La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) enfrenta un creciente escándalo institucional. El profesor Bruno Sancci, docente con más de 35 años de trayectoria, presentó formalmente ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación una solicitud de investigación e intervención de la casa de altos estudios, al amparo del artículo 30 inciso «a» de la Ley de Educación Superior N° 24.521. El pedido se fundamenta en la existencia de un conflicto que las autoridades universitarias no han podido —o no han querido— resolver, pese a que la Justicia Federal ya se ha expedido en cuatro oportunidades a favor del académico.
El reclamo del docente no es un hecho aislado, sino el desenlace de un prolongado proceso que comenzó en 2019, cuando Sancci fue apartado de sus cargos de gestión y docencia tras una serie de denuncias internas. Desde entonces, el profesor ha recorrido todas las instancias administrativas y judiciales, obteniendo fallos contundentes de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que declararon nulas su destitución, su cesantía y la suspensión preventiva indefinida a la que fue sometido, además de frenar un intento de doble juzgamiento bajo la figura de un «juicio académico».
Sin embargo, lejos de acatar los mandatos judiciales, las autoridades de la UNPSJB —encabezadas por el rector Gustavo Fleitas— han optado por el silencio y la dilatación. El pasado 20 de julio de 2026 venció el plazo perentorio de tres meses que la Cámara Federal había fijado para que la universidad resolviera definitivamente la situación del docente. Aun así, cuando Sancci se presentó a trabajar el 27 de julio, al inicio del ciclo lectivo, se encontró con que ni siquiera figuraba en la planta de docentes, una irregularidad que persiste pese a que continúa percibiendo su salario.
Un pedido que sacude los cimientos de la autonomía universitaria
La solicitud de intervención presentada por Sancci ante el subsecretario Alejandro Álvarez es un documento de peso. Incluye un anexo probatorio con las sentencias federales, resoluciones del Ministerio Público Fiscal y actas notariales que, según el docente, demuestran un «claro quiebre del estado de derecho dentro de la UNPSJB». El académico sostiene que las autoridades han utilizado la autonomía universitaria «como un escudo de impunidad» para mantenerlo fuera del aula durante más de siete años, vulnerando sus derechos constitucionales y el debido proceso.
El artículo 30 de la Ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales solo pueden ser intervenidas por el Congreso de la Nación —o por el Poder Ejecutivo en receso y ad referéndum de aquel— en tres casos concretos: conflicto insoluble, alteración del orden o incumplimiento de la ley. Sancci sostiene que en su caso se configuran el primero y el tercero, ya que la situación se ha vuelto irresoluble y la universidad ha incumplido sistemáticamente tanto la normativa interna como los fallos judiciales. El abogado del docente, Mateo Rossio Coblier, ya presentó una solicitud ante la Cámara Federal para que se obligue a la institución a reincorporarlo, y advirtió que, de no haber respuesta, iniciarán acciones penales contra el rector y exigirán una multa por cada día que Sancci permanezca fuera del aula.
Falsas denuncias, difamación y un sistema de «cancelación»
Uno de los puntos más álgidos del conflicto gira en torno a las denuncias que motivaron el apartamiento de Sancci. El docente asegura haber sido víctima de un «sistema de cancelación y persecución ideológica» impulsado por facciones políticas y sindicales dentro de la universidad. Según su relato, fue denunciado en múltiples oportunidades por integrantes de un grupo opositor, y la institución declaró su cesantía tras un sumario cuyas irregularidades fueron posteriormente marcadas por la Cámara Federal, que declaró nulas todas las actuaciones.
El caso alcanzó su punto más crítico en marzo de 2024, cuando la vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Mónica Gatica, utilizó una sesión del Consejo Directivo para imputar públicamente a Sancci una «presunción de femicidio» en relación con el trágico suicidio de la estudiante Nadina Nieto Velasco. El Ministerio Público Fiscal de Chubut, sin embargo, dictaminó el archivo definitivo de la causa por inexistencia de delito, confirmando de manera pericial que el deceso fue un suicidio sin intervención de terceros. A pesar de ello, el docente afirma que la difamación continuó, y que incluso se colocaron carteles con imputaciones en los pasillos de la sede universitaria, lo que derivó en una agresión física cuando Sancci se presentó para solicitar su retiro.
Sancci ha denunciado civilmente a quienes originaron las falsas acusaciones y ha iniciado un juicio por 20.000.000 de pesos contra la vicedecana Gatica. El académico es contundente al afirmar que «las falsas denuncias sustentadas en los protocolos de género son anticonstitucionales, ya que eliminan la presunción de inocencia, derecho consagrado en la Constitución y en las leyes«.
La universidad desoyó a sus propios abogados
Uno de los aspectos más reveladores del expediente es que, desde hace al menos cinco años, los propios abogados y asesores legales de la UNPSJB han señalado en múltiples dictámenes que Sancci tenía razón en sus reclamos. Sin embargo, los órganos resolutivos —el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y el Consejo Superior de la UNPSJB— desoyeron sistemáticamente esas advertencias, aduciendo que se trataba de «decisiones políticas». El último dictamen del Servicio Jurídico Permanente de la universidad recomendó la restitución del docente, pero la medida nunca se efectivizó.
Sancci no oculta su indignación: «A quienes manejan la Facultad de Humanidades no les importa perder juicios ni dinero porque no los pagan con su propia plata, ya que sale del bolsillo del contribuyente». El caso, advierte, expone el mecanismo de la cancelación en los entornos académicos, donde los procesos disciplinarios internos se extienden excediendo los plazos legales, operando como sanciones de facto y estigmatizando a la persona antes de que concluya cualquier investigación.
Un precedente para la educación superior argentina
El pedido de intervención de la UNPSJB no es un caso menor. Las sentencias firmes obtenidas por Sancci se han convertido en jurisprudencia que podría guiar a otros docentes víctimas de falsas acusaciones o perseguidos laboralmente bajo la excusa de los protocolos de género. La resolución que adopte la Subsecretaría de Políticas Universitarias sentará un precedente sobre los límites de la autonomía universitaria y la obligación de las casas de estudio de acatar las decisiones judiciales.
Mientras tanto, el conflicto en la UNPSJB continúa escalando. El docente, que ya ha sufrido agresiones físicas y una prolongada campaña de difamación, asegura que no se callará. «Han intentado destruirme mediante la invención de sumarios y la difamación, pero la mentira se termina cuando hablan las pruebas y los jueces. Los expedientes judiciales ya hablaron y destruyeron su relato. No me voy a callar; la verdad no se cancela», sentenció Sancci.
La comunidad educativa de Chubut y el país entero esperan ahora la respuesta de las autoridades nacionales, mientras el rector Gustavo Fleitas y los directivos de la Facultad de Humanidades enfrentan el creciente escrutinio público y judicial sobre su accionar.
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