Un video de cámara oculta desata un terremoto político en Chubut al mostrar un presunto pago de 12 millones de pesos al abogado Martín Castro, gestor vinculado a la fiscal anticorrupción Julieta Gamarra.
Un video de cámara oculta que circula en redes sociales ha desatado un terremoto político y judicial en Chubut. En las imágenes, se observa al abogado Martín Castro recibiendo un bolso con dinero, presuntamente 12 millones de pesos, de parte de la madre de un acusado. Según la conversación que acompaña el video, el pago tendría como objetivo asegurar que la fiscal Julieta Gamarra solicite una condena de solo un año de prisión en un juicio por violencia de género y ataque a la autoridad.
La secuencia, de una crudeza inusual, muestra a Castro guardando el dinero mientras la mujer le expresa su preocupación: “De esto, Martín, no me das ningún… (comprobante)”. La respuesta del letrado es tan críptica como contundente para generar sospechas: “Quedate tranquila que va a cumplir”.
El caso adquiere una complejidad mayor por los actores que, de manera indirecta, aparecen mencionados en el audio del video. En un momento de la grabación, Castro comenta: “Me cae el procurador con un político en el estudio”. La referencia apunta a Jorge Miquelarena, Procurador General de Chubut y jefe de todos los fiscales, incluida Gamarra. Quien lo habría acompañado, según se desprende de la conversación, sería Rodrigo Miquelarena, subsecretario de Justicia de la provincia, sobrino del procurador y actual pareja de la fiscal Gamarra. Esta conexión personal y familiar es el eje que, de confirmarse el soborno, apuntalaría una acusación de una red de corrupción en el corazón del sistema judicial chubutense.
El juicio en cuestión sería el que culminó el 8 de mayo de 2025, cuando Pablo “Chavo” Ferreyra fue condenado a un año de prisión efectiva por liderar un violento ataque en Trelew. En ese procedimiento, la fiscal Gamarra y el defensor Martín Castro cerraron un juicio abreviado, sentando las bases para la condena del acusado, quien ya recuperará la libertad en 2026.
Dos hipótesis enfrentadas
Mientras la sociedad chubutense demanda respuestas, el material audiovisual abre paso a dos interpretaciones radicalmente opuestas.
Por un lado, la hipótesis más grave: estaríamos ante una prueba fílmica de un nuevo y flagrante caso de corrupción judicial. El video mostraría el mecanismo de un soborno para manipular una condena, con la participación de un abogado que oficiaría de gestor o nexo ante la fiscalía, y salpicaría directamente al entorno de la pareja de la fiscal Gamarra, el hijo del Procurador General.
La segunda hipótesis, que cobra fuerza en el convulsionado contexto judicial de la provincia, es que el video sea una maniobra armada para perjudicar a la fiscal Gamarra y a los Miquelarena. Esta teoría se apoya en antecedentes de presunta corrupción en el Poder judicial en la que Miquelarena ordenó que se abran investigaciones. A modo de ejemplo, podríamos citar casos como el del juez Petris, Richeri u otros, que en ciertas personas podría haber desatado ánimos de venganza. En este escenario, el video sería un «armado», un montaje intencional con el objetivo de desacreditar a los fiscales que llevan adelante causas sensibles y frenar investigaciones incómodas para el poder judicial.
Por el momento, ni la fiscal Julieta Gamarra ni el abogado Martín Castro se han pronunciado oficialmente sobre la autenticidad del video o su contenido. Lo que es innegable es que las imágenes han encendido todas las alarmas y exigen una investigación profunda e imparcial para determinar si nos encontramos ante un hecho de corrupción o una operación de desprestigio en la guerra interna del sistema judicial de Chubut.
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