El comunicado difundido por el Colegio Público de Abogados de Esquel en relación con la controversia generada tras las declaraciones públicas de la fiscal jefe María Bottini provocó una repercusión negativa de proporciones extraordinarias dentro de la matrícula. La respuesta no tardó en llegar: un número inusualmente elevado -elevadísimo- de abogados adhirió en pocas horas a una declaración en la que se cuestiona con dureza la actuación de la conducción del Colegio y se reclama la convocatoria urgente a una reunión abierta de todos los matriculados.
De acuerdo con fuentes del ámbito profesional, la convocatoria no tiene antecedentes dentro del Colegio Público de Abogados de Esquel. La cantidad de adhesiones reunidas supera incluso la participación que habitualmente se registra en las elecciones para designar a los representantes de la institución ante el Consejo de la Magistratura, un dato que da cuenta del profundo malestar y del amplio rechazo que despertó el comunicado de la conducción y el accionar de la fiscalía.
La reacción fue inmediata y de enorme magnitud. La indignación se extendió entre profesionales de distintos ámbitos del ejercicio de la abogacía, quienes sostienen que el comunicado difundido por la institución no representa el pensamiento de los abogados de la Circunscripción Judicial.
Los firmantes consideran inadmisible que el Colegio haya emitido un pronunciamiento institucional sin contemplar el daño irreparable que puede ocasionarse al honor, la reputación y la trayectoria profesional del abogado señalado, en caso de que las manifestaciones públicas realizadas resulten falsas o carezcan de sustento.
Pero el cuestionamiento va mucho más allá del contenido del comunicado. Entre los abogados crece el convencimiento de que la conducción del Colegio actuó por otros intereses y sin tener en cuenta la gravedad de la situación.
Según pudo saber este medio, el comunicado habría sido impulsado por el presidente del Colegio, Dr. Juan Esteban Rimoldi, junto con otro integrante de la conducción, en soledad, sin existir realmente una reunión formal, sin haber generado un verdadero debate interno ni recoger la opinión de los matriculados e, increíblemente, previa reunión con la fiscal interviniente, y sin citar al profesional involucrado. Algo inaudito.
La declaración sostiene que un Colegio de Abogados no puede limitarse a reclamar que se investigue a uno de sus matriculados. Su obligación institucional, afirman, también es defender las garantías fundamentales de los profesionales que representa y resguardar su honor y trayectoria frente a acusaciones públicas que todavía no han sido sometidas a una investigación formal ni cuentan con una resolución que determine su veracidad. En caso de que esas imputaciones resultaran falsas, infundadas o carentes de sustento —como muchos consideran—, el daño ocasionado a la reputación profesional del abogado podría resultar irreparable, por lo que la institución también debió contemplar esa posibilidad y actuar con la misma firmeza en defensa del matriculado hasta tanto los hechos fueran debidamente esclarecidos.
Esa circunstancia alimentó un fuerte cuestionamiento a la legitimidad con la que la actual conducción pretende hablar en nombre de todos los abogados. Muchos profesionales sostienen que quienes hoy integran la Comisión Directiva carecen de total representación, ya que no accedieron a sus cargos a través de una elección con competencia y participación real de la matrícula, sino en un contexto de ausencia de listas alternativas y ante la falta de postulantes dispuestos a asumir esa responsabilidad.
Como si fuera poco, otro suceso despertó la indignación de un grupo de profesionales al enterarse que las autoridades del Colegio de Abogados se negaron a recibir la totalidad de las notas firmadas, aduciendo que no había firma ológrafa, sino en formato digital, en un claro intento de boicotear la contundente voluntad de los abogados, al mismo tiempo que su comunicado no contó con aval alguno.
El conflicto, lejos de apaciguarse, parece profundizarse. Lo que comenzó como un comunicado institucional terminó desatando una fuerte crisis interna que expuso un profundo malestar con la conducción del Colegio y abrió un debate sobre la representación y la legitimidad con la que se adoptan decisiones que comprometen a toda la matrícula.-
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