La población de San Fernando y alrededores se encuentra frente a una amenaza silenciosa pero de consecuencias impredecibles. La irresponsabilidad compartida entre la cúpula de Fate y el gremio que mantiene tomada su planta ha puesto en jaque la seguridad radiológica de toda una comunidad, al dejar sin custodia un peligroso acelerador de electrones.
El centro de la polémica es un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV, una fuente de radiación ionizante de alta peligrosidad que permanece dentro de la fábrica ocupada en San Fernando.
Javier Madanes Quintanilla, presidente de la empresa, envió una carta a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) desligándose de toda responsabilidad: advierte que, ante la toma sindical, no puede garantizar la seguridad del material radiactivo. Es un acto de una gravedad institucional mayúscula. El dueño de Fate, en lugar de extremar recursos para custodiar su material, prefiere pasarle el problema al Estado, jugando con la salud de los vecinos.
La excusa es la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que revocó un desalojo y avaló la ocupación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) como medida de fuerza legítima. Desde febrero, los trabajadores resisten el cierre de la planta y el despido de 920 operarios. Pero la defensa del derecho a huelga no puede, bajo ningún concepto, convertirse en un permiso para manejar irresponsablemente una fuente radiactiva. El sindicato, en su lucha, también es responsable de agravar el conflicto con un peligro de esta naturaleza.
Mientras la empresa y el gremio se acusan mutuamente, el riesgo persiste. La carta de Madanes Quintanilla es una confesión de negligencia: admite que, como licenciatario, es responsable de la seguridad radiológica, pero se declara incompetente para ejercerla. Es un acto de cinismo pretender que la ARN, un ente de control, supla la ausencia del responsable directo. El dueño de Fate busca un chivo expiatorio para su propia incapacidad de gestionar un conflicto laboral sin poner en peligro a la población.
A este cuadro de tensión se suma una multa del Gobierno nacional por el impago de salarios durante la conciliación obligatoria, una sanción que puede llegar hasta el 2000% del salario mínimo por trabajador. La empresa se escuda en que la planta está tomada para no pagar, ofreciendo adelantos que el gremio rechaza. De los 920 empleados originales, unos 380 aún resisten, negociando individualmente su salida con indemnizaciones de la ley anterior, más beneficiosa.
La situación es un polvorín. Por un lado, un gremio que mantiene una medida de fuerza legítima pero que no puede ignorar el peligro latente que hay dentro de la fábrica. Por el otro, un empresario que, en lugar de buscar una solución, amenaza con soltar la bomba de neutrones en el regazo del Estado. Las autoridades, tanto la ARN como la Justicia y el Gobierno nacional, deben intervenir de inmediato. No se puede permitir que un conflicto laboral derive en una catástrofe nuclear por la irresponsabilidad de las partes. La seguridad de los habitantes de San Fernando y alrededores no es moneda de cambio.
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