El paro de controladores aéreos inicia este jueves 26 de febrero afectando todos los aeropuertos del país. Una medida extorsiva que perjudica a miles de pasajeros y pone en jaque la conectividad de Argentina.

Paro de controladores aéreos: una extorsión que paraliza el cielo argentino

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) inició este jueves un paro escalonado que complicará los despegues en todos los aeropuertos del país hasta el próximo lunes. Lo que presentan como una «legítima acción sindical» no es más que un chantaje inaceptable contra la población y el gobierno, una práctica que atenta contra la libertad de movimiento y el desarrollo del país.

La medida, que responde a la falta de acuerdo salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), afectará franjas horarias específicas durante cinco días, restringiendo únicamente la autorización de despegues. Si bien se exceptúan vuelos sanitarios, de emergencia o humanitarios, el grueso de la aviación comercial y privada sufrirá demoras y reprogramaciones, generando caos y pérdidas económicas millonarias.

Además, muchas personas viajan en vuelos comunes por cuestiones sanitarias, por lo que es una burla a la población manifestar que los vuelos sanitarios «podrán salir».

El cronograma de este «apagón aeronáutico» es el siguiente:

• Jueves 26: De 15 a 18 hs (toda la aviación).
• Viernes 27: De 19 a 22 hs (toda la aviación).
• Sábado 28: De 13 a 16 hs (aviación general y no regular).
• Domingo 1: De 9 a 12 hs (aviación comercial regular con destino nacional).
• Lunes 2: De 5 a 8 hs (toda la aviación).

Durante estas horas, no se autorizarán despegues ni se gestionarán planes de vuelo. Es una interrupción deliberada del servicio, un abuso de poder por parte de un sector que, lejos de velar por el bien común, utiliza su posición estratégica para presionar al gobierno y, de paso, tomar de rehenes a miles de ciudadanos.

En un país que necesita urgentemente orden fiscal y previsibilidad, sindicatos como ATEPSA demuestran una vez más que el privilegio de unos pocos está por encima del sufrimiento de las mayorías. Estas prácticas extorsivas no pueden ser toleradas. Quienes organizan y ejecutan estas medidas de fuerza deberían ser responsables civil y penalmente por los daños económicos y sociales que provocan, dañando la imagen del país y la confianza de quienes lo habitan o lo visitan.

Argentina no puede seguir siendo rehén de los caprichos sindicales. Es hora de poner un límite.