Chubut Online – Patagonia Argentina

Starship logra órbita: hito histórico para SpaceX y Elon Musk
El megacohete Starship de SpaceX alcanzó la órbita terrestre por primera vez en su vuelo 14, desplegó satélites Starlink V3 y amerizó en el Pacífico tras una misión histórica para la exploración espacial y el futuro de la NASA.
El programa espacial de Elon Musk ha cruzado un umbral definitivo. El megacohete Starship completó con éxito su decimocuarto vuelo de prueba, logrando por primera vez la inserción orbital completa, el despliegue de carga útil real y un amerizaje controlado en el océano Pacífico. Este hito no solo valida la ingeniería de la nave más grande jamás construida, sino que consolida el camino hacia la reutilización total y las futuras misiones tripuladas a la Luna.
Un despegue colosal desde Texas
La jornada comenzó a las 7:46 (hora de Texas) desde Starbase, el complejo de SpaceX ubicado cerca de Brownsville, a orillas del Golfo de México. Con sus imponentes 123 metros de altura, el sistema integrado por el propulsor Super Heavy y la nave superior Starship encendió sus 33 motores Raptor.
La potencia del despegue fue descripta por Justin Styer, director sénior de lanzamientos, con una analogía impactante: una ametralladora capaz de lanzar 11 camionetas por segundo. A pesar de la magnitud del lanzamiento, la misión enfrentó desafíos técnicos inmediatos. Durante el ascenso, se detectó una anomalía: uno de los tres motores Raptor optimizados para operar en el vacío se apagó de forma imprevista.
Este fallo llevó a los controladores a evaluar inicialmente la cancelación de la inserción orbital. Sin embargo, tras recibir actualizaciones de los ingenieros, se determinó que la nave aún contaba con condiciones para realizar el encendido necesario utilizando los motores de nivel del mar. Dan Huot, portavoz de SpaceX, confirmó minutos después que la misión continuaría según lo previsto, demostrando la redundancia y robustez del diseño.
Hito histórico: Inserción orbital y despliegue de Starlink V3
El momento cumbre de la misión ocurrió cuando Starship logró encender sus motores para entrar en una órbita estable. Para mantenerse en órbita baja, la nave debió acelerar hasta unos 28.000 kilómetros por hora, un equilibrio perfecto entre velocidad y gravedad que hasta ahora solo se había simulado en trayectorias suborbitales.
Una vez en órbita, a una altitud aproximada de 269 kilómetros, comenzó el despliegue de los 26 satélites Starlink V3. Esta nueva generación de satélites representa un salto cuantitativo para la red de internet satelital de SpaceX. Según explicó Jake Berkowitz, ingeniero principal de propulsión, estos satélites ofrecen una capacidad de descarga cerca de 10 veces superior y una capacidad de subida 22 veces mayor que la versión anterior (V2).
Los satélites viajan apilados horizontalmente y son liberados uno por uno mediante un dispensador mecánico. Tres de estos aparatos llevan cámaras destinadas a observar el exterior de la nave, aportando datos críticos sobre el estado de las losetas térmicas durante el reingreso.
El regreso: Una maniobra de precisión
Tras completar aproximadamente seis órbitas, la nave inició su descenso. La maniobra de reingreso es una de las fases más críticas y visualmente espectaculares. Starship adoptó una posición horizontal, con la parte inferior orientada hacia el océano, imitando la caída libre de un paracaidista. Luego, encendió sus motores para girar a posición vertical y realizar un frenado propulsado antes del contacto con el agua.
El amerizaje se produjo en el océano Pacífico, al oeste de Chile. Aunque el contacto fue más brusco que en el vuelo de julio y se generó una bola de fuego durante la fase final, la estructura permaneció visible sobre la superficie tras el impacto. Esta secuencia es un ensayo directo para las futuras recuperaciones en tierra firme, donde SpaceX planea atrapar la nave con los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, apodada «Mechazilla».
El propulsor Super Heavy, por su parte, regresó al Golfo de México y realizó un amerizaje controlado. SpaceX introdujo modificaciones en el filtrado de los motores y actualizó el software para mejorar la fiabilidad de los reencendidos, tras los problemas de obstrucción por hielo detectados en el vuelo anterior.
Implicaciones para la NASA y el futuro lunar
El éxito de este vuelo tiene resonancia directa en los planes de la NASA. Jared Isaacman, director de la agencia espacial, felicitó a SpaceX a través de la red social X, calificando el lanzamiento como «espectacular» y destacando el manejo seguro y responsable de cada etapa.
La NASA ha seleccionado una versión de Starship como módulo de alunizaje para las misiones Artemis. Sin embargo, para que esto sea posible, SpaceX debe dominar aún dos tecnologías clave que no formaron parte de este vuelo: la transferencia de combustible entre naves en órbita y el almacenamiento prolongado de propelentes criogénicos.
Se estima que una misión lunar de Starship podría requerir hasta una docena de vuelos cisterna para llenar los tanques antes de partir hacia la Luna. Con la capacidad demostrada en este vuelo 14 de colocar hasta 100 toneladas en órbita (con proyecciones de llegar a 200 toneladas en versiones futuras), SpaceX se posiciona como el actor principal en la nueva carrera espacial.
Este decimocuarto vuelo no solo rompió la barrera de la órbita, sino que validó el concepto de un sistema de transporte totalmente reutilizable, abriendo la puerta a una era de acceso masivo al espacio desde el sur de Texas hacia el sistema solar.
28 de septiembre de 2026
Malvinas: Argentina denuncia vuelos ilegales británicos y exige frenar Sea Lion
El Gobierno argentino denunció vuelos ilegales de una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas y lanzó un ultimátum por el proyecto Sea Lion. La administración de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios y advirtió que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no detiene la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
En un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED. La medida responde a la detección de operaciones aéreas en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin la autorización de las autoridades argentinas.
Según se detalló, se trató de una delegación de empresarios ingleses provenientes del archipiélago que participaron de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo de esas gestiones era avanzar en la creación de una ruta comercial entre las islas y el sur de Chile, una maniobra que el Gobierno argentino considera ilegal y contraria a los derechos de soberanía que reclama sobre el Atlántico Sur.
Además de las sanciones contra la firma británica, el Ejecutivo instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso. La Cancillería y los equipos jurídicos del Estado comenzarán con un proceso de arbitraje internacional con el objetivo de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación.
El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado de dos semanas, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada de forma oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representa la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.
Milei compartió un mensaje citando el comunicado y fue categórico: «Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras».
El texto presidencial también rechaza de forma categórica la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el comunicado, ni la denominación de las Islas Malvinas como «Territorio Británico de Ultramar» ni el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes del archipiélago eligió permanecer bajo administración de Londres, alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que ese pleito debe resolverse a través de negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.
El respaldo jurídico del reclamo argentino se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. A su vez, la Resolución 31/49 exhortó expresamente a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe ese proceso. El gobierno argentino sostiene que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce «un perjuicio irreversible e irreparable» a sus derechos de soberanía.
El marco legal invocado por Argentina incluye a la CONVEMAR —considerada por juristas y organismos internacionales como la «constitución de los océanos»—, aprobada en 1982 y en vigor desde 1994. Ese instrumento establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá de su mar territorial a lo largo de la prolongación natural de su territorio, pudiendo alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base. Bajo ese régimen, Argentina considera que los yacimientos hidrocarburíferos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.
La escalada diplomática se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó días atrás que Londres está preparado para defender militarmente las Malvinas ante una eventual acción argentina. «Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas», declaró el funcionario, quien rechazó las reivindicaciones de Milei y las calificó como una posición sin fundamento. Streeting también afirmó que no prevé un conflicto, pero insistió en la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas británicas.
La respuesta de Londres ante las medidas argentinas también incluyó la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la tensión actual. Por su parte, la explotación impulsada por el consorcio conformado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel, podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según cálculos de las autoridades de Londres.
En el plano judicial local, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya ordenó como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. En simultáneo, la Cancillería argentina avanza en gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación del Reino Unido.
El conflicto por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye una causa histórica para la Argentina y un tema de especial sensibilidad para los habitantes de la Patagonia. La provincia del Chubut, por su posición estratégica sobre el Atlántico Sur y su proximidad a los espacios marítimos en disputa, sigue con atención el desarrollo de esta nueva escalada diplomática que podría redefinir el tablero geopolítico de la región.
28 de septiembre de 2026
Precios de combustibles en el mundo: países europeos que pagan el doble que en Argentina.
Cargar nafta en provicnias patagónicas como Chubut cuesta menos de la mitad que en Países Bajos o Uruguay. El precio por litro en pesos argentinos revela una brecha histórica entre los surtidores chubutenses y los europeos, que superan los $4.200 por litro.
Chubut Online realizó una comparación de precios actuales del combustible en el mundo, especialmente en países que ofrecen cierta calidad de vida, encontrándonos con un panorama muy distinto al que mucha gente supone.
Argentina, bien posicionada.
Los precios en Argentina están acordes a los de un país productor. Los precios son similares, e incluso más bajos, que una mega potencia productora de hidrocarburos como EE.UU.
Comparado con Europa, Argentina está totalmente en ventaja, ya que se llegan a duplicar, en algunos casos, el precio de los combustibles.
Incluso países vecinos como Chile o Uruguay tienen precios mucho más elevados, aunque, claro está, no son productores.
El caso de Brasil es un caso a tener en cuenta, ya que es productor, y sus precios al público son similares a la Argentina. Pero hay que tener en cuenta que el precio verdadero en Brasil es bastante más alto que en nuestro país, y los han subsidiado desde el Estado para ponerlos a un precio similar al nuestro.
Los números en el mundo.
La crisis global del petróleo desatada por los bloqueos en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb disparó los precios de los combustibles a niveles récord en todo el planeta. Pero no todos los conductores pagan lo mismo. Un relevamiento comparativo de los precios actuales de la nafta y el gasoil en Europa, Estados Unidos, Chile, Brasil, Uruguay y la provincia de Chubut, convertidos todos a pesos argentinos y por litro, muestra que cargar combustible en la Patagonia argentina sigue siendo una de las experiencias más económicas del mundo, mientras que en Europa y Uruguay los surtidores se convirtieron en un lujo que pocos pueden sostener.
El ranking lo encabezan los Países Bajos y Dinamarca, donde la nafta alcanzó esta semana los 2,43 euros por litro y el diésel llegó a 2,52 euros por litro, respectivamente. Con el euro cotizando a $1.780 para la venta en el Banco Central, un conductor neerlandés paga el equivalente a **$4.325 por litro de nafta**, mientras que en Dinamarca el gasoil se despacha a **$4.486 por litro**. Para dimensionar la magnitud: un tanque de 50 litros en Ámsterdam cuesta más de $216.000, una cifra que en Chubut alcanzaría para llenar cuatro veces el mismo vehículo.
En Francia, la situación no es mucho más alentadora. La nafta se ubicó en 2,23 euros por litro y el diésel trepó a 2,40 euros, lo que se traduce en $3.969 y $4.272 por litro respectivamente. Italia sigue de cerca con el gasoil a 2,36 euros, equivalentes a $4.201 por litro. La crisis energética europea, agravada por los ataques en el Mar Rojo que redujeron el tráfico marítimo en Hormuz a menos de 20 buques diarios, golpea con fuerza el bolsillo de los conductores del Viejo Continente.
Estados Unidos, el mayor consumidor de combustible del mundo, tampoco escapa a la tendencia alcista. En agosto de 2026, el precio promedio de la gasolina regular fue de 4,06 dólares por galón, equivalente a $1.657 por litro**, mientras que el diésel número 2 promedió 5,46 dólares por galón, es decir, **$2.229 por litro. Aunque sigue siendo más barato que Europa, la costa oeste estadounidense ya registra precios de 5,13 dólares por galón, lo que roza los $2.094 por litro de nafta. El gobierno de Washington evalúa suspender temporalmente el impuesto federal de 18 centavos por galón para contener el impacto, una medida que podría aliviar apenas marginalmente a los automovilistas.
Uruguay se posiciona como el país más caro de la región para cargar combustible. A partir de septiembre, el litro de nafta Súper 95 se mantiene en 88,67 pesos uruguayos, lo que con el tipo de cambio actual de $37,5 por peso uruguayo representa **$3.325 por litro** en moneda argentina. El gasoil 50S, en tanto, cuesta 58,68 pesos uruguayos, equivalentes a $2.201 por litro. La brecha con Chubut es contundente: un conductor uruguayo paga casi un 71% más por la nafta que un chubutense.
Chile, que hasta hace unos años era percibido como un destino con combustibles accesibles, vio cómo los precios se dispararon tras una serie de ajustes consecutivos. En septiembre de 2026, la bencina de 93 octanos promedia $1.426 por litro a nivel nacional, lo que con un tipo de cambio estimado de 900 pesos chilenos por dólar equivale a **$2.448 por litro** en pesos argentinos. El diésel, por su parte, superó los $1.500 por litro, alcanzando los **$2.575 por litro** en moneda argentina. La Enap confirmó un alza de $89 por litro para el gasoil en su último ajuste, acumulando un incremento de más de $214 en lo que va del año.
Brasil, el gigante sudamericano, también enfrenta una presión inédita sobre los precios de los combustibles. La gasolina común se comercializa a un promedio de 6,55 reales por litro, lo que con el real cotizando a $294 argentinos representa **$1.926 por litro**. El diésel S-10, por su parte, cuesta 7,33 reales por litro, equivalentes a $2.155 por litro**. El gobierno de Lula renovó un subsidio de 2,12 reales por litro para contener el alza, sin el cual el diésel habría escalado a 9,45 reales por litro, cerca de **$2.780 por litro en pesos argentinos.
En el extremo opuesto del ranking aparece Chubut. En Comodoro Rivadavia, los registros actualizados de estaciones Axion muestran la nafta súper entre $1.945 y $1.982 por litro, la nafta premium alrededor de $2.309 y el gasoil entre $2.446 y $2.479. Si bien las petroleras privadas aplicaron subas de entre 2% y 5% durante la última semana, YPF mantiene por ahora sus precios anteriores, a la espera de la evolución del mercado internacional. La provincia patagónica continúa siendo una de las jurisdicciones con combustibles más accesibles de Argentina, junto con Río Negro y Neuquén, aunque los precios ya superan los $1.900 por litro en todas las estaciones.
El panorama resumido en pocas palabras.
La comparación en pesos argentinos por litro deja un panorama nítido. Un conductor en Países Bajos paga $4.325** por litro de nafta, un uruguayo **$3.325, un francés $3.969**, un italiano **$4.201 por gasoil, un chileno $2.448**, un brasileño **$1.926 (subsidiado) y un estadounidense $1.657**. En Chubut, la nafta súper se consigue desde **$1.945 por litro. La diferencia entre el país más caro de Europa y la provincia patagónica alcanza los $2.380 por litro, una brecha que explica por qué los turistas europeos que llegan a la Patagonia no salen de su asombro cuando ven los precios en los surtidores chubutenses.
El contexto internacional no augura una reversión inmediata. La crisis del petróleo, calificada como «la mayor interrupción física de suministro en la historia de los mercados energéticos mundiales», mantiene en vilo a los consumidores de todo el planeta.
28 de septiembre de 2026
Otro papelón de Alberto Fernández: Publicó un gráfico totalmente desproporcionado, adulándose.
Alberto Fernández mostró una comparación del desempleo con una escala gráfica desproporcionada que exagera visualmente las diferencias entre gobiernos.
Alberto Fernández volvió a utilizar las redes sociales para cuestionar al gobierno de Javier Milei. Esta vez lo hizo mediante un gráfico sobre la evolución de la desocupación durante los segundos trimestres de distintos años, acompañado por una frase contundente: “Así crece la desocupación con Milei”.
A primera vista, el gráfico parece ofrecer una demostración estadística sencilla. Las barras amarillas corresponden a los años de Mauricio Macri, las azules a Alberto Fernández y las violetas a Javier Milei. El mensaje visual parece inequívoco: una enorme barra del 13,1% durante la pandemia, una fuerte caída posterior y, finalmente, un nuevo crecimiento del desempleo durante los años de Milei.
Pero hay un problema fundamental.
Las barras no están representadas en una escala proporcional a los porcentajes que aparecen escritos sobre ellas.
Además, las mediciones durante el gobierno de Fernández eran mentirosas, ya que no ponían a los planeros como desocupados, ni a todos los subsidiados, y a los ñoquis que acomodaron en el Estado, que no eran trabajadores reales, sino, ñoquis.
Y eso modifica radicalmente la percepción que produce el gráfico.
El 13,1% que parece gigantesco y el 6,2% que aparece casi aplastado no tienen una diferencia de semejante magnitud en la realidad estadística. El 13,1% es poco más del doble del 6,2%. Sin embargo, la representación visual hace que la diferencia parezca varias veces mayor.
No es un detalle estético.
Cuando se utiliza un gráfico de barras para comparar porcentajes, la dimensión de cada barra constituye parte del argumento. Si la escala gráfica exagera las diferencias, el lector recibe una impresión que no coincide con la magnitud matemática de los datos.
El 13,1% contra el 6,2%: la distorsión que salta a la vista
El ejemplo más evidente está en las barras correspondientes a 2020 y 2023.
El gráfico indica:
2020: 13,1%
2023: 6,2%
La diferencia real entre ambos porcentajes es de 6,9 puntos porcentuales.
Pero la relación matemática entre ambos valores es todavía más clara: 13,1 dividido 6,2 da aproximadamente 2,1.
Por lo tanto, si las barras fueran proporcionales a los datos, la correspondiente al 13,1% debería tener aproximadamente el doble de altura que la del 6,2%.
No ocurre eso.
En la imagen publicada por Fernández, la barra del 13,1% ocupa prácticamente toda la zona superior del gráfico, mientras que la correspondiente al 6,2% queda reducida a una pequeña columna cercana al eje inferior.
La diferencia visual es muchísimo mayor que la diferencia estadística.
Y eso es precisamente lo que vuelve problemática a la imagen.
Los números pueden ser correctos y, al mismo tiempo, el gráfico puede transmitir una impresión visual incorrecta sobre la magnitud de las diferencias.
No es solamente una barra
El problema se vuelve todavía más evidente cuando se observan los demás valores.
El gráfico muestra 9,6% para 2021, 6,9% para 2022 y 6,2% para 2023.
Sin embargo, visualmente la barra de 2021 aparece varias veces más alta que la de 2023.
Algo similar sucede cuando se compara 6,2% de 2023 con 7,6% de 2024.
La diferencia matemática es de apenas 1,4 puntos porcentuales. Sin embargo, la barra de 2024 aparece considerablemente más alta.
Y el mismo fenómeno vuelve a observarse entre 7,6% y 7,9%.
En términos estadísticos, son valores muy cercanos.
En términos visuales, el gráfico los presenta con una diferencia mucho más marcada.
El problema, entonces, no está concentrado en una única barra. La construcción completa del gráfico carece de una escala uniforme que permita que la altura de cada barra represente directamente el porcentaje que lleva escrito.
Un gráfico no es una decoración
Esto es particularmente importante porque los gráficos estadísticos no son simples elementos ornamentales.
Una barra más alta significa, para el lector, un valor mayor.
Y cuanto mayor es la diferencia de altura, mayor es la diferencia que el lector naturalmente interpreta entre los datos.
Por eso existen reglas elementales de representación estadística: cuando se comparan magnitudes mediante barras, la escala debe ser clara, coherente y proporcional.
En la publicación de Fernández, en cambio, el lector que mire rápidamente la imagen puede llevarse la impresión de que el desempleo del 13,1% fue varias veces superior al 6,2%.
Pero eso no es lo que dicen los números.
Los números dicen que fue algo más del doble.
La imagen cuenta una historia visual mucho más extrema.
25 de septiembre de 2026
UIF bloquea empresa del clan Ale vinculado a Marita Verón
La Unidad de Información Financiera (UIF) denegó la registración de Point Limits SRL, una empresa históricamente vinculada al clan Ale, la familia tucumana condenada por asociación ilícita y lavado de activos y señalada por la desaparición de Marita Verón. La medida, adoptada bajo la gestión del abogado Matías Álvarez al frente del organismo, impide que la firma obtenga la constancia necesaria para continuar operando en el sector de juegos de azar.
La decisión reactiva el cruce entre el Estado y uno de los grupos delictivos más emblemáticos del interior argentino, cuya historia está atravesada por una de las causas más dolorosas de la crónica policial del país: la desaparición de María de los Ángeles Verón, ocurrida el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán.
Una condena histórica que no cerró las heridas
En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una sentencia que marcó un antes y un después en la persecución del lavado de activos en Argentina. Rubén Eduardo Ale, conocido como “La Chancha”, ex presidente del club San Martín de Tucumán, y su hermano Adolfo Ángel Ale, “El Mono”, recibieron penas de diez años de prisión cada uno por liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos proveniente del juego clandestino y la extorsión. En total, trece personas fueron condenadas y tres resultaron absueltas.
La sombra de Marita Verón nunca se apartó del clan. Susana Trimarco, madre de la víctima, señaló a “La Chancha” como el máximo responsable del secuestro y la desaparición de su hija, un caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata de personas en Argentina. Sin embargo, Ale nunca fue condenado por ese crimen. La absolución masiva de trece imputados en 2012, tras el juicio por la desaparición de Verón, derivó en un escándalo nacional que expuso las fisuras del sistema judicial tucumano.
En el juicio de 2017, el aporte de la UIF fue determinante. Un extenso informe reveló la magnitud del patrimonio del clan: casi 40 millones de pesos en maniobras financieras, una larga lista de propiedades, más de 100 vehículos entre autos y camiones, y 72 armas de fuego valuadas en más de 400 mil pesos. “La Chancha” Ale falleció en 2023 en su provincia natal.
Point Limits SRL: una pantalla que intentó sobrevivir a la condena
Point Limits SRL fue constituida en 2011 en la capital tucumana y quedó históricamente vinculada a “El Mono” Ale. La empresa controló una serie de locales de juegos de azar y fue allanada en el marco de la causa que terminó con la condena de los hermanos Ale. Los fiscales sostuvieron que la firma podía ser una pantalla para el lavado de dinero. A pesar de ello, nunca dejó de operar.
La empresa ya figuraba registrada en el sistema de la UIF desde el 15 de septiembre de 2011. Cuando la investigación federal contra el clan Ale avanzó, la sociedad se encontraba en pleno funcionamiento y contaba con habilitaciones para la explotación de juegos de azar. Durante los allanamientos de 2013, se secuestró dinero en efectivo en locales de la firma y la Justicia dispuso medidas de intervención sobre la sociedad y la clausura de sus casas de juego. En 2014, el Ministerio Público Fiscal identificó públicamente a Point Limits como una de las empresas vinculadas al clan Ale y sostuvo que su actividad podía ser utilizada como pantalla para el lavado de dinero.
La sentencia de 2017 tuvo por acreditado que los hermanos Ale dirigieron una asociación ilícita vinculada, entre otros delitos, con la usura, la extorsión, la explotación económica de la prostitución y el comercio de estupefacientes. Para mezclar, disimular y dar apariencia legal a los fondos provenientes de esas actividades, utilizaron actividades formalmente lícitas. Point Limits fue considerada uno de los vehículos societarios clave dentro de ese esquema.
Irregularidades que sellaron el bloqueo
Tras la condena de Adolfo Ángel Ale a diez años de prisión por lavado de activos y como jefe de una asociación ilícita, la sociedad continuó procurando sostener su actividad. Su registración ante la UIF había quedado bloqueada y, durante 2025 y 2026, la firma realizó distintas presentaciones para regularizarla y obtener nuevamente una constancia que le permitiera operar como Sujeto Obligado.
La Agencia Regional Norte de la UIF analizó la documentación presentada y detectó diversas irregularidades. Entre ellas, la falta de presentación de certificados de reincidencia ante los pedidos del organismo. Además, el “Oficial de Cumplimiento Titular” designado por la empresa, un hombre que porta el apellido Ale, ni siquiera formaba parte de la SRL.
Los Sujetos Obligados son las personas, empresas y organismos que, por la actividad que desarrollan y su exposición a riesgos de lavado de activos, integran el sistema de prevención y deben colaborar activamente con la UIF. La registración como Sujeto Obligado es un requisito indispensable para operar legalmente en el sector de juegos de azar. Al denegarla, la UIF impidió que Point Limits obtuviera la habilitación necesaria para continuar en el negocio.
Un mensaje para el sector
La resolución de la UIF bajo el mando de Matías Álvarez envía una señal contundente: las empresas vinculadas a estructuras criminales condenadas no encontrarán refugio en el sector del juego regulado. La decisión se produce nueve años después de la condena que puso a los hermanos Ale tras las rejas y a casi veinticuatro años de la desaparición de Marita Verón, un caso que sigue reclamando verdad y justicia.
La medida refuerza la importancia de los organismos de control en la prevención del lavado de activos y en la lucha contra las redes de trata y explotación que durante décadas operaron con impunidad en el norte argentino. La historia del clan Ale es también la historia de un sistema que durante años miró hacia otro lado. Hoy, la UIF parece decidida a no repetir ese error.
25 de septiembre de 2026
Subasta de vehículos en Esquel: precios de base altos. Analizamos riesgos y conveniencias.
La Municipalidad de Esquel remata 10 vehículos oficiales con precios base que, en varios casos, no están lejos del el valor de mercado y son pasibles de tener un alto riesgo mecánico. Analizamos los pros y contras de los modelos ofrecidos.
El próximo martes 6 de octubre, a las 10:00 horas, el patio interno del edificio municipal de Esquel será el escenario de la Subasta Pública N° 01/2026. La convocatoria, a cargo del martillero público Pablo Bonfanti Riegé, pone a la venta diez vehículos que fueron dados de baja del patrimonio municipal: cinco utilitarios y camionetas, y cinco motocicletas. Los precios base arrancan en $100.000 y trepan hasta los $5.500.000, pero un análisis detallado de los lotes revela una realidad incómoda: en algunos casos, las cifras de partida no guardan relación con el estado mecánico real de las unidades.
La idea de la subasta no es para nada mala; el problema es que cuando se ponen precios de base tan altos, no resultan atractivos para el público por el alto riesgo de estar comprando un problema más que un vehículo.
En esta oportunidad, vemos precios de base que no distan de los precios que se encuentran de esos mismos modelos en el marketplace de Facebook o en mercadolibre. Y uno se pregunta para qué arriesgarse en un vehículo que tiene mucho uso y que no se sabe a ciencia cierta el estado mecánico. Para algunos, hasta está declarado que no funcionan.
El Estado, cuando saca a remate bienes como estos, no debe tener el foco en la recaudación, sino en sacarse problemas de encima: unidades que ya cumplieron su ciclo y que ocupan espacio en el predio municipal.
Un precio de base bajo, permittiría que cada persona arriesgue hasta donde llegar y se generan competencias de precios muy interesantes. Las bases altas, por el contrario, de alguna forma debieran garantizar un buen estado general, lo cual no ocurre.
El inventario: dos que funcionan, ocho que no
Del listado oficial se desprende que solo dos vehículos están en condiciones operativas: un Renault Kangoo Express RL 1.6 (2004) y un Renault Kangoo RL 1.6 (2000), ambos con un precio base de $4.200.000. El resto de los lotes —una tercera Kangoo (2000), una Chevrolet S10 4×4 (2009), una Toyota Land Cruiser 4WD automática (1997) y cinco motocicletas Motomel de 200 cc y 250 cc— se encuentra en estado «no funcional». Esta distinción es clave: mientras que dos unidades podrían ponerse en marcha con relativa facilidad, las otras ocho requerirán una inversión adicional significativa para volver a rodar.
Comparación con el mercado: los números no cierran
El ejercicio de contrastar los precios base con los valores de referencia del mercado usado arroja resultados dispares. Para las dos Kangoo funcionales (2004 y 2000), la base de $4.200.000 se ubica por debajo de los precios de lista de unidades similares en plataformas de venta, que en algunos casos rondan los $6.000.000 o incluso, mucho menos.
Sin embargo, esta aparente ventaja debe matizarse: se trata de vehículos de flota municipal, con un desgaste acumulado que no siempre se refleja en las publicaciones privadas.
la diferencia de $1.800.000 en un vehículo del que se desconoce su estado no es tentadora para el comprador: hacer el tren delantero y trasero puede costar $1.000.000 y hacerle el motor, embrague o caja de cambios otros tantos millones.
El panorama cambia drásticamente para los lotes no funcionales. La Chevrolet S10 2.8 TDI 4×4 de 2009 tiene una base de $5.500.000, mientras que unidades funcionales similares en el mercado usado se ofrecen por valores que oscilan entre $15.000.000, según el estado y la configuración. No obstante, esas referencias corresponden a vehículos en funcionamiento. Una S10 que no arranca, con daños visibles y un historial de uso intensivo como vehículo oficial, difícilmente justifique una base de 5,5 millones sin un diagnóstico mecánico completo y un presupuesto en reparaciones.
La Toyota Land Cruiser de 1997 presenta un caso particular. Con una base de $1.500.000, el precio parece tentador para un modelo que en el mercado tiene un valor más estable que otros vehículos. Pero se trata de una unidad no funcional, con partes visiblemente rotas, con casi tres décadas de antigüedad y un costo de repuestos que puede ser muy elevado. El riesgo de adquirir un vehículo que no enciende, sin garantía y con un historial de mantenimiento desconocido, es mayúsculo. posiblemente sirva para la venta de sus repuestos, aunque la baja en el registro automotor también tiene su costo.
Motos: precios de riesgo
El segmento de motocicletas Motomel (DK200 de 2006 y CX250 de 2013) ofrece bases que van de $100.000 a $500.000, todas en condición no funcional. En el mercado de usados, una Motomel DK200 puede encontrarse alrededor de $2.000.000, pero en estado operativo. Las unidades de la subasta, al no funcionar, se posicionan como opciones para desarme o restauración, más que como vehículos listos para usar. El comprador debe evaluar si el ahorro inicial compensa el costo de reparación y el tiempo de inactividad. No obstante, el precio de base de $100.000 está muy bien, aunque $500.000 para las otras es elevado.
El factor riesgo: la letra chica de la subasta
La subasta ofrece la posibilidad de inspeccionar los vehículos hasta el día hábil anterior, de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 12:30 horas, en el patio municipal. Esta instancia es fundamental, pero no elimina la incertidumbre: una revisión visual no reemplaza un diagnóstico mecánico profundo. Los vehículos se venden «en el estado en que se encuentran», sin garantía, y el comprador asume todos los riesgos. Para unidades no funcionales, el costo de reparación puede superar ampliamente la diferencia entre el precio base y el valor de mercado de un vehículo similar en funcionamiento.
¿Conviene ir a la subasta?
La respuesta depende del perfil del comprador. Para un mecánico, un taller o un comerciante de repuestos, los lotes no funcionales —especialmente las motos y la Land Cruiser— pueden representar una oportunidad si el precio final de la puja se mantiene bajo. Sin embargo, para un particular que busca un vehículo para uso diario, las dos Kangoo funcionales son la única opción relativamente segura, aunque su base de $4.200.000 es mu alto y obliga a comparar cuidadosamente con alternativas del mercado privado.
El riesgo de sobrepagar es real. En una subasta, la competencia entre postores puede llevar los precios por encima de lo razonable, especialmente cuando se desconoce el estado mecánico real. La recomendación es clara: antes de ofertar, inspeccionar personalmente cada lote, calcular el costo estimado de reparación y establecer un límite máximo que no supere el valor de mercado de un vehículo similar en condiciones operativas.
La Municipalidad de Esquel busca, con esta subasta, recuperar parte del valor de su flota en desuso y liberar espacio en el predio municipal. Para los vecinos y comerciantes de Chubut, la oportunidad existe, pero requiere prudencia, conocimiento técnico y una evaluación fría de los números. La subasta no es una ganga garantizada; es un ejercicio de riesgo calculado.
24 de septiembre de 2026
Milei en la ONU: «Organización inútil» por Malvinas y defensa de la IA
Javier Milei criticó duramente a la ONU por la causa Malvinas, llamó al Reino Unido a dialogar y defendió el desarrollo de la IA en su tercer discurso ante la Asamblea General.
En una exposición que duró 19 minutos y que estuvo cargada de fuertes críticas, el presidente Javier Milei subió por tercera vez al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas para dejar en claro la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Con un tono encendido y sin medias tintas, el mandatario calificó al organismo internacional como «una organización inútil» que «miró para otro lado» frente al reclamo argentino, y reclamó al Reino Unido reabrir el diálogo para encontrar una solución pacífica a la disputa.
«Malvinas es para nosotros una causa nacional», sentenció Milei frente a una sala que lucía cercana a la mitad de su capacidad, en un contexto de renovada tensión diplomática con Londres. El Presidente no solo reiteró el llamado al diálogo, sino que fue más allá: advirtió que la Argentina no se quedará esperando que la ONU actúe y que tomará cartas en el asunto de manera directa.
Críticas frontales al organismo internacional
El discurso de Milei estuvo marcado por una profunda desilusión hacia el rol de Naciones Unidas. «Se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados», lanzó el Presidente, mientras dos representantes británicos lo escuchaban desde sus asientos.
Milei consideró que quienes deberían «garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea» y, en su lugar, «permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional». En ese marco, cuestionó que una organización que se propuso defender la soberanía nacional de sus miembros haya decidido «mirar para otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas».
El mandatario recordó una resolución de la Asamblea que instaba a las partes en conflicto a «abstenerse de introducir modificaciones unilaterales» mientras la disputa permaneciera abierta. «Cincuenta años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan», denunció, y puso como ejemplo el proyecto Sea Lion, que avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas.
«¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad?», se preguntó Milei, quien había preparado el discurso junto a su asesor Santiago Caputo.
Un llamado directo al Reino Unido
Lejos de conformarse con la crítica, el Presidente redobló la apuesta diplomática y llamó «una vez más al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica» y a debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa. «No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto», afirmó.
En ese sentido, el Gobierno argentino ya actuó con notas de desaliento, sanciones a empresas involucradas y el envío de una ley al Congreso. «Los gobiernos de la historia de la Argentina optaron por una defensa discursiva; nosotros, por una pacífica, práctica y efectiva», se congratuló Milei, en una clara crítica elíptica a las administraciones que le precedieron.
Respecto a los habitantes de las islas, el Presidente consideró que se trata de una «población implantada sobre un territorio que se encuentra en disputa», en línea con los planteos históricos argentinos ante el organismo. Además, aguijoneó a Londres por la reciente presentación de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en la que afirmaron su derecho a la autodeterminación. «Si el Reino Unido sostiene una interpretación selectiva al principio de libre determinación respecto de las Malvinas, deberá explicar también cómo concilia ese criterio con los debates dentro de su propio territorio», indicó.
Inteligencia artificial: «Una frontera, no una amenaza»
La segunda parte del discurso de Milei estuvo dedicada a uno de los temas que más pasión le despierta: el desarrollo de la inteligencia artificial. Alineado con la postura de Donald Trump, el Presidente rechazó de plano el control estatal de esta tecnología y sostuvo que «donde muchos ven una amenaza», la Argentina ve «una frontera».
«Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith: la IA será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más», expresó Milei, quien lució un traje oscuro y una corbata de un modelo que usara el economista escocés.
El mandatario fue enfático al señalar que «prudencia no significa miedo» y que «el miedo bajo ningún punto de vista debería convertirse automáticamente en obediencia». En ese marco, prometió que la Argentina se ubicará «en la vanguardia de la libertad» frente a la IA, con un marco jurídico de vanguardia y el «compromiso de no regular de manera preventiva».
«Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor y queremos ser el lugar más competitivo al mundo para desarrollarla», aseguró.
Vaca Muerta y las inversiones extranjeras
En otro tramo de su alocución, Milei hizo un llamado a las inversiones extranjeras en la Argentina, sobre todo en el sector energético, y afirmó que Vaca Muerta «es una oportunidad histórica». «Vengan, inviertan, desarrollen, háganlo con nosotros. Pero no seremos indiferentes ante quienes exploten recursos de un lugar ocupado ilegalmente», advirtió, con clara referencia a las Malvinas.
El Presidente también ratificó el fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel, países con los que, dijo, la Argentina comparte «una profunda afinidad de valores y una complementariedad estratégica», y fustigó a la ONU por el manejo de la pandemia.
El cierre y la intimidad del regreso
Al final del discurso, Milei recibió algunos aplausos y lo cerró con su clásico «¡viva la libertad, carajo!». Lo siguieron en el recinto el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador ante la ONU Francisco Tropepi. También estaba presente el director de Realización Audiovisual de Presidencia, Santiago Oría.
Ya de regreso en el hotel, en diálogo con el canal TN, el Presidente se mostró «satisfecho» con el mensaje que llevó ante la ONU. «Es probable que, en algún momento, el Reino Unido se llame a la reflexión y nos devuelva las islas, que son nuestras», concluyó.
La previa del discurso había estado precedida por un inusual cruce entre la Argentina y el Reino Unido en este escenario global, tras la réplica del canciller Pablo Quirno al primer ministro británico Andy Burnham, quien había asegurado -al hablar de las islas- que su país estará «firme contra cualquier amenaza al orden de la ley».
El Gobierno argentino, mientras tanto, apuesta este año a impulsar la candidatura a secretario general del organismo del diplomático Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque en las votaciones indicativas del Consejo de Seguridad ha perdido terreno. La carrera aún no está cerrada.
23 de septiembre de 2026
Juez ordena a Bottini entregar sus mensajes con Bustos. Fueron de un teléfono de Comodoro Rivadavia.
En una audiencia judicial llevada a cabo hoy en la ciudad de Esquel, en el marco de la investigación por la falsa denuncia radicada por la fiscal Bottini y la procuradora Bagnato, y en la cual se victimizan constantemente por hechos inexistentes, las denunciantes tuvieron un revés judicial.
La negativa de Bottini Y Bagnato a que se investiguen mensajes claves.
Tanto Bottini Como Bagnato se oponían a que se realicen pericias en el teléfono de Bottini y que se acceda al contenido de los mensajes supuestamente amenazantes que recibía de un teléfono de Comodoro Rivadavia, cuyo autor sería el señor Ricardo Bustos, íntimo amigo de Bottini y reconocido manipulador de información en la FM del Lago, Esquel.
El juez O’Connor, a cargo de la audiencia, dio lugar al pedido que el Dr. Gerosa Lewis hiciera en una audiencia anterior, ya que es necesario conocer el contenido de los mensajes supuestamente intimidantes que dieran origen a la falsa denuncia de Bottini y Bagnato.
Una cuestión lógica, necesaria, y de sentido común.
Resultaba ilógico que, en una denuncia que se fundamentaba en mensajes amenazantes, no se incluyan esos mensajes en la investigación. Por algún motivo extraño, Bottini y Bagnato no querían que esos mensajes sean conocidos. ¿Acaso Bottini y Bagnato no quieren que se sepa la verdad?
Esa actitud, no sólo despierta sospechas, sino que impide el conocimiento de lo sucedido realmente, perjudicando a los que las denunciantes apuntaron como “sospechosos”, e incluso, como autores.
Sin verdad, no hay objetividad.
El contenido de los mensajes no es cosa menor: o bien revelaría la forma de actuar de Bustos; o revelaría las fantasías de las denunciantes para armar falsas denuncias; o bien, podría desenmascarar posibles estrategias conjuntas tendientes a armar causas y publicarlas por la radio de Bustos. La verdad sólo se sabrá si se tienen todas las fichas sobre la mesa, y no ocultándolas, como pretendían las denunciantes.
30 días para mostrar documentación oculta.
Uno de los temas que más incógnitas generó en las audiencias recientes, es que en el legajo fiscal hay, según se señaló en las audiencias públicas, entrevistas a Bottini y a Bagnato que están cortadas. Sí, así como lo leyó: se anunció que las entrevistas están parcializadas, impidiendo que las defensas de las partes puedan acceder a la totalidad de lo declarado por las denunciantes.
Bottini y Bagnato se negaron a que se conozcan las entrevistas enteras. Ellas y el fiscal Papini, a cargo de la investigación, adujeron que había información sensible e información que abría otra línea de investigación que no podía darse a conocer.
Sin embargo, el juez, atento a la afectación de derechos invocados por las defensas, expuso que el ocultamiento no podía ser eterno y puso un plazo de 30 días para que se mantenga esa reserva. Si la fiscalía y las denunciantes pretenden continuar con ese ocultamiento, deberán justificarlo antes del vencimiento de ese plazo y mostrarle al juez la totalidad de sus declaraciones, marcándole con precisión qué partes pretenden ocultar y por qué.
Tanto Chubut Online como Gerosa Lewis sospechan que en ese material oculto podría haber una revelación que dé cuenta de otros aspectos de la falsedad de la denuncia, de la motivación de las denunciantes, o la presunta comisión de delitos cometidos por terceros desconocidos que las denunciantes pudieran querer ocultar.
Otras pericias en el celular de Bottini.
Bottini también se negaba a entregar los mensajes -esporádicos- que durante años mantuvo con Gerosa Lewis. Bottini acusó en medios de prensa a Gerosa Lewis de tener actitudes hostiles a partir del surgimiento de la causa aonikenk.
Sin embargo, esos mensajes que Bottini se negaba a entregar, probarían que hubo una comunicación cordial entre ambos; incluso que Gerosa la habría invitado a Bottini a la presentación de uno de sus libros en épocas en que la causa aonikenk ya estaba abierta.
El juez dio lugar a que se conozcan las conversaciones entre las partes.
Pedido de informes a Movistar.
El juez actuante también validó el pedido que le realizó el titular de Chubut Online, Juan A. Zuoza, quien solicitó que se investigue si existieron a lo largo de los años vínculos telefónicos entre él y las personas imputadas en la causa aonikenk, ya que, según afirmó Zuoza, no existe vinculo alguno. A tal fin, se solicitará un informe a la empresa Movistar, sobre cuatro líneas telefónicas a su nombre.
Todas las coartadas de las denunciantes están a la deriva.
No existiendo incordialidad histórica entre Gerosa y Bottini; no existiendo ni la más mínima vinculación entre Chubut Online con la causa aonikenk, como así tampoco por parte de Gerosa Lewis; Conociéndose que los mensajes calificados de intimidatorios provenían de un celular de Ricardo Bustos, amigo de Bottini; la denuncia de Bagnato y Bottini se cae a pedazos.
Chubut Online quiere que se investigue a fondo
Desde Chubut Online no hemos solicitado aún, la desestimación de la denuncia; Gerosa Lewis, tampoco. Si bien, están dadas todas las condiciones para hacerlo, queremos que se siga investigando, y que se investigue a fondo, ya que de esa investigación puede surgir la motivación que tuvieron las denunciantes para hacer semejante aberración jurídica con su falsa denuncia.
Por eso, ya que las denunciantes se tomaron el trabajo de redactar una falsa denuncia que ya le está costando muy cara al Estado en recursos varios, pérdidas de tiempo, etc., queremos que las denunciantes dejen de esconder sus cartas y pongan todo sobre la mesa, así el panorama se puede aclarar de una vez por todas.
La sociedad también necesita saber la verdad y cómo se maneja la justicia en esta provincia, que tan cara nos cuesta.
Nota aclaratoria: La información aquí publicada surge enteramente de las audiencias públicas e información difundida con anterioridad, sin violarse de ninguna manera el secreto que rige sobre el legajo fiscal.
22 de septiembre de 2026
Chubut refinancia deudas en mora: 25% TNA y hasta 72 meses
Chubut refinancia deudas en mora de tarjetas de crédito para empleados públicos con 25% de TNA, hasta 72 meses de plazo y un año de gracia. La provincia integra un grupo de 17 jurisdicciones que activaron planes similares ante el avance de la morosidad.
Una posible solución ante situaciones de morosidad.
En un escenario económico que combina inflación, caída del poder adquisitivo y creciente atraso en los pagos, al menos 17 provincias argentinas decidieron avanzar con mecanismos de refinanciación para personas que acumulan deudas en mora. Chubut es una de ellas, y su plan ya está vigente para un sector específico: los empleados públicos con tarjetas de crédito impagas.
La morosidad dejó de ser un dato marginal para transformarse en una preocupación concreta. Si bien los especialistas coinciden en que el fenómeno no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, sí advierten que el crecimiento sostenido de las deudas impagas puede convertirse en una barrera real para acceder al crédito formal. Y ese acceso, en una economía como la argentina, suele ser clave para sostener el consumo, invertir o atravesar momentos de estrechez.
Qué ofrece Chubut a los empleados públicos
El plan provincial está diseñado para empleados públicos que arrastran deudas de tarjetas de crédito. Las condiciones son las siguientes:
- Tasa Nominal Anual (TNA) del 25% durante los primeros 24 meses.
- Plazo total de hasta 72 meses para completar el pago.
- Un año de gracia, es decir, un período inicial sin exigencia de amortización de capital.
Se trata de un esquema que combina una tasa relativamente baja en comparación con las alternativas del mercado y un plazo extenso que permite licuar el peso de las cuotas. El año de gracia funciona como un alivio inicial para quienes necesitan recomponer sus finanzas antes de empezar a pagar.
Un mapa federal de planes de refinanciación
El abanico de alternativas que se desplegó en el país es amplio y heterogéneo. Cada provincia diseñó su propio esquema, con tasas, plazos y beneficiarios distintos. Algunos ejemplos permiten dimensionar la diversidad:
- Buenos Aires: el Banco Provincia refinancia según la antigüedad de la mora.
- CABA: el Banco Ciudad implementó un plan con tasa fija máxima del 35% TNA.
- Chaco: refinanciación de préstamos personales y tarjetas con tasas de entre 35% y 50% TNA.
- Córdoba: alternativas para deudores en determinadas categorías del BCRA, con tasas de hasta 35% TNA.
- Corrientes: tasas diferenciadas para familias y empresas, hasta 12 cuotas.
- Entre Ríos: cuotas de hasta el 40% del sueldo, hasta 60 meses y dos meses de gracia.
- Jujuy: tasas inferiores a las vigentes para empleados públicos con mora menor a 90 días.
- La Pampa: refinanciación de tarjetas con tasas de entre 40% y 49% TNA y hasta 72 meses.
- La Rioja: plan para deudas con 90 días o más de mora en Mastercard del Banco Rioja.
- Mendoza: refinanciación con tasas de hasta 20% TNA y beneficios impositivos.
- Misiones: alternativas para empleados públicos, retirados y pensionados de hasta 60 meses.
- Neuquén: tasas fijas del 35% TNA o alternativas UVA.
- Salta: planes para empleados públicos provinciales y municipales según antigüedad de la mora.
- Santa Cruz: hasta 120 meses para determinados trabajadores y jubilados del sector público.
- Santa Fe: tasas bonificadas y hasta 60 cuotas.
- Tierra del Fuego: esquemas de prevención y regularización con plazos de hasta 72 meses.
La comparación deja en evidencia que Chubut se ubica entre las jurisdicciones con tasas más bajas del lote, junto con Mendoza (20% TNA) y por debajo de la mayoría de los distritos que fijaron pisos del 35% o superiores.
El límite de las soluciones provinciales
Los planes provinciales, sin embargo, tienen un alcance acotado. En la mayoría de los casos están dirigidos a empleados públicos, jubilados o determinados segmentos de deudores, lo que deja afuera a una porción considerable de la población endeudada. Trabajadores informales, monotributistas, autónomos y empleados del sector privado rara vez entran en los esquemas diseñados por los gobiernos provinciales.
Ese límite es el que alimenta el debate sobre la necesidad de una solución de alcance nacional. El Congreso analiza distintas propuestas para abordar el problema de manera integral, y los especialistas sugieren que las iniciativas ya en marcha podrían servir como base para articular una estrategia común.
Qué se propone para una solución nacional
El debate legislativo gira en torno a la posibilidad de sancionar una ley que facilite acuerdos voluntarios entre bancos y personas endeudadas. La idea central no es modificar compulsivamente las condiciones de los préstamos, sino reducir los costos que hoy dificultan la refinanciación.
Entre las alternativas que se discuten aparecen:
- Eliminar o reducir impuestos sobre los créditos destinados a refinanciar deudas, incluyendo el IVA sobre intereses y, eventualmente, Ingresos Brutos y Sellos.
- Facilitar créditos UVA más una tasa de interés moderada como instrumento para refinanciar pasivos en mora.
- Analizar una reducción de encajes para las entidades financieras que destinen los fondos liberados a este tipo de operaciones.
El objetivo declarado es que refinanciar no sea tan caro como entrar en mora, y que el sistema financiero pueda recuperar parte de los créditos otorgados sin recurrir a mecanismos compulsivos que desincentiven el pago.
22 de septiembre de 2026
Mujer atacada por dos dogos en Trelew habló: «En dos segundos me cambió todo»
La víctima del ataque de dos dogos en Trelew relató cómo fue la agresión que le destrozó el brazo izquierdo y cómo continúa su recuperación tras la cirugía. Vecinos ya habían advertido sobre los animales sueltos.
La mujer atacada por dos perros de raza dogo en Trelew, provincia de Chubut, rompió el silencio y contó con crudeza cómo fueron los minutos previos a la agresión que le cambió la vida para siempre. Según su testimonio, caminaba tranquilamente por el barrio cuando se topó con los animales, que se encontraban sueltos y sin ningún tipo de control por parte de sus dueños. Lo que parecía una mañana rutinaria terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que todavía intenta recuperarse.
La víctima explicó que instantes antes había dejado a uno de sus hijos en la escuela y se dirigía de regreso a su casa. Ese día tenía pensado continuar con sus actividades habituales antes de asistir a sus prácticas como estudiante de acompañante terapéutico. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba que jamás imaginó. Al ver a los perros, intentó seguir caminando sin molestarlos, manteniendo la calma y evitando cualquier gesto que pudiera alterar a los animales. «Yo venía caminando, caminaba así y los vi que estaban parados ahí, pero atiné a caminar no más, seguir caminando lenta, obviamente sin molestarlos, porque yo veo un perro y es como que le tengo respeto, no atino a correr ni nada, pero me atacaron», relató con evidente angustia.
Cómo fue la brutal agresión
El ataque fue repentino y violento. La mujer intentó protegerse el rostro utilizando uno de sus brazos, un reflejo instintivo que terminó provocándole una lesión de gravedad extrema cuando uno de los dogos la mordió con fuerza. «Venía uno y me puse el brazo sobre mi cara y el otro me empujó, el otro perro, porque eran dos, y me tiró al piso. En donde me tiró al piso, el brazo que me cubría la cara me destrozó el brazo», narró la víctima, quien aún intenta procesar la magnitud de lo ocurrido.
Como consecuencia del ataque, sufrió una lesión severa en el brazo izquierdo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente continúa bajo tratamiento médico y deberá atravesar un largo proceso de recuperación para determinar cómo evolucionará la zona afectada. «Sí, el brazo izquierdo que me rompió el músculo y obviamente después me tuvieron que operar cuando me llevaron al hospital. Y después tengo control y no sé cómo irá a quedar, esperemos que sí, pero bueno, es todo un proceso. Ahora todo me cambió, en dos segundos me cambió todo», expresó con dolor.
La mujer también contó que las consecuencias no terminaron con la operación. El dolor persiste y la medicación se convirtió en parte de su rutina diaria. «Aparte el dolor que se siente después de esto, el dolor que queda en las partes afectadas, porque no es que yo salí del hospital, me operaron y ya está. No, esto me duele, estoy con medicación, pero es todo un procedimiento nuevo que tengo que seguir debido a esto», señaló.
Las advertencias que nadie escuchó
Uno de los puntos más alarmantes del relato es que los vecinos ya habían advertido en múltiples oportunidades sobre la presencia de estos perros sueltos en el sector. Según contó la víctima, los animales eran vistos con frecuencia circulando sin sus responsables, lo que generaba temor entre los residentes de la zona. «Sí, dos por tres andaban sueltos y es como que varias personas, varios vecinos incluso habían advertido a los dueños que por lo menos le pongan un bozal o no sé, que le pongan una soga, porque no podían andar sueltos, porque es como solamente en esa cuadra pasan niños, gente muy adulta a veces, porque tenemos una verdulería cerca y es muy concurrida, y va la mayoría que va a comprar a la verdulería son gente grande. Entonces como que se le había advertido al dueño que más o menos o los deje en su casa o si salen que le pongan un bozal, un collar», detalló.
A pesar de las reiteradas advertencias, nada se hizo para prevenir el ataque. La situación se tornó insostenible y terminó en una tragedia que pudo haberse evitado con una tenencia responsable de los animales.
El pedido de auxilio y la ayuda de los vecinos
Durante el ataque, el pedido de auxilio de la mujer fue escuchado por una vecina que se encontraba descansando en su vivienda. Junto con otro vecino, lograron apartar a los animales y luego dieron aviso a su marido. «Lo único que recuerdo que grité, yo grité despacito, va, a lo que me salía, porque con los nervios tampoco me salió un grito fuerte. Y esa calle es como que algunos vecinos están trabajando, porque acá nos conocemos los vecinos y hoy más o menos todos sabemos las actividades de cada uno. Esa calle es como que a la mañana son dos o tres personas que están o las otras no sé, o están en su casa o están en sus actividades. Y decí que me escuchó una vecina que estaba durmiendo, hay un vecino también que gracias a Dios ellos fueron los que me sacaron los perros de encima», rememoró con gratitud hacia quienes le tendieron la mano en un momento crítico.
Tras el pedido de auxilio, llegaron al lugar la ambulancia y la Policía, y la mujer fue trasladada de inmediato para recibir atención médica especializada. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue fundamental para estabilizar su condición.
Denuncia y situación de los animales
La víctima confirmó que ya realizó las denuncias correspondientes y que aguarda ahora los próximos pasos del procedimiento judicial. «Sí, sí, ya están todas las denuncias correspondientes, ya en eso estoy tranquila porque ya hicimos todo lo que teníamos que más o menos hacer. Así que bueno, ahora estoy esperando bueno, que después me digan qué paso sigo, pero en eso ya estoy tranquila», manifestó.
Según su relato, los animales ya no se encontrarían en el lugar donde ocurrió el ataque. También señaló que la responsable habría concurrido una sola vez y que, de acuerdo con su recuerdo, reclamaba que le devolvieran los perros. Esta situación genera indignación entre los vecinos, quienes consideran que la prioridad debería ser la recuperación de la víctima y no la devolución de los animales que causaron semejante daño.
Un llamado a la responsabilidad
El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos en Trelew y en toda la provincia de Chubut. La falta de acciones concretas por parte de los dueños y la ausencia de respuestas efectivas ante las advertencias vecinales son factores que contribuyeron a esta tragedia. La mujer continúa con controles y medicación mientras atraviesa la recuperación de las heridas sufridas durante el ataque, con la esperanza de que su caso sirva para que ninguna otra persona pase por lo mismo.
La historia de esta vecina de Trelew es un recordatorio doloroso de que la tenencia responsable de mascotas no es solo una obligación legal, sino un deber moral con la comunidad. Los perros, sin importar su raza, necesitan cuidados, control y supervisión. Cuando eso falla, las consecuencias pueden ser devastadoras.
22 de septiembre de 2026
Positivo canje de deuda: Gobierno despeja 75% de bono dólar linked y alivia el fixing
El Gobierno canjeó el 75% de la letra D30S6 atada al dólar y despejó USD 3.332 millones antes del fixing. La operación reduce vencimientos, baja la tensión cambiaria de fin de mes y mejora las expectativas financieras en Argentina, con lectura atenta en Chubut.
La tensión cambiaria que suele aparecer cuando se acerca el llamado fixing de fin de mes encontró esta semana una respuesta concreta. A través de un canje de bonos atados a la evolución del dólar, el Gobierno retiró del mercado el 75,02% de la Letra D30S6, un instrumento que vencía el 30 de septiembre y cuyo pago dependía del tipo de cambio oficial que se defina el viernes.
El dato central es contundente: se canjearon USD 3.332 millones. La adhesión fue alta. Se recibieron ofertas por USD 3.591 millones, aunque la adjudicación final fue de USD 3.332 millones. Con eso, el Tesoro reemplazó una parte importante de la D30S6 por otros instrumentos atados al dólar con vencimientos posteriores. La medida apunta a despejar uno de los focos habituales de presión sobre el mercado cambiario.
Qué es el fixing y por qué importa
El fixing es la fecha en la que se fija el tipo de cambio oficial mayorista que se toma como referencia para calcular cuánto deben pagar los bonos atados a la evolución del dólar. Cuando se acerca ese día y hay un volumen elevado de títulos por vencer, aumenta la atención sobre la cotización que se usará para el pago. Si el tipo de cambio de referencia es más alto, mayor será el monto que recibirán los tenedores al vencimiento.
Por eso, el canje buscó reducir la cantidad de inversores que quedarán pendientes del valor que se fije el viernes. Al retirar el 75% de la D30S6, el Gobierno bajó de manera marcada el monto expuesto al próximo fixing. El valor nominal remanente de la D30S6 sería de USD 1.098 millones al 25 de septiembre, una cifra menor a la de anteriores fechas de fijación del tipo de cambio.
Los tenedores optaron por tres títulos
La mayor adhesión se concentró en la letra con vencimiento el 30 de octubre, la D30O6, que recibió USD 2.419 millones, equivalente al 72,6% del total adjudicado. La segunda alternativa fue la D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, que captó USD 843 millones. El resto, USD 70 millones, fue al TZV28, un bono con vencimiento en junio de 2028.
La inclusión de esa opción más larga, además de las dos letras de corto plazo, contribuyó a ampliar la participación. El resultado quedó muy por encima del 35% registrado en la última conversión de un título similar. En comparaciones previas, la D31G6 había tenido una adhesión de 34,1%, la D31L6 de 45,2% y la TZV26 de 57,8%.
Impacto en el Tesoro y en la licitación de fin de mes
El canje no solo impacta sobre el tipo de cambio de referencia. También alivia los compromisos que el Tesoro deberá afrontar el 30 de septiembre, fecha de la próxima licitación de deuda en pesos. Los vencimientos de ese día ascienden ahora a 8,6 billones de pesos. La mayor parte corresponde a la S30S6, con 5,6 billones de pesos, seguida por la X30S6, con 1,3 billones, y la D30S6, con 1,6 billones de pesos.
Con la conversión, el vencimiento total bajaría de 13,3 billones de pesos a unos 8,4 billones. La operación deja una menor cantidad de bonos atados al dólar por vencer en torno al fixing del viernes y reduce el peso de la D30S6 dentro de los pagos que el Tesoro deberá refinanciar en la subasta de fin de mes.
Lectura para Chubut: previsibilidad y expectativas
Aunque se trata de una operación de deuda nacional, sus efectos se sienten en las expectativas financieras de todo el país. En Chubut, provincia con sectores ligados a hidrocarburos, pesca, aluminio, turismo, comercio y economías regionales, una menor tensión cambiaria ayuda a planificar costos, inversiones y precios.
No significa que la provincia reciba fondos directos por este canje. Sin embargo, sí influye en el clima económico que observan empresas, comercios, pymes y ahorristas chubutenses. El fixing era una señal a seguir de cerca. Menor incertidumbre cambiaria puede traducirse en mayor previsibilidad para la actividad productiva y para el consumo.
La evolución del dólar oficial seguirá influyendo en insumos importados, viajes, turismo, costos logísticos y expectativas de inversión. Para Chubut, como para el resto de Argentina, una fecha clave llega con algo menos de presión, aunque la atención del mercado no desaparece.
Qué sigue para el mercado
El viernes se conocerá el tipo de cambio de referencia que se usará para el pago de los bonos dólar linked. Luego, el 30 de septiembre, el Tesoro enfrentará la licitación de deuda en pesos. El canje deja menos bonos atados al dólar por vencer en torno al fixing y reduce el peso de la D30S6 en los compromisos de fin de mes.
Aun así, persisten desafíos de refinanciamiento y la necesidad de sostener orden fiscal y financiamiento. La operación es una muy buena noticia porque despeja un foco de tensión cambiaria, pero no elimina por completo los interrogantes sobre la deuda de corto plazo.
En síntesis:
El Gobierno logró canjear el 75% de un bono dólar linked, redujo USD 3.332 millones de vencimientos y bajó la tensión antes del fixing. Para el mercado, es una señal de mejor manejo de la deuda de corto plazo. Para Chubut y el resto del país, implica mirar con algo más de calma una fecha clave, aunque la atención seguirá puesta en el dólar oficial y en la próxima licitación.
22 de septiembre de 2026
Llegan seis F-16 a Argentina: el segundo lote ya cruza el Atlántico hacia Río Cuarto
Seis nuevos cazas F-16 de la Fuerza Aérea Argentina ya están en camino desde Dinamarca hacia el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. La operación, que suma 12 aeronaves incorporadas al país y podría completar los 24 aviones antes de fin de 2027, incluye escalas en España, Islas Canarias y Brasil, con reabastecimiento en vuelo sobre el Atlántico a cargo de aviones cisterna de Estados Unidos.
La segunda tanda de aviones de combate F-16 Fighting Falcon despegó este martes desde la Base Aérea de Skrydstrup, en la península de Jutlandia, Dinamarca. El grupo está integrado por cuatro monoplazas F-16AM y dos biplazas F-16BM, que arribarán al país entre el sábado 26 y el domingo 28 de septiembre si las condiciones climáticas acompañan. Con esta entrega, la Argentina alcanza la mitad de los 24 cazas adquiridos al Reino de Dinamarca, en el marco del programa Peace Condor, que busca recuperar la capacidad supersónica de defensa aérea prácticamente perdida desde el retiro de los Mirage en 2015.
El vuelo ferry, como se denomina a este tipo de traslado entre puntos distantes, no constituye una misión militar ni un ejercicio de combate. Durante la travesía, los F-16 mantienen velocidades y altitudes cercanas a las de un vuelo comercial, lo que permite a las tripulaciones practicar el reabastecimiento de combustible en vuelo, una maniobra esencial para cubrir distancias extensas que los cazas no suelen afrontar en sus operaciones habituales.
La ruta del segundo lote replica el esquema empleado en diciembre de 2025, cuando llegaron los primeros seis aviones. La formación realizó una escala breve en Zaragoza, España, y continuó hacia Gando, en Gran Canaria. Desde allí, los cazas seguirán hasta Natal, en el norte de Brasil, donde las autoridades brasileñas autorizaron el ingreso de las aeronaves argentinas a su territorio y la habilitación de un puesto aduanero militar para recibir a la escuadrilla antes del último tramo hacia Córdoba.
El tramo entre Gando y Natal concentra la etapa más exigente de la travesía. Tres aviones cisterna KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se integrarán a la formación en Canarias y abastecerán de combustible a los F-16 durante el cruce del Atlántico. Los cazas no tienen autonomía suficiente para cubrir esa distancia sin asistencia aérea, por lo que la operación requiere una coordinación precisa entre los aviones de combate, los cisternas estadounidenses y las aeronaves argentinas de apoyo.
Los F-16 viajan acompañados por un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, que transporta técnicos, mecánicos, repuestos críticos e insumos de taller. También participa el KC-130H TC-69 Puerto Argentino, destinado al respaldo logístico y a tareas de búsqueda y rescate ante eventuales contingencias. El Boeing T-99 se convierte además en la referencia pública del recorrido, ya que los F-16 no tendrán activado el transpondedor y no podrán ser seguidos en plataformas abiertas de rastreo aéreo como Flightradar. Durante el vuelo hacia Canarias, la aeronave de apoyo registró una velocidad de crucero de 796 km/h y una altitud cercana a los 11.600 metros.
La cobertura de seguimiento puede ser incompleta durante el cruce oceánico, debido a que algunos sectores del Atlántico no cuentan con señal suficiente para mostrar la ubicación precisa de los aviones argentinos durante toda la ruta. Durante una transferencia anterior, cazas Gripen de la Fuerza Aérea Brasileña acompañaron en formación a los aviones argentinos sobre territorio brasileño, aunque el analista Andrei Serbin Pont no confirmó que ese acompañamiento vuelva a producirse en esta oportunidad.
Río Cuarto recibirá a las seis aeronaves tras la escala en Natal y funcionará como base temporal mientras avanzan las obras de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que será la base permanente de la flota en tiempos de paz. En Tandil ya se inauguró el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves (CICMA) F-16, un pilar estratégico para garantizar la autosuficiencia en el sostenimiento de la nueva flota. La empresa estadounidense Top Aces lleva adelante el entrenamiento de pilotos y técnicos, con instructores que acumulan más de 2.300 horas de vuelo en F-16, para que la Fuerza Aérea Argentina alcance la plena capacidad operativa del sistema de armas.
El adelanto del segundo lote, originalmente previsto para diciembre, responde a una decisión estratégica que podría replicarse con los dos grupos restantes. Según anticipó el analista Andrei Serbin Pont, los lotes pendientes podrían concentrarse durante 2027, lo que permitiría a la Argentina completar la incorporación de 24 F-16 operativos antes de finalizar ese año. El plan original contemplaba una entrega posterior y otra a comienzos de 2028.
El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Valverde, destacó la magnitud del hito: «Este nuevo lote de aeronaves nos permite acelerar de manera considerable los plazos de adiestramiento de nuestros pilotos y técnicos en el sistema F-16». Valverde enfatizó que la incorporación va más allá de la llegada material de las máquinas: «No se trata simplemente de recibir aviones, sino de estructurar todo el ecosistema operativo que nos conducirá a la Capacidad Operativa Inicial para defender la soberanía de nuestro cielo».
El programa Peace Condor, que enmarca la incorporación de los F-16, contempla una serie de etapas que incluyen la firma de contratos, la recepción de una unidad de entrenamiento terrestre —presentada en febrero de 2025 en Tandil—, la puesta a punto de las instalaciones en Río Cuarto y Tandil, y la formación de pilotos y personal técnico bajo los mismos estándares que reciben las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo. La Fuerza Aérea Argentina ya inició sus operaciones de vuelo con los F-16AM en Río Cuarto en marzo de 2026, marcando un nuevo hito en la evolución de la defensa aeroespacial del país.
La llegada del segundo lote de F-16 no solo refuerza la capacidad disuasoria de la Argentina, sino que también consolida una cooperación bilateral con Estados Unidos y Dinamarca que se extiende al ámbito logístico, técnico y de entrenamiento. El Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, ratificó que las aeronaves serán destinadas a las unidades operativas asignadas para su puesta en servicio una vez que aterricen en suelo argentino.
22 de septiembre de 2026
Feriado Nacional 9 de Noviembre: Todo sobre la Visita del Papa León XIV a Argentina
El Gobierno confirmó feriado nacional para el 9 de noviembre por la visita del Papa León XIV. El Sumo Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján en una gira histórica de cuatro días que incluye misas multitudinarias y encuentros institucionales.
La espera terminó para los fieles argentinos. Tras una cumbre encabezada por la Secretaría General de la Presidencia, se oficializó el cronograma y las medidas operativas para la visita apostólica del Papa León XIV al país. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien detalló que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, permitiendo así que miles de ciudadanos puedan participar de las actividades previstas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un Operativo Interjurisdiccional e Institucional
El anuncio se realizó tras una reunión clave en la que participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Karina Milei, quien lideró el encuentro, destacó el espíritu de colaboración entre las distintas fuerzas políticas: «El Papa es para todos los argentinos. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones».
En este marco, se definió que el martes 10 de noviembre será jornada especial en Córdoba y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires, adaptando la actividad administrativa y laboral a la presencia del Sumo Pontífice en cada distrito.
Agenda Oficial: Día por Día de la Visita Papal
El itinerario de León XIV es intenso y abarca cuatro días de actividades pastorales y protocolares.
Domingo 8 de noviembre (Llegada y Recepción Oficial)
El avión papal aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Montevideo. La primera actividad oficial será a las 17:00 con una visita al Monumento al General San Martín en Plaza San Martín. Posteriormente, el Papa se dirigirá a la Casa Rosada para un encuentro privado con el presidente de la Nación. La jornada culminará a las 18:30 con una reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Ese mismo día, por la tarde, se realizará un acto institucional con la presencia de los 24 gobernadores provinciales y legisladores nacionales.
Lunes 9 de noviembre (Feriado Nacional – Buenos Aires)
La jornada central comenzará temprano con la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde saludará al personal y a las personas asistidas. A las 11:30, el evento principal: una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. Por la tarde, León XIV se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Martes 10 de noviembre (Córdoba)
El Pontífice despegará a las 7:30 rumbo a Córdoba. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, se reunirá con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Miércoles 11 de noviembre (Luján y Despedida)
El último día iniciará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00, el Papa presidirá la misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida será a las 13:30 en el Aeropuerto de Ezeiza, partiendo luego hacia Lima, Perú.
Voluntariado y Financiamiento: Cómo Participar
Para garantizar el éxito de los eventos masivos, las autoridades eclesiásticas hicieron un llamado urgente a la solidaridad. El arzobispo Jorge García Cuerva informó que se necesitan 20.000 voluntarios para tareas de logística y apoyo a los peregrinos. «Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse», afirmó.
Aquellos que se registren como voluntarios a través de la plataforma oficial del Episcopado contarán con un beneficio clave: pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de la visita, facilitando su traslado por la ciudad.
En cuanto a los costos, se estableció que cada jurisdicción (Nación, CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba) asumirá la partida presupuestaria de los eventos que se desarrollen en su territorio, evitando que el gasto recaiga exclusivamente en las arcas nacionales.
22 de septiembre de 2026
INSÓLITO: El marido de la fiscal Bottini quiere censurar a Chubut Online con carta documento.
En la mañana de hoy, recibimos una insólita carta documento suscripta por el marido de la fiscal jefe María Bottini, el contador Juan Martín Sandoval Martínez, en un intento por censurar la libertad de prensa y libertad de expresión que amparan a este medio.
*Opinión, por Juan A. Zuoza
Por esas casualidades de la vida, pasé por las oficinas del Correo Argentino de la ciudad de Esquel y me enteré que había una carta documento aguardándome en ese lugar. Lógicamente, la carta nunca me iba a llegar porque el remitente ni siquiera supo escribir correctamente la dirección postal. No obstante, como hombre de bien que soy, decidí recibir la CD, imaginándome quién podría ser el flamante intelectual que haría una cosa así, habida cuenta de que la semana pasada este mismo personaje le envió una CD a una colega de otro medio, la señora María Elena Paggi.
Renglón más, renglón menos, es una suerte de copy-paste sin tecnicismo legal alguno, por lo que, si fue redactado por un abogado, me permito aconsejarle que busque uno mejor.
El señor Martín Sandoval, el mismo del escándalo con “La Chechu” Otárola; el mismo del escándalo con “la masajista”; el mismo del escándalo con “el geriátrico del terror”; el mismo que puso a su nombre un vehículo del geriátrico y lo inscribió como “soltero”, ocultando los bienes de la sociedad conyugal; el mismo de los mensajes que ventilaban cuestiones judiciales graves; el mismo que se jactaba de manejar a su antojo la justicia penal y de tener un “monje negro” en el Superior tribunal de justicia; el mismo que fue funcionario público y que ya estaba repartiendo boletas digitales con su imagen para candidatearse a concejal de Esquel; el mismo que… tantas cosas…
Bueno, ese mismo es el que puso el grito en el cielo en la carta documento para salvaguardar su “honor, reputación, dignidad imagen y buen nombre” intimando a Chubut Online a que se retracte de todas las publicaciones, las retire de internet, y realice una serie de peripecias algorítmicas de imposible cumplimiento para que la retractación llegue a cada uno de los lectores que leyeron los artículos en donde se lo menciona. Fueron decenas de miles, Martincito… No way!
Desde Chubut Online estamos por organizar una “vaquita” para comprarle al Sr. Martín Sandoval una silla muy cómoda para que pueda esperar tranquilo.
Parece que el ejercicio del periodismo no le sienta bien al remitente; especialmente cuando se ponen en evidencia graves irregularidades que debieran ser investigadas por la fiscalía. Pero bueno, ya sabemos quiénes están en la fiscalía. Todo es un mar de engranajes cuando se trata de investigar a personas fuertemente vinculadas con el Poder Judicial. Igualmente, estamos dotados de paciencia. ¡Gracias, Confucio!
En estos momentos, estamos analizando si le respondemos la CD. El correo nos queda lejos y nuestro presupuesto no es el mismo con el que cuenta un marido de una fiscal o el de un contador que cobra decenas de millones de «honorarios» por parte de un geriátrico de mala muerte, pagados mediante transferencia de un vehículo casi 0km.
Somos un medio pobre, leído por decenas de miles de chubutenses, por todo el Poder Judicial y por todo el Poder Político de la provincia y de mucho más allá, también. Somos sólo eso. Su esposa y el amigote de su esposa dijeron que no nos lee nadie, así que no se preocupe, señor remitente.
Y como evidenciamos que el señor Martín Sandoval también es un fiel lector de Chubut Online, quizás nos ahorremos la plata que cuesta una CD, o nos la gastemos en tortas fritas para esperar, mate en mano, el próximo capítulo de esta telenovela bizarra tercermundista en la que está en juego nada menos que la justicia de toda una provincia.
Por último, y por si no le quedó claro, no sólo no vamos a borrar un sólo artículo periodístico de nuestro portal, sino que publicaremos todo lo que consideremos que tenga valor periodístico. Y si el señor Martín Sandoval forma parte de esas noticias, seguiremos haciendo nuestro trabajo bajo el amparo de la Ley y de los derechos que nos asisten, tal como siempre lo hemos hecho, aunque al ofendido no le guste.
PD: Quizás le pidamos consejos a Torta Frita & Champagne sobre qué hacer con la carta documento.
Bye!
21 de septiembre de 2026
Falsa denuncia de Bottini y Bagnato: Se realizó audiencia a pedido de Gerosa Lewis.
A pedido del Dr. Ricardo Gerosa Lewis, se realizó una audiencia en los tribunales de Esquel, en el marco de la falsa denuncia que radicaron la fiscal jefe María Bottini y la Procuradora Cecilia Bagnato por presuntas amenazas.
La audiencia fue de carácter público, abierta a medios de prensa. Estuvieron presentes el abogado convocante, abogados de la matrícula, el titular de Chubut Online, Juan Zuoza, el medio Noticias de Esquel, y en forma virtual las Dras. Bottini y Bagnato, el fiscal Lucas Papini, y la Dra. Betina Feld. La audiencia fue llevada a cabo por el juez de garantías Dr. Martín O’Connor.
Qué se pidió en la audiencia.
El abogado Gerosa Lewis solicitó al juez que se ponga a disposición de las partes la totalidad de las actuaciones investigativas, las cuales estarían incompletas, según surgió de los datos aportados en la audiencia.
Asimismo, pidió medidas de prueba en torno a los supuestos mensajes intimidatorios o amenazantes que dieron origen a esta falsa denuncia, los cuales, según lo expuesto en la audiencia pública, y según lo había anticipado semanas atrás Chubut Online mediante una investigación independiente, serían de autoría de Ricardo Bustos, íntimo amigo de la fiscal Bottini.
Sin Imputados.
Si bien, en términos muy generales, se utiliza el término “imputado” para referirse a cualquier persona señalada en una denuncia, ninguna persona fue formalmente imputada ni se solicitó hasta el momento la apertura de la investigación.
Es más: atento a lo expuesto en la audiencia, no habría ni el más mínimo elemento que pudiera dar origen a una imputación de las personas señaladas en la denuncia de Bottini y Bagnato.
La palabra del titular de Chubut Online
El titular de Chubut Online, Juan Zuoza, hizo uso de la palabra en reiteradas oportunidades. El juez de garantías le señaló que no tenía ninguna obligación de declarar ni de responder preguntas. No obstante, Zuoza le manifestó al juez actuante y a los presentes, que no tenía ningún problema en responder cualquier pregunta que se le hiciera, porque no tenía absolutamente nada que ocultar y que la transparencia de la investigación lo beneficiaría, ya que también entiende que se trata de una falsa denuncia. Señaló, además, una de sus hipótesis sobre las motivaciones que las funcionarias podrían haber tenido para haber radicado su falsa denuncia. Esa hipótesis, las vincularía a otra causa… la del caso Petris…
Sobre la difusión de información del legajo.
En el marco de la audiencia el fiscal Papini señaló que Chubut Online había publicado información vinculada al legajo fiscal. Hizo mención a nuestro artículo periodístico del día 26 de agosto de 2026 en donde publicamos que el autor de los mensajes intimidatorios que Bottini dijo recibir provenían de un celular de Ricardo Bustos.
Sin embargo, el titular de Chubut Online aclaró contundentemente que la nota del 26 de agosto fue publicada una semana antes de haber tenido acceso al legajo fiscal. El propio MPF fue quien le dio acceso al titular de Chubut Online a esa parte del legajo, una semana después de haber sido publicada la noticia.
Chubut Online no extrajo esa información del legajo ni de ninguna de las personas con acceso al mismo. Si bien este medio no tiene obligación alguna (por expresas garantías constitucionales) de brindar la fuente de información de donde provinieron esos datos, para tranquilidad de las partes, se aclara que Chubut Online la obtuvo de manera independiente, de círculos vinculados a los presuntos protagonistas de todas estas maniobras, que se jactan a viva voz de cómo las hacen.
Asimismo, el titular de Chubut Online señaló que, si de filtraciones se trata, también debieran investigarse filtraciones de información que ocurrirían bajo la jefatura de Bottini, especialmente hacia su amigo Bustos, que habría obtenido copia de esta denuncia, sin dejarse registro en los legajos y sin presentación previa de nota formal alguna.
Una denuncia sin fundamentos.
Según la información surgida de la audiencia, nada de lo denunciado se correspondería con la realidad de los hechos.
Sin embargo, un dato clave es que ni Zuoza ni Gerosa pidieron formalmente en la audiencia la desestimación de la denuncia. Es que pretenden que se siga investigando y que la investigación llegue a fondo, para que se vislumbren los motivos y el trasfondo del accionar de las denunciantes. Por eso, justamente, Gerosa Lewis pidió la realización de esas medidas de prueba y las reclamó en la audiencia.
Ambos, inclusive, manifestaron que eran los más interesados en que todo se aclare y que cada uno de los involucrados debía hacerse responsable de lo que hubiera hecho, de sus actos y de sus consecuencias.
La desesperación de Bustos.
Bustos aparece claramente desesperado en este esquema en el que quedó expuesta la manera en la que se maneja, y la vinculación que mantiene con la fiscal jefe.
La autoría de sus mensajes, calificados de intimidantes por Bottini, y que dieran origen a la falsa denuncia, se suman a mensajes intimidantes que, a través de un celular con característica de la provincia de Buenos Aires con la imagen del propio hijo de Bustos, recibió el titular de Chubut Online en su celular privado. Esos mensajes ya fueron enviados a la justicia, en el marco de otra investigación.
A pesar de las publicaciones que realiza esta persona y las aseveraciones que manifiesta en su radio, la realidad lo choca de frente y dice otra cosa: No hay apertura de la investigación formalizada, la audiencia fue pedida por Gerosa Lewis, y la verdad parece estar saliendo a la luz.
20 de septiembre de 2026
TixGo!, la plataforma chubutense que busca transformar la promoción turística.
TixGo! es una red de prestadores turísticos creada en Trevelin con el objetivo de responder a un problema frecuente en los destinos: muchos emprendimientos realizan un gran esfuerzo para promocionarse, pero trabajan de manera aislada y no siempre logran llegar a los turistas que ya se encuentran en la zona.
enlace a TixGo!: https://tixgo.ar/guia
El proyecto, desarrollado en Trevelin, fue seleccionado para participar de la segunda instancia del Concurso Nacional Soluciones Innovadoras, organizado por Fundación Empretec y Banco Nación. La plataforma conecta a prestadores turísticos para aumentar su visibilidad y favorecer la circulación de visitantes dentro del destino.
A esto se suma que la información sobre actividades, comercios y servicios suele estar dispersa, lo que dificulta que los visitantes conozcan todo lo que pueden hacer durante su estadía. Como resultado, la demanda tiende a concentrarse en los atractivos más conocidos, mientras otras propuestas permanecen fuera del recorrido turístico.
Frente a esta situación, TixGo! propone convertir cada consumo en una nueva oportunidad para descubrir el destino. A través de una ticketera digital, el turista recibe un beneficio para utilizar en otro prestador de la red. De esta manera, los emprendimientos se recomiendan entre sí de forma automática y cada punto de atención se transforma en una puerta de entrada hacia nuevas experiencias.
La plataforma también permite medir los resultados de esta circulación: cuántos tickets se emiten, cuántos se utilizan y cuántas personas llegan a cada establecimiento a través de la red. Así, los prestadores pueden conocer el impacto concreto de su participación y acceder a información útil para tomar decisiones.
TixGo! apunta especialmente a pequeños y medianos emprendimientos turísticos que necesitan ampliar su visibilidad sin depender exclusivamente de sus propias redes sociales o de acciones publicitarias individuales.
Actualmente, el proyecto se encuentra dando un nuevo paso en su desarrollo: fue seleccionado para participar de la segunda instancia del Concurso Nacional Soluciones Innovadoras, impulsado por Fundación Empretec y Banco Nación.
Este reconocimiento permite que una iniciativa nacida en la cordillera chubutense continúe avanzando en un espacio de alcance nacional, con una propuesta que integra tecnología, cooperación entre prestadores y desarrollo turístico local.
Desde Trevelin, TixGo! busca demostrar que la innovación también consiste en generar nuevas formas de trabajar en conjunto para distribuir mejor las oportunidades dentro de un destino.
20 de septiembre de 2026
ALLANARON MANSIÓN DEL JUEZ PETRIS EN ESQUEL POR INVESTIGACIÓN DE CHUBUT ONLINE
En el día de hoy, viernes 18 de septiembre se están realizando allanamientos en domicilios varios de propiedades del juez de Cámara Claudio Petris, en el marco de la investigación penal llevada a cabo tras la investigación de Chubut Online en relación a serias y graves irregularidades en torno al juez. (hacé click y conocé los detalles)
Los allanamientos fueron realizados tras el pedido del fiscal Cristian Olazábal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la investigación penal.
En Esquel se allanaron cuatro propiedades, incluyendo la mansión que el juez posee en el barrio de Villa Ayelén, de un lujo descomunal.
En diálogo con Chubut Online el fiscal afirmó que los resultados serían positivos, aunque los detalles se encuentran bajo secreto de sumario.
También se llevaron a cabo procedimientos en la Ciudad de Puerto Madryn en el marco de la misma investigación.
Habría una presunción de enriquecimiento ilícito.
Noticia en elaboración.
AMPLIAREMOS.
18 de septiembre de 2026
Ley de Defensa de la Soberanía: penas de 20 años, derribo y multas por Malvinas
El Gobierno envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto que reforma el sistema de seguridad con penas de hasta 20 años y régimen de derribo. La iniciativa, que nació vinculada al conflicto por las Islas Malvinas y la explotación petrolera en el Atlántico Sur, terminó convirtiéndose en una reforma integral del sistema de seguridad y defensa argentino.
El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales, crea un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades, incorpora un régimen de derribo, regula el empleo de la fuerza sobre embarcaciones y redefine conceptos centrales como los de Defensa Nacional y Seguridad Nacional. La fundamentación oficial sostiene que la Seguridad Nacional no puede ser administrada mediante organismos que actúen de manera aislada y afirma que existen «herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe». A partir de esa premisa, el Gobierno propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica en una conducción común.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo. En su elaboración participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal y el canciller Quirno, mientras que Presti realizó aportes específicos sobre los capítulos vinculados con las Fuerzas Armadas y las capacidades militares.
Malvinas y un régimen ampliado para proteger los recursos naturales
El primer título de la ley está dedicado a Malvinas y a los recursos naturales. El proyecto reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y establece que cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables en esos territorios, sus espacios marítimos circundantes o la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades argentinas.
El cambio es significativo respecto de la Ley 26.659, que será derogada si se aprueba el proyecto. El régimen actual está concentrado fundamentalmente en actividades hidrocarburíferas. El nuevo texto extiende las prohibiciones a todos los recursos naturales, incluidos los renovables, con impacto directo sobre la pesca. Además, la responsabilidad deja de limitarse a la empresa que desarrolla directamente la actividad. También quedan alcanzadas las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para el proyecto, así como socios, accionistas, participantes directos y controlantes de las compañías involucradas. La lógica es abarcar la cadena completa que hace posible una explotación no autorizada: desde quien extrae petróleo o pesca hasta quienes financian, controlan o prestan servicios indispensables para la operación.
Multas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años
El régimen administrativo contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones y la posibilidad de inhabilitar al infractor por un período de entre cinco y 20 años. La inhabilitación implica mucho más que impedir una actividad puntual. Puede derivar en la prohibición de desarrollar actividades económicas en la Argentina, la revocación de permisos, el cese de exenciones o facilidades fiscales y previsionales, y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en territorio argentino. También se impide que organismos públicos nacionales, provincias, municipios y empresas o personas establecidas en el país contraten con quienes hayan sido incorporados al registro de sancionados.
El capítulo penal prevé penas de entre cinco y siete años de prisión para la prestación consciente de bienes o servicios indispensables para esas operaciones; de entre 12 y 15 años para la prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización; y de entre 12 y 20 años para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. La extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos puede ser castigada con 15 a 20 años de cárcel. Para las personas jurídicas se contemplan, entre otras consecuencias, suspensiones para contratar con el Estado o desarrollar actividades por hasta 30 años, revocaciones de permisos y, en determinadas condiciones extremas, la disolución de la sociedad. El proyecto incluye además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia a esos delitos.
Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades
Uno de los cambios institucionales centrales es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional. Será presidido por el Presidente de la Nación. Como miembros permanentes estarán también el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica. El Presidente podrá convocar a otros funcionarios o especialistas cuando la cuestión analizada lo requiera.
El organismo elaborará la Política de Seguridad Nacional y coordinará su ejecución. Defensa deberá presentar su Política de Defensa Nacional; Economía, una Política Económica de Seguridad Nacional; Cancillería, una Política Diplomática de Seguridad Nacional; y la SIDE, la Política de Inteligencia Nacional. Todos esos documentos quedarán sometidos a los lineamientos definidos por el Consejo. También tendrá amplias facultades para exigir información y asistencia a cualquier organismo del Sector Público Nacional y podrá requerir cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto busca que decisiones que actualmente pueden estar distribuidas entre distintos ministerios pasen a formar parte de una estrategia común dirigida desde la Presidencia.
Bloqueo de activos y aranceles de hasta 75% frente a amenazas externas
El Consejo tendrá además herramientas económicas concretas. Cuando considere acreditada la existencia de un riesgo o amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional, podrá adoptar medidas incluso antes de iniciar formalmente un procedimiento administrativo sancionatorio. Entre ellas aparecen la restricción temporal de operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios; limitaciones a importaciones o exportaciones; suspensión de permisos, concesiones y contrataciones; restricciones para acceder a créditos, subsidios y beneficios fiscales; e inmovilización o bloqueo de fondos y otros activos bajo jurisdicción argentina.
El instrumento más novedoso permite aumentar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un techo del 75%. La herramienta introduce en el sistema argentino una lógica que tiene puntos de contacto con mecanismos utilizados por Donald Trump en Estados Unidos: emplear la política comercial y los aranceles como instrumentos vinculados con objetivos de seguridad nacional.
El regreso del régimen de derribo
El proyecto establece un procedimiento secuencial para intervenir frente a aeronaves irregulares u hostiles. Primero deberá identificarse el avión o vector. Luego podrá ser declarado Tránsito Aéreo Irregular y recibir advertencias y órdenes. Si persiste en una conducta considerada hostil, el comandante operacional podrá declararlo Tránsito Aéreo Hostil. El escalón siguiente permite una demostración de fuerza mediante medios militares, que incluso podrá incorporar fuego no dirigido contra la aeronave con una finalidad exclusivamente intimidatoria.
Finalmente aparece el uso de la fuerza como «acción de último recurso». Para aplicar medidas coercitivas destinadas a impedir la continuación del vuelo será necesaria una orden expresa e inequívoca del Presidente, aunque el jefe del Estado podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa. El Consejo de Seguridad Nacional deberá asesorar a quien adopte la decisión. La Argentina ya tuvo una normativa permanente de derribo. Mauricio Macri aprobó en 2016 las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya RPA 004 autorizaba expresamente el uso de la fuerza para el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles. En marzo de 2023, Alberto Fernández derogó esa regla. Su decreto señaló que el régimen había adquirido carácter permanente después del G20 de 2018 y consideró innecesario y «excesivamente punitivo» conservar determinadas disposiciones. Milei busca ahora restablecer esa capacidad mediante una ley del Congreso, con una cadena de intervención definida y autorización política para el último escalón del uso de la fuerza.
Nuevos límites a la influencia extranjera en elecciones y decisiones políticas
Otro capítulo apunta a la influencia extranjera. El proyecto modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para impedir que extranjeros que no tengan residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda. Además, crea nuevas figuras penales. Una de ellas establece entre cinco y 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, desarrolle actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. La pena aumenta a entre ocho y 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
También se incorporan delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y con la transmisión de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. En este último caso, las penas pueden alcanzar 20 años cuando la conducta se produzca durante un conflicto armado o una agresión extranjera.
Una nueva definición de Seguridad Nacional
El proyecto crea formalmente un Sistema de Seguridad Nacional que integra funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de infraestructura crítica y de la soberanía. El alcance territorial y funcional también es amplio. La seguridad nacional comprende el territorio argentino, pero también ciudadanos y representaciones diplomáticas en el exterior, bienes e intereses nacionales ubicados en terceros países, alta mar, el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el espacio electromagnético. La conducción política quedará en manos del Presidente.
El proyecto incorpora principios como anticipación estratégica, proporcionalidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, coordinación y capacidad de recuperación. La definición muestra que el Ejecutivo busca correr la discusión de seguridad nacional del plano exclusivamente militar. La economía, la tecnología, las redes digitales, la infraestructura y las decisiones diplomáticas pasan a integrar expresamente el mismo sistema.
Cambia el concepto de Defensa y el papel de las Fuerzas Armadas
La iniciativa modifica la Ley 23.554 de Defensa Nacional. El nuevo artículo 2 define la Defensa Nacional como la función destinada a proteger soberanía, independencia, integridad territorial, capacidad de autodeterminación y los intereses nacionales frente a amenazas externas provenientes de actores estatales o no estatales, tanto cinéticas como no cinéticas. El cambio tiene efectos sobre la preparación de las Fuerzas Armadas. El proyecto establece que deberán estar organizadas, adiestradas y equipadas frente a riesgos y amenazas externas y preparadas para operaciones militares convencionales y no convencionales, así como para otras operaciones militares distintas de la guerra. También podrán ser empleadas, cuando corresponda, en la protección de infraestructura crítica identificada por el Consejo de Seguridad Nacional. La reforma incorpora así fenómenos como ataques cibernéticos, sabotajes externos y agresiones contra redes o infraestructura estratégica dentro del análisis de Defensa Nacional, siempre que se trate de riesgos o amenazas de origen externo.
Protección de infraestructura crítica, energía, comunicaciones y centros de datos
Otro capítulo crea un régimen nacional específico para los bienes e instalaciones considerados indispensables para el funcionamiento del país. El texto define como Infraestructuras Críticas a estructuras físicas, redes o sistemas públicos o privados esenciales para servicios básicos, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación pueda producir un impacto significativo. El Consejo deberá elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas y un Plan Nacional que determine pautas de protección. Ambos deberán actualizarse cada cinco años o antes cuando lo justifiquen cambios tecnológicos o circunstancias excepcionales.
Las provincias y la Ciudad deberán identificar las infraestructuras de sus jurisdicciones. Sus propietarios u operadores tendrán que elaborar planes particulares de seguridad, que deberán ser evaluados periódicamente. El Consejo podrá determinar cuáles son de interés nacional y ordenar la intervención de los organismos necesarios para protegerlas. La ley menciona especialmente centros de datos e infraestructura de tecnologías de la información. La información sobre ubicación, propietarios, características y medidas de seguridad podrá quedar clasificada.
Un nuevo procedimiento para controlar buques y proteger el mar y los ríos
El proyecto también regula el procedimiento de actuación sobre embarcaciones. Crea la categoría de «Buque de Interés» para aquellos que, por su recorrido, bandera, actividad, antecedentes, falta de reportes, simulación de identidad o comportamiento anómalo requieran seguimiento. Pero aclara expresamente que esa clasificación no significa que exista una infracción ni habilita por sí sola medidas coercitivas. También establece que la evasión o desobediencia de un buque no alcanza por sí sola para considerarlo hostil. Para eso debe existir un acto material de fuerza o una amenaza de agresión externa suficientemente concreta.
El procedimiento comienza con identificación y orden de detención. Si el barco no obedece, podrá iniciarse una persecución dentro de las condiciones del derecho internacional. Luego podrán realizarse visitas e inspecciones, maniobras de interposición y disparos de advertencia. Agotadas las medidas menos lesivas, podrán efectuarse disparos destinados a inutilizar el buque, procurando afectar sistemas de propulsión o gobierno y evitando muertes, contaminación o hundimiento. El hundimiento queda reservado como una medida militar extrema contra un buque hostil. El texto prohíbe expresamente hundir un barco civil como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga. Cualquier hundimiento requerirá autorización previa y expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa.
Una puerta de salida para quienes abandonen las actividades cuestionadas
La dureza de las sanciones convive con un mecanismo destinado a incentivar que las empresas abandonen actividades realizadas sin autorización argentina. El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que un sujeto involucrado solicite su incorporación incluso después de haber recibido una sanción administrativa. Debe demostrar que cesó la actividad, comprometerse a no reincidir y elegir entre pagar una multa específica o reconvertir las inversiones hacia actividades legales que se desarrollen en territorio argentino. Si cumple las condiciones, se suspenden los procedimientos administrativos y las acciones penales. Cumplido el pago o realizada la inversión comprometida, se archivan las actuaciones y puede extinguirse la acción penal.
El beneficio no estará disponible para quienes tengan una sentencia firme por los delitos de la ley ni para reincidentes, y solo podrá utilizarse una vez. El mecanismo muestra una segunda finalidad de la norma: además de castigar la explotación considerada ilegal, busca generar incentivos económicos para que empresas internacionales abandonen esos proyectos y trasladen inversiones hacia actividades autorizadas por la Argentina.
El RePET pasa a tener rango legal y se endurece el régimen contra el terrorismo
El último gran bloque eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera. El registro incluirá información sobre personas y entidades vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva. La incorporación no requerirá necesariamente que exista previamente una causa penal: el proyecto exige que haya motivos razonables para sospechar una vinculación con esas actividades o una designación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los sujetos obligados por las normas antilavado deberán inmovilizar inmediatamente fondos y activos vinculados con personas o entidades inscriptas y comunicar la situación a la UIF. La propia UIF podrá disponer la inmovilización y deberá comunicarla al Ministerio Público Fiscal y a un juez federal para que la ratifique, rectifique o revoque. El proyecto crea además un delito específico con penas de cinco a 15 años para quien proporcione deliberadamente apoyo material a una organización o persona vinculada con actividades terroristas o con proliferación de armas de destrucción masiva.
Un proyecto que excede Malvinas y redefine la seguridad nacional
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional llega así al Congreso como una iniciativa considerablemente más extensa que el paquete originalmente asociado al conflicto por Malvinas. La disputa por los recursos del Atlántico Sur fue el punto de partida y continúa ocupando el primer capítulo del proyecto. La explotación petrolera de Sea Lion y la decisión del Gobierno de aumentar los costos para empresas, accionistas, proveedores y operadores vinculados con actividades no autorizadas actuaron como detonante de la nueva legislación.
Pero, durante el proceso de elaboración, el texto avanzó hacia una redefinición más profunda de las herramientas que podrá utilizar el Estado frente a amenazas externas. El resultado es un proyecto que reúne bajo la misma estructura Malvinas, Defensa, política exterior, inteligencia, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo. La iniciativa propone pasar de una legislación concentrada en determinadas infracciones vinculadas con los recursos naturales a un esquema permanente de Seguridad Nacional, dirigido políticamente por el Presidente y con un Consejo facultado para coordinar desde la respuesta militar hasta medidas financieras, comerciales y diplomáticas.
Impacto en Chubut y la Patagonia
Para Chubut y el conjunto de la Patagonia, la ley tiene implicancias directas. La extensión de las prohibiciones a todos los recursos naturales, incluidos los renovables, impacta de lleno en la actividad pesquera que se desarrolla en el Atlántico Sur, uno de los principales motores económicos de la provincia. Asimismo, el endurecimiento de las sanciones para quienes participen en operaciones no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina alcanza a proveedores, financistas y operadores logísticos, un entramado en el que participan empresas que operan en puertos patagónicos.
La creación del Consejo de Seguridad Nacional y la posibilidad de que las provincias deban identificar sus infraestructuras críticas abre un nuevo frente de coordinación entre la Nación y Chubut, especialmente en lo que respecta a puertos, centros de datos, redes energéticas y comunicaciones. La norma también faculta al Consejo a requerir cooperación a las provincias, lo que anticipa una agenda de trabajo conjunta en materia de seguridad estratégica para la región.
17 de septiembre de 2026
Malvinas: ordenan a Rockhopper y Navitas paralizar el proyecto Sea Lion
La Justicia Federal de Río Grande, a través de una medida cautelar de la jueza Mariel Borruto, ordenó a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum detener de inmediato todas las obras del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. La decisión responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), y constituye un punto de inflexión en la disputa por los recursos hidrocarburíferos de la cuenca Malvinas Norte.
La resolución, dictada este miércoles, prohíbe a las compañías iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar cualquier acto material de ejecución del emprendimiento, que en el expediente judicial figura como «León Marino». La prohibición abarca un amplio espectro de actividades: desde la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control, hasta la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), el inicio de la extracción comercial y la ejecución de obras terrestres o portuarias de apoyo.
Un proyecto de miles de millones de dólares en el Atlántico Sur
Sea Lion es un proyecto de extracción de petróleo offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la cuenca Malvinas Norte. La iniciativa es operada por un consorcio internacional: la israelí Navitas Petroleum posee el 65% de participación, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
El proyecto aprobó su Decisión Final de Inversión en diciembre de 2025 y contempla una inversión estimada en 1.800 millones de dólares para su primera fase, con un esquema de financiamiento que incluye cerca de 1.000 millones de dólares de deuda senior. Las compañías proyectaban comenzar la extracción comercial de crudo en el primer trimestre de 2028. El desarrollo previsto comprende 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas, junto con infraestructura submarina, equipos de control, líneas de flujo y embarcaciones auxiliares.
El fallo: «el riesgo no es hipotético ni remoto»
Al analizar el peligro en la demora, la jueza Borruto sostuvo que el riesgo ambiental «no es hipotético ni remoto». Según la resolución, la documentación incorporada al expediente demuestra que Sea Lion superó la etapa de proyecto y entró en ejecución: la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, el anuncio de una ampliación hacia un pozo adyacente y las contrataciones de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además del equipo de perforación y sus servicios asociados, dan cuenta de un avance concreto. El fallo señala que las obras de adaptación de esa infraestructura ya habían comenzado.
» Aguardar a la culminación de tales intervenciones para determinar si debieron ser sometidas previamente a evaluación ambiental podría tornar ineficaz la tutela judicial solicitada», indicó Borruto. La magistrada también advirtió que el trámite ordinario del expediente podría consolidar situaciones que dificulten una eventual sentencia favorable.
La jueza aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental. «No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso», precisó. Lo que sí tuvo por acreditado, de manera preliminar, es la falta de un procedimiento ante autoridades argentinas para determinar los posibles impactos y las medidas de prevención o mitigación.
La dimensión ambiental y los riesgos identificados
El fallo cita un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de 2026, según el cual no se había presentado «ningún aviso de proyecto» ni se había iniciado una evaluación de impacto ambiental con las demandadas. Sobre esa base, la jueza aplicó los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental argentina.
Entre los riesgos planteados en la demanda aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las descargas operativas, el tránsito marítimo, la interacción con mamíferos y aves, las emisiones y los derrames. El fallo remarcó que esos elementos no prueban que cada impacto denunciado vaya a producirse, aunque resultan suficientes para una medida cautelar sobre una actividad que podría generar modificaciones ambientales relevantes.
Soberanía: un bien colectivo indivisible
La cuestión ambiental se vincula además con el reclamo de soberanía. Al reconocer de manera provisoria la legitimación del CECIM, la jueza señaló que la pretensión no se limita a una discusión técnico-ambiental. Según el fallo, subyace «la defensa de la soberanía nacional», a la que definió como un bien colectivo indivisible y un interés federal.
La medida también intimó a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion. Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados. También se les exige información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
La causa penal en Comodoro Py
En paralelo a la causa civil y ambiental de Río Grande, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py, a cargo del juez Julián Ercolini, impulsó una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
El objeto de la investigación es establecer si existieron actividades hidrocarburíferas en áreas cercanas a Malvinas sin la autorización de la Argentina. El juzgado pidió a la Secretaría de Energía antecedentes sobre la empresa, su composición accionaria, sus autoridades actuales y anteriores y los actos vinculados con las actividades denunciadas. También solicitó documentación a la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Procuración del Tesoro y la Procuración General. Una de las medidas es un exhorto al Reino Unido para obtener la información societaria completa de Desire Petroleum, su integración directiva y representación legal desde 2012, junto con antecedentes sobre posibles licencias hidrocarburíferas. La resolución dispuso que «igual información» se solicite respecto del denominado grupo Rockhopper.
Un fallo con implicancias geopolíticas
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. El gobierno británico había publicado, apenas un día antes, un documento titulado «Doing business with the Falkland Islands», en el que sostiene que «el derecho argentino no se aplica en las islas» y que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
El presidente Javier Milei, por su parte, había anunciado días antes una serie de medidas para proteger los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur, incluyendo el envío al Congreso de un paquete de proyectos de ley para modificar la Ley 26.659 de Hidrocarburos, con el objetivo de endurecer las sanciones contra las empresas que operen en la zona sin autorización argentina. El mandatario también confirmó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.
Navitas Petroleum, por su parte, emitió un comunicado en el que sostuvo que opera mediante licencias «válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas» y que no prevé que las acciones emprendidas en Argentina «tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo» de Sea Lion.
Próximos pasos
Ninguna de las decisiones resuelve el fondo de los expedientes. En Río Grande, la cautelar quedó sujeta al avance de la evaluación ambiental y a la información que presenten las empresas. Una vez recibidos los informes y la respuesta de las compañías, el juzgado deberá resolver si mantiene, modifica, amplía o deja sin efecto la medida cautelar. La jueza Borruto no admitió todavía el pedido de prohibir, de forma general, nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías, al considerar que una restricción de esa amplitud podía involucrar operaciones y terceros que aún no estaban suficientemente individualizados. También postergó las comunicaciones generales a reguladores y mercados de valores extranjeros, aunque dejó abierta la posibilidad de disponer medidas puntuales más adelante.
En Comodoro Py, la causa penal entra ahora en una etapa de producción de pruebas sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper. Ambas causas, por vías diferentes, marcan un nuevo capítulo en la disputa por los recursos hidrocarburíferos que yacen bajo las aguas del Atlántico Sur, un territorio cuya soberanía Argentina reclama desde hace más de un siglo.
16 de septiembre de 2026
Jones Huala aceptó 5 años y 2 meses de prisión y podría seguir preso hasta 2030
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche reconoció haber conducido la organización y firmó un juicio abreviado por el artículo 213 bis del Código Penal. La pena efectiva, que aún debe homologar la Justicia Federal de Bariloche, se extendería hasta agosto de 2030.
Facundo Jones Huala, referente máximo de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), admitió ante la Justicia Federal haber liderado la organización y aceptó una condena de 5 años y 2 meses de prisión efectiva en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que todavía debe ser homologado por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla. Si el magistrado aprueba el entendimiento esta semana, el dirigente mapuche —detenido desde el 6 de junio de 2025— podría permanecer tras las rejas hasta agosto de 2030, según el cómputo que ya realizan las partes.
La resolución representa el cierre de una investigación compleja que durante casi un año mantuvo en vilo a la región patagónica y que tuvo como epicentro las ciudades de Bariloche, El Bolsón y Esquel. El expediente, caratulado inicialmente por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y presunta asociación ilícita, derivó finalmente en una acusación más acotada pero contundente: la conducción de una agrupación destinada a imponer sus ideas mediante la fuerza o el temor.
El rol central de la RAM en la acusación
De acuerdo con la investigación fiscal, Jones Huala habría integrado y conducido la RAM desde 2011 con el objetivo declarado de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local. Ese accionar fue encuadrado en el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. La pena prevista para ese delito oscila entre 3 y 8 años de prisión, y el acuerdo fijó para el líder mapuche una condena de 5 años y 2 meses.
El Ministerio Público Fiscal había intentado inicialmente una calificación más grave: la presunta integración de una organización destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, bajo una estructura de tipo militar, contemplada en el artículo 210 bis del Código Penal. Esa figura, que contempla penas más severas, finalmente quedó fuera del acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa. También se había señalado presuntos vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que opera en Chile.
Un dato que refuerza la posición del Estado argentino es que la RAM figura desde febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa inclusión fue determinante para sostener la acusación por asociación ilícita con fines de imposición violenta de ideas.
Una detención que marcó un antes y un después
La captura de Jones Huala se produjo el 6 de junio de 2025 en la localidad rionegrina de El Bolsón, minutos después de que el dirigente presentara su libro en una biblioteca de Bariloche. La detención generó una fuerte conmoción en la región y reactivó el debate sobre la seguridad en la Patagonia. En ese momento, Jones Huala llevaba apenas cinco meses en libertad, tras haber cumplido una condena en Chile.
Desde entonces permanece privado de su libertad. Primero fue alojado en la Unidad 6 de Rawson, en Chubut, y luego fue trasladado a la Unidad 16 de Esquel, también en territorio chubutense, donde actualmente espera la resolución judicial. La prisión preventiva fue prorrogada en distintas oportunidades mientras avanzaban las medidas de prueba, en el marco de una causa declarada de investigación compleja.
La última extensión de la preventiva se produjo a fines de agosto, cuando el juez Gómez Constenla —en su primera audiencia al frente del caso— autorizó la continuidad de la medida hasta noviembre próximo. Sin embargo, el acuerdo de juicio abreviado podría poner fin a esa instancia y dar paso a la condena definitiva.
Los antecedentes que pesan en su contra
Jones Huala no es un desconocido para la Justicia. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, lo condenó por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas. Ese antecedente tiene una relevancia crucial en la nueva causa: su condición de reincidente impediría que acceda al beneficio de la libertad condicional.
De acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo, la reincidencia —sumada a la pena pactada en la causa federal de Bariloche— determina que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido y luego perdido durante su detención en Chile. Esto significa que, si el juez homologa el acuerdo, el líder de la RAM no podrá solicitar salidas transitorias ni libertad condicional hasta agotar los 5 años y 2 meses de pena efectiva.
El futuro judicial inmediato
El próximo paso procesal será la homologación del acuerdo por parte del juez federal Leandro Gómez Constenla. Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala, confirmaron el avance del entendimiento entre las partes, aunque anticiparon que sus alcances serán informados una vez que el magistrado lo apruebe formalmente.
Si la homologación se concreta esta semana, como estiman fuentes judiciales, quedará formalizada la condena y comenzará a regir el cómputo definitivo de la pena. Tomando como punto de partida su aprehensión en junio de 2025, los 5 años y 2 meses se agotarían en agosto de 2030.
La resolución judicial tendrá un impacto directo en la situación de la RAM y en el mapa de las organizaciones mapuches en la Patagonia. Para las comunidades de Chubut y Río Negro, el desenlace de esta causa representa un mensaje contundente sobre el accionar de las agrupaciones que utilizan la fuerza como método de reivindicación territorial. Para Jones Huala, significa la confirmación de que pasará los próximos años tras las rejas, lejos de la libertad que recuperó brevemente en 2025 y que, según el acuerdo alcanzado, no volverá a ver hasta 2030.
16 de septiembre de 2026