La bóveda de Cristina Kirchner en El Calafate guardaba carpetas de espionaje sobre jueces, opositores, empresarios y agentes de inteligencia. El juicio por la Causa Cuadernos volvió a exhibir imágenes y videos de ese ambiente, encontrado durante el allanamiento de agosto de 2018, y reabrió una de las páginas más oscuras del kirchnerismo: la construcción de un aparato de inteligencia paralelo, orientado a perseguir, condicionar y garantizar impunidad.
No era un archivo doméstico. Era un arsenal de información. Allí había informes sobre integrantes del Poder Judicial, dirigentes políticos, empresarios, exagentes de inteligencia y documentación financiera. La escena, negada durante años por la expresidenta, quedó otra vez bajo la lupa del Tribunal Oral Federal 7, que observó las pruebas del procedimiento ordenado por el entonces juez Claudio Bonadio. El acta consignó indicios de una puerta blindada o de seguridad desmontada antes del allanamiento. Para Bonadio, el lugar era una “bóveda”. Para Cristina Kirchner, esa estructura nunca existió.
El detalle no es menor. Porque si algo muestra esta causa es que el kirchnerismo no toleraba controles, jueces independientes, opositores incómodos ni empresarios que no se sometieran. La vieja SIDE, luego transformada en AFI, dejó de ser un servicio de inteligencia del Estado para convertirse, según las hipótesis judiciales, en una usina de persecución política y protección de la corrupción. Las carpetas halladas en El Calafate son la prueba documental de ese entramado.
Entre los documentos secuestrados aparecía información sobre el propio Claudio Bonadio, el magistrado que encabezaba la investigación. También un dossier sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. Había papeles vinculados con Guillermo Elazar y datos patrimoniales provenientes de la AFIP. Es decir: jueces, fiscales, familiares de víctimas y organismos de control, todos dentro de un mismo archivo.
La lista se extendía al mundo de los servicios de inteligencia y a la guerra interna desatada durante el kirchnerismo. Los investigadores encontraron un informe sobre Antonio “Jaime” Stiuso, histórico agente desplazado durante el último gobierno de Cristina Kirchner, y otro sobre Pedro Tomás “Lauchón” Viale, agente de contrainteligencia y hombre cercano a Stiuso, muerto en 2013. La inteligencia estatal había sido partida en dos: una parte resistía; la otra operaba para el poder político.
También aparecieron documentos relacionados con dirigentes opositores. Entre ellos, informes sobre Francisco de Narváez, quien derrotó electoralmente a Néstor Kirchner en las legislativas bonaerenses de 2009, y documentación identificada como “Reutemann agendas”. No eran simples recortes periodísticos. Eran carpetas de seguimiento, datos sensibles, material apto para extorsionar o neutralizar adversarios.
El material alcanzaba además a compañías privadas y operaciones económicas. Había documentación sobre Barrick Gold, Petrobras, una licitación de combustibles de ENARSA, la expropiación de YPF y movimientos bancarios de empresas. También fue encontrada una carpeta sobre Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La trama no distinguía entre espionaje político y negocios: todo formaba parte del mismo sistema de poder.
Entre los papeles secuestrados figuraban asimismo informes sobre el Grupo Clarín y un análisis de la Agencia Federal de Inteligencia sobre compras de dólares durante el cepo cambiario de 2014, que clasificaba distintos perfiles de compradores. La pregunta es inevitable: ¿con qué autoridad moral el kirchnerismo hablaba de democratizar la palabra mientras clasificaba ciudadanos, empresarios y medios desde una bóveda clandestina?
Durante su declaración, el comisario retirado Adrián Lotocki, a cargo del allanamiento, confirmó que del ambiente se retiraron numerosos documentos y objetos de valor. Mencionó biblioratos, bastones presidenciales y una carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins. La imagen es brutal: junto a reliquias históricas, carpetas de espionaje. Un símbolo perfecto de un poder que se creía dueño del Estado, de la historia y de la verdad.
El kirchnerismo intentó minimizar el hallazgo. Dijo que no existía una bóveda. Dijo que era un depósito. Dijo que todo respondía a una operación judicial. Pero las imágenes, las actas y los documentos vuelven siempre al mismo punto: mientras denunciaba conspiraciones, construía una estructura de inteligencia ilegal para espiar jueces, opositores y empresarios. Mientras hablaba de derechos humanos, usaba la AFI para perseguir y proteger a los suyos.
Ese es el corazón del escándalo. No se trata solo de una bóveda en El Calafate. Se trata de un método. La corrupción kirchnerista no solo saqueó recursos, firmó contratos sospechosos y manejó el dinero público con criterios de caja política. También intentó blindarse con espionaje. Cada carpeta sobre un juez, un fiscal, un opositor o un empresario era una pieza de un mecanismo de impunidad. La información no se guardaba para cuidar al Estado: se guardaba para cuidar a los corruptos.
Para Chubut y para la Argentina, la causa Cuadernos es una advertencia. Las provincias no son ajenas a estos entramados. Cuando la inteligencia se usa para perseguir opositores, cuando los expedientes se fabrican desde el poder, cuando los jueces son vigilados y los empresarios extorsionados, la democracia se degrada. La transparencia no es un adorno: es la única barrera contra la impunidad.
La bóveda K ya no puede negarse. Las carpetas existen. Los nombres están. Las imágenes están. Ahora falta lo más importante: que la Justicia actúe sin presiones, que se sepa quién ordenó cada informe, quién los pagó, quién los usó y para qué. Porque si el espionaje kirchnerista queda impune, la corrupción vuelve a ganar. Y esta vez, con la complicidad del silencio.
