Mientras CONADU Histórica anuncia una semana de paro para marzo, surgen las preguntas incómodas: ¿por qué defender un modelo universitario que durante el kirchnerismo despilfarró millones, creó universidades como cotos de caza para intendentes y formó militantes en lugar de profesionales de calidad?
El conflicto universitario está lejos de ser un reclamo salarial genuino. Detrás de los paros impulsados por CONADU Histórica y la CTA Autónoma se esconde la defensa de un negocio político montado durante dos décadas de kirchnerismo. Mientras el gremio anuncia un paro nacional de una semana desde el 16 de marzo, acciones de visibilización durante la semana de la memoria y otra huelga a finales de mes, la ciudadanía debe preguntarse: ¿a quién benefician realmente estas medidas?
El relato de la «defensa de la universidad pública» choca contra la realidad de las auditorías y los números. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el sistema universitario dejó de ser un centro de excelencia académica para convertirse en un gigantesco comité político. Bajo la excusa de la inclusión y el manto de una mal entendida «autonomía», se despilfarraron millones de pesos en convenios discrecionales con ministerios, contrataciones directas sobrevaluadas y la creación de universidades cuyo único fin era darle un feudo a cada barón del Conurbano.
El caso de la Universidad Nacional de Moreno es emblemático: once años después de su inauguración, los resultados son un rotundo fracaso en términos académicos, funcionando más como una oficina de empleo para la militancia que como una casa de altos estudios. La Universidad Nacional de Avellaneda, liderada por un «rector militante», y la de José C. Paz, manejada por un ex-funcionario de Kicillof, son solo la punta del iceberg de un sistema donde la política partidaria reemplazó a la pedagogía.
Durante la era K, ministerios como el de Planificación Federal giraron cientos de millones de pesos a universidades para contratar artistas o realizar cursos de «comunicación popular» que no eran más que adoctrinamiento y militancia pagada con el bolsillo de los contribuyentes. Mientras los salarios docentes se deterioraban, una capa de dirigentes políticos enquistados en los rectorados vivía a cuerpo de rey, y el nivel educativo se derrumbaba estrepitosamente.
Hoy Argentina tiene más universidades que nunca, pero forma menos profesionales que Chile o Perú.
El ingreso irrestricto y la falta de exigencias académicas, banderas de la izquierda y la Franja Morada (brazo estudiantil del radicalismo que co-gobierna este curro), han convertido a las aulas en estacionamientos de estudiantes crónicos. El resultado es una generación de jóvenes con títulos de dudosa calidad, formados con una ideología nefasta que los aleja de las necesidades reales del mercado laboral y del país productivo.
El gobierno de Javier Milei tiene la obligación histórica de meter la motosierra en este curro. No se trata solo de cumplir o no una ley de financiamiento; se trata de auditar cada peso, de expulsar a los docentes mediocres que viven de la política y no de la enseñanza, y de despolitizar las aulas. Los paros de CONADU no son en defensa de la educación, son la pataleta de una casta académica que ve peligrar sus privilegios.
Es necesaria una reestructuración profunda. Las universidades deben volver a ser templos del saber y orgullo nacional, no cuevas de vagos militantes ni usinas de odio al mérito y al esfuerzo. La verdadera defensa de la universidad pública implica limpiarla de parásitos y volver a llenarla de excelencia.
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