Ampliando nuestra nota anterior, hay que señalar que, en una decisión histórica, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad suspender al juez Claudio Alejandro Petris de sus funciones hasta la realización del jury de enjuiciamiento.
La medida, que marca un punto de inflexión en el funcionamiento del sistema judicial provincial, se adopta seis meses después de que salieran a la luz los hechos que hoy lo mantienen al borde de la destitución.
La resolución del Tribunal no puede analizarse sin mencionar el origen de todo el proceso: la investigación periodística sin precedentes publicada por Chubutonline, que expuso con rigor y valentía una trama que, de otro modo, difícilmente hubiera llegado a instancias institucionales. En una provincia donde los mecanismos de control sobre la Justicia han sido históricamente opacos (por no decir nulos), el trabajo de investigación resultó decisivo para activar los engranajes que terminaron en esta suspensión.
Medidas desde el gobierno.
La contundencia del trabajo investigativo llevado a cabo por Chubut Online causó un efecto inmediato en el gobierno provincial, desde donde se ordenó al fiscal de Estado, Dr. Andrés Meizner, presentar la denuncia correspondiente. Para muchos, se trata de la primera vez en la historia reciente que se impulsa un procedimiento semejante frente a un caso de presunta corrupción judicial, un ámbito que durante décadas estuvo blindado por pactos de silencio y mecanismos corporativos.
En un territorio donde la desconfianza sobre el Poder Judicial es una constante, este accionar dejó una sensación de que la corrupción en la Justicia ya no será tolerada, o al menos, no podrá ser tan evidente.
El accionar del Consejo de la Magistratura
Otro actor clave fue el Consejo de la Magistratura, que tomó el caso con celeridad inusual. El organismo inició el sumario, produjo prueba, analizó testimonios y arribó a conclusiones contundentes sobre las presuntas faltas cometidas por el magistrado. Su dictamen no sólo recomendó la apertura del proceso de destitución, sino también la suspensión inmediata del juez Petris, decisión que el Tribunal de Enjuiciamiento adoptó recientemente.
En un sistema que suele ser lento y hermético, el funcionamiento del Consejo constituye un ejemplo de lo que la ciudadanía espera de sus instituciones: rapidez, transparencia y compromiso frente a hechos de tamaña gravedad.
El silencio corporativo
En contraste con estas respuestas institucionales, llamó profundamente la atención el silencio de la Asociación de Magistrados y también del Colegio de Abogados de Esquel —entidades creadas precisamente para velar por la calidad ética de la función judicial.
Hasta el momento, ninguna de ellas emitió un pronunciamiento público, ni siquiera para manifestar preocupación ante la gravedad del caso. La ausencia resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que algunas de sus actuales autoridades habrían tenido mucha relación o habrían llevado trámites del propio juez Petris, circunstancia que, lejos de explicar el silencio, lo vuelve todavía más inquietante.
En un contexto en el que la confianza en la Justicia atraviesa uno de sus mayores desafíos, esta actitud corporativa —que por momentos parece una estrategia de protección— resulta difícil de justificar.
La licencia del magistrado y el intento de jubilarse
Antes de la suspensión y en plena vorágine del escándalo, Petris habría solicitado una licencia psicológica y, según trascendió, estaría evaluando acogerse a los beneficios jubilatorios. La simultaneidad de estas decisiones no pasa inadvertida: un eventual retiro anticipado podría frustrar el avance institucional en uno de los casos más delicados de los últimos años.
A ello se suma otro dato llamativo: el magistrado también habría pedido una licencia similar en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, donde se desempeñaba como docente, aparentemente con el objetivo de cubrir los años de aportes que aún le faltan para acceder a la jubilación.
La coincidencia de ambos pedidos siembra interrogantes y vuelve indispensable revisar con atención los procedimientos para evitar inconsistencias o abusos en un proceso tan sensible, especialmente cuando ciertos movimientos administrativos podrían sugerir algún tipo de acompañamiento interno o facilidades poco habituales.
Por el bien de la salud republicana, resulta fundamental que se realicen los controles correspondientes y que la Provincia evalúe cuidadosamente la aceptación o no de una eventual renuncia, ya que ningún magistrado sometido a un proceso de destitución por un escándalo de este calibre debería encontrar un atajo para eludir su responsabilidad.
Una oportunidad para repensar la Justicia
El caso Petris obliga a una reflexión mayor: ¿qué Justicia queremos?
Los hechos evidenciaron la necesidad de mejorar los procedimientos de selección, fortalecer los sistemas de control y, sobre todo, acelerar los procesos de remoción, que no pueden dilatarse meses frente a denuncias de semejante magnitud. La demora de seis meses para llegar a esta suspensión —más allá del correcto actuar de los organismos involucrados— es, en sí misma, un llamado de atención sobre la urgencia de modernizar el funcionamiento institucional.
Y algo más: si finalmente se demostrara la gravedad de los hechos denunciados, resultaría sencillamente inexplicable que una persona en esas condiciones hubiera podido ser juez, presidente de una Cámara de Apelaciones, profesor universitario, representante de la magistratura chubutense en diversos eventos y hasta presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut, entre otros cargos de responsabilidad pública.
Esta incongruencia exhibe con crudeza las fallas estructurales de los mecanismos de selección, evaluación y control de quienes ocupan los puestos más sensibles del sistema judicial.
El valor del periodismo investigativo
Finalmente, corresponde destacar el rol del periodismo investigativo, sin el cual esta situación probablemente habría pasado desapercibida o hubiese quedado sepultada en la inercia de siempre. La labor de Chubutonline, que expuso con documentación, testimonios y seguimiento constante cada una de las irregularidades denunciadas, fue el punto de partida de un proceso que terminó sacudiendo a toda la estructura institucional de Chubut.
Este caso demuestra que cuando el periodismo investiga, el poder actúa y la ciudadanía se informa, la democracia se fortalece.-
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