Comodoro Py se prepara para un nuevo capítulo de la causa que destapó la red de corrupción más grande del kirchnerismo. El Tribunal Oral Federal 7 ha puesto fecha límite a las chicanas judiciales: el próximo martes, Cristina Kirchner deberá sentarse cara a cara ante los jueces para ser indagada en el marco del caso «Cuadernos», donde está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas millonarias a cambio de obra pública. El tribunal, en un contundente fallo, hizo a un lado los intentos desesperados de su defensa por anular el debate y ordenó el traslado de la exmandataria desde su domicilio en Constitución hasta los tribunales de Retiro.
Lejos de los privilegios y la comodidad de su departamento, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, la líder del partido judicializado enfrentará el interrogatorio de manera presencial. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli desestimaron más de 55 planteos de nulidad presentados por las defensas, incluyendo el de la propia Kirchner, que buscaban desacreditar el trabajo de los fiscales y la validez de los cuadernos escritos por Oscar Centeno. La justicia ha hablado: no hay vicios que invaliden el proceso.
El circo mediático montado por el kirchnerismo para victimizarse encuentra un muro en la realidad judicial. La estrategia de la defensa, liderada por Carlos Beraldi, no solo fracasó en su intento de tumbar la causa, sino que dejó al descubierto la desesperación de una expresidenta que, paradójicamente, busca hacer política desde su encierro dorado mientras es señalada como la destinataria final de los bolsos con dinero.
Durante la audiencia, y evidenciando que el lawfare es solo un verso para ellos, Beraldi intentó desviar la atención quejándose por los dichos del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Mientras el mandatario señalaba con claridad que «va a seguir presa porque es una chorra», el abogado de CFK habló de «gravedad institucional», ignorando que la verdadera afrenta a la república fue el saqueo sistemático de las arcas públicas durante más de una década.
El Tribunal ya garantizó un «juicio justo», pero para el kirchnerismo duro la justicia solo es válida cuando les da la razón o les otorga privilegios. Ahora, Cristina Kirchner deberá dar explicaciones junto a otros ex funcionarios de su gobierno, como Julio De Vido y Roberto Baratta. La pregunta que flota en el ambiente es si la ex presidenta mantendrá su postura de negar la realidad, la misma que la llevó a intentar esconderse detrás de una cámara apagada en audiencias pasadas.
El martes, la mirada de los argentinos, que sufrieron el abandono de la obra pública mientras los bolsos viajaban hacia el sur, estará puesta en Retiro. La historia no se detiene, y esta vez, no habrá cuadernos truchos ni operetas que la distraigan.
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