En un nuevo aniversario del 2 de abril de 1982, la memoria argentina se vuelve una vez más hacia las Islas Malvinas. Pero mucho antes de aquella guerra, hubo un gaucho entrerriano que, con un puñado de criollos y un coraje indómito, escribió el primer capítulo de la resistencia nacional contra la ocupación británica. Ese hombre fue Antonio Rivero, el verdadero primer veterano de Malvinas, quien, en 1833, recuperó por unos meses las islas y volvió a enarbolar nuestra bandera celeste y blanca.
La historia del primer Héroe de Malvinas
Corría el año 1833. El 2 de enero, el Imperio Británico había consumado una nueva usurpación, arriando la bandera celeste y blanca creada por Belgrano e izando la Union Jack. El gobernador argentino Luis Vernet había sido expulsado, y los peones que trabajaban la tierra quedaron a merced de capataces extranjeros que imponían condiciones de explotación y maltrato. Pero el espíritu indómito de Antonio Rivero, un gaucho de Entre Ríos que había llegado al archipiélago para trabajar con su caballo y sus boleadoras, no aceptó la sumisión.
El 26 de agosto de ese mismo año, Rivero se puso al frente de un grupo de siete gauchos e indios charrúas: Juan Brasido, José María Luna, Luciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar, Manuel González y Pascual Latorre. Armados sólo con facones y una determinación inquebrantable, se sublevaron contra los ladrones británicos. En un hecho que la historia oficial británica intentó sepultar bajo el manto de la descalificación, los gauchos tomaron Puerto Soledad, enfrentaron a quienes explotaban a los peones y, en un gesto de soberanía sin igual, arriaron la bandera inglesa e izaron nuevamente la celeste y blanca.
Durante cinco largos meses, desde agosto de 1833 hasta enero de 1834, las Islas Malvinas volvieron a ser argentinas por voluntad de un puñado de gauchos. Rivero y sus hombres gobernaron de hecho el territorio, demostrando al mundo que la usurpación no era aceptada por los hijos de esta tierra. Sin embargo, la superioridad militar del Imperio no tardaría en llegar. En enero de 1834, la fragata inglesa HMS Challenger desembarcó tropas, y tras una persecución que duró semanas, logró capturar a los patriotas.
Los gauchos fueron encadenados y llevados a juicio. Pero el destino depararía un hecho que la Argentina jamás debe olvidar. Al ser trasladados a Londres para ser juzgados, los propios jueces británicos se vieron obligados a declararse incompetentes. En un acto de involuntaria honestidad jurídica, los magistrados del Reino Unido reconocieron que el delito por el que se acusaba a Antonio Rivero y sus compañeros había sucedido fuera de los dominios de la Corona Británica. Con ello, el Imperio admitía, de hecho, que las islas no eran territorio inglés y que no tenían jurisdicción sobre ellas. Esta es una prueba irrefutable, emanada del propio sistema judicial británico, de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.
Liberados en Montevideo, el Gaucho Rivero regresó al continente. Su compromiso con la patria no había terminado. Años después, ya incorporado al ejército de Juan Manuel de Rosas, volvió a enfrentar a los ingleses. Esta vez, en la heroica batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845. Allí, con 37 años, murió en su ley de gaucho patriota, combatiendo a pie firme contra la misma potencia invasora que había desalojado de Malvinas.
Hoy, en vísperas de conmemorar un nuevo aniversario del desembarco del 2 de abril de 1982, la figura de Antonio Rivero se alza como un faro. Él fue el primer soldado, el primer veterano de guerra en Malvinas, el gaucho que con un puñado de hombres demostró que la soberanía no se negocia y que la sangre argentina regó esas islas mucho antes que cuulquier usurpador inglés. Su legado es otra prueba más de que el reclamo argentino es justo, histórico e irrenunciable.
En Cholila, tres jóvenes se suicidaron en dos meses. Pero detrás de la tragedia hay un entramado más profundo: aislamiento, incendios intencionales, un poder judicial incompetente y obseno, y desesperanza implantada por políticos y medios que siembran caos sin medir las consecuencias.
Los hechos.
Cholila, una pequeña comunidad cordillerana de apenas 3.000 habitantes, vive días de conmoción. En menos de 60 días, tres jóvenes —Gonzalo Neira, Diego Leal Marchant y Emanuel Mariqueo— se quitaron la vida. El hecho desnuda una herida que duele por sí misma, pero también expone un diagnóstico mucho más profundo que rara vez se nombra: el aislamiento estructural de las comunidades rurales, la falta de incentivos para emprender, el estancamiento sociocultural y una industria de la desesperanza alimentada desde ciertos sectores políticos y mediáticos nacionales y provinciales que convierten cualquier avance positivo en un anuncio apocalíptico.
Frente a esta tragedia, el director del medio local Cholila Online, Darío Fernández, presentó formalmente un proyecto de resolución ante la diputada provincial Sandra Daniela Willatowski para que se declare la Emergencia en Salud Mental y Prevención del Suicidio en la localidad por 180 días. En su pedido, solicita la intervención coordinada de los ministerios de Salud, Educación y Familia, con equipos interdisciplinarios permanentes en el Hospital Rural y un “Corredor Preventivo Escolar-Comunitario” que permita detectar señales de riesgo antes de que sea demasiado tarde.
El diagnóstico de Fernández es técnico y urgente. Su informe de respaldo advierte que si la tasa de suicidios de Cholila se trasladara a una ciudad como Comodoro Rivadavia, equivaldría a entre 150 y 200 muertes en dos meses. Señala tres factores: el trauma ambiental post incendios forestales, la asfixia económica municipal que eliminó espacios de deporte y cultura para los jóvenes, y una red de derivación sanitaria que depende del Área Programática Esquel, con demoras burocráticas fatales. Su pedido es concreto, medible y espera una respuesta del Estado provincial en 10 días.
Otros aspectos que generan caos y depresión social.
Detrás de estas cifras hay otro análisis que resulta ineludible. El verdadero drama de comunidades como Cholila no comenzó con los incendios ni con la baja de regalías. Viene de mucho antes: el aislamiento geográfico de este tipo de comunidades que se transformó en aislamiento emocional, la falta de proyectos productivos que convierten el futuro en un espejismo, la desaparición del sentido de pertenencia en generaciones enteras que ya no encuentran razones para quedarse ni motivos para soñar.
Cholila, al igual que las demás comunidades cordilleranas apostaron sabiamente al turismo, la ganadería y la producción de productos regionales. Pero hay una mafia organizada incendiaria que promete destruir toda actividad productiva y lo está haciendo. Mientras tanto, la justicia, inútil como siempre, no tiene miras de dar solución ni encontrar culpables, si es que ya no los tiene y calla sus nombres por algún motivo. Los arrestos ocasionales sólo dejaron la sensación de haberse tratado de «perejiles»; nunca un pez gordo.
Y sobre ese suelo desconsolado, hay quienes siembran un clima social deprimente a propósito: políticos de la vieja escuela medios de comunicación destinados a generar malestar en la población.
Y de eso no estamos muy lejos. Días atrás, un medio masivo argentino señaló al ex gobernador de Chubut, Marín Buzzi, como el propietario de una agencia de noticias encargada de plantar noticias falsas, desde oficinas ubicadas en la Capital Federal.
Sembrando el pánico social con fines políticos.
Mientras el país atraviesa un proceso económico que por primera vez en décadas muestra estabilidad —inflación a la baja, libre acceso a moneda extranjera, recuperación de variables clave—, una constelación de medios de comunicación alineados con sectores políticos derrotados en las urnas insiste en transformar cada dato positivo en un presagio de catástrofe. Lo hicieron con la política de glaciares, tergiversando hasta el absurdo una norma que solo devolvió a las provincias la potestad de elegir su grado de protección. Lo hacen con la economía, ocultando la recuperación para instalar malestar. Lo hicieron con las condenas a la corrupción, defendiendo lo indefendible. Y lo siguen haciendo todos los días, porque su modelo de negocio no depende de informar, sino de intoxicar. Y hoy sufrimos las consecuencias: familiar destruidas por hechos evitables.
Esa maquinaria de descontento permanente golpea con especial saña en los pueblos chicos. En Cholila, como en tantas localidades rurales de la Patagonia, no hay distancia posible entre lo que se dice en un programa nacional y el ánimo de una familia que mira el techo buscando respuestas. Cuando se instala sistemáticamente la idea de que no hay futuro, que todo está perdido, que el país se derrumba mientras otros indicadores muestran lo contrario, se está cavando una fosa silenciosa en la salud mental de una población ya de por sí vulnerable.
El suicidio, claro, es un tema de enorme complejidad. No tiene una sola causa ni un único responsable. Pero negar que el bombardeo constante de información catastrófica, con sesgo político deliberado, impacta en el estado de ánimo colectivo sería un acto de hipocresía. En comunidades pequeñas, donde los lazos son más frágiles y las oportunidades escasean, ese veneno emocional tiene efecto multiplicador.
Lo que necesita hoy Cholila es necesario y urgente: profesionales, protocolos, articulación entre ministerios. Pero lo que Cholila y tantas comunidades como ella necesitan también es que se deje de jugar con la verdad. Que se entienda que distorsionar la realidad para obtener rédito político no es una estrategia inocua: es un factor de riesgo real para quienes ya están al borde del abismo.
Hoy le tocó a Cholila, pero mañana le tocará a otra localidad y ya hay antecedentes en todo el interior de riñas violentas, alcoholismo y drogas que nacen de esta manipulación social para sembrar constantemente desesperanza.
Mientras tanto, la Legislatura del Chubut tiene en sus manos un proyecto que puede salvar vidas. Los plazos corren y poder legislativo tampoco está por fuera de las responsabilidades. Pero también corre la responsabilidad de quienes, desde sus tribunas, eligen alimentar el caos en lugar de reconstruir el sentido de futuro. Porque en lugares como Cholila, el silencio no es lo único que mata.
En medio de un clima político convulsionado en Puerto Madryn, el diputado nacional y referente de La Libertad Avanza (LLA) en Chubut, César Treffinger, rompió el silencio para denunciar lo que calificó como una «opereta» orquestada por sectores políticos tradicionales. La estrategia tendría como objetivo principal desprestigiar a la fuerza libertaria, que hoy se consolida como la primera mayoría en la provincia, utilizando un hecho aislado de violencia para intentar generar un daño político.
El foco de la controversia se centró en la detención de Federico “Pitranca” Caminoa, acusado de amenazar al exvicegobernador Ricardo Sastre. Rápidamente, sectores opositores y ciertos medios intentaron tejer un relato que vinculaba al detenido con la estructura de LLA y, específicamente, con el liderazgo de Treffinger. Sin embargo, desde el espacio libertario salieron al cruce de estas afirmaciones, señalando una clara intencionalidad política detrás de la difusión de esta información.
“Federico NO es referente de LLA en Madryn, ni en Chubut”, sentenció Treffinger en un contundente mensaje. El legislador profundizó sus sospechas al advertir que se trata de una maniobra desesperada por parte de quienes ven con preocupación el crecimiento de su espacio. “Es evidente que están todos muy nerviosos, porque Puerto Madryn con La Libertad Avanza, después de muchos años, tiene la real oportunidad de volver a ser libre”, expresó, en referencia a los resultados electorales que muestran una amplia ventaja del partido.
Las sospechas apuntan directamente a un intento de infiltración en las filas de LLA. Según su análisis, sectores políticos ajenos a LLA, habrían orquestado una operación para vincular a un individuo ajeno al partido con la dirigencia libertaria. La estrategia buscaba, en esencia, destruir la imagen de Treffinger y su equipo, mediante acciones que ya hemos visto en otras tristes épocas.
No es la primera vez que sectores políticos aterrrorizados por perder protagonismo intentan infiltrarse en LLA para destruirla. Hace poco tiempo un pseudo periodista de muy baja reputación protagonizó papelones bochornosos para intentar destronar a Treffinger. Como fracasaron en su intento, crearon un partido al que llamaron «libertario» para confundir a los votantes y hacerlos creer que estaban votando por La libertad Avanza. Se trató de episodios tan bizarros como sus popios protagonistas. Para colmo, perdieron por goleada.
César Treffinger es el único representante provincial de La Libertad Avanza avalado por el presidente Javier Milei y que logró romper los esquemas políticos chubutenses de manera contundente, lo que hace desesperar a otros sectores que quieren pelearle el poder en 2027. La posible candidatura de Treffinger a la gobernación de la provincia hace temblar al tablero político regional.
Acting de Sastre?
El historial político de Sastre es bastante controvertido. Esta situación, sumada a la evidente ventaja electoral que La Libertad Avanza ostenta sobre el peronismo, lleva a pensar que el episodio habría sido utilizado como una estrategia para que Sastre y su grupo intenten regresar a la escena política bajo el rol de víctimas, una táctica característica de “juegos sucios” sin medir consecuencias.
La actitud de Treffinger
La defensa de Treffinger no solo fue política, sino también personal hacia los verdaderos referentes de LLA en la zona. El diputado expresó su solidaridad con la familia Caminoa, específicamente con Alejandro Caminoa, aclarando que son antiguos pobladores de la ciudad desde 1973 y que nada tienen que ver con los hechos que se les intenta endilgar. “Si alguien va a responder este mensaje, recomiendo revise bien, sino tiene la cola sucia… porque puede resultar que sigan siendo expuestos por la misma sociedad local”, advirtió Treffinger, dejando entrever que el principio de revelación apenas comienza y que la verdad saldrá a la luz en las urnas.
Mientras los medios “operadores e irresponsables” continúan con lo que el dirigente califica como un “circo desesperado”, Treffinger confía en que la justicia y la sociedad sabrán discernir la verdad. “Solo la verdad nos hará libres”, concluyó, en un mensaje que resalta la idea de que detrás de las acusaciones de violencia existe una maniobra política para frenar el avance de la libertad en la provincia.
El cierre del Casino de Esquel desata un cruce político y deja a decenas de familias sin trabajo. ¿Fue una maniobra intencional? ¿Por parte de quiénes? Mientras una diputada pide informes, crecen las versiones sobre una nueva sala de juegos en la laguna Carao.
En medio de la incertidumbre que atraviesan decenas de familias que dependían del juego legal en la cordillera, el cierre del Casino de Esquel dejó de ser solo un problema laboral para convertirse en un eje de tensión política en todo Chubut. Lo que comenzó con un cartel de “cierre por tiempo indeterminado” y trabajadores apostados en la puerta del edificio desde el 25 de marzo, ahora se investiga bajo la lupa de posibles maniobras comerciales y un trasfondo electoral que amenaza con opacar la urgencia social de los despidos.
La presentación de un pedido de informes por parte de la diputada Tatiana Goic encendió las alarmas en el oficialismo provincial. La legisladora busca que el Gobierno de la provincia detalle los motivos esgrimidos por las concesionarias—Trewelyn S.A. y Casino Club S.A.—para abandonar las operaciones no solo en Esquel y Trevelin, sino también en Rada Tilly. Sin embargo, en los pasillos políticos y empresariales de la zona circula una versión que complejiza el escenario: el cierre no sería una decisión puramente económica, sino un movimiento estratégico para allanar el camino hacia la instalación de un nuevo casino a orillas de la laguna Carao, un megaproyecto que genera grandes expectativas en la localidad. ¿Pero quiénes podrían haber forzado el cierre? ¿Fue la empresa por voluntad propia? ¿Fue por presiones de sectores políticos y empresariales? ¿Hay legisladores que juegan a embarrar la cancha para sacar rédito político?
Estos interrogantes son los que le dan densidad política al reclamo. En un contexto donde los partidos se enfrentan con información cruzada, guerras mediátcas muy sucias, resulta difícil corroborar los hechos. Sin embargo, lo que sí es concreto es la angustia de los exempleados. Según fuentes cercanas a los trabajadores, los empleados de Esquel y Trevelin se habrían enterado del fin de sus contratos mediante un mensaje de WhatsApp, encontrándose al día siguiente con las puertas cerradas. A más de dos décadas de explotación de la licencia, las indemnizaciones ofrecidas rondarían apenas el 50% de lo que marca la ley, sumando un capítulo de desamparo a la crisis.
El trasfondo político del pedido de informes apunta directamente al instituto de Asistencia Social (IAS) y al espacio “Despierta Chubut”, liderado por el gobernador Ignacio Torres. Analistas políticos observan en esta disputa un eco de lo ocurrido con la empresa FATE recientemente, donde se señalaron operaciones destinadas a generar descontento social justo cuando los indicadores macroeconómicos nacionales muestran resultados históricamente positivos. La oposición, en este sentido, intentaría capitalizar el malestar de los trabajadores para desgastar los logros económicos del gobierno nacional, aunque en el territorio quien paga el costo son las familias que hoy permanecen en el ingreso principal del casino, exigiendo respuestas.
El pedido de la diputada no se limita a una consulta general. La batería de preguntas al oficialismo provincial busca conocer el estado de las concesiones, la cantidad exacta de trabajadores afectados (que supera el centenar en la región), si hubo inspecciones de la Secretaría de Trabajo y qué medidas tomó el Estado provincial ante las denuncias de incumplimiento. En el caso puntual de Rada Tilly, la situación se agrava porque la empresa contaba con una prórroga de concesión por 15 años, lo que abre serios interrogantes sobre la legalidad de un cierre que podría tener consecuencias contractuales millonarias.
Mientras la justicia laboral y la política se enredan en un juego de acusaciones cruzadas, los protagonistas olvidados de esta historia siguen siendo los mismos. El misterio sobre si el cierre responde a majenos internos de la empresa, a la preparación de un nuevo negocio en la laguna Carao o a una estrategia política para generar ruido en la provincia, sigue sin resolverse. Lo que está claro es que, mientras los diferentes actores se acusan mutuamente, el sustento de decenas de familias quedó atrapado entre las fichas de un tablero que nadie parece querer detener.
La Cámara de Casación revocó una absolución y condenó al cirujano Armando Donati por homicidio culposo tras la muerte de Sandra Romina Candia Flores, de 32 años, luego de una cirugía estética.
La Justicia dio un giro contundente en un caso que conmueve al ámbito de la medicina estética y la seguridad de los pacientes. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó la absolución que había sido dictada en primera instancia y declaró culpable al cirujano plástico Armando Jorge Donati por el delito de homicidio culposo. El fallo pone fin a un largo periplo judicial iniciado tras la muerte de Sandra Romina Candia Flores, una madre de tres hijos que falleció en 2017 a raíz de las complicaciones derivadas de una liposucción.
Sandra tenía 32 años y, como tantas mujeres, había postergado durante años el deseo de recuperar su figura tras los embarazos. Su ingreso a la Clínica Matienzo, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, el 14 de noviembre de 2017, fue el inicio de una cadena de eventos fatales. Lo que debía ser una intervención programada de dermolipectomía abdominal y liposucción se convirtió en una emergencia médica que, según los jueces, fue manejada con una gravedad negligencia imperdonable.
La resolución de la Sala II fue categórica al establecer la responsabilidad directa del profesional. Los magistrados sostuvieron que “no existe duda alguna respecto a la relación de causalidad entre la operación llevada a cabo por Donati, las complicaciones surgidas en el posoperatorio y el deceso de la paciente”. El tribunal destacó que la muerte de Sandra es “objetivamente imputable” al cirujano, tanto por la acción inicial como por la falta de respuesta posterior durante las horas críticas.
Uno de los puntos más aberrantes del caso, y que resultó determinante para revertir la absolución de 2025, fue la prolongada desatención que sufrió la víctima. Durante más de 17 horas, Sandra permaneció en una clínica que carecía de habilitación para internaciones y de los recursos necesarios para enfrentar una emergencia. Mientras sufría un shock hipovolémico tras la operación, no fue trasladada de inmediato a un centro de mayor complejidad. Los jueces remarcaron la existencia de “un nexo de antijuridicidad entre las infracciones al deber de cuidado y el desenlace fatal”.
La gravedad de las omisiones fue tal que la Cámara desestimó la hipótesis que había servido para absolver al médico en primera instancia. En aquel entonces, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 había considerado que otros factores podían haber interrumpido la relación causal. Sin embargo, Casación fue tajante: “No se ha demostrado la existencia de un desplazamiento de la relación causal o, en su defecto, un comportamiento ‘de modo gravemente irracional’ de los médicos del Sanatorio Güemes (adonde fue trasladada posteriormente la paciente) que excluya la responsabilidad de Donati”. El daño, según los camaristas, ya era irreversible al momento del traslado. Sandra falleció el 16 de diciembre de 2017, tras 31 días de lucha en terapia intensiva.
Ahora, con la condena ya firme en cuanto a la responsabilidad penal, el caso entra en una nueva etapa procesal para determinar la pena. El fiscal general Nicolás Amelotti, quien calificó las conductas del cirujano como “múltiples y muy groseras”, solicitó una pena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. En sus argumentos, el fiscal remarcó la “inoperancia supina, desidia y altísima dosis de falta de escrúpulos” que evidenció Donati, actitudes que privaron a Sandra de la posibilidad de seguir con vida.
La Cámara dispuso además apartar al juez que intervino en el debate oral original, designando a un nuevo magistrado para llevar adelante la instancia de cesura (determinación de la pena). Para la familia de Sandra Romina Candia Flores, este fallo no solo representa un avance hacia la justicia, sino también un mensaje claro sobre los límites de la práctica médica y la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad de los pacientes en procedimientos estéticos.
El PJ celebró su congreso en Esquel con los referentes de siempre, hasta un imputado por la jusiticia, mientras la comunidad exige cambios profundos y un quiebre con las viejas prácticas.
En un nuevo capítulo que refleja la profunda crisis de representación que atraviesa el peronismo en la provincia, el Partido Justicialista de Chubut llevó a cabo su Congreso Provincial en Esquel. Sin embargo, lo que la conducción partidaria busca vender como un espacio de “debate y reconstrucción” se convirtió en una postal más de la política tradicional, donde los mismos nombres de siempre se repiten como referentes, ajenos al hartazgo social por la corrupción y la gestión ineficiente.
La convocatoria, que reunió a unas cuatro docenas de congresales, evidenció una realidad opuesta al relato de “amplia participación”. En un acto que se asemejó más a un arreo de ganado que a una verdadera convocatoria ciudadana, los organizadores—caracterizados por su incompetencia y su arraigo a una práctica política ya quemada socialmente—lograron congregar a los habituales dirigentes que la sociedad chubutense ha aprendido a identificar con el fracaso y la falta de renovación.
La imagen más contundente de esta desconexión con la realidad fue la presencia de Santiago Igón. El dirigente, que se encuentra procesado por la Justicia en el escandaloso caso del “vacunatorio VIP” durante la pandemia, fue exhibido en el escenario como un referente del partido. Este gesto no solo demuestra una soberbia imperdonable, sino que confirma el alejamiento del PJ de los valores que la gente reclama. Es un mensaje claro: para la cúpula justicialista, la ciudadanía es estúpida o no recuerda quiénes son los que abusaron de la salud pública con criterios elitistas mientras la población atravesaba una pandemia.
Mientras la administración justicialista en Trevelin es un completo desastre, con gestiones que acumulan quejas por falta de respuestas básicas, el partido insiste en hablar de “proyectos políticos” sin nombres. Sin embargo, los nombres están a la vista. Figuras como Santiago Igón, junto a otros que han sido funcionales a la vieja política, son los que todavía manejan la estructura. La corrupción, que dejó un tendal de ex funcionarios condenados y varios de ellos tras las rejas, parece ser un pecado que el peronismo local no está dispuesto a confesar ni a purgar.
El discurso oficial, a cargo del presidente del partido Gustavo Fita, habló de “salir de la agenda de los dirigentes y volver a la agenda de la gente”. Pero las formas contradicen las palabras. Mientras la sociedad chubutense exige transparencia, eficiencia y un quiebre definitivo con los manejos turbios del pasado, el PJ responde con un congreso donde lo único que se reestructura es la Carta Orgánica del PJ, mientras la estructura de poder sigue intacta en manos de los mismos que llevaron al partido a su peor momento de credibilidad.
La realidad electoral anticipa un panorama desolador para el justicialismo. Cada vez menos personas se sienten identificadas con un partido que defiende a los corruptos y premia con cargos a quienes están procesados. En Chubut, y también en Nación, no existen muestras concretas de que esta estructura tenga una chance electoral real de cara al 2027. El mensaje de unidad y de “proyecto” suena vacío cuando lo único que se exhibe es la foto de siempre, sin un solo gesto de autocrítica hacia el gigantesco daño institucional que provocaron.
Lejos de ser una alternativa diferente, el acto en Esquel demostró que el PJ continúa anclado en sus propios errores, defendiendo a los altamente corruptos y alejándose cada vez más de una sociedad que, con justa razón, les ha dado la espalda.
En un fallo considerado como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la condena que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares a los fondos buitres por la expropiación de YPF en 2012 . La decisión, que fue celebrada con euforia por la Casa Rosada, exime al país de una erogación que representaba un riesgo letal para las arcas públicas y marca un antes y un después en la defensa de los activos nacionales.
Un triunfo que sienta precedente
El veredicto de los jueces Denny Chin y Beth Robinson no solo dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, sino que desestimó los argumentos de los demandantes al considerar que los reclamos por incumplimiento de contrato no son reconocibles bajo el derecho argentino . De esta manera, el gobierno del presidente Javier Milei logró evitar un pago que, en palabras del ministro de Economía Luis Caputo, “equivale aproximadamente al 45% del presupuesto nacional” .
El Presidente no dudó en calificar el resultado como “impensado”, destacando que las probabilidades de éxito eran inferiores al 15% . “Ganamos en el juicio a YPF”, publicó Milei en sus redes sociales, haciendo hincapié en que “Argentina no debe pagar nada” . Este resultado no solo alivia la presión sobre las reservas del Banco Central, sino que fortalece el marco de previsibilidad necesario para atraer inversiones en sectores estratégicos como Vaca Muerta .
La gestión Kicillof y Kirchner bajo la lupa
Más allá de la celebración, el foco del gobierno nacional se posó en las responsabilidades políticas que llevaron al país al borde del abismo financiero. En un acto en la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente Milei fue contundente al apuntar contra los artífices de la expropiación original. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, sentenció .
Desde la Oficina de Presidencia se emitió un comunicado en el que se detalla que las “decisiones populistas e intervencionistas” de aquella gestión expusieron al país a una “contingencia judicial de magnitud extraordinaria” . Se recordó que el juicio se extendió por más de 12 años, costó más de 50 millones de dólares en honorarios legales y puso en riesgo el patrimonio de todos los argentinos .
El ministro Luis Caputo sumó su voz al coro crítico, revelando que durante su gestión rechazaron sistemáticamente los intentos de “lobbistas” que buscaban un acuerdo (settlement) que hubiera sido lesivo para los intereses nacionales . “Jamás les dimos cabida”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, destacando la firmeza del “tremendo trabajo del equipo legal” que logró revertir la condena .
La noticia también tuvo un impacto directo en la provincia de Chubut, uno de los principales distritos petroleros del país. Cabe recordar que durante el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía, se suscribió un acuerdo en 2012 que resultó “absolutamente desventajoso” para Chubut, asignándole solo un 8,60% de las acciones provinciales, mientras que a Mendoza se le otorgó un 20% .
La anulación del juicio por YPF representa un respiro económico fundamental para el país y una validación internacional de la estrategia legal del gobierno de Javier Milei. Mientras desde la Casa Rosada se celebra el fin de una “farsa” iniciada por los fondos buitres, la oposición kirchnerista y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quedan en el centro de la crítica por haber generado un riesgo que, gracias a la gestión actual, finalmente quedó descartado. La Argentina evita así una de las mayores erogaciones de su historia, consolidando un camino de ordenamiento y respeto por la ley .
“POR FIN!!!! Sí, POR FIN! YA PASÓ EL P…TO 24 DE MARZO!” Le contaba una vecina enardecida a Champagne a la salida del supermercado. No era para menos… -“el zurdaje residual venía enardecido en las últimas semanas”, siguió la sexagenaria, esta vez, mirando a los ojos a Torta Frita.
Era entendible, ya tenía los ovarios llenos de tanta boludez mediática en estos días. Torta Frita & Champagne se quedaron en silencio, no porque no hayan tenido nada para decir, sino porque ya no se puede opinar con sentido común libremente en las calles porque no sabés en qué momento te salta un zurdo a putearte porque se sintió ofendidE.
En la cordillera, los esquelenses estaban entusiasmados con el circo que se había instalado en las afueras del pueblo, pero el circo del 24 superó a todos los shows programados. Y estos payasos no tenían la sonrisa en rojo, sino que el rojo estaba en sus remeras del Cheto Guevara, que nada tuvo que ver con el golpe del 76, pero igual lo lucen para hacerse las “vístimas” de lo que no fueron víctimas y mezclar todo con todo, como de costumbre.
Un dedo en el orto desde el gobierno.
Desde la Casa Rosada, ya venían con los huevos al plato con el zurdaje y Cristinizaje (término inventado que suena bien pa´l caso) y dieron un golpe maestro: le pegaron a los zurdos donde más les duele, dejando expuesta toda la hipocresía y fantasía subnormal que los alimenta. Presentaron a una hija de desaparecidos que abiertamente contó la verdad sobre su vida, sus padres adoptivos, y lo feliz y agradecida que estaba por haberlos tenido de padres… una bofetada al negocio multimillonario y repudiable de las caperucitas rojas (rojo comunista) de pañuelo blanco que lucraron y se corrompieron inmundamente durante el kirchnerismo bajo el disfraz de víctimas. Quedó al descubierto una serie de contradicciones discursivas de Carlotto y otras defensoras del terrorismo, y la total falta de respeto y humanidad con las que se manejan en su negocio disfrazado de causa justa. Dejemos de lado a las que en su momento supieron apartarse de ese manoseo y que verdaderamente perseguían una causa justa.
Meijide, otro dedo en el orto.
Como si fuera poco, también apareció durante la semana la flamante Fernández Meijide, fundadora de Madres de plaza de Mayo pero que no se prendió en el juego perverso de Carlotto y Bonafini y salió nuevamente a aclarar que el número de 30.000 desaparecidos era un número inventado. Si bien Meijide ya lo había aclarado hace muchos años, es necesario repetirlo porque al zurdaje no hay verdad que le venga bien.
30.000 qué?
Lo bueno es que la gente ya no se fuma más el verso de los 30.000 desaparecidos, que no son más que números inflados tal como acostumbraba inflar el kirchnerismo los números de las obras públicas que iban para Lázaro Báez y para las tiernas abuelitas y asesinos que administraban los “sueños compartidos”. Tampoco fueron 8000, porque ese número incluye un par de miles desaparecidos previamente al 76, incluyendo desaparecidos por la AAA, el ERP y Montoneros.
Como figurita repetida salieron a gritar “Son 30.000”, dejando en claro que no les entra una sola gotita de capacidad cognitiva para analizar certeramente la realidad de la historia. Para qué carajos quieren datos si cuando el indec les mostraba una inflación del 200% aplaudían?
Y fueron varios los impresentables mediáticos. Un caso icónico es el de Sergio Massa, que cuando salió a decir “son 30.000” los mismos peronchos le dijeron que se callara porque es bien sabido que todo dato que sale de su boca es mentira. Al menos tuvo el recaudo, esta vez, de no salir drogado por los medios. O estuvo bien maquillado, quien sabe.
Pañuelitos, che Guevara, Lgbt y Therians
El circo fue patético. La ola de subnormales cristi-cheguevaristas -que son todo al mismo tiempo- salieron durante estos días a escupir odio hacia la verdad histórica que quieren negar, tratando de negacionistas a los que dicen la verdad. Ya no saben cómo mezclar las boludeces que pregonan. sus carteles se entremezclan con varios temas en sus reclamos y ya no se entiende bien qué carajos quieren, si es que saben lo que quieren. Plata sucia y fácil, seguro que sí.
Ahora todos son therians gays, transexuales marxistas veganos que idolatran a un homofóbico de la revolución cubana, cagados de hambre por la chorra que les ilumina el camino y los usa de idiotas útiles, con pañuelitos blancos de madres de terroristas asesinos que se cagaban en los derechos humanos que dicen defender, defenestradores de los milicos que frenaron al terrorismo, y defenestradores seriales de matrimonios que con profundo amor dieron hogar y estudios a hijos de desaparecidos.
Son anticapitalistas que aman el capitalismo chino; son amantes de Putin pero no ahorran en rublos; son anti milicos pero rezan al General san Perón que los echó de la plaza de Mayo y sembró la semilla de la AAA para exterminarlos; hablan de “golpe de estado” cuando Isabelita les entregó con gusto a los milicos las llaves de La Rosada para irse a vivir a Europa; hablan de golpe de genocidas asesinos cuando ellos mismos querían tomar el poder sin que nadie los vote y para ello aniquilaron cobardemente a miles de inocentes.
Y a esta manga de idiotas hay que mantenerlos en movimiento, según el manual kirchnerista. Si ahora tienen que laburar para ganarse lo que antes el populismo les daba de arriba por tan sólo militar, el futuro es muy oscuro para ellos, porque además de vagos, son inútiles que no saben hacer nada y creen que el resultado de lo que su imbecilidad les genera es culpa del gobierno de turno. El 24 les vino como anillo al dedo para mantener a la gilada enardecida por las calles creyendo que «van a volver».
La diputarada asistencialista con la tuya.
Pero si algún condimento le faltaba a la semana del 24, los zurdos melancólicos tuvieron su dosis de asistencialismo teórico parasitario de la mano de una “diputarada” que presentó un proyecto de Ley para que todos los laburantes tengamos que aportar a una canasta solidaria (impuesto) para pagarles los resúmenes de las tarjetas de crédito a los vagos militontos que ni administrarse la billetera pueden. Sí, leíste bien, con la tuya y la nuestra quería que se paguen los resúmenes de tarjeta de crédito del banco provincial de todos los vagos militantes que ni Dios sabe en qué mierda usaron su tarjeta. El proyecto de antemano se lo va a tener que meter en el rincón más oscuro de su cuerpo, pero nadie le quita la ilusión a la gordita de que esto le traiga un pequeño guiño electoral para que algún marmota la vote en el 27 y pueda seguir parasitando en algún carguito público. Que no te extrañe si teminás pagando las cuotas del último IPhone que alguna feminazi cagada de hambre usa para twittear “Cristina Libre”.
Educación y zurdaje.
A todo esto, los zurdos aprovecharon la movida para paralizar la educación pública; esa que dicen defender, especialmente en las universidades nacionales, en donde cobran jugosos sueldos que en sus perras vidas cobrarían como trabajadores en el sector privado, y tienen el tupé de frenar el futuro de los estudiantes en reclamo de más plata para dictar cátedras patéticas y muy sobrevaluadas. Gratis ya son caros.
Si bien es vieja costumbre de las grandes universidades estar infestadas de parásitos de izquierda que consumen recursos públicos para no estudiar ni dejar estudiar, la Patagonia no se queda atrás. Tenemos el triste y patético ejemplo de la UNPAT, cuya sigla incluye a la letra P de “Pedorra” y que muchos creían que era de “Patagonia”.
En esta universidad que debiera cerrarse hoy mismo hasta renovar la totalidad de sus autoridades, se engendró un video “académico” sobre el 24 de mayo en el que sus vergonzantes autoridades invitan a realizar actividades que van en contra del dictado de clases y de neto contenido ideológico del zurdaje parásito que se chupa los sueldos universitarios.
Se ve que no les fue suficiente adulterar documentación para otorgar títulos truchos, tener “catedráticos” que se hacían tirar la goma en las oficinas o cocina de los tribunales o que mandaban mensajitos pajeros a sus alumnas. No, nada es suficiente. El zurdaje sólo conoce los límites que le pusieron en el 76, aparentemente. Triste, pero real.
Destruyen todo; la educación, las instituciones, los presupuestos la ética y la moral, los derechos humanos y todo lo que no es de ellos.
La falta de noción sobre el profesionalismo que se debe tener en una universidad los llevó a editar y publicar un video institucional en donde las autoridades se muestran orgullosas de “haber emprendido 50 acciones de resistencia” mostrando pasillos universitarios colmados de alumnos sin clases. Parece joda? No, no parece, ES joda. Joda que pagamos todos con nuestros impuestos mientras estos impresentables boludean con la plata del estado y los espacios institucionales.
Lo bueno de todo lo malo es que alguna vez se termina. Así como se terminaron los terroristas, la farsa del 24 de marzo también se terminó. Otro punto bueno es que van a tener que pasar muchos años para un nuevo aniversario contundente. Para los 75 o 100 años, si el nivel cultural del país se eleva, ya no van a existir personajes bizarros a los gritos por las calles aclamando por realidades inventadas ni números inventados. Quizás, algún día, el 24 de marzo pueda ser recordado como lo que verdaderamente fue: un traspaso del poder de una presidenta a un grupo de militares para que aniquilen a los terroristas asesinos que querían tomar el poder por la fuerza, a costa de bombas, secuestros y asesinatos cobardes de miles de inocentes. El resto, fue sólo acción-consecuencia.
En medio de la crisis económica que atraviesa la provincia, la Diputada Norma Arbilla presentó ante la legislatura de Chubut un vergonzante y patético proyecto de Ley que desató un fuerte rechazo por su inviabilidad financiera y su espíritu netamente electoralista. Se trata del Proyecto de Ley 014/26, de la diputada Norma Arbilla (Arriba Chubut), que propone la creación de un “Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar” utilizando fondos públicos para subsidiar las tasas de interés de los créditos privados ya tomados del Banco Chubut.
Básicamente, Arbilla pretende que todos los chubutenses les paguemos a todos los que malgastaron su dinero en forma privada las deudas que contrajeron con el Banco Del Chubut. Sin importar en qué gastaron…
La iniciativa, que ya fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, busca que el Estado provincial intervenga para que las familias puedan unificar sus pasivos en un solo endeudamiento. Según la argumentación de la legisladora, se intenta “aliviar” la carga de quienes enfrentan tasas que calificó como “prácticamente usurarias” en el sistema financiero.
Sin embargo, lo que Arbilla presenta como una solución social es, en el análisis profundo, una muestra más del populismo berreta que tanto daño le ha hecho al país y a las arcas estatales. La propuesta no solo implica un gasto fiscal millonario sin un destino claro de financiamiento, sino que pretende utilizar el dinero de todos los chubutenses para pagar las deudas de particulares. En un contexto donde el Estado debe garantizar servicios esenciales, desviar recursos para saldar el uso irresponsable de las tarjetas de crédito es un despropósito que raya en lo irresponsable.
La diputada intentó justificar el descalabro fiscal de su proyecto con una comparación que generó malestar en el oficialismo. “Este proyecto de ley lo que pretende es crear un fondo que por ahí es hasta menor a lo que se le ha pagado como indemnización a los trabajadores de Red Chamber por parte del Estado provincial”, disparó Arbilla, buscando validar su iniciativa en base a una crítica lateral al gobierno.
Más allá de la comparación falaz, el fondo de la cuestión revela una mentalidad precaria en materia de administración pública. La trayectoria de Norma Arbilla ha estado marcada por una constante dependencia del Estado, ocupando cargos en los que nunca demostró talento o capacidad técnica. Este proyecto de ley no es más que un intento desesperado por arañar visibilidad política de cara al 2027, ofreciendo una solución mágica e inaplicable que solo profundizaría el desorden fiscal de la provincia.
Crear un fondo para pagar tarjetas de crédito de particulares es una aberración económica, un insulto a la inteligencia; una precariedad intelectual alarmante. No se sabe en qué gastaron su dinero los beneficiarios, ni se establecen controles para evitar la especulación. Es una invitación al despilfarro y una afrenta para aquellos ciudadanos que cumplen con sus obligaciones sin esperar que el Estado les solucione los gastos de su vida privada.
El debate debería centrarse en bajar el gasto público, no en aumentar la liturgia de la dádiva. La propuesta de Arbilla, lejos de ser una solución, representa el síntoma más grave de la política chubutense: la creencia de que el Estado es una extensión de la billetera personal para salvar a unos pocos a costa del bolsillo de todos.
Quizás, habría que calcular cuántos años de salarios del estado ha percibido Arbilla para un desempeño totalmente ineficiente y pedirle que devuelva los importes. Quizás, con esos fondos hasta se desendeude a la provincia.
Miriam Fernández, hija de desaparecidos criada por un policía condenado, expone la violencia política de Abuelas de Plaza de Mayo y exige una verdad completa que la izquierda oculta.
El Coraje de la Verdad: Miriam Fernández Rompe el Silencio y Destapa la Criminalidad de una Ideología
En un hecho sin precedentes que sacude los cimientos del relato oficial impuesto durante décadas, el testimonio de Miriam Fernández irrumpió en la escena pública argentina durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976.
Lejos de ajustarse al libreto de victimización que la izquierda kirchnerista intentó perpetuar, la nieta recuperada número 127 utilizó la palabra no para condenar a quienes la criaron con amor, sino para denunciar la intromisión violenta, la maleducada presión política y la manipulación mediática de la agrupación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
El video difundido por el Gobierno nacional, titulado «Las víctimas que quisieron esconder», le devolvió la voz a una mujer que fue forzada por el aparato judicial y político a someterse a un ADN que ella nunca quiso hacerse . Miriam, hija de desaparecidos nacida en la ESMA, relató con crudeza cómo fue acosada, hostigada y tratada como una delincuente por las fuerzas estatales al servicio de una causa política que la ultrajó.
«Me sentí una delincuente», declaró Miriam al recordar el día que la Gendarmería irrumpió en su hogar. Pero su mayor denuncia no es solo contra el método, sino contra el corazón podrido de una organización que, bajo el manto sagrado de la «identidad», escondió su verdadera faceta: la de un grupo que, durante el kirchnerismo, se transformó en una estructura criminal.
El Kirchnerismo y la Criminalización del Dolor
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las Madres y Abuelas dejaron de ser una organización legítima para convertirse en una corporación política intocable, financiada con millones de dólares del Estado, blindada por funcionarios corruptos y vinculada a causas oscuras que nada tenían que ver con la búsqueda de verdad.
No podemos olvidar el escándalo de «Sueños Compartidos», donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno tejieron una red de corrupción que desvió fondos públicos destinados a la supuesta «inclusión social». En esa trama, las organizaciones de derechos humanos no solo miraban para otro lado, sino que avalaban a personajes siniestros como los hermanos Schoklender, quienes manejaban la obra pública con la bendición de Hebe de Bonafini, demostrando que la consigna de «Memoria, Verdad y Justicia» era solo un escudo para encubrir el saqueo.
La historia de Miriam Fernández es la contracara de esa farsa. Mientras los fiscales y jueces alineados al gobierno de turno la obligaban a despreciar a su familia, ella se atrevió a decir lo que la militancia prohíbe: «No es padre quien te trae al mundo, sino quien te cría».
Miriam ama a su familia adoptiva. A pesar de que la Justicia condenó a su padre criador, Armando Fernández, un oficial de policía, ella lo defiende con la fuerza de la verdad. No se siente una víctima, se siente una privilegiada por haber recibido el amor de una familia que la izquierda demoniza . Mientras las Abuelas exigían que ella odiara a quienes la levantaron, ella eligió el perdón y la gratitud. Mientras la Justicia quería arrebatarle el apellido, ella luchó para conservarlo, enfrentando a una fiscalía que actuó como brazo ejecutor de una venganza política .
La Farsa del «Golpe» y el Terrorismo de Izquierda
El relato oficial durante el kirchnerismo construyó una narrativa monolítica: la dictadura fue el único demonio y los militantes de los 70 fueron meros «jóvenes idealistas». Sin embargo, el testimonio de Miriam, junto al de otras víctimas silenciadas como Arturo Larrabure (hijo de un militar asesinado por el ERP), expone la violencia terrorista de las agrupaciones armadas de izquierda que, previo al golpe de 1976, ya sembraban el terror en el país con secuestros, asesinatos y atentados .
El gobierno actual, con su política de «Memoria Completa», ha tenido el coraje de hacer lo que ningún otro hizo en democracia: decir que la verdad no es patrimonio de una sola facción. La historia no comenzó el 24 de marzo de 1976, ni los crímenes fueron exclusivos de un solo bando. Hubo miles de víctimas del terrorismo subversivo que la izquierda kirchnerista condenó al olvido porque no encajaban en su relato de «compañeros».
Mientras las Madres de Plaza de Mayo marchaban con sus pañuelos blancos, amparadas por un Estado que las financiaba con dinero de los contribuyentes, existía un aparato de intimidación política que operaba en las sombras. La historia de Miriam Fernández no es un caso aislado. El uso de allanamientos para obtener muestras de ADN de manera compulsiva, registrando prendas íntimas de personas que se negaban a participar de la causa, fue una práctica habitual que la Cámara Federal avaló bajo el argumento de un «derecho superior» a la identidad, violentando la intimidad y la libertad individual de los ciudadanos .
Hacia una Reconciliación sin Extorsión
Miriam Fernández nos ha dado una lección de humanidad. Ella pide dejar el pasado en paz, no para olvidar, sino para sanar. Su historia es la prueba irrefutable de que la política de derechos humanos fue secuestrada por una facción que la utilizó para dividir a los argentinos, enriquecer a sus operadores y perseguir a quienes pensaban distinto.
La «Memoria Completa» es el único camino. Es hora de desenmascarar a las organizaciones que, amparadas en un discurso de derechos humanos, se convirtieron en máquinas de extorsión política y criminal. Miriam Fernández eligió el amor por sobre el odio. Eligió a su familia. Y hoy, desde Chubut para el mundo, su voz resuena como un llamado a la verdad que los sectores más oscuros de la política argentina quisieron callar.
El régimen de Putin, desesperado por las enormes bajas en la guerra de Ucrania y un futuro colapso demográfico, fuerza a las mujeres rusas a consultas psicológicas si no quieren tener hijos.
En una desesperada medida que revela las profundas fisuras del Kremlin, el Ministerio de Salud de Rusia ha implementado una nueva normativa que convierte la decisión personal de no ser madre en un presunto trastorno psicológico. Mientras Vladimir Putin continúa sacrificando soldados en el frente ucraniano, su gobierno endurece la presión demográfica sobre las mujeres, a quienes ahora se las somete a interrogatorios clínicos con el fin de forzar la natalidad.
En guerras largas, como acostumbra Rusia, estima que en 18 años los bebés que nazcan hoy serán soldados listos para el frente de batalla. Una mentalidad perversa que caracteriza al autócrata.
El nuevo protocolo sanitario, que ya está vigente, modifica los cuestionarios de salud reproductiva. A las mujeres se les presenta una batería de preguntas que culmina con un interrogante decisivo: «¿Cuántos hijos le gustaría tener?». Aquellas que se atreven a responder «cero» son inmediatamente derivadas a un psicólogo clínico para «tratar» su negativa. Este consejo, curiosamente, no aplica para los hombres, quienes enfrentan un cuestionario más liviano y una pregunta condicionada a sus «circunstancias actuales», evidenciando una doble vara que criminaliza la autonomía femenina.
La medida, presentada por las autoridades sanitarias como un mecanismo para prevenir abortos y fomentar una «actitud positiva» hacia la maternidad, es en realidad la punta del iceberg de una biopolítica cada vez más agresiva. Analistas políticos señalan que la verdadera motivación del Kremlin no es el bienestar familiar, sino la necesidad imperiosa de reemplazar a los cientos de miles de soldados que han caído en la guerra contra Ucrania.
Se trata de un régimen desesperado. Las bajas masivas en el campo de batalla han creado un agujero demográfico que Putin busca tapar a cualquier costo. Su visión es la de un futuro sombrío para Rusia, con una población en caída libre que amenaza la viabilidad misma de su imperio. En este contexto, las mujeres son vistas únicamente como un medio de producción de nuevos soldados, carne de cañón para futuros conflictos, sin importar las condiciones económicas o los deseos individuales.
Esta no es una política aislada. En 2024, el Parlamento ruso ya había aprobado una ley que prohígue la «propaganda de la ideología childfree», es decir, el derecho a decidir no tener hijos. En consonancia, a finales de 2025, la justicia rusa impuso la primera multa por «incitación al aborto» a un hombre que alegó razones económicas para no querer ser padre de gemelos. Paralelamente, clínicas privadas en todo el país han sido acosadas y presionadas para que renuncien a sus licencias para practicar abortos, cerrando las vías de escape para las mujeres.
Mientras la Duma Estatal justifica estas medidas como una supuesta «preocupación por las mujeres», sugiriendo que quien no quiere hijos «tiene problemas en sus relaciones», la realidad en el terreno es la de un estado que busca secuestrar la voluntad reproductiva de su población. El mensaje del Kremlin es claro: el cuerpo de las mujeres pertenece al Estado, y su función principal es producir los soldados que Putin necesita para sostener su guerra.
Chuck Norris, icónico actor y experto en artes marciales, falleció a los 86 años en Hawái. La noticia fue confirmada por su familia, que destacó su legado de disciplina y fe.
El mundo del cine y las artes marciales está de luto. Charles Norris, conocido mundialmente como Chuck Norris, falleció a los 86 años en su residencia de Hawái, dejando tras de sí un legado que trascendió la pantalla grande para convertirse en un fenómeno de la cultura popular.
La noticia fue confirmada por su entorno familiar a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde se detalló que el artista se encontraba internado en los últimos días por causas que no fueron especificadas. En el mensaje, sus seres queridos destacaron que Norris “vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con sus allegados”, subrayando que “a través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo”.
Nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Norris no solo conquistó Hollywood, sino que forjó una carrera basada en la constancia y el rigor físico. Antes de convertirse en estrella de la acción, ya era una leyenda en el circuito de las artes marciales, acumulando títulos de campeón y alcanzando el grado de cinturón negro en disciplinas como karate, taekwondo, jiu-jitsu brasileño y judo. Su pasión por la enseñanza lo llevó a fundar su propio estilo: el Chun Kuk Do.
En la pantalla, su presencia imponente quedó grabada en la memoria colectiva gracias a papeles inolvidables en producciones como “Walker, Texas Ranger”, la serie que lo convirtió en un símbolo de la justicia televisiva, así como en clásicos del cine de acción como “Delta Force” y “Missing in Action”. Su figura, asociada a la fortaleza inquebrantable, dio origen incluso a un fenómeno de memes en internet que celebró su invencibilidad con humor.
La familia del actor agradeció el apoyo recibido durante su reciente hospitalización y solicitó respeto por su privacidad en este momento de duelo. Medios estadounidenses coinciden en señalar que la influencia de Chuck Norris no solo marcó a generaciones de fanáticos del cine de acción, sino que también consolidó un estilo de vida basado en la disciplina, la vida saludable y la promoción de las artes marciales como herramienta de superación personal.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut se encuentra publicando material altamente ideologizado y politizado para ser distribuido en las escuelas en conmemoración del 24 de marzo de 1976, día en el que tomó el poder el gobierno militar de la última dictadura.
No se trata de una acción educativa, sino de una maniobra de imposición ideológica kirchnerista, tendiente a politizar las escuelas e imponer hechos cuestionables a los alumnos en los diferentes niveles educativos. Toman a los niños como rehenes de su ideología política partidaria.
Asimismo, Atech distribuye material viejo, editado por delincuentes con sentencia firme, como la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner de épocas en las que era presidente y ejercía abiertamente la corrupción gubernamental. Es decir, material obsoleto, moralmente obsceno, de épocas nefastas de plena corrupción e impunidad.
Entre otros delincuentes honrados por Atech en la bibliografía está la agrupación de Hebe de Bonafini, junto a otros que robaron enormes cantidades de dinero al estado argentino mientras simulaban estar haciendo obras de bien por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del programa de viviendas «Sueños Compartidos» durante los gobiernos kirchneristas, de la mano de asesinos y estafadores duramente condenados.
Libros como «las abuelas nos cuentan», pero que no cuentan los negocios y la corrupción detrás de muchas de las acciones llevadas a cabo detrás de la tierna imagen de pañuelitos blancos.
Por supuesto, en el material no se encuentra mención alguna sobre los atentados terroristas, desapariciones, ni secuestros extorsivos previos a la dictadura del 76 y que forzaron a los militares a tomar el poder.
Está documentado oficialmente y en el mismo material repartido por la Atech, que muchos de los desaparecidos eran militantes de agrupaciones terroristas. Sin embargo, no hacen mención a a las acciones criminales de esos grupos.
Tampoco hablan de la Triple A que nació desde el mismo peronismo para aniquilar a los comunistas que Perón había echado de Plaza de Mayo.
La delincuencia quizás sea parte de lo que nutre a la Atech, teniendo en cuenta que dos de sus ex cabecillas fueron condenados penalmente por la justicia de Chubut.
El gran problema es que se meten con los chicos y con la educación pública que dicen defender, cuando en realidad lo que defienden es una organización pagada por el estado que aprovechan como difusora de toda su ideología política kirchnerista nefasta, corrupta, y mentirosa.
El material repartido por Atech llega incluso al nivel inicial, imponiendo temas que los pequeños infantes no tienen ni la más mínima capacidad de comprender.
Es necesario ser cauto a la hora de informarse sobre la cura de enfermedades como el cáncer. Hay mucha confusión, desinformación, información falsa, como así también, una ciencia que no encuentra soluciones y una industria farmacológica que muchas veces prioriza sus negocios antes que la salud de la población.
Lo invitamos a leer con cautela la siguiente información, rogándole que no se automedique y que no cree falsas expectativas en quienes padecen la enfermedad.
El tema trascendió en los medios tras declaraciones del reconocido actor de cine Mel Gibson, el cual afirmó que tres de sus amigos enfermos de cáncer se habrían curado con este fármaco.
¿Revolución oncológica?
Documentan remisión de cáncer avanzado con un fármaco veterinario
Tres pacientes con metástasis lograron recuperación completa tras automedicarse con fenbendazol, un antiparasitario de bajo costo, reavivando el debate sobre los intereses de la industria farmacéutica.
Un caso médico publicado en una revista científica ha encendido las alertas en la comunidad oncológica mundial. Se trata de tres pacientes con cáncer en etapa IV —mama, próstata y melanoma— que alcanzaron la remisión completa o casi completa después de incorporar a su tratamiento un antiparasitario de uso veterinario: el fenbendazol. El estudio, difundido en Case Reports in Oncology, documenta cómo estas personas, que habían agotado o rechazado las terapias convencionales, lograron resultados impactantes con un fármaco que cuesta centavos y lleva décadas en el mercado. El documento científico habría sido retirado de su publicación por causas desconocidas. El documento hace mención también de que es necesario realizar un estudio mucho más profundo.
Evidencia que incomoda
El primer caso es el de una mujer de 83 años con cáncer de mama metastásico en hígado, pulmones y huesos. Tras ocho meses automedicándose con fenbendazol, sus marcadores tumorales se normalizaron y las tomografías PET confirmaron la desaparición de toda actividad cancerosa. Lleva casi tres años en remisión.
El segundo involucra a un hombre de 75 años con cáncer de próstata recurrente y metástasis óseas generalizadas. Sus niveles de PSA, el antígeno prostático, cayeron a niveles indetectables y las imágenes mostraron regresión de las lesiones óseas sin nuevas metástasis durante más de dos años.
El tercer paciente, un hombre de 63 años con melanoma avanzado y mutación BRAF, vio cómo su ADN tumoral circulante se desplomó de 123 a cero en menos de siete semanas después de iniciar el antiparasitario.
Cómo actúa contra el cáncer
El fenbendazol pertenece a la familia de los benzimidazoles, compuestos que no solo eliminan parásitos sino que, según estudios preclínicos, desestabilizan los microtúbulos de las células tumorales —un mecanismo similar al de la quimioterapia convencional—, inducen la muerte celular programada, bloquean la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan los tumores e interfieren con el metabolismo de la glucosa, del que las células cancerosas dependen para sobrevivir.
Un dilema ético que divide a la comunidad médica
El trasfondo de este hallazgo es incómodo para la industria farmacéutica. Mientras las terapias oncológicas de última generación cuestan fortunas y requieren años de desarrollo, estos antiparasitarios son genéricos, accesibles y económicos. Su patente expiró hace décadas, lo que significa que ningún laboratorio tiene incentivos millonarios para financiar ensayos clínicos.
Esta situación ha generado un cisma en el mundo científico: por un lado, quienes consideran que estamos ante el descubrimiento médico más relevante del siglo y exigen investigaciones urgentes; por otro, los que advierten sobre los riesgos de la automedicación y la falta de evidencia robusta. Mientras tanto, pacientes desesperados quedan atrapados en el medio, sin saber a quién creer ni qué camino seguir.
El factor Mel Gibson
La controversia escaló mediáticamente cuando el actor Mel Gibson afirmó en entrevistas que tres de sus amigos con cáncer se curaron utilizando estos fármacos antiparasitarios. Aunque sus declaraciones carecen de respaldo científico, encendieron el interés público y multiplicaron los testimonios en redes sociales de personas que aseguran haber experimentado mejoras notables.
Ciencia vs. intereses
El epidemiólogo Nicolas Hulscher, uno de los investigadores que impulsa esta línea, sostiene que existen cientos de estudios que demuestran que la ivermectina y el fenbendazol activan más de doce mecanismos anticancerígenos diferentes. Sin embargo, la comunidad médica tradicional mantiene su escepticismo y advierte que estos reportes de casos, aunque prometedores, no reemplazan los ensayos clínicos controlados.
Lo cierto es que los pacientes terminales, aquellos a quienes la medicina convencional ya no ofrece esperanzas, están tomando cartas en el asunto. Y algunos, como estos tres casos documentados, estarían obteniendo resultados que la ciencia no puede ignorar. El debate recién comienza, pero una pregunta flota en el aire: ¿cuántos descubrimientos quedan en el camino porque no generan ganancias millonarias?
Un nuevo y sofisticado malware llamado DarkSword está poniendo en jaque la seguridad de millones de iPhone en el mundo, incluyendo Argentina. Los ciberdelincuentes roban mensajes, fotos, correos y hasta criptomonedas en cuestión de segundos con solo visitar un sitio web infectado. La amenaza afecta a versiones antiguas de iOS, por lo que actualizar el dispositivo es la única protección efectiva.
Una investigación conjunta de los equipos de seguridad de Google, Lookout y iVerify ha destapado una de las amenazas cibernéticas más graves para los usuarios de iPhone de los últimos años. Se trata de «DarkSword», un kit de explotación (exploit kit) que permite a los hackers tomar el control de un dispositivo y robar toda la información personal en cuestión de segundos, sin dejar rastro.
¿Cómo funciona el ataque y a quiénes afecta?
El mecanismo de ataque es tan silencioso como letal. Los piratas informáticos comprometen sitios web legítimos y, cuando un usuario con un iPhone vulnerable ingresa a ellos, el malware se activa automáticamente a través del navegador Safari. No se requiere que la víctima haga clic en nada. Una vez dentro, los atacantes tienen vía libre para extraer mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, historial de ubicaciones, contraseñas guardadas, fotos, archivos de iCloud y, lo que es más alarmante, datos de aplicaciones de criptomonedas como Coinbase, Binance o Ledger, vaciando potencialmente las billeteras digitales de las víctimas.
Los investigadores han identificado que el ataque se dirige específicamente a los iPhone que aún ejecutan versiones de iOS comprendidas entre la 18.4 y la 18.6.2, lanzadas a lo largo de 2025. Se estima que entre 220 y 270 millones de dispositivos en todo el mundo podrían ser vulnerables, lo que representa aproximadamente el 14% de todos los iPhone en uso.
El origen: del espionaje estatal al cibercrimen organizado
Lo que hace especialmente peligroso a DarkSword es su origen y accesibilidad. Según los informes, la amenaza es orquestada por un actor vinculado a Rusia, rastreado como UNC6353. Este grupo habría utilizado el malware en ataques dirigidos en Ucrania, Arabia Saudí, Turquía y Malasia.
Sin embargo, lo que comenzó como una herramienta de espionaje potencialmente estatal ha dado un salto alarmante. Los expertos de Lookout, como Justin Albrecht, director global de inteligencia sobre amenazas móviles, advierten que «el malware móvil avanzado ha dejado de ser una herramienta utilizada exclusivamente por gobiernos». La prueba es que el código de DarkSword fue encontrado sin proteger ni ofuscar en los servidores de los atacantes, lo que significa que está al alcance de cualquier otro grupo criminal con conocimientos técnicos que quiera replicarlo con fines económicos.
Esta teoría se ve reforzada por el descubrimiento de que DarkSword comparte infraestructura con «Coruna», otro potente exploit para iOS revelado a principios de marzo, y por los indicios de que su desarrollo pudo haber contado con la ayuda de modelos de lenguaje de inteligencia artificial para hacerlo más robusto y modular.
Protección: la solución está en un clic
Ante esta amenaza, Apple ha confirmado que todas las vulnerabilidades explotadas por DarkSword (registradas bajo los códigos CVE-2025-31277, CVE-2025-43529, entre otras) ya han sido solucionadas en versiones posteriores de su sistema operativo. La compañía, a través de su portavoz Sarah O’Rourke, ha sido tajante: «Mantener el software actualizado sigue siendo la medida más importante que los usuarios pueden tomar para mantener la alta seguridad de sus dispositivos Apple».
Para los usuarios de las últimas versiones, iOS 26.3.1 (la más reciente) ya incluye los parches de seguridad necesarios. Incluso para aquellos con dispositivos más antiguos que no pueden actualizar a iOS 26, Apple lanzó la semana pasada una actualización de emergencia para corregir estos fallos.
Además de actualizar el iPhone, se recomienda a los usuarios, especialmente a periodistas, activistas o personas expuestas, activar el «Modo Lockdown» (Modo de Bloqueo), una capa de protección extrema que, según los investigadores, es efectiva para bloquear este tipo de ataques. Google y Apple también han colaborado para bloquear los dominios maliciosos conocidos en sus navegadores Chrome y Safari.
En un mundo donde la información y los activos digitales son cada vez más valiosos, esta alerta sirve como un recordatorio crítico: la ciberseguridad comienza con una acción tan simple como aceptar e instalar la última actualización del sistema.
La cuarta edición del Esquel Blues Festival ya tiene fecha: 22 y 23 de mayo de 2026 en el Auditorio Municipal. El evento, que proyecta a Esquel como capital patagónica del género, contará con una amplia variedad de artistas, gastronomía y actividades culturales.
Esquel se prepara para vibrar al ritmo del blues en su cuarto festival
La ciudad de Esquel se vestirá de gala los días 22 y 23 de mayo de 2026 para recibir la cuarta edición del Esquel Blues Festival, un evento que se ha consolidado como un faro cultural en la Patagonia. El Auditorio Municipal será el epicentro de dos jornadas dedicadas a celebrar uno de los géneros más influyentes de la música contemporánea, en una cita que promete superar todas las expectativas.
Lo que comenzó como un sueño para crear un espacio de encuentro para el blues en la región, ha evolucionado hasta convertirse en un evento de referencia. La organización ya ha confirmado la participación de destacados artistas de la escena argentina y se encuentra ultimando detalles para la incorporación de figuras internacionales, lo que eleva el perfil del festival como un atractivo turístico clave para la región.
Detrás de este crecimiento y empuje se encuentra la figura de Damián Duflós, músico y gestor cultural esquelense. Su pasión por la armónica, la guitarra y el blues, nacida al escuchar a grandes mentores del estilo, lo llevó a recorrer un camino de más de 30 años en el blues, compartiendo escenarios con leyendas como Pappo, La Mississippi y Deacon Jones. Hoy, Duflós canaliza su experiencia y amor por el género en la organización de este festival. Su visión clara y su incansable trabajo han sido fundamentales para transformar el evento en un motor cultural y económico, demostrando que con dedicación se puede traer a la Patagonia propuestas artísticas de primer nivel que compiten en calidad con las grandes capitales.
Pero el Esquel Blues Festival es mucho más que música. La propuesta integral busca generar una experiencia inmersiva para toda la comunidad y los visitantes. Habrá un vibrante corredor gastronómico con emprendedores y cerveceros artesanales locales, creando un ambiente de celebración que dinamiza la economía de la ciudad. Además, se ofrecerá una charla especializada sobre la historia del blues y técnicas de improvisación, complementada con intervenciones urbanas en los alrededores del Auditorio, con el objetivo de llevar el espíritu del festival a cada rincón de Esquel.
La organización, encabezada por Duflós, mantiene abierta la convocatoria para comercios e instituciones que deseen sumarse a esta edición histórica. Colaborar con el festival no solo significa apoyar la identidad cultural de la Comarca Andina, sino también obtener una amplia visibilidad a través de la gráfica oficial, las redes sociales y los medios de prensa. La cuarta edición del Esquel Blues Festival se perfila no solo como un hito musical, sino como una celebración del espíritu patagónico, donde la tradición, la improvisación y el encuentro cultural se dan cita bajo el sello de la calidad.
Un devastador incendio a bordo del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más moderno y poderoso de la Marina de Estados Unidos, ha obligado a su retiro del frente de batalla contra Irán en el Mar Rojo, generando una ola de especulaciones a nivel mundial. El siniestro, que las autoridades estadounidenses intentaron minimizar en un principio, expuso el crítico desgaste del buque y reavivó las dudas sobre la veracidad de los partes oficiales en medio de un conflicto que se le ha complicado a la administración del presidente Trump.
El fuego se desató el pasado 12 de marzo en el área de lavandería del gigantesco buque, que opera como eje de la «Operación Furia Épica», la campaña conjunta de EE.UU. e Israel en territorio iraní. Aunque el Comando Central de EE.UU. aseguró que el incidente fue controlado rápidamente y no afectó la capacidad operativa del navío, informaciones de marineros y funcionarios militares filtradas a la prensa pintan un panorama muy distinto.
Las tareas para extinguir las llamas se prolongaron por más de 30 horas, dejando un saldo de al menos 600 marineros sin sus camas y decenas con problemas de inhalación de humo, mientras que los problemas logísticos básicos, como el lavado de ropa, se acumulan a bordo.
La versión oficial del «accidente doméstico» en la lavandería choca con el contexto de alta tensión bélica y resulta, cuando menos, poco creíble para muchos analistas. Esta postura recuerda a la negativa rotunda de Estados Unidos la semana pasada, cuando Irán afirmó haber alcanzado con misiles al portaaviones en un ataque previo. En ese entonces, el gobierno estadounidense desmintió categóricamente el impacto, pero la duda persiste en la comunidad internacional. La posibilidad de que la Casa Blanca haya ocultado un ataque exitoso para evitar una humillación mediática y un papelón internacional es alta, especialmente para una administración que prometió una guerra relámpago y se encuentra, al igual que Rusia en Ucrania, ante un conflicto que se extiende más de lo esperado.
La pregunta que surge es inevitable: si un simple incendio en una lavandería basta para poner fuera de combate al buque insignia de la flota y dejar a cientos de marineros durmiendo en el suelo, ¿qué tipo de daños catastróficos podría infligir el impacto directo de un misil balístico iraní? El incidente expone una fragilidad preocupante en el activo más estratégico del Pentágono.
Tras el siniestro y el evidente desgaste de la tripulación, que lleva casi diez meses de despliegue continuo, el Pentágono ha ordenado el repliegue inmediato del USS Gerald R. Ford. El portaaviones se dirige a la bahía de Souda, en la isla griega de Creta, para evaluar los daños y realizar reparaciones de emergencia, dejando un vacío de poder en la región que su relevo, el USS George HW Bush, intentará cubrir en los próximos días. El incidente deja al descubierto los límites de la maquinaria de guerra estadounidense y siembra más incertidumbre sobre el verdadero rumbo de un conflicto donde las sombras y la desinformación son protagonistas.
La fiscalía de Esquel intentó imputar al abogado Daniel Sandoval por prevaricato pese a que nunca existió relación profesional con el condenado al que lo querían vincular. La Cámara Penal lo sobreseyó. Un nuevo episodio que expone falencias graves en el Ministerio Público Fiscal de Esquel.
En un hecho que vuelve a poner en tela de juicio la calidad de las imputaciones que realiza el Ministerio Público Fiscal de Esquel, la Justicia de Esquel terminó sobreseyendo al abogado Daniel Adrián Sandoval en una causa donde se lo acusaba de prevaricato por una entrevista mantenida con una adolescente víctima de abuso sexual. Lejos de encontrar elementos que sostuvieran la imputación, los jueces desestimaron la acusación y dejaron al descubierto una investigación fiscal armada sobre supuestos sin sustento legal.
El caso tiene ribetes preocupantes. La fiscalía, representada por Rafaella Riccono y María Paula Bestene, pretendió sostener que Sandoval había incurrido en el delito de prevaricato por entrevistarse con una joven —víctima de una causa donde José Albino Vallejos fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal— cuando había sido designado como defensor del condenado. Sin embargo, los hechos demostraron algo muy distinto: Sandoval nunca aceptó formalmente ese cargo y, de hecho, tras tomar contacto con la víctima y tomar conocimiento de elementos que podían ser relevantes, renunció a cualquier representación y radicó una denuncia.
La fiscal Bottini -con varios antecedentes de accionar muy cuestioable- había solicitado una medida protectiva al Juez de turno en contra del Dr. Sandoval, y el juez no hizo lugar a la medida,ya que los extremos invocados por el representante del MPF no configuraban el delito de prevaricato y manifestando que no encuadra el accionar en el artículo 271 del Código Penal.
La propia defensa del abogado, ejercida por las Dras. Mónica Valeria Ponce y Romina Lía Azzolini, dejó en claro durante la audiencia que la relación profesional con Vallejos nunca se perfeccionó. «La mera designación, sin aceptación, no genera los deberes cuyo incumplimiento sanciona el tipo penal«, argumentaron, agregando que Sandoval tampoco asumió representación alguna de la joven.
En otras palabras, la fiscalía acusó por un delito que exige una relación profesional vigente cuando ésta brillaba por su ausencia.
Pero lo más grave no es sólo la imputación infundada, sino el daño institucional que este tipo de accionar provoca. La Cámara Penal de Esquel, con los votos de los jueces Hernán Dal Verme y Estefanía, fue contundente al señalar que la entrevista realizada por Sandoval a la menor fue obtenida en un contexto irregular y que el video presentado como prueba —intentado utilizar luego por la defensa de Vallejos en la etapa impugnativa— carecía de todo valor probatorio por haber sido incorporado al proceso de manera ilegítima. Es decir, la fiscalía pretendió construir una acusación sobre la base de un material que la propia Justicia consideró inválido.
El fallo, además, expuso una contradicción insalvable en el planteo fiscal: si el supuesto perjuicio que se quería evitar era que la prueba beneficiara a Vallejos en detrimento de la víctima, eso nunca ocurrió porque la Cámara Penal rechazó de plano su incorporación. La relación de causalidad entre la conducta del abogado y el daño a la administración de justicia simplemente no existió, lo que llevó al tribunal a sobreseer a Sandoval en los términos del artículo 285 inciso 3 del Código Procesal Penal.
Lo más preocupante de todo esto es la ligereza con la que se manejó la fiscalía. Acusar a un profesional de un delito que requiere dolo directo, intención deliberada de perjudicar una causa, sin siquiera verificar si existía el vínculo profesional que el tipo penal exige, no es sólo un error jurídico: es una negligencia que debería tener consecuencias. Porque cuando el Ministerio Público Fiscal actúa de esta manera, no sólo daña injustamente a una persona —que ya de por sí sufrió el escarnio público de una imputación infundada— sino que erosiona la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.
El daño a las víctimas también es un punto que no puede soslayarse. En este caso, la joven víctima, que ya había atravesado el horror de un abuso sexual y un juicio, fue expuesta nuevamente a través de una causa penal que nunca debió existir. La revictimización que la fiscalía dice querer evitar terminó siendo generada por su propia incapacidad para evaluar mínimamente los hechos antes de impulsar una acusación.
El tribunal, además, fue claro al señalar que la conducta de Sandoval podría eventualmente ser analizada en el ámbito de la ley de colegiación (Ley XIII N° 11), pero de ninguna manera constituía delito. Por eso ordenó remitir las actuaciones al Colegio Público de Abogados de Esquel, dejando abierta la posibilidad de un análisis disciplinario, pero cerrando definitivamente la vía penal.
Este episodio debería encender alarmas en el sistema de selección y control de los fiscales en Chubut. No es la primera vez que se cuestiona la falta de experiencia y rigurosidad de algunos funcionarios del Ministerio Público, y este caso es un ejemplo paradigmático de cómo una acusación mal construida termina generando más daño que el que supuestamente se busca prevenir. Si no hay consecuencias para quienes impulsan causas sin sustento, seguiremos viendo papelones como éste, que terminan enterrando en los tribunales la credibilidad de la justicia.
En un día histórico para la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Sin embargo, lo que debía ser un acto de acatamiento judicial se convirtió en un nuevo espectáculo mediático protagonizado por la exmandataria, quien una vez más optó por la altanería y el descaro para intentar esconder la contundencia de las pruebas en su contra .
Una red de corrupción en Santa Cruz
El falló firme del máximo tribunal puso punto final a la denominada «causa Vialidad», donde se demostró que durante los gobiernos de Kirchner (2007-2015) se montó una asociación ilícita para beneficiar al empresario Lázaro Báez, testaferro de la familia. Según la acusación, se le adjudicó a la empresa de Báez, Austral Construcciones, el 79% de las obras viales en la provincia de Santa Cruz. De las 51 obras concedidas, la mitad nunca se terminaron y solo dos se finalizaron a tiempo, con sobreprecios que perjudicaron al Estado en más de 1.000 millones de dólares .
Junto a Cristina Kirchner, fueron condenados otros exfuncionarios de su gobierno, entre los que destaca el exsecretario de Obras Públicas, José López, quien saltó a la fama en 2016 por intentar esconder bolsos con millones de dólares en un convento, una imagen que quedó grabada como símbolo de la corrupción kirchnerista .
La actitud repudiable: entre la soberbia y el ridículo
Lejos de mostrar una conducta acorde a la gravedad de los hechos, Cristina Kirchner acudió a su cita con la justicia con un libreto conocido: el de la víctima. Su presentación estuvo marcada por la soberbia y la mala educación, desafiando a los magistrados y utilizando un tono burlón para referirse al proceso judicial que la encontró culpable.
En un acto de bizarra teatralidad, destinado a su núcleo de militantes más radicalizado, la exmandataria lanzó frases que rayan con el ridículo. «Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo», arengó en las puertas del Partido Justicialista, en un intento por emular un martirologio que no resiste el menor análisis fáctico .
Ya en sus declaraciones previas, había dejado muestras de su cinismo. Al referirse a la contundencia de las pruebas, intentó desligarse de sus responsabilidades constitucionales con argumentos débiles y falaces, preguntando con ironía: «Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?» .
Pero una de las frases que más repudio generó fue cuando, al sentirse acorralada por las evidencias, se autoproclamó como «una fusilada que vive» y sentenció: «Para mí, estar presa es un certificado de dignidad» . Estas declaraciones, lejos de ser un acto de defensa legal, son un recurso bizarro para alimentar la narrativa de un lawfare inexistente, buscando conmover a un público militante que prefiere el relato a los expedientes judiciales.
El «Estado paralelo» y la búsqueda de impunidad
En su alocución, Cristina Kirchner insistió en su ya cansina teoría de la persecución, asegurando que Argentina vive bajo el dominio de un «Estado paralelo y de mafia judicial» . Esta estrategia, destinada a deslegitimar a la justicia, contrasta con la rigurosidad de un proceso que atravesó todas las instancias y contó con el aval de jueces independientes.
Para el público de Chubut y de toda la Argentina, el mensaje es claro: el show de la expresidenta busca ocultar una realidad incontrastable. Mientras los habitantes de la Patagonia y del país sufrieron décadas de mala gestión y desvío de fondos, el poder se concentró en enriquecer a una camarilla de amigos y testaferros.
Con la condena firme, Cristina Kirchner deberá cumplir prisión domiciliaria por su edad, pero su actitud desafiante demuestra que, incluso ante la justicia, prefiere el papel de actriz de reparto en su propia telenovela política, antes que asumir las consecuencias de sus actos
Un fallo judicial vergonzante obliga a aceptar la afiliación del pseudo periodista de Esquel, Ricardo Bustos, en La Libertad Avanza, desató críticas en Chubut y abrió un fuerte debate sobre los límites de la vida partidaria y la imposición de afiliación de personas socialmente repudiadas.
La reciente decisión del juez federal Hugo Sastre de habilitar la afiliación del pseudo periodista Ricardo Bustos a La Libertad Avanza en Chubut generó una ola de cuestionamientos dentro y fuera del espacio libertario. El fallo ordena reconocerlo como afiliado desde el 23 de julio de 2025 y deja sin efecto la resolución que había impedido su incorporación al padrón partidario.
La medida judicial se inscribe en medio de una disputa intencionalmente generada por Bustos y por extra partidarios que quieren impedir que LLA se consolide ee la provincia de Chubut. Bustos mantiene un enfrentamiento abierto, casi demencial y bochornoso con el diputado nacional César Treffinger, máximo referente del espacio libertario en el distrito.
Treffinger, por su lado, es el impulsor del partido en la provincia y cuenta con el absoluto aval del mismísimo Presidente de la Nación, Javier Milei, algo que Bustos jamás obtendrá.
Bustos, además de haber sido socialmente repudiado en incontables oportunidades, es un rotundo desconocido en toda la povincia; un ser inexistente desde todo punto de vista político y sólo es conocido por sus bochornos sociales en la zona de Esquel. No goza de credibilidad y mucho menos de las autoridades partidarias.
De hecho, resulta ridículo hablar de Bustos a la par de César Treffinger, cuando el segundo cuenta con amplio reconocimiento y aval social ya demostrado en las urnas. Bustos, en términos prácticos, no existe, no es nadie.
Sin embargo, la decisión judicial despertó críticas por lo que muchos consideran un precedente difícil de justificar dentro de la lógica política y partidaria. Dirigentes y militantes sostienen que el fallo termina reduciendo la vida interna de los partidos a una formalidad administrativa, sin considerar elementos básicos como la conducta pública de los aspirantes, su coherencia política o su relación con la estructura partidaria.
En ámbitos políticos de Chubut, la resolución fue calificada directamente como absurda. El argumento central es que, bajo esta interpretación, cualquier persona podría forzar su ingreso a un partido político incluso cuando su comportamiento público genera rechazo entre los propios militantes, cuando mantiene una trayectoria incompatible con los principios del espacio o cuando su presencia solo contribuye a profundizar conflictos internos.
La polémica crece aún más si se tiene en cuenta el historial reciente del propio Bustos dentro del escenario político provincial. El pseudo periodista mantiene una fuerte confrontación con sectores libertarios y ha protagonizado episodios de tensión y violenca que terminaron incluso con su detención durante un encuentro partidario realizado en Esquel el año pasado. Papelones que plantean serias dudas su salud psiquiátrica o si es un mal actor de telenovela, de la más baja estirpe.
En aquel episodio, la intervención policial se produjo en el marco de una medida cautelar que le prohibía mantener contacto con Treffinger. Según se informó en su momento, el procedimiento se produjo tras el incumplimiento de esa restricción judicial durante un evento partidario, en el que bustos buscó un par de matones para irrumpir donde no estaba invitado y terminó sacado por la policía casi llorisqueando.
El episodio tuvo la intencionalidad de generar una fractura interna dentro del espacio libertario en la provincia y consolidar un clima de enfrentamiento que continúa hasta hoy.
Por supuesto, hay rumores sobre una importante figura política que le estaría pagando fuertes sumas de dinero para organizar este tipo de bochornos y evitar que Treffinger llegue a las urnas. Es una de las pocas explicaciones que traerían cierta coherencia a la actitud de Bustos, el falso libertario ahora desesperado por ligar un cargo en el estado.
A pesar de ese contexto, el fallo judicial determinó que la afiliación debe ser aceptada, una decisión que para muchos dirigentes termina ignorando la dinámica política real de los partidos y las tensiones que atraviesan su funcionamiento interno. Todavía faltaría una instancia de apelación.
El debate que dejó la resolución excede el caso puntual. En el ámbito político provincial varios referentes advierten que el precedente podría resultar peligroso si se naturaliza que cualquier actor pueda incorporarse por vía judicial a una fuerza política, incluso evitando los mecanismos tradicionales de afiliación a través de las sedes partidarias.
Para muchos militantes, la resolución abre una pregunta incómoda: si la afiliación a un partido puede imponerse judicialmente aun en medio de conflictos abiertos, ¿qué margen queda para que las organizaciones políticas definan su propia identidad y representación?
Mientras tanto, el conflicto lejos está de cerrarse. El fallo que debía resolver una afiliación terminó alimentando un debate político mucho más profundo sobre el funcionamiento de los partidos, la representación y el sentido mismo de la militancia. Sin embargo, se espera que el fallo sea apelado.
