En un día histórico para la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Sin embargo, lo que debía ser un acto de acatamiento judicial se convirtió en un nuevo espectáculo mediático protagonizado por la exmandataria, quien una vez más optó por la altanería y el descaro para intentar esconder la contundencia de las pruebas en su contra .
Una red de corrupción en Santa Cruz
El falló firme del máximo tribunal puso punto final a la denominada «causa Vialidad», donde se demostró que durante los gobiernos de Kirchner (2007-2015) se montó una asociación ilícita para beneficiar al empresario Lázaro Báez, testaferro de la familia. Según la acusación, se le adjudicó a la empresa de Báez, Austral Construcciones, el 79% de las obras viales en la provincia de Santa Cruz. De las 51 obras concedidas, la mitad nunca se terminaron y solo dos se finalizaron a tiempo, con sobreprecios que perjudicaron al Estado en más de 1.000 millones de dólares .
Junto a Cristina Kirchner, fueron condenados otros exfuncionarios de su gobierno, entre los que destaca el exsecretario de Obras Públicas, José López, quien saltó a la fama en 2016 por intentar esconder bolsos con millones de dólares en un convento, una imagen que quedó grabada como símbolo de la corrupción kirchnerista .
La actitud repudiable: entre la soberbia y el ridículo
Lejos de mostrar una conducta acorde a la gravedad de los hechos, Cristina Kirchner acudió a su cita con la justicia con un libreto conocido: el de la víctima. Su presentación estuvo marcada por la soberbia y la mala educación, desafiando a los magistrados y utilizando un tono burlón para referirse al proceso judicial que la encontró culpable.
En un acto de bizarra teatralidad, destinado a su núcleo de militantes más radicalizado, la exmandataria lanzó frases que rayan con el ridículo. «Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo», arengó en las puertas del Partido Justicialista, en un intento por emular un martirologio que no resiste el menor análisis fáctico .
Ya en sus declaraciones previas, había dejado muestras de su cinismo. Al referirse a la contundencia de las pruebas, intentó desligarse de sus responsabilidades constitucionales con argumentos débiles y falaces, preguntando con ironía: «Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?» .
Pero una de las frases que más repudio generó fue cuando, al sentirse acorralada por las evidencias, se autoproclamó como «una fusilada que vive» y sentenció: «Para mí, estar presa es un certificado de dignidad» . Estas declaraciones, lejos de ser un acto de defensa legal, son un recurso bizarro para alimentar la narrativa de un lawfare inexistente, buscando conmover a un público militante que prefiere el relato a los expedientes judiciales.
El «Estado paralelo» y la búsqueda de impunidad
En su alocución, Cristina Kirchner insistió en su ya cansina teoría de la persecución, asegurando que Argentina vive bajo el dominio de un «Estado paralelo y de mafia judicial» . Esta estrategia, destinada a deslegitimar a la justicia, contrasta con la rigurosidad de un proceso que atravesó todas las instancias y contó con el aval de jueces independientes.
Para el público de Chubut y de toda la Argentina, el mensaje es claro: el show de la expresidenta busca ocultar una realidad incontrastable. Mientras los habitantes de la Patagonia y del país sufrieron décadas de mala gestión y desvío de fondos, el poder se concentró en enriquecer a una camarilla de amigos y testaferros.
Con la condena firme, Cristina Kirchner deberá cumplir prisión domiciliaria por su edad, pero su actitud desafiante demuestra que, incluso ante la justicia, prefiere el papel de actriz de reparto en su propia telenovela política, antes que asumir las consecuencias de sus actos
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