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  • Papelón de conocido veterinario y noticias falsas sobre la carne de burro en venta en Chubut

    Papelón de conocido veterinario y noticias falsas sobre la carne de burro en venta en Chubut

    La venta de carne de burro en Chubut desató un escándalo mediático basado en una mentira: el decreto que supuestamente la prohíbe en realidad la habilita. Aquí, la verdad.

    ¿Carne ilegal? El error del Dr. Romero que desinforma a Chubut

    La reciente iniciativa de comercializar carne de burro en Trelew ha generado una ola de reacciones encontradas en la provincia. Sin embargo, lo que parecía un debate sobre diversificación productiva se ha convertido en un ejemplo claro de desinformación periodística y manipulación mediática, encabezado por declaraciones del veterinario mediático Dr. Juan Enrique Romero.

    En un giro preocupante para el debate público, el Dr. Romero y el sitio EQS Notas difundieron la falsa alarma de que la comercialización de esta carne viola la ley nacional. Nada más alejado de la realidad.

    Un decreto que dice lo contrario: la verdad legal

    La piedra angular del argumento del Dr. Romero es el Decreto 974/1998, el cual afirma categóricamente que nota de EQS Notas “está prohibido el consumo de carne equina”. Esta afirmación es absolutamente falsa y constituye un grave error para un profesional de su supuesta trayectoria.

    La realidad jurídica es la opuesta. El Decreto 974/98 no prohíbe; deroga la prohibición. Su artículo 1º es claro: “Derógase el Decreto N° 1591 de fecha 23 de mayo de 1974”. ¿Y qué prohibía ese viejo decreto de 1974? Justamente la matanza de equinos (caballos, burros, mulas) .

    Lejos de vetar el consumo, la normativa firmada en 1998 buscó promover la producción de carne equina para eliminar “trabas para la expansión de la producción” y fomentar su exportación, que en ese entonces ocupaba el segundo lugar en importancia dentro de las carnes argentinas . Por lo tanto, afirmar que el decreto prohíbe algo que explícitamente autoriza no es una interpretación; es un error no intencionado o una falta de conocimiento y lectura básica de la ley.

    Argentina cuenta con frigoríficos equinos habilitados por el Senasa, aunque el destino final de la carne es la exportación a países como Francia, Suiza o Nueva Zelanda y no la venta directa al público de la carne. La ganancia de esos frigoríficos es multimillonaria.

    A nivel interno no se consume este tipo de carne por cuestiones culturales, de hábito y sentido de pertenencia con el animal que terminaron influyendo sobre ello.

    Lo que no se puede hacer es vender la carne equina en el mismo espacio que otras carnes. En Esquel, hasta no hace muchos años, había una carnicería de exclusiva carne equina.

    El mito de la baja calidad en tiempos políticos.

    En estos días se vio una horda de militantes kirchneristas diciendo que en este país hay hambre y que por eso se recurre a la carne de burro, como si esa carne fuese de baja calidad.

    Lo cierto es que, para maslestar de los opositores, esa carne es un manjar en países del primer mundo y por eso se la exporta. Son los mismos que defienden a un ex gobierno que había prometido asado y la gente terminó comiendo polenta.

    El periodismo que no chequea datos…

    El medio digital EQS Notas actuó como altavoz de esta falacia, replicando sin el mínimo filtro periodístico las supuestas declaraciones del veterinario. Al titular “Es un delito contra la salud” y señalar una prohibición inexistente, EQS Notas incurrió en una práctica peligrosa: la intoxicación informativa, al no chequear, en un tema tan importante, el contenido del decreto mencionado, afectando al lector desprevenido que confía en el periodismo.

    Al generar alarma social sobre un producto que no está vedado por el Estado nacional, se termina distorsionando la realidad para imponer una agenda emocional. La ética periodística exige la verificación de fuentes primarias. Si los redactores de EQS Notas hubieran leído el Boletín Oficial, habrían evitado sembrar el pánico entre los consumidores de Chubut, haciéndoles creer que estaban siendo víctimas de un delito cuando, en rigor, se enfrentaban a una opción comercial legal.

    Extremismo selectivo: ¿por qué duele un burro y no una vaca?

    El segundo pilar de esta polémica lo puso la Fundación Libre Relincho, que calificó la venta de carne de burro como un “retroceso” y un acto de “violencia”. Si bien el respeto por los animales es una virtud social, su discurso cae en un extremismo selectivo que no resiste el análisis lógico.

    Si el argumento es ético y se oponen a “usar más animales” o “explotar cuerpos”, ¿por qué esta fundación no dedica su energía a prohibir las parrillas, las cadenas de pollo o la carne de cerdo? La respuesta es incómoda pero cierta: existe una jerarquización arbitraria de las especies. Duele un burro o un caballo (animales “nobles” o de compañía), pero no duele un cerdo, un pollo o una vaca, cuyo sufrimiento en la industria alimentaria es masivo y sistemático.

    Ninguna vida animal vale más que otra. El especismo que practica Libre Relincho es una postura ideológica, no científica. Luchar contra la faena de burros mientras se aplaude o se tolera la de vacunos es una hipocresía funcional que busca titular en lugar de resolver el sufrimiento animal real.

    Chubut merece verdad, no show mediático

    La venta de carne de burro en Chubut es legal desde 1998. Los habitantes de Trelew y de toda la provincia tienen derecho a decidir qué consumen sin ser manipulados por informaciones falsas o presiones extremistas.

    Chequear lo supuestamente exopuesto por el Dr. Juan Enrique Romero  sobre la ley es un deber periodístico. Señalar a Fundación Libre Relincho por su doble estándar moral es un ejercicio de coherencia. Y exponer a EQS Notas por publicar desinformación es una obligación para defender la credibilidad de la prensa seria en Argentina. Suponemos, y esperamos, que EQS rectifique la información, como corresponde.

    El camino del diálogo productivo no se construye con engaños, sino con la verdad de los hechos. Suponemos que todo se trató de un error; esperemos que no vuelva a suceder, para no alarmar innecesariamente a la población.

  • Murió Luis Brandoni: adiós al último gran primer actor argentino

    Murió Luis Brandoni: adiós al último gran primer actor argentino

    Murió Luis Brandoni a los 86 años. El ícono del cine, teatro y TV argentinos falleció tras un hematoma subdural. Despedida en la Legislatura porteña.

    El teatro, el cine y la televisión argentinos visten de luto. Este lunes 20 de abril, a los 86 años, murió Luis Brandoni, uno de los intérpretes más queridos y respetados de la escena nacional. El artista se encontraba internado en el Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Villa Crespo, desde el sábado 11 de abril, luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural en la cabeza. Su estado de salud se deterioró en las últimas horas y finalmente falleció durante la madrugada.

    La noticia fue confirmada por Multiteatro, la empresa de salas teatrales fundada por Carlos Rottemberg, a través de su cuenta en X. “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, expresó el comunicado. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”.

    Brandoni ya había tenido complicaciones de salud en septiembre de 2025, cuando debió suspender funciones de la obra ¿Quién es quién? —que protagonizaba junto a Soledad Silveyra en el Teatro Liceo— tras una descompensación por un alimento en mal estado. Sin embargo, el golpe en la cabeza sufrido en su hogar derivó en un hematoma subdural que requirió hospitalización. Aunque en un principio se especuló con una pronta recuperación y un posible regreso a los escenarios el 22 de abril, el agravamiento del cuadro obligó a cancelar las presentaciones.

    Carlos Rottemberg, en una entrevista televisiva minutos después del deceso, informó que el velorio de Brandoni será público y se realizará en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes, con una extensión que podría llegar hasta la medianoche. El martes, sus restos serán trasladados al Panteón de Actores del cementerio de Chacarita.

    Las redes sociales se inundaron rápidamente de homenajes. La Asociación Argentina de Actores expresó sus condolencias a familiares y seres queridos “en un momento de dolor”, destacando “su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión que lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”.

    Una carrera imborrable

    Nacido en Dock Sud, Brandoni descubrió su vocación actoral desde niño, participando en programas radiales y televisivos. Dio sus primeros pasos en el cine con títulos como La cigarra está que arde (1967), Tute Cabrero (1968), La guita (1970) y La gran ruta (1971). Pero su consagración llegó a mediados de los años ’70 con películas como La Patagonia rebeldeLa treguaGente en Buenos Aires y Juan que reía. En ese período, por su militancia política y ante amenazas de muerte, debió exiliarse en México.

    Con el retorno de la democracia, volvió al país y protagonizó Darse cuenta (1984). Su lugar en el imaginario popular quedó sellado con dos comedias inolvidables: Esperando la carroza (1985) y Cien veces no debo (1990). En las décadas siguientes, compaginó su carrera artística con una creciente participación política, muy ligado a Raúl Alfonsín y a la Unión Cívica Radical (UCR). Fue diputado nacional entre 1997 y 2001.

    En 1993 causó sensación con Mi cuñado, junto a Ricardo Darín. Luego llegaron Durmiendo con mi jefe (2003) y El hombre de tu vida (2011). En teatro brilló en Made in Lanús (que luego dirigiría), Conversaciones con mamá y El acompañamiento. En los últimos años, se reinventó en el streaming con películas como Mi obra maestra (2018), *4×4* (2018), El cuento de las comadrejas (2018) y La odisea de los giles (2019). En televisión integró el elenco de Un gallo para Esculapio (2017) y, ya en el tramo final de su carrera, participó en Nada (2023) junto a Robert De Niro y en la serie El Encargado (2021) con Guillermo Francella.

    Luis Brandoni se va, pero su legado artístico y su compromiso con la cultura nacional quedarán para siempre en la memoria del público.

  • Moreno, el «gurú» del fracaso, dará una «cátedra» en Trelew: lecciones de un maestro del desastre

    Moreno, el «gurú» del fracaso, dará una «cátedra» en Trelew: lecciones de un maestro del desastre

    *Opinión

    Hay personajes que parecen vivir en un universo paralelo, donde la realidad no existe y los fracasos propios se convierten en trofeos. Guillermo Moreno, el exfuncionario kirchnerista que hizo del atropello institucional y la decadencia económica una forma de arte, anunció que estará el próximo 2 de mayo en Trelew. ¿El motivo? Nada menos que dictar una «cátedra abierta sobre economía peronista» en la Universidad Nacional San Juan Bosco.

    Sí, leyó bien. El mismo hombre que tiene un arma de fuego como adorno de escritorio mientras «atendía» a los argentinos, que está procesado por la justicia y que formó parte del gobierno que pulverizó la economía argentina, ahora viene a enseñar. Uno podría pensar que se trata de una broma de mal gusto, pero no. Moreno, fiel a su estilo prepotente, quiere hablar de «equilibrio fiscal, equilibrio externo e industrialización». Es un oximoron en sí mismo.

    Lo peor de todo es que la Universidad Nacional de La Patagonia, mantenida por todos los argentinos, se presta para este tipo de circo patético, demostrando que esa universidad es simplemente una inmundicia institucional; una unidad básica sin fines formativos de la que viven varios del estado.

    La gestión del gobierno en el que Moreno fue funcionario fue un monumento al fracaso: controles de cambio ridículos, cepo artero, inflación cocinada bajo la mesa y un desempleo que se comió a la clase media. Ni hablar de la manipulación de los índices del INDEC, en lo que fue especialista. Pero él, con la soberbia de quien cree que el ridículo no le queda grande, se presenta como un mesías económico. Lo más patético es que ni siquiera tiene un título universitario que respalde sus «saberes». Pero claro, en el universo de lo peor del kirchnerismo y el peronismo degradado, los títulos sobran si se tiene caradurez. Es tan economista como Cristina Kirchner abogada.

    Moreno no solo es el emblema del atraso populista, sino también un fracasado electoral que ni siquiera convence a su propia gente. Sin embargo, allá va, a Trelew, a dar «cátedra» en una universidad pública que merece respeto, no este esperpento. Invita a comer un asado «si se puede» y a hablar de «patria grande» mientras el país que él ayudó a destruir sigue pagando las consecuencias.

    Lo único que este personaje puede enseñar es cómo no gobernar, cómo no administrar una economía y cómo terminar procesado por sus propios desmanes. Que los chubutenses y los argentinos no se dejen engañar: la «cátedra Moreno» es, en realidad, una clase magistral de cinismo, fracaso y decadencia política. Mejor quedarse en casa.

  • Qué es el «Per Saltum», la estrategia jurídica del gobierno para que entre en vigencia la reforma laboral

    Qué es el «Per Saltum», la estrategia jurídica del gobierno para que entre en vigencia la reforma laboral

    En una maniobra jurídica de alto voltaje institucional, el Gobierno nacional decidió saltarse las instancias ordinarias de la Justicia. La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el expediente de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sin esperar una sentencia de segunda instancia.

    Pero, ¿qué es exactamente un per saltum? En términos simples, se trata de un recurso legal que permite “saltar” instancias judiciales intermedias. Su nombre proviene del latín y significa “a través del salto”. Se utiliza en situaciones excepcionales, cuando existe una gravedad institucional que justifica que la Corte Suprema intervenga antes de que un caso sea revisado por una cámara de apelaciones. Es una herramienta de último recurso, reservada para causas donde la demora podría generar un daño irreparable al interés público o al sistema normativo.

    El origen del conflicto se remonta al 30 de marzo, cuando el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda, aceptó una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió 83 artículos de la ley laboral. La central obrera había argumentado que la normativa vulneraba derechos constitucionales como la protección del trabajo, la libertad sindical y la progresividad de los derechos sociales.

    Ahora, la Procuración del Tesoro —en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano— le exige a la Corte que declare admisible el recurso, suspenda los efectos de la cautelar y revoque la sentencia del juez laboral. Entre sus argumentos, sostiene que la CGT no acreditó un caso concreto ni identificó ningún perjuicio específico, y que el juez de primera instancia se excedió al suspender artículos que ni siquiera habían sido impugnados por la central obrera.

    Pero el punto central del reclamo es otro: la Procuración insiste en que la causa es de competencia federal, porque el Estado Nacional es parte y los efectos de cualquier decisión impactan en todo el territorio argentino. De hecho, el 10 de abril, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya reclamó el expediente para sí, aunque hasta ahora no se dictó ninguna resolución que revierta la suspensión.

    El recurso califica la situación como de “gravedad institucional”. La razón es contundente: un juez de primera instancia suspendió con alcance general (erga omnes) una ley nacional, algo que, según el Gobierno, atenta contra el principio de división de poderes y la seguridad jurídica. “Ningún juez está facultado para suspender una ley nacional con efecto general”, remarca el escrito, citando precedentes de la propia Corte.

    Para la Procuración, la medida cautelar genera un “perjuicio irreparable” al imponer incertidumbre sobre la vigencia de la Ley 27.802, afectando tanto a empleadores como a trabajadores en todo el país. Y advierte: si se consolida este mecanismo, cualquier juez podría frenar leyes nacionales por su cuenta, generando un caos normativo.

    Por eso, el Gobierno apuesta todas sus fichas al per saltum. Considera que la única vía eficaz para revertir la suspensión es la intervención urgente de la Corte Suprema. Ahora, la pelota está en el tejado del máximo tribunal, que deberá decidir si acepta o no este salto institucional en una de las reformas más polémicas de la agenda actual.

  • Banco Mundial garantiza USD 2000M a Argentina para pagar deuda, a excelente tasa.

    Banco Mundial garantiza USD 2000M a Argentina para pagar deuda, a excelente tasa.

    El Banco Mundial confirmó que avanza en una garantía por 2.000 millones de dólares para que la Argentina pueda afrontar sus próximos vencimientos de deuda externa sin tocar las reservas del Banco Central. La noticia surgió tras un encuentro clave entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del organismo, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

    Imágenes captadas en las calles de la capital estadounidense mostraron a Caputo y Banga caminando juntos hacia la cita, en una jornada marcada por gestiones de alto nivel. El objetivo del equipo económico es claro: obtener financiamiento fresco de bancos privados internacionales a una tasa cercana al 5%, muy por debajo de lo que el mercado exigiría hoy a la Argentina en una emisión tradicional.

    El mecanismo que se negocia no implica un desembolso directo del Banco Mundial, sino una «mejora crediticia». Es decir, el organismo actúa como garante ante bancos privados, que entonces evalúan la solvencia del avalista (calificación AAA) y no el riesgo soberano argentino. Este esquema ya dio resultados en la región: Panamá cerró una operación similar por 1.400 millones de dólares a comienzos de año.

    La estrategia tiene un efecto multiplicador: por cada dólar que el Banco Mundial compromete como garantía, se movilizan entre dos y tres dólares de la banca privada internacional. Así, Argentina busca optimizar los recursos, extender plazos y «puentear» el mercado voluntario de deuda hasta que el riesgo país baje y permita regresar a los mercados sin necesidad de avales externos, algo que el Gobierno estima podría ocurrir en un año y medio.

    El financiamiento que se busca con este blindaje se sumará al programa vigente con el FMI por 20.000 millones de dólares y al swap de divisas con el Tesoro de Estados Unidos por el mismo monto. La administración argentina ya definió que no regresará a los mercados internacionales al menos hasta fin de año, por lo que cerrar estos acuerdos alternativos resulta vital para afrontar el vencimiento de capital de casi 4.300 millones de dólares en julio.

  • Asesinan a arquitecto travesti a puñaladas en Córdoba

    Asesinan a arquitecto travesti a puñaladas en Córdoba

    Un arquitecto travesti de 44 años fue asesinado a 37 puñaladas en Córdoba. La familia denuncia crimen de odio. Detuvieron a un sospechoso.

    Vica Monteros, reconocido arquitecto travesti de 44 años y fundador del primer equipo de fútbol gay de Córdoba, fue hallado sin vida en su vivienda del barrio Alberdi tras recibir 37 puñaladas. La Policía detuvo a Maximiliano «Vasco» Sallito, de 27 años, como principal sospechoso del brutal ataque.

    Los vecinos de la calle Mendoza alertaron a los bomberos tras notar una fuerte emanación de gas y humo. Al derribar la puerta, apagaron el principio de incendio y encontraron el cuerpo de Monteros con múltiples heridas punzocortantes. Según fuentes de la investigación, el agresor habría abierto las llaves de gas e intentado prender fuego la escena para borrar rastros, huyendo luego con objetos de valor.

    La familia de la víctima, oriunda de Tucumán, fue contundente al calificar el hecho como “un crimen de odio” motivado por la identidad de género de Vica. La investigación fiscal determinó que ambos habrían acordado un encuentro virtual en la vivienda del arquitecto. Allí se desató la agresión que terminó con su vida.

    El fiscal Guillermo González, a cargo de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2, imputó a Sallito por “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”. Los peritos revelaron que el cuchillo se rompió por la furia de los ataques: “El asesino no se conformó con ver el cuerpo sin vida, sino que siguió agrediendo”. El detenido permanece tras las rejas mientras se profundizan las pericias.

  • Caso Loan: 17 imputados van a juicio. Te contamos todos los detalles.

    Caso Loan: 17 imputados van a juicio. Te contamos todos los detalles.

    El 16 de junio comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña. Diecisiete imputados enfrentan cargos por sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes.

    El reloj judicial marca la cuenta regresiva para uno de los debates más esperados del año. El próximo 16 de junio, a las 9 de la mañana, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dará inicio al juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 10 años que se esfumó en junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio. Diecisiete imputados deberán sentarse en el banquillo, acusados de haber participado en la sustracción y posterior ocultamiento del menor, o de haber entorpecido deliberadamente la investigación.

    El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco. La acusación oficial recae en los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel. La dinámica del debate será semanal alternada: la primera semana las audiencias se realizarán martes, miércoles y jueves; la segunda, solo miércoles y jueves.

    Los dos frentes de acusados

    La causa se divide en dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, el núcleo duro vinculado directamente a la desaparición de Loan: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Según la fiscalía, todos ellos “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

    En el caso del comisario Maciel, se lo acusa como partícipe necesario por su rol al frente de la dependencia policial local, presuntamente realizando maniobras para entorpecer la búsqueda y alterar pruebas.

    El segundo grupo está compuesto por diez personas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy, señaladas como falsos colaboradores que obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales. Se trata de Nicolás Gabriel Soria (alias “El Americano” o “El Yanqui”), Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

    La teoría fiscal: un almuerzo que terminó en pesadilla

    Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en Algarrobal. Según la reconstrucción de la Justicia, mientras los adultos conversaban, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña aprovecharon para llevar a Loan y a otros niños hacia un naranjal, con la excusa de buscar frutas en una zona de monte alejado.

    La última imagen que se tiene del menor es una fotografía tomada a las 13.52, mientras caminaba hacia el naranjal. Testimonios de otros niños coinciden: en distintos momentos, Loan dejó de estar con el grupo.

    Los registros de comunicaciones revelan una seguidilla de llamadas y mensajes entre los adultos implicados, especialmente entre Benítez y Laudelina Peña, desde las 14.25 hasta casi las 18. Llamadas de larga duración e intercambios sin explicación clara en el mismo horario en que se perdió el rastro del niño.

    El rastro del botín y la camioneta sospechosa

    La acusación sostiene que Loan fue retirado de la zona y ocultado, probablemente en la camioneta Ford Ranger de Caillava y Pérez, donde perros adiestrados marcaron rastros odoríferos del niño. Al día siguiente, apareció su botín izquierdo en un lodazal, en circunstancias poco claras y con versiones enfrentadas sobre quién lo halló. Para los fiscales, ese botín fue plantado para simular una pérdida accidental.

    El expediente describe movimientos y llamadas coordinadas para mantener oculto a Loan y desviar la atención, algunas de ellas borradas o sin justificación. Ahora, a dos meses del inicio del juicio, Corrientes y todo el país esperan respuestas que llevan casi dos años de espera.

  • Condenada por usar inhibidores para robar dentro de un auto en Trelew

    Condenada por usar inhibidores para robar dentro de un auto en Trelew

    En un hecho que marca un antes y después en la jurisprudencia de Chubut, una mujer fue hallada culpable como coautora de un hurto agravado mediante la utilización de inhibidores de señal. El veredicto, emitido en los tribunales de Trelew, representa la primera sentencia condenatoria en la provincia que incorpora esta modalidad delictiva como agravante.

    El ilícito ocurrió el 16 de septiembre de 2025, pasadas las 19 horas, sobre la calle Musters, casi Michael Jones. La víctima había estacionado su Fiat 500 para ingresar a un supermercado. En ese momento, un hombre y una mujer, con un equipo de comunicación bibanda VHF/UHF, bloquearon la señal del cierre centralizado del vehículo.

    Una vez dentro del automóvil, el hombre se ubicó en el puesto del conductor y la joven en el del acompañante. De la guantera sustrajeron un teléfono celular nuevo, aún en su caja original. La maniobra fue observada por un transeúnte, quien alertó al Comando Radioeléctrico. La policía logró aprehender a la pareja a pocas cuadras, con las mismas vestimentas descritas y el equipo inhibidor abandonado en un cantero de la vía pública.

    Durante el juicio oral, la procuradora de fiscalía Silvana Lagarrigue expuso las pruebas que permitieron acreditar cada paso del accionar delictivo. El juez Marcos Nápoli consideró acreditado el hecho y declaró culpable a la mujer por el delito de hurto agravado por ser cometido con llave falsa u otro instrumento semejante, en grado de tentativa y en carácter de coautora (artículos 163 inciso 3, 42 y 45 del Código Penal).

    La cesura de pena se realizará el próximo lunes 20 de abril a las 11. Desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que solicitarán una pena superior a la habitual, además de la declaración de reincidencia. Hasta ahora, estos hechos solían ser considerados robos simples, con penas mínimas de apenas quince días. Con este nuevo agravante, la condena parte de un año de prisión.

    El fallo no solo castiga a los responsables, sino que también busca prevenir a los propietarios de vehículos ante la creciente frecuencia de robos con inhibidores. La sentencia sienta un precedente fundamental en la lucha contra la inseguridad en Trelew y toda la provincia del Chubut.

  • El gobierno nacional impulsa una ley de inviolabilidad de propiedad privada: puntos clave

    El gobierno nacional impulsa una ley de inviolabilidad de propiedad privada: puntos clave

    El Gobierno avanza en el Senado con un proyecto que limita expropiaciones, acelera desalojos y elimina restricciones a extranjeros para comprar tierras rurales.

    El Senado comenzó a debatir este miércoles en comisiones el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del paquete de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. La propuesta busca blindar el derecho a la propiedad, acotar las facultades del Estado para expropiar bienes y agilizar los procesos de desalojo, en una jornada que convocó a más de veinte especialistas en el Salón Azul del Congreso.

    Expropiaciones: más límites y pago total previo

    Uno de los ejes más fuertes del texto es la reforma del régimen de expropiaciones. El proyecto establece una definición más restrictiva del concepto de “utilidad pública”, exige justificar cada medida de forma específica y proporcional, y obliga al Estado a pagar la indemnización total antes de tomar posesión del inmueble. Además, incorpora el lucro cesante dentro de la compensación y actualiza los montos por inflación más intereses comerciales.

    Desalojos más rápidos y menos trabas judiciales

    En materia de desalojos, la iniciativa propone que los trámites pasen a ser sumarísimos, el proceso más breve del Código Procesal. Se habilita la desocupación anticipada del inmueble incluso antes de una sentencia firme, se elimina la caución real como requisito –reemplazada por una declaración jurada del propietario– y se fija un plazo de apenas tres días de intimación previa ante la falta de pago.

    Barrios populares: fin de la expropiación generalizada

    El proyecto también modifica el régimen de integración socio urbana. Se elimina la expropiación masiva de terrenos en barrios populares y se habilitan mecanismos alternativos como la usucapión. Asimismo, se suprimen artículos que actualmente suspenden los desalojos y se otorga mayor participación a provincias y municipios en la gestión de estos territorios.

    Campo: caen las restricciones a extranjeros

    Otro punto de alto impacto es la modificación de la ley de Tierras Rurales. La reforma propone eliminar el tope del 15% del territorio nacional en manos extranjeras, quitar los límites por nacionalidad y suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Solo se mantendrán restricciones para Estados extranjeros y organismos públicos.

    Manejo del fuego: menos años de protección ambiental

    El proyecto elimina el plazo de 60 años de protección sobre tierras incendiadas y reduce las restricciones posteriores al fuego. La protección plena se conserva para bosques nativos, mientras que se flexibiliza el uso del suelo en pastizales y otras áreas, lo que podría facilitar cambios de destino de la tierra tras incendios.

    El oficialismo busca ahora acercar posiciones para lograr dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y así avanzar hacia su sanción en el recinto.

  • Fiscales de vacaciones en Hawái mientras Chubut exige justicia

    Fiscales de vacaciones en Hawái mientras Chubut exige justicia

    El sistema judicial chubutense vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Pero lo que hoy indigna a la ciudadanía no es un hecho aislado ni una sorpresa: es la consecuencia de una lógica de funcionamiento que hace tiempo viene mostrando señales de desconexión, privilegio y falta de compromiso.

    Información obtenida recientemente por Chubut Online da cuenta de que, en noviembre del año pasado, varios integrantes del Ministerio Público Fiscal provincial viajaron a San Francisco, Estados Unidos, en el marco de una capacitación sobre juicio por jurados con una duración de cinco días. Hasta allí, el argumento institucional podría resultar atendible, pero…

    En los pasillos de los tribunales comenzaron a aparecer comentarios sobre fotografías de un par de participantes subidas a las redes sociales, donde se las ve disfrutando de las playas de Hawai, a unos miles de kilómetros de distancia de San Francisco, el lugar sede del curso.

    Mientras la gran mayoría de los viajantes volvió al trabajo, al menos dos decidieron tomarse unas vacaciones en playas paradisíacas de Hawái, al tiempo que las víctimas de delitos en Chubut se preguntan por qué la justicia no funciona.

    Como anticipo del viaje, algunas imágenes publicadas en redes sociales mostraban a dos de las viajantes arriba del avión en una actitud más cercana a un viaje de egresados que a la seriedad que requiere la administración de justicia, con abierta referencia escrita a que la imagen se trataba de fiscales en viaje.

    Una llamativa suma de dinero.

    Desde Esquel participaron la fiscal jefe, una funcionaria de fiscalía y una abogada del organismo. Según la información que obtuvimos desde Chubut Online, Por el viaje se abonaron viáticos por cinco días que totalizaron una suma nada despreciable de $3.728.891,40, además de pasajes de cabotaje por $1.380.000 correspondientes a la funcionaria y la abogada. En cuanto a la fiscal jefe, su pasaje habría sido cubierto por la Asociación Argentina de Fiscales, en virtud de su carácter de autoridad dentro de dicha entidad.

    Ante un pedido de información formulado por Chubut Online, el Procurador Fiscal, Dr. Miquelarena respondió que los datos vinculados al viaje constaban en los registros informáticos del propio Ministerio Público, y que cada una de las erogaciones se tramitó conforme a la ley y a los reglamentos vigentes, bajo los controles internos y del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, lejos de aportar claridad, la respuesta se cerró sobre sí misma: sostuvo que “brindar cualquier otra información adicional, más allá de las actividades realizadas, podría implicar una violación a la Ley de Protección de Datos Personales”.

    Entre lo ético y lo legal.

    Las respuestas recibidas desde el MPF nos han generado más dudas, pero dejemos por ahora de lado el derecho a la información y la enorme equivocación -¿equivocación?- de la respuesta. Hasta allí, todo pareciera encuadrar dentro de la legalidad. Y, en efecto, lo estaría. No habría —al menos en lo legal— irregularidades que objetar. Pero es precisamente por eso que la mirada debe ampliarse. Y es en ese punto donde aparecen situaciones que, cuanto menos, llaman la atención.

    La fiscal de Esquel, María Bottini, conocida por acumular cuestionamientos públicos sobre su accionar a lo largo de su carrera como fiscal, decidió que inmediatamente después del curso sobre “juicio por jurados”, era un buen momento para conocer las playas de Honolulu, Diamond Head y Kuhio Beach, en el paradisíaco Hawai, a casi 4000km del lugar del curso. No fue sola, se llevó al menos a una acompañante, también del MPF. Y no lo hizo en sus días libres teóricos: se tomó una licencia ordinaria que, si bien resultaría legal, expone la laxitud de un reglamento que permite a funcionarios de alto rango ausentarse cuando la sociedad más necesita de su presencia.

    Si bien la gran mayoría de los participantes del curso volvieron en tiempo y forma a sus trabajos, el caso de Bottini no se trató de un regreso inmediato ni de una reanudación de funciones en un contexto que ya entonces requería respuestas. Por el contrario, la extensión del viaje evidenció que, más allá de la cobertura formal de licencias, existía margen —y decisión— para priorizar lo personal por sobre lo institucional.

    Y es justamente ahí donde el análisis deja de ser meramente administrativo para ingresar en un terreno más incómodo, pero necesario: el ético. Porque aun cuando todo haya sido formalmente correcto, surgen preguntas que no pueden descartarse con una simple invocación a la legalidad.

    En primer lugar, el modo en que se aprovechan oportunidades que, en definitiva, existen exclusivamente por el ejercicio de un cargo público. El viaje a Estados Unidos no fue una circunstancia privada: fue posible gracias a la función desempeñada. Y, en ese marco, la extensión posterior hacia Hawái no aparece como un hecho completamente desligado, sino como una derivación directa de esa misma oportunidad.

    Dicho de otro modo: si no se hubieran utilizado las ventajas propias del cargo —incluso cuando parte de los costos hayan sido cubiertos por una asociación profesional—, ese desplazamiento difícilmente se habría producido en esas condiciones. El costo real de un pasaje internacional de esas características, asumido íntegramente de manera particular, habría sido sensiblemente mayor y, en rigor, debería haber salido del propio peculio del funcionario, que, dicho sea de paso, cobra mensualmente un salario jugoso muy alejado de la gran mayoría de la gente, que le permite viajar sin tener que caer en estos presuntos “oportunismos” de ética muy cuestionable.

    Entonces, la pregunta es inevitable: ¿resulta correcto capitalizar una oportunidad generada por la función pública para obtener un beneficio personal? La respuesta, al menos desde una perspectiva ética, dista de ser sencilla. Porque lo que está en juego no es la legalidad del acto, sino el estándar de conducta que se espera de quienes ejercen responsabilidades institucionales.

    La ética cuestionable y los cargos jerárquicos.

    Esa exigencia no es abstracta ni declamativa: adquiere una dimensión concreta cuando quien adopta este tipo de decisiones ocupa, además, un rol de representación institucional. No es un dato menor que la misma funcionaria integre hoy el Consejo de la Magistratura del Chubut en representación de los magistrados. Desde allí, participa en la selección y evaluación de jueces, es decir, en la definición de los perfiles que deben ajustarse —justamente— a los más altos estándares de idoneidad, responsabilidad y conducta pública. La pregunta, entonces, se proyecta inevitablemente: ¿con qué vara se mide?

    Las licencias nuevamente en debate.

    El curso terminó en la tarde/noche del viernes 14 de noviembre y el día 15 por la mañana Bottini y su colega ya estaban en las playas de Hawái, tomándose licencia a partir del día lunes 17 hasta el día 26 de ese mes. Cabe señalar que los días 15 y 16 eran días previstos para el regreso a la Argentina, bajo el paraguas de la cobertura legal y reglamentaria que la misma Procuración General señaló por nota a Chubut Online. Esos días parece que entraron en un abismo reglamentario, porque, si bien era un fin de semana, la cobertura legal reglamentaria suponía que en esos días debían emprender el regreso a la Argentina.

    Tampoco se trata de un episodio completamente aislado. En los últimos años se han conocido situaciones que, aun con diferencias entre sí, vuelven a colocar el foco en el uso de licencias y en los criterios con los que se ejercen las responsabilidades públicas.

    Tal es el caso de una funcionaria del Ministerio Público de Esquel que, según está investigando este medio de comunicación, hace un tiempo habría utilizado una licencia médica para viajar a Europa; o el del juez de Cámara Claudio Petris, quien atravesó períodos de licencia en el marco de su investigación disciplinaria, con certificaciones médicas que habrían generado cuestionamientos e interrogantes por la forma en que habrían sido expedidas.

    La sociedad chubutense, en ese marco, empieza a plantear un límite claro. No desde la ilegalidad —que aquí no se discute—, sino desde algo más básico: la coherencia entre el rol que se ejerce y las conductas que se adoptan. Porque la justicia no puede permitirse aparecer como un espacio de privilegios donde la formalidad alcanza para justificar cualquier decisión. –

    No se trata de Hawái. Se trata de algo mucho más profundo: de una dirigencia judicial que parece haber olvidado que su legitimidad no se sostiene en lo que puede hacer, sino en lo que debería hacer.

    En otras palabras, cualquier persona puede comer y saborear caviar delante de un indigente desnutrido, ya que no hay ilegalidad en ello; sin embargo, nadie lo hace, por respeto, o empatía. Menos lógico sería aún, que eso lo haga alguien con responsabilidad sobre la situación del mendigo. Sin duda, algo similar a lo vivido por el mendigo deben sentir todos aquellos que esperan que la justicia funcione, al ver a fiscales de vacaciones en playas de Hawái en época de trabajo.

    ¿Realmente capacitan esos cursos?

    Desde el Ministerio Público Fiscal se defiende el viaje: curso intensivo, visitas a laboratorios, encuentro con la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, y hasta una visita al FBI. Todo muy técnico, todo muy relevante para el sistema de juicio por jurados que ya rige en Chubut. Pero entonces cabe preguntarse: si la capacitación fue tan valiosa, ¿por qué el accionar cotidiano de la fiscal Bottini deja tantas dudas? No hace falta ir muy lejos en el tiempo para ver su último papelón jurídico: en Esquel, la fiscalía, con la intervención de Bottini, intentó inventar un juicio contra un abogado por hechos en los que no tenía ninguna participación. ¿Eso es aplicar lo aprendido en San Francisco?¿ Valió la pena el costo del viaje?

    La justicia no puede darse el lujo de parecer un club de privilegiados que viajan, se “capacitan” y, de paso, se toman vacaciones en el Pacífico mientras las víctimas de delitos buscan justicia. Si el reglamento de licencias lo permite, entonces hay que cambiar el reglamento. Y si quienes lo conceden no aplican criterios de razonabilidad y compromiso social, entonces hay que preguntarse si están a la altura de la función que ocupan.

    Porque al final del día, una fiscal no es una turista más. Es la representante del Estado en la persecución del delito. Y cuando ese Estado se toma vacaciones, la víctima queda sola.

  • A tiros y piedras, contrabandistas hirieron a una agente de Prefectura en el río Paraná

    A tiros y piedras, contrabandistas hirieron a una agente de Prefectura en el río Paraná

    Un violento enfrentamiento armado sacudió este lunes las aguas del río Paraná, en Misiones, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) intentó frustrar un cargamento ilegal proveniente de Paraguay. Una efectiva de la élite Albatros resultó herida, mientras que las fuerzas de seguridad lograron secuestrar 53 bultos valuados en más de 245 millones de pesos.

    El operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 1924 del río Paraná, en el denominado Paraje Cantera, cerca de Puerto Iguazú. Los efectivos de la PNA patrullaban la zona fluvial cuando detectaron un lanchón que había zarpado desde la costa paraguaya con una gran cantidad de bultos. Al advertir la presencia de la fuerza argentina, los tripulantes intentaron regresar rápidamente hacia el país vecino, abandonaron la carga y huyeron internándose en la vegetación.

    Sin embargo, cuando el personal de Prefectura se aproximó a la embarcación para inspeccionarla, comenzaron las agresiones. Desde ambas márgenes del río, los delincuentes dispararon con armas automáticas y escopetas, además de arrojar piedras. La fuerza argentina respondió con disparos de advertencia y disuasivos, en medio de una creciente tensión fronteriza.

    Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el repliegue de los efectivos hacia una zona segura. Fue en ese momento cuando se produjo un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya. Una integrante de la Agrupación Albatros —la unidad táctica de élite de la Prefectura— resultó herida. Sus compañeros la asistieron de inmediato y fue trasladada a un centro de salud local, donde quedó fuera de peligro, según confirmaron fuentes de la PNA.

    Finalmente, los uniformados resguardaron los elementos secuestrados y los trasladaron a la dependencia local. Allí, en presencia de testigos, se procedió a la apertura de los 53 bultos. El decomiso incluyó electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y otros artículos de alto valor comercial, todos de ingreso ilegal al país. El total del cargamento supera los 245 millones de pesos.

    En el procedimiento también participaron fuerzas federales y provinciales, y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que ahora investigan el origen de la carga y la identidad de los atacantes.

  • La justicia de Chubut rechazó arresto domiciliario a imputado por el crimen de Mario Giannobile

    La justicia de Chubut rechazó arresto domiciliario a imputado por el crimen de Mario Giannobile

    La jueza de garantías Eve Ponce fue contundente al evaluar el pedido de uno de los acusados por el homicidio de Mario Giannobile, ocurrido en Playa Unión. Pese a la promesa del imputado de «portarse bien» y a la oferta de comprar su propia tobillera electrónica, la magistrada entendió que el peligro de fuga era evidente. El hombre ya había permanecido prófugo durante la investigación y falsificó documentos de identidad.

    En una audiencia celebrada en Rawson, el abogado defensor Diego Cruceño solicitó que su cliente, identificado como García, continúe el proceso en arresto domiciliario. El fundamento principal era poder acompañar a una de sus hijas en un proceso personal. «Me comprometo a lo que usted disponga y a seguir las pautas de conducta», aseguró el imputado ante la jueza. Incluso ofreció comprar su propia tobillera electrónica y donarla al Estado al finalizar el caso.

    El defensor argumentó que su cliente goza del principio de inocencia, que no tiene condenas previas y que posee arraigo en la zona. También ofreció un departamento en caución para el Estado provincial en caso de fuga. «La regla debe ser la libertad del imputado», sostuvo Cruceño.

    Sin embargo, la postura del fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill inclinó la balanza. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso con firmeza y recordó antecedentes clave: «El riesgo de fuga aún persiste. Basta tener en cuenta su comportamiento tras el crimen: falsificó documentos de identidad, se mantuvo prófugo con el auxilio de su familia y además tiene un pedido de prisión preventiva por parte de la Justicia Federal», detalló Cheuquemán. Y agregó: «De ser hallado culpable, la pena puede ser la prisión perpetua».

    La jueza Eve Ponce coincidió con la fiscalía. En su resolución, rechazó el arresto domiciliario al considerar que siguen vigentes los riesgos procesales de fuga. Además, desestimó el argumento de la atención de la hija al señalar que no se presentaron informes que acreditaran esa necesidad. «El vínculo entre padre e hija se encuentra afectado, pero eso ocurre con todos los detenidos respecto de sus respectivos grupos familiares», indicó la magistrada.

    El caso investiga el homicidio a golpes de Mario Giannobile, ocurrido a fines del año pasado en Playa Unión. Su cuerpo fue arrojado desde un acantilado entre las playas Magagna y Santa Isabel. Además del imputado al que se le rechazó el beneficio, permanecen detenidos el capitán de barco César Fresco y Fabián Sampietro. Días atrás, la jueza Ponce había extendido por seis meses el plazo de la investigación a pedido de los fiscales.

  • Universidades Nacionales: despilfarro, política y bajo nivel llevan a la población al hartazgo.

    Universidades Nacionales: despilfarro, política y bajo nivel llevan a la población al hartazgo.

    Las universidades nacionales argentinas se convirtieron en un agujero negro de recursos públicos. La Universidad de Buenos Aires (UBA) dice tener más de 300.000 alumnos, pero nadie sabe cuántos son reales. No hay categorización clara: ¿cuántos cursan, cuántos rinden, cuántos solo usan el comedor o el espacio para militar? Sin datos precisos, el despilfarro está garantizado.

    El problema no es menor. Millones de pesos se fugan sin control porque los presupuestos no son públicos como deberían. Las autoridades rinden cuentas a nadie. Sobresueldos, viajes, asesores fantasma y obras paralizadas son moneda corriente. La UBA, emblema nacional, se convirtió en un símbolo de la opacidad.

    Pero hay algo peor: los “estudiantes eternos”. Personas que hace diez, quince o veinte años están anotadas sin avanzar en ninguna materia. No van a estudiar, van a hacer política, especialmente los de izquierda, pagados por todos los argentinos. Usan las aulas como centros de adoctrinamiento kirchnerista, toman edificios, organizan marchas y después se quejan de que el país no funciona.

    El nivel académico se derrumbó desde que el kirchnerismo intervino la universidad. Los planes de estudio se llenaron de contenciosidad vacía, ideología de género sin sustento científico y materias que parecen talleres de militancia. Los famosos rankings mundiales que la UBA presume son un circo armado por instituciones afines. No tienen rigor técnico. Son propaganda. Propaganda absurda basada en la imagen de lo que alguna vez fue la universidad y ya no lo es.

    Urge un cambio de leyes. Las universidades nacionales no pueden seguir siendo feudos sin control. Hay que auditar cada peso, poner tope a la reelección de autoridades, eliminar la gratuidad para quienes no aprueben materias en un tiempo razonable y prohibir la militancia partidaria dentro de los claustros.

    Las universidades no son gratuitas: las pagamos todos y por ello todos tenemos que saber qué hacen las universidades con nuestro dinero.

    Mientras tanto, en otras universidades nacionales el panorama no es distante a la situación de la UBA. Profesores que trabajan pocas horas por semana cobran más que un empleado privado de jornada completa. Y aún así se quejan, paran, toman la calle. El derecho a huelga se convirtió en un arma de extorsión. Docentes de izquierda y kirchneristas acapararon los espacios y no dictan clases. En algunos casos ya son meses sin dictar cátedras agarrados de huelgas eternas mientras siguen «manoteando» sus sueldos. Los alumnos son rehenes del caos.

    Basta de financiar vagancia, adoctrinamiento y mediocridad. La ley debe limitar las huelgas docentes. Si no dan clases, que no cobren. Si hacen política, que renuncien. La educación pública es un derecho, no una concesión a la casta universitaria.

  • Moneda extranjera: Eliminan restricciones monetarias impuestas durante el kirchnerismo.

    Moneda extranjera: Eliminan restricciones monetarias impuestas durante el kirchnerismo.

    El BCRA eliminó los topes para extraer efectivo con tarjeta de crédito argentina en el exterior. Fin del cepo cambiario kirchnerista.

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso histórico este viernes al eliminar todas las restricciones que pesaban sobre los adelantos en efectivo con tarjetas de crédito emitidas en el país cuando se utilizan en el exterior. La medida, oficializada mediante la Comunicación “A” 8417, marca un antes y un después en la política cambiaria nacional y consolida el rumbo de apertura económica impulsado por el Gobierno.

    Hasta ahora, los argentinos que viajaban al exterior se topaban con un esquema absurdo de límites: apenas 50 dólares por operación, o 200 dólares en países no limítrofes. Esas trabas, heredadas del paupérrimo manejo de la economía durante el kirchnerismo, aislaron al país del mundo y sometieron a los ciudadanos a un control abusivo sobre su propio dinero. Hoy, esa etapa queda definitivamente atrás.

    Con la nueva normativa, desaparecen los montos máximos impuestos por el BCRA para las extracciones en cajeros automáticos fuera del país. Los usuarios podrán acceder a moneda extranjera según el límite disponible de su tarjeta, sin más condicionamientos que los propios de su entidad financiera. La Argentina vuelve a operar con normalidad en los esquemas cambiarios internacionales, sin las asfixiantes restricciones que durante años la mantuvieron al margen del mundo.

    La decisión no solo beneficia a los viajantes, sino que envía una señal clara a los mercados: el país deja atrás el aislamiento y las regulaciones arbitrarias. El excelente rumbo de la economía argentina permite hoy eliminar todas las trabas que el kirchnerismo impuso con su mano ideológica y su pésima gestión. La libertad cambiaria es un hecho, y el fin del cepo a las tarjetas es una prueba más de que la Argentina recupera su lugar en el mundo.

  • Flybondi no pagó los salarios de marzo y el gremio ya evalúa un paro de 24 horas

    Flybondi no pagó los salarios de marzo y el gremio ya evalúa un paro de 24 horas

    La aerolínea low cost atribuyó la demora a “problemas administrativos excepcionales” sin dar una fecha precisa de pago. El sindicato ATAF denunciará la situación ante el Ministerio de Capital Humano y amenaza con una retención de tareas desde el lunes 13 de abril.

    En medio de un escenario ya complicado por cancelaciones masivas y reacomodamientos de vuelos, Flybondi sumó un nuevo foco de tensión que ahora golpea de lleno a sus trabajadores. La empresa no depositó los sueldos correspondientes a marzo y, según un comunicado interno difundido en redes sociales, aseguró que busca regularizar los haberes “lo antes posible” sin comprometer una fecha concreta.

    La respuesta del sector gremial no se hizo esperar. La Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) se declaró en estado de alerta y movilización. El sindicato anticipó que presentará una denuncia por incumplimiento ante el Ministerio de Capital Humano para que intervenga y aplique eventuales sanciones. Además, intimó a la compañía a pagar de manera inmediata y advirtió que, si la situación persiste, iniciará una retención de tareas por 24 horas a partir del lunes 13 de abril a las 14.

    Fuentes de la empresa intentaron bajar el tono del conflicto al calificar el hecho como “excepcional” y destacaron que este jueves se abonaron los viáticos de todas las tripulaciones. Sin embargo, el malestar interno crece, sobre todo porque días atrás Flybondi ya había anunciado un programa de retiros voluntarios para “optimizar su capacidad y eficiencia operativa”.

    La crisis operativa de la aerolínea viene de arrastre. Durante marzo, hasta ocho de los diez aviones alquilados bajo la modalidad ACMI permanecieron en tierra por renegociaciones contractuales. Aeronaves de la española Albastar y de Avion Express Lituania ya regresaron a sus países, y actualmente solo operarían una unidad de Avion Express Brasil y otra de ETF Airways.

    Flybondi comenzó a volar en Argentina en 2018, en plena política de apertura del mercado aerocomercial impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de 2025 cambió de control accionario: su principal inversor es COC Global Enterprise. La empresa había anunciado en diciembre un plan de expansión para sumar 35 aeronaves, pero los aviones alquilados no llegaron a tiempo, lo que derivó en actas de infracción de la ANAC por suspensiones de vuelos sin aviso previo. En febrero, Paz Lovisolo asumió como nueva CEO en reemplazo de Mauricio Sana.

    Por ahora, los pasajeros con vuelos programados para los próximos días siguen en vilo. La posible medida de fuerza del gremio podría profundizar el caos en una aerolínea que ya arrastra una larga lista de cancelaciones y demoras.

  • Prohibieron el uso de celulares a los presos en las cárceles de Chubut.

    Prohibieron el uso de celulares a los presos en las cárceles de Chubut.

    La lucha contra el crimen organizado desde dentro de las prisiones dio un paso decisivo en Chubut. Este jueves, la Legislatura provincial sancionó con amplia mayoría una ley que prohíbe terminantemente el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles a las personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.

    La iniciativa, alineada con la normativa nacional vigente, tiene un objetivo claro: resguardar la seguridad pública y prevenir delitos como estafas, extorsiones y amenazas que, según investigaciones, se planifican y ejecutan desde el interior de las unidades penales.

    En una sesión presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la nueva norma reunió el respaldo de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. Sin embargo, no fue unánime: la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) y Juan Aquino (Frente de Izquierda) votaron en contra, mientras que Mariela Williams, compañera de bloque de Goic, decidió acompañar la medida.

    “Las cárceles no pueden ser centros de operaciones”

    Al presentar el proyecto, la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, señaló: “No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas”. Aguilera remarcó que el Estado debe proteger a las víctimas, advirtiendo sobre “una visión distorsionada de los Derechos Humanos” que deja desprotegida a la ciudadanía frente a las redes delictivas que acechan desde los centros de detención.

    En la misma sintonía, Sonia Cavagnini, presidenta de la Comisión de Legislación General, aclaró que la ley no vulnera derechos fundamentales, sino que ordena el sistema. “La cárcel tiene que ser un lugar de cumplimiento de condena y de resocialización. Esta medida no implica aislar, sino evitar que se convierta en un centro de operaciones delictivas”, explicó.

    Debate y reparos

    Si bien la mayoría de los diputados celebró la sanción, surgieron voces que pidieron cautela. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, valoró las reuniones informativas con especialistas, aunque lamentó el “apuro” en el tratamiento. Sus pares Norma Arbilla, Vanesa Abril y Emanuel Coliñir también cuestionaron la celeridad del debate. No resulta extraño que el kirchnerismo defienda delincuentes, más aún cuando su lider política es una presa VIP que goza de todos los lujos.

    Por su parte, la diputada Tatiana Goic, al fundamentar su rechazo, citó al procurador general Jorge Miquelarena -quien apoya la ley- señalando que existen “conjeturas” y falta de estadísticas concretas sobre la incidencia de los celulares en la comisión de delitos. Goic acusó al Ejecutivo de “estigmatizar” a los presos con “discursos de odio”, recordando que “las personas privadas de su libertad ya están pagando”.

    Juan Aquino (Frente de Izquierda) coincidió en la falta de datos empíricos y criticó “la incomprensión profunda de las raíces sociales de la delincuencia”, vinculando el problema con la pobreza y las malas condiciones de infraestructura carcelaria.

    Un régimen controlado

    Más allá de las posturas encontradas, la ley no solo prohíbe los dispositivos, sino que establece un régimen de comunicaciones controladas. Este sistema garantiza el derecho al contacto con el exterior de los internos, pero bajo estrictos controles estatales, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos. La diputada Andrea Toro (Pich) adelantó que solicitará informes al Ejecutivo sobre el estado de la infraestructura tecnológica en las cárceles para hacer efectiva la medida.

  • Ley de Glaciares: ¿Qué cambia realmente?

    Ley de Glaciares: ¿Qué cambia realmente?

    El Congreso aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. A diferencia de lo que circula en redes, los glaciares no pierden protección, sino que, básicamente, cambia la autoridad de aplicación, pasando a manos de las provincias.

    El Congreso Nacional dio media sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, en una sesión que evidenció dos posturas contrapuestas. Mientras el oficialismo y los partidos aliados celebran un avance en el federalismo y el desarrollo productivo, la oposición advierte sobre presuntos intereses mineros y posibles impactos ambientales.

    Qué cambia realmente y qué permanece igual

    A diferencia de lo que la oposición difunde en las redes sociales, los glaciares no perdieron su protección. El corazón de la discusión no estuvo en los hielos permanentes, sino en la denominada “zona periglaciar”. Bajo la nueva normativa, esa área no queda desprotegida, sino que su gestión pasa al ámbito provincial. Cada provincia con glaciares —entre ellas Chubut— deberá realizar estudios técnicos de segundo y tercer grado para determinar qué sectores periglaciares cumplen una función hídrica relevante y cuáles no. Solo aquellos que no sean reservas estratégicas de agua podrán desafectarse del inventario del Ianigla y eventualmente destinarse a otros usos.

    Postura a favor: federalismo y desarrollo

    Los defensores de la iniciativa, encabezados por el diputado Nicolás Mayoraz, sostienen que la reforma no viola el principio de no regresión ambiental. “El paradigma de protección de glaciares que cumplen función hídrica no se modifica”, afirmó. Además, destacaron que el Ianigla no cuenta con recursos suficientes para realizar los estudios detallados que ahora podrán encarar las provincias. Según esta visión, se destrabarían inversiones por más de U$S 20.000 millones en proyectos mineros, generando empleo y desarrollo sin poner en riesgo el agua.

    Postura en contra: riesgo ambiental e intereses mineros

    La oposición cuestionó que los gobernadores puedan priorizar criterios políticos por sobre los científicos. “Las provincias tienen capacidad técnica, pero también demostraron que priorizan lo político”, advirtió. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue contundente: “Las mineras redactaron esta ley”. Los críticos temen que la explotación minera afecte cuencas hídricas que abastecen a provincias como La Pampa y que la reforma sea declarada inconstitucional por violar presupuestos mínimos de protección ambiental.

    Promesa de judicialización

    Durante el debate -muy acalorado- desde la oposición advirtieron que la nueva ley será judicializada. La puesta en marcha de la ley, entonces, empieza a crear incertidumbre, ya que ambas posturas, a favor y en contra, tenían fuertes argumentos legales para defender o atacar la reforma de la ley. En virtud de otras judicializaciones, la aplicación evidentemente quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia a su debido tiempo, luego de las clásicas idas y vueltas del Poder Judicial en las distintas etapas de judicialización. Un final sin certezas.

  • Repudiable: mediáticos exponen a sus hijos adoptivos en redes para ganar likes

    Repudiable: mediáticos exponen a sus hijos adoptivos en redes para ganar likes

    *Opinión

    Resulta repudiable la utilización de niños como mascotas mediáticas. Así pareciera ser el caso de conductores de TV como Marley, el conductor que se hace llamar Lizy Tagliani, o Flor de la V, entre otros, que exponen a sus hijos en las redes sociales, dando la sensación de usarlos como herramientas para crear marketing en vez de estar ejerciendo una paternidad que los resguarde.

    Otro tema aparte es la forma en la que estos personajes mediáticos llegan a ejercer la paternidad. Uno, aparentemente habría recurrido al alquiler de vientres en el extranjero, con óvulos de una tercera, sin darle la posibilidad a los niños de tener una madre biológica o de crianza. El otro, un hombre travestido que manifiesta percibirse mujer, pero claramente tampoco tiene la capacidad biológica para engendrar un hijo en su vientre y la ley argentina le permite la adopción a pesar de tener un aparente trastorno o conflicto interno por su condición de hombre que se percibe mujer. Al menos, este último, no expone el rostro del niño.

    La pregunta es ¿Realmente están en condiciones de ejercer la paternidad o simplemente la adopción es un juego legal derivado leyes populistas absurdas combinadas una enfermedad de rating en medios y redes?

    Ningún padre expondría a sus hijos ante los medios y redes, no sólo por estar expuestos a todo tipo de peligros, sino por la preservación de la intimidad de esos niños que algún día serán adultos y se encontrarán con que millones de personas desconocidas conocen sus nombres, historias, gustos y costumbres.

    Es algo asimilable a la película de Jim Carrey, “The Truman Show”, en donde los niños no eligen ser parte del espectáculo horrendo, mediocre y bizarro al que están siendo expuestos por sus tutores legales.

    Un niño no puede firmar un contrato. Un niño no puede leer los términos y condiciones de Instagram. Un niño no puede entender que una foto tomada hoy será vista por millones de personas durante el resto de su vida. Y sin embargo, a diario, cientos de menores aparecen publicados en redes sociales y programas de televisión como si fuesen un accesorio más de la vida adulta.

    La maldita exposición.

    Cuando un adulto —sea famoso o anónimo— sube una imagen de su hijo llorando, bañándose, enfermo o jugando despreocupadamente, está tomando una decisión unilateral que afectará para siempre a ese ser humano. El niño no consintió. No puede consentir. Y la ley es clara al respecto: los niños son sujetos de derecho, no objetos de propiedad parental.

    Perjuicios concretos de la exposición temprana

    Los daños no son especulativos. Son reales y están documentados por psicólogos, pediatras y especialistas en infancia:

    1. Pérdida de la intimidad. El niño crece sabiendo que cada aspecto de su vida puede ser observado, juzgado y comentado por extraños. No hay refugio. No hay espacio privado.

    Ansiedad y presión por performance. Cuando un menor sabe que está siendo filmado o fotografiado para una audiencia, deja de comportarse con naturalidad. Comienza a actuar. Eso genera estrés crónico, miedo al error y una necesidad enfermiza de aprobación externa.

    1. Construcción de identidad distorsionada. La identidad se forja en la intimidad, en los errores, en los momentos feos. Un niño expuesto no puede equivocarse en privado. Todo queda registrado. Eso lo lleva a desarrollar una personalidad para la cámara y otra, muchas veces rota, para cuando está solo.
    2. Riesgo de acoso y grooming. Las imágenes de menores en redes sociales son material codiciado por redes de depredadores sexuales. Publicar la escuela a la que asiste el niño, su rutina, sus vacaciones, es entregar un mapa de vulnerabilidades a quien no debería tenerlo.
    3. Cicatrices de adulto. Muchos jóvenes que fueron expuestos durante su infancia por padres famosos o influencers relatan hoy, ya adultos, cuadros de depresión, trastornos de ansiedad, dificultades para confiar en los demás y un profundo resentimiento hacia quienes debían protegerlos y no lo hicieron.

    El silencio cómplice del sistema legal

    Las leyes existen. En Argentina, la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes establece el derecho a la intimidad, a la imagen y a no ser expuestos en los medios de comunicación cuando ello afecte su dignidad. También el Código Civil y Comercial, protege a los niños de la exposición indebida de lsu imagen.

    Pero las leyes no se aplican. Los jueces no intervienen. Los fiscales no investigan. Los defensores de menores miran hacia otro lado cuando el adulto responsable es una figura pública con poder mediático. Y así, la naturalización avanza: cada foto compartida es un nuevo ladrillo en el muro de la impunidad.

    Cuestionamiento ético ineludible

    ¿Es ético que un adulto gane seguidores, contratos publicitarios o simple popularidad a costa de la imagen de un niño que no puede decir que no?

    La respuesta es no. No lo es.

    Cada like que un adulto recibe por una foto de su hijo es un incentivo perverso. La lógica del mercado se impone sobre la lógica del cuidado. El niño se convierte en mercancía. Y la sociedad, con su clic cómplice, valida esta práctica como si fuese normal.

    No es normal. No debería serlo nunca.

    Llamado a la acción

    Las plataformas digitales deben endurecer sus políticas. Los jueces deben actuar de oficio ante la exposición evidente de menores. Las escuelas y los profesionales de la salud deben alertar y denunciar. Y los adultos, todos los adultos, debemos preguntarnos antes de publicar: ¿esto beneficia al niño o me beneficia a mí?

    Un niño no es un trofeo. No es un contenido. No es una herramienta para llenar el ego vacío de un adulto o para llenar de dinero sus bolsillos. Un niño es una persona. Con derechos. Con futuro. Con la necesidad sagrada de crecer en privado para poder mostrarse al mundo, algún día, desde su propia libertad.

    La infancia no se recupera. Una vez expuesta, queda expuesta para siempre. Protejamos lo que no puede defenderse solo.

  • Misteriosa muerte de un niño de 4 años en Comodoro y el eterno debate sobre tenencia.

    Misteriosa muerte de un niño de 4 años en Comodoro y el eterno debate sobre tenencia.

    Muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia reabre debate sobre decisiones judiciales en disputas por tenencia. La familia pide respuestas.

    La trágica muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia expone las grietas de un sistema judicial que debe resolver la tenencia de menores en medio de relaciones familiares conflictivas. Mientras la autopsia intenta determinar las causas del fallecimiento, la familia paterna denuncia que el menor fue separado de su entorno afectivo por una decisión que, aseguran, ignoraba su bienestar superior.

    El pequeño llegó sin vida al Hospital Regional de Comodoro el pasado domingo. Pese a las maniobras de reanimación avanzada, los médicos solo lograron restablecer parcialmente su actividad cardíaca, pero nunca recuperó la respiración por sus propios medios. “Nunca respondió”, confirmó Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del hospital, en declaraciones a SETA TV.

    El caso conmociona a la provincia de Chubut no solo por la muerte inesperada del menor, sino por el contexto judicial que lo rodeaba. Según relató Lorena Andrade, pareja del padre del niño, el pequeño había sido entregado a su madre biológica en noviembre pasado, en el marco de una disputa por la tenencia. “Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca”, afirmó.

    Desde entonces, la familia paterna denuncia obstáculos para ver al niño. Una perimetral les impidió el acercamiento durante tres meses. Incluso, aseguran haber tenido que buscar por su cuenta el jardín al que asistía, porque nadie les informaba. “El nene lloraba y no quería irse con ella”, sostuvo Andrade, al describir un episodio frente a una comisaría donde un defensor ordenó devolverlo a la madre.

    En el ámbito médico, Cisneros fue claro: no hay signos de violencia externa registrados en la historia clínica. “No podemos hacer juicio de valor, solo describir lo que observamos. Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general”, explicó. Sin embargo, remarcó que la causa de la muerte es “totalmente desconocida” y que solo la autopsia podrá aportar certezas.

    La familia paterna, mientras tanto, exige respuestas y cuestiona el accionar de la Justicia. “Queremos que nos digan por qué tuvo un paro cardiorrespiratorio. No tenía problemas en el corazón”, planteó Andrade, al tiempo que denunció supuestos maltratos que habrían sido advertidos por vecinos de la zona.

    El caso reabre un debate profundo: ¿cómo deben resolver los jueces la tenencia de menores cuando las relaciones entre adultos están atravesadas por conflictos, denuncias cruzadas y vínculos frágiles? La muerte de este niño de 4 años en Comodoro Rivadavia no solo es una tragedia familiar, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de revisar los protocolos judiciales para garantizar que el interés superior del niño sea el único eje de cada decisión.

    Mientras la comunidad chubutense espera los resultados de la autopsia, el sistema judicial deberá responder no solo por la causa médica del deceso, sino también por las decisiones que, según denuncian familiares, alejaron al pequeño de su entorno afectivo. La investigación continúa.

  • Hanta Virus y la niña fallecida: bajo órbita de Biondo, el médico procesado por vacunatorios VIP.

    Hanta Virus y la niña fallecida: bajo órbita de Biondo, el médico procesado por vacunatorios VIP.

    El caso de hantavirus en Chubut estuvo intervenido por Emiliano Biondo, procesado por vacunatorios vip. Una adolescente murió pese al monitoreo y su internación temprana. ¿Qué falló? ¿Por qué sigue Biondo en funciones?

    Hanta bajo órbita de Biondo: el médico procesado por vacunatorios vip que decidió el confinamiento en el oeste chubutense

    La muerte de una adolescente de 15 años por hantavirus en Esquel no sólo conmueve a la comunidad de Cerro Centinela, sino que vuelve a poner en el centro de la escena a un nombre incómodo: Emiliano Biondo. El médico, actual referente de epidemiología en la zona, está procesado por la justicia en la causa de los vacunatorios vip durante la pandemia, junto al ex diputado Santiago Igón. Sin embargo, sigue en funciones y tomando decisiones clave en salud pública.

    La joven fallecida era contacto estrecho de sus padres, los primeros casos del brote familiar. Según el propio Biondo, la menor estaba bajo “monitoreo constante”. Pese a ello, al aparecer fiebre y dolores, derivó rápidamente en terapia intensiva, requirió asistencia respiratoria mecánica y falleció por síndrome cardiopulmonar.

    El caso obliga a una pregunta brutal: ¿para qué sirvieron los protocolos que Biondo asegura haberse aplicado? Si la niña estaba siendo vigilada de antemano por ser contacto estrecho, su muerte no debería encuadrarse en la lógica de una urgencia imprevisible, sino en la del fracaso de una supervisión que se presume activa. Cuando una persona ingresa a un hospital en estado grave, se comprende el desenlace fatal. Pero aquí no fue así. Hubo días de ventana clínica. Y aún así, no se pudo evitar el deceso.

    Biondo, que durante la pandemia impuso medidas terribles que obligaron al confinamiento total de toda la población del oeste de Chubut con decisiones duramente cuestionadas, ahora reaparece como la voz oficial del brote de hanta. Su pasado y su situación judicial no parece inquietar a las autoridades sanitarias, que lo mantienen al frente de la epidemiología regional. La pregunta que flota en el aire es cómo puede seguir en funciones un procesado por delitos graves vinculados al manejo irregular de la salud pública.

    Cabe preguntarse cuál es la capacidad real que tiene esta persona para estar a cargo del servicio de salud, tomar decisiones que afectan a todos y ser parte de los protocolos de urgencias. El contexto actual tampoco lo ayuda: días atrás salió en los medios masivos la noticia de la existencia de médicos drogadictos que roban fármacos de centros de salud para hacer sus propias fiestas fatales. En comentarios de lectores en las redes sociales, personas señalaron que esas cosas también ocurrirían en esta zona. Esto marca la urgente necesidad de depurar los sistemas de salud y revisar acabadamente si las personas a cargo están en condiciones de ejercer profesionalmente en el sistema de salud.

    Si a eso se suma la ignorancia generalizada o la falta de criterio científico en el sistema de salud provincial, el resultado es letal: se toma como referente a un imputado con antecedentes nefastos, mientras los protocolos que él mismo coordina o de los que es parte muestran grietas insalvables. El caso de la adolescente de 15 años es la prueba más dolorosa de que monitorear no alcanza si no hay eficacia real. Y la eficacia, en este contexto, brilla por su ausencia.

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