaciones de Milei y las calificó como una posición sin fundamento. Streeting también afirmó que no prevé un conflicto, pero insistió en la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas británicas.
La respuesta de Londres ante las medidas argentinas también incluyó la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la tensión actual. Por su parte, la explotación impulsada por el consorcio conformado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel, podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según cálculos de las autoridades de Londres.
En el plano judicial local, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya ordenó como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. En simultáneo, la Cancillería argentina avanza en gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación del Reino Unido.
El conflicto por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye una causa histórica para la Argentina y un tema de especial sensibilidad para los habitantes de la Patagonia. La provincia del Chubut, por su posición estratégica sobre el Atlántico Sur y su proximidad a los espacios marítimos en disputa, sigue con atención el desarrollo de esta nueva escalada diplomática que podría redefinir el tablero geopolítico de la región.
Cargar nafta en provicnias patagónicas como Chubut cuesta menos de la mitad que en Países Bajos o Uruguay. El precio por litro en pesos argentinos revela una brecha histórica entre los surtidores chubutenses y los europeos, que superan los $4.200 por litro.
Chubut Online realizó una comparación de precios actuales del combustible en el mundo, especialmente en países que ofrecen cierta calidad de vida, encontrándonos con un panorama muy distinto al que mucha gente supone.
Argentina, bien posicionada.
Los precios en Argentina están acordes a los de un país productor. Los precios son similares, e incluso más bajos, que una mega potencia productora de hidrocarburos como EE.UU.
Comparado con Europa, Argentina está totalmente en ventaja, ya que se llegan a duplicar, en algunos casos, el precio de los combustibles.
Incluso países vecinos como Chile o Uruguay tienen precios mucho más elevados, aunque, claro está, no son productores.
El caso de Brasil es un caso a tener en cuenta, ya que es productor, y sus precios al público son similares a la Argentina. Pero hay que tener en cuenta que el precio verdadero en Brasil es bastante más alto que en nuestro país, y los han subsidiado desde el Estado para ponerlos a un precio similar al nuestro.
Los números en el mundo.
La crisis global del petróleo desatada por los bloqueos en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb disparó los precios de los combustibles a niveles récord en todo el planeta. Pero no todos los conductores pagan lo mismo. Un relevamiento comparativo de los precios actuales de la nafta y el gasoil en Europa, Estados Unidos, Chile, Brasil, Uruguay y la provincia de Chubut, convertidos todos a pesos argentinos y por litro, muestra que cargar combustible en la Patagonia argentina sigue siendo una de las experiencias más económicas del mundo, mientras que en Europa y Uruguay los surtidores se convirtieron en un lujo que pocos pueden sostener.
El ranking lo encabezan los Países Bajos y Dinamarca, donde la nafta alcanzó esta semana los 2,43 euros por litro y el diésel llegó a 2,52 euros por litro, respectivamente. Con el euro cotizando a $1.780 para la venta en el Banco Central, un conductor neerlandés paga el equivalente a **$4.325 por litro de nafta**, mientras que en Dinamarca el gasoil se despacha a **$4.486 por litro**. Para dimensionar la magnitud: un tanque de 50 litros en Ámsterdam cuesta más de $216.000, una cifra que en Chubut alcanzaría para llenar cuatro veces el mismo vehículo.
En Francia, la situación no es mucho más alentadora. La nafta se ubicó en 2,23 euros por litro y el diésel trepó a 2,40 euros, lo que se traduce en $3.969 y $4.272 por litro respectivamente. Italia sigue de cerca con el gasoil a 2,36 euros, equivalentes a $4.201 por litro. La crisis energética europea, agravada por los ataques en el Mar Rojo que redujeron el tráfico marítimo en Hormuz a menos de 20 buques diarios, golpea con fuerza el bolsillo de los conductores del Viejo Continente.
Estados Unidos, el mayor consumidor de combustible del mundo, tampoco escapa a la tendencia alcista. En agosto de 2026, el precio promedio de la gasolina regular fue de 4,06 dólares por galón, equivalente a $1.657 por litro**, mientras que el diésel número 2 promedió 5,46 dólares por galón, es decir, **$2.229 por litro. Aunque sigue siendo más barato que Europa, la costa oeste estadounidense ya registra precios de 5,13 dólares por galón, lo que roza los $2.094 por litro de nafta. El gobierno de Washington evalúa suspender temporalmente el impuesto federal de 18 centavos por galón para contener el impacto, una medida que podría aliviar apenas marginalmente a los automovilistas.
Uruguay se posiciona como el país más caro de la región para cargar combustible. A partir de septiembre, el litro de nafta Súper 95 se mantiene en 88,67 pesos uruguayos, lo que con el tipo de cambio actual de $37,5 por peso uruguayo representa **$3.325 por litro** en moneda argentina. El gasoil 50S, en tanto, cuesta 58,68 pesos uruguayos, equivalentes a $2.201 por litro. La brecha con Chubut es contundente: un conductor uruguayo paga casi un 71% más por la nafta que un chubutense.
Chile, que hasta hace unos años era percibido como un destino con combustibles accesibles, vio cómo los precios se dispararon tras una serie de ajustes consecutivos. En septiembre de 2026, la bencina de 93 octanos promedia $1.426 por litro a nivel nacional, lo que con un tipo de cambio estimado de 900 pesos chilenos por dólar equivale a **$2.448 por litro** en pesos argentinos. El diésel, por su parte, superó los $1.500 por litro, alcanzando los **$2.575 por litro** en moneda argentina. La Enap confirmó un alza de $89 por litro para el gasoil en su último ajuste, acumulando un incremento de más de $214 en lo que va del año.
Brasil, el gigante sudamericano, también enfrenta una presión inédita sobre los precios de los combustibles. La gasolina común se comercializa a un promedio de 6,55 reales por litro, lo que con el real cotizando a $294 argentinos representa **$1.926 por litro**. El diésel S-10, por su parte, cuesta 7,33 reales por litro, equivalentes a $2.155 por litro**. El gobierno de Lula renovó un subsidio de 2,12 reales por litro para contener el alza, sin el cual el diésel habría escalado a 9,45 reales por litro, cerca de **$2.780 por litro en pesos argentinos.
En el extremo opuesto del ranking aparece Chubut. En Comodoro Rivadavia, los registros actualizados de estaciones Axion muestran la nafta súper entre $1.945 y $1.982 por litro, la nafta premium alrededor de $2.309 y el gasoil entre $2.446 y $2.479. Si bien las petroleras privadas aplicaron subas de entre 2% y 5% durante la última semana, YPF mantiene por ahora sus precios anteriores, a la espera de la evolución del mercado internacional. La provincia patagónica continúa siendo una de las jurisdicciones con combustibles más accesibles de Argentina, junto con Río Negro y Neuquén, aunque los precios ya superan los $1.900 por litro en todas las estaciones.
El panorama resumido en pocas palabras.
La comparación en pesos argentinos por litro deja un panorama nítido. Un conductor en Países Bajos paga $4.325** por litro de nafta, un uruguayo **$3.325, un francés $3.969**, un italiano **$4.201 por gasoil, un chileno $2.448**, un brasileño **$1.926(subsidiado) y un estadounidense $1.657**. En Chubut, la nafta súper se consigue desde **$1.945 por litro. La diferencia entre el país más caro de Europa y la provincia patagónica alcanza los $2.380 por litro, una brecha que explica por qué los turistas europeos que llegan a la Patagonia no salen de su asombro cuando ven los precios en los surtidores chubutenses.
El contexto internacional no augura una reversión inmediata. La crisis del petróleo, calificada como «la mayor interrupción física de suministro en la historia de los mercados energéticos mundiales», mantiene en vilo a los consumidores de todo el planeta.
Alberto Fernández mostró una comparación del desempleo con una escala gráfica desproporcionada que exagera visualmente las diferencias entre gobiernos.
Alberto Fernández volvió a utilizar las redes sociales para cuestionar al gobierno de Javier Milei. Esta vez lo hizo mediante un gráfico sobre la evolución de la desocupación durante los segundos trimestres de distintos años, acompañado por una frase contundente: “Así crece la desocupación con Milei”.
A primera vista, el gráfico parece ofrecer una demostración estadística sencilla. Las barras amarillas corresponden a los años de Mauricio Macri, las azules a Alberto Fernández y las violetas a Javier Milei. El mensaje visual parece inequívoco: una enorme barra del 13,1% durante la pandemia, una fuerte caída posterior y, finalmente, un nuevo crecimiento del desempleo durante los años de Milei.
Pero hay un problema fundamental.
Las barras no están representadas en una escala proporcional a los porcentajes que aparecen escritos sobre ellas.
Además, las mediciones durante el gobierno de Fernández eran mentirosas, ya que no ponían a los planeros como desocupados, ni a todos los subsidiados, y a los ñoquis que acomodaron en el Estado, que no eran trabajadores reales, sino, ñoquis.
Y eso modifica radicalmente la percepción que produce el gráfico.
El 13,1% que parece gigantesco y el 6,2% que aparece casi aplastado no tienen una diferencia de semejante magnitud en la realidad estadística. El 13,1% es poco más del doble del 6,2%. Sin embargo, la representación visual hace que la diferencia parezca varias veces mayor.
No es un detalle estético.
Cuando se utiliza un gráfico de barras para comparar porcentajes, la dimensión de cada barra constituye parte del argumento. Si la escala gráfica exagera las diferencias, el lector recibe una impresión que no coincide con la magnitud matemática de los datos.
El 13,1% contra el 6,2%: la distorsión que salta a la vista
El ejemplo más evidente está en las barras correspondientes a 2020 y 2023.
El gráfico indica:
2020: 13,1%
2023: 6,2%
La diferencia real entre ambos porcentajes es de 6,9 puntos porcentuales.
Pero la relación matemática entre ambos valores es todavía más clara: 13,1 dividido 6,2 da aproximadamente 2,1.
Por lo tanto, si las barras fueran proporcionales a los datos, la correspondiente al 13,1% debería tener aproximadamente el doble de altura que la del 6,2%.
No ocurre eso.
En la imagen publicada por Fernández, la barra del 13,1% ocupa prácticamente toda la zona superior del gráfico, mientras que la correspondiente al 6,2% queda reducida a una pequeña columna cercana al eje inferior.
La diferencia visual es muchísimo mayor que la diferencia estadística.
Y eso es precisamente lo que vuelve problemática a la imagen.
Los números pueden ser correctos y, al mismo tiempo, el gráfico puede transmitir una impresión visual incorrecta sobre la magnitud de las diferencias.
No es solamente una barra
El problema se vuelve todavía más evidente cuando se observan los demás valores.
El gráfico muestra 9,6% para 2021, 6,9% para 2022 y 6,2% para 2023.
Sin embargo, visualmente la barra de 2021 aparece varias veces más alta que la de 2023.
Algo similar sucede cuando se compara 6,2% de 2023 con 7,6% de 2024.
La diferencia matemática es de apenas 1,4 puntos porcentuales. Sin embargo, la barra de 2024 aparece considerablemente más alta.
Y el mismo fenómeno vuelve a observarse entre 7,6% y 7,9%.
En términos estadísticos, son valores muy cercanos.
En términos visuales, el gráfico los presenta con una diferencia mucho más marcada.
El problema, entonces, no está concentrado en una única barra. La construcción completa del gráfico carece de una escala uniforme que permita que la altura de cada barra represente directamente el porcentaje que lleva escrito.
Un gráfico no es una decoración
Esto es particularmente importante porque los gráficos estadísticos no son simples elementos ornamentales.
Una barra más alta significa, para el lector, un valor mayor.
Y cuanto mayor es la diferencia de altura, mayor es la diferencia que el lector naturalmente interpreta entre los datos.
Por eso existen reglas elementales de representación estadística: cuando se comparan magnitudes mediante barras, la escala debe ser clara, coherente y proporcional.
En la publicación de Fernández, en cambio, el lector que mire rápidamente la imagen puede llevarse la impresión de que el desempleo del 13,1% fue varias veces superior al 6,2%.
Pero eso no es lo que dicen los números.
Los números dicen que fue algo más del doble.
La imagen cuenta una historia visual mucho más extrema.
La Unidad de Información Financiera (UIF) denegó la registración de Point Limits SRL, una empresa históricamente vinculada al clan Ale, la familia tucumana condenada por asociación ilícita y lavado de activos y señalada por la desaparición de Marita Verón. La medida, adoptada bajo la gestión del abogado Matías Álvarez al frente del organismo, impide que la firma obtenga la constancia necesaria para continuar operando en el sector de juegos de azar.
La decisión reactiva el cruce entre el Estado y uno de los grupos delictivos más emblemáticos del interior argentino, cuya historia está atravesada por una de las causas más dolorosas de la crónica policial del país: la desaparición de María de los Ángeles Verón, ocurrida el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán.
Una condena histórica que no cerró las heridas
En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una sentencia que marcó un antes y un después en la persecución del lavado de activos en Argentina. Rubén Eduardo Ale, conocido como “La Chancha”, ex presidente del club San Martín de Tucumán, y su hermano Adolfo Ángel Ale, “El Mono”, recibieron penas de diez años de prisión cada uno por liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos proveniente del juego clandestino y la extorsión. En total, trece personas fueron condenadas y tres resultaron absueltas.
La sombra de Marita Verón nunca se apartó del clan. Susana Trimarco, madre de la víctima, señaló a “La Chancha” como el máximo responsable del secuestro y la desaparición de su hija, un caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata de personas en Argentina. Sin embargo, Ale nunca fue condenado por ese crimen. La absolución masiva de trece imputados en 2012, tras el juicio por la desaparición de Verón, derivó en un escándalo nacional que expuso las fisuras del sistema judicial tucumano.
En el juicio de 2017, el aporte de la UIF fue determinante. Un extenso informe reveló la magnitud del patrimonio del clan: casi 40 millones de pesos en maniobras financieras, una larga lista de propiedades, más de 100 vehículos entre autos y camiones, y 72 armas de fuego valuadas en más de 400 mil pesos. “La Chancha” Ale falleció en 2023 en su provincia natal.
Point Limits SRL: una pantalla que intentó sobrevivir a la condena
Point Limits SRL fue constituida en 2011 en la capital tucumana y quedó históricamente vinculada a “El Mono” Ale. La empresa controló una serie de locales de juegos de azar y fue allanada en el marco de la causa que terminó con la condena de los hermanos Ale. Los fiscales sostuvieron que la firma podía ser una pantalla para el lavado de dinero. A pesar de ello, nunca dejó de operar.
La empresa ya figuraba registrada en el sistema de la UIF desde el 15 de septiembre de 2011. Cuando la investigación federal contra el clan Ale avanzó, la sociedad se encontraba en pleno funcionamiento y contaba con habilitaciones para la explotación de juegos de azar. Durante los allanamientos de 2013, se secuestró dinero en efectivo en locales de la firma y la Justicia dispuso medidas de intervención sobre la sociedad y la clausura de sus casas de juego. En 2014, el Ministerio Público Fiscal identificó públicamente a Point Limits como una de las empresas vinculadas al clan Ale y sostuvo que su actividad podía ser utilizada como pantalla para el lavado de dinero.
La sentencia de 2017 tuvo por acreditado que los hermanos Ale dirigieron una asociación ilícita vinculada, entre otros delitos, con la usura, la extorsión, la explotación económica de la prostitución y el comercio de estupefacientes. Para mezclar, disimular y dar apariencia legal a los fondos provenientes de esas actividades, utilizaron actividades formalmente lícitas. Point Limits fue considerada uno de los vehículos societarios clave dentro de ese esquema.
Irregularidades que sellaron el bloqueo
Tras la condena de Adolfo Ángel Ale a diez años de prisión por lavado de activos y como jefe de una asociación ilícita, la sociedad continuó procurando sostener su actividad. Su registración ante la UIF había quedado bloqueada y, durante 2025 y 2026, la firma realizó distintas presentaciones para regularizarla y obtener nuevamente una constancia que le permitiera operar como Sujeto Obligado.
La Agencia Regional Norte de la UIF analizó la documentación presentada y detectó diversas irregularidades. Entre ellas, la falta de presentación de certificados de reincidencia ante los pedidos del organismo. Además, el “Oficial de Cumplimiento Titular” designado por la empresa, un hombre que porta el apellido Ale, ni siquiera formaba parte de la SRL.
Los Sujetos Obligados son las personas, empresas y organismos que, por la actividad que desarrollan y su exposición a riesgos de lavado de activos, integran el sistema de prevención y deben colaborar activamente con la UIF. La registración como Sujeto Obligado es un requisito indispensable para operar legalmente en el sector de juegos de azar. Al denegarla, la UIF impidió que Point Limits obtuviera la habilitación necesaria para continuar en el negocio.
Un mensaje para el sector
La resolución de la UIF bajo el mando de Matías Álvarez envía una señal contundente: las empresas vinculadas a estructuras criminales condenadas no encontrarán refugio en el sector del juego regulado. La decisión se produce nueve años después de la condena que puso a los hermanos Ale tras las rejas y a casi veinticuatro años de la desaparición de Marita Verón, un caso que sigue reclamando verdad y justicia.
La medida refuerza la importancia de los organismos de control en la prevención del lavado de activos y en la lucha contra las redes de trata y explotación que durante décadas operaron con impunidad en el norte argentino. La historia del clan Ale es también la historia de un sistema que durante años miró hacia otro lado. Hoy, la UIF parece decidida a no repetir ese error.
