*Opinión, por Juan A. Zuoza
En una forzada conferencia de prensa, el abogado Martín Castro se vio obligado a dar explicaciones por las imágenes de la cámara oculta que se hicieron virales, en donde se compromete a la fiscal Gamarra y a la familia Miquelarena.
Lejos de resultar aclaratorias las explicaciones de Castro, manifestó que los $12.000.000 eran para pagar sus honorarios y que eso estaba teóricamente registrado en el expediente. Que todo ello no constituía ningún delito y que eran acuerdos judiciales dentro de la ley.
Sin embargo, Castro no entregó ningún recibo a la pagadora, al menos en lo que se ve en las imágenes del video. De hecho, cuando la pagadora le pide un recibo él se niega a entregarlo, basándose en cuestiones de confianza.
Paralelamente a ello, circuló por las redes una imagen en la que uno de los Miquelarena que compartía el estudio Jurídico con Castro, habría retirado su placa profesional de la puerta del edificio. No pudimos corroborar si esto fue inmediato, pero así lo manifestaron en las redes.
Todo es muy confuso y comprometido para personas con mucho poder en la justicia.
Mientras tanto, algunos jueces que están siendo investigados por la justicia están de fiesta porque se manchó a los que ordenaron las investigaciones.
Todo es muy raro.
Una hipótesis que cobra fuerza.
Una posibilidad es que el abogado Castro haya hecho acuerdos con la fiscal (acuerdos legales) y que en esos acuerdos se haya establecido que sólo se pediría un año de prisión para el delincuente que estaba siendo juzgado.
Es posible que Castro haya recurrido a una suerte de engaño para con la pagadora, diciéndole que había un “arreglo” (mediante coima) con la fiscal para lo cual “ella” pediría sólo un año de prisión a cambio de $12.000.000.
Si bien esa es una suma muy alta para cualquier mortal, no es una suma significativa para una fiscal, cuyo salario es de varios millones de pesos mensuales, muy por encima de lo que cobra una persona de clase media. Si esa suma se dividiera entre corruptos, el monto para cada uno sería apenas un vuelto para ellos.
Nada hay que descartar, y si bien hay personas muy codiciosas dentro del Poder Judicial, capaces de cualquier cosa por unos pocos pesos y que se creen impunes, a prima facie no es algo que tenga lógica en esta relación riesgo/beneficio. Arriesgarse a perder sueldos millonarios por $12 millones no es algo muy inteligente, aunque hemos visto que puede suceder.
Chubut Online ya ha realizado investigaciones en otras causas y se ha evidenciado que habría personas dentro del Poder Judicial que están dispuestas a casi cualquier cosa por hacerse de dinero mal habido. Testaferros, prostitución, negreo de personal, acomodos, favoritismos, aprietes, plantado de pruebas, sentencias desviadas, evasión impositiva, etc. Un abanico de situaciones que ya hemos publicado.
Si la historia se contara desde el punto de vista de algún abogado codicioso y no muy exitoso, la cuestión cambia. Ahí sí que los $12.000.000 toman significancia.
El hecho de que Castro no haya entregado un recibo por sus supuestos honorarios, es grave. Mínimamente habría una evasión impositiva en pleno conocimiento de la irregularidad que se estaba cometiendo.
Pero hay algo más preocupante. Si el audio del video no está editado intencionalmente, la pagadora le menciona el nombre de Gamarra como destinataria del dinero y Castro acepta esa situación.
Esto tira por la borda las explicaciones de Castro al tratar de desvincular a Gamarra de la situación y se entiende que hay un ambiente de ilegalidad en toda la transacción.
Es probable que Gamarra sea totalmente ajena a esta situación, y que esto se trate de una “mexicaneada”, como se dice en la jerga popular, por parte de Castro para hacerse de unos millones engañando a la pagadora.
La otra incógnita es saber quién filma el video, quién lo editó, y qué sucede en la totalidad del video, en las partes que no fueron publicadas. Eso es algo que la justicia (si existe) deberá establecer.
La vergonzante actuación de la Asociación de Magistrados.
Y por último, cabe analizar la postura de la Asociación de Magistrados, que es muy vergonzante desde hace mucho tiempo. Esta asociación publicó un comunicado alarmada por esta situación.
Sin embargo, en casos mucho más graves, como las irregularidades en torno a un juez de cámara que fue presidente de esa entidad y debió renunciar por esas irregularidades, el juez Claudio Petris, esa asociación no sólo se quedó callada y nada avergonzada, sino que también trató de ocultar el sol con las manos.
Pareciera ser que, para la Asociación de Magistrados, hay irregularidades que deben callarse y otras de menor rango que deben desencadenar escándalos. Si esa es la vara con la que esos magistrados redactan sentencias, es hora que los chubutenses pongamos el grito en el cielo y emprendamos acciones -dentro de la ley- para hacer una limpieza profunda del Poder Judicial, a fin de garantizar que algo tan básico como la justicia empiece a funcionar en esta provincia.
En fin, si queda algo de dignidad en el Poder Judicial, recemos por que esos con dignidad sean los que investiguen qué fue lo que realmente sucedió y se pueda esclarecer todo. Quienes actuaron dentro de la ley que duerman tranquilos, y los que no, que paguen por lo que hicieron.
La sociedad ya no cree en nadie.
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