El Gobierno argentino anunció un acuerdo histórico con los últimos fondos buitre, poniendo fin a más de dos décadas de litigios por la deuda en default de 2001.
El Gobierno argentino anunció anoche un acuerdo histórico con los últimos fondos buitre que mantenían juicios contra el país por la deuda en default de 2001, cerrando así uno de los capítulos más largos y conflictivos de la historia financiera nacional.
La resolución de esta disputa, que se extendió por más de 23 años, se confirmó mediante una carta presentada ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. El principio de acuerdo involucra a los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, Bainbridge Fund, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, los últimos holdouts que rechazaron las ofertas de canje de 2005, 2010 y 2016.
Este entendimiento no solo evita un litigio que amenazaba con el embargo de activos argentinos en el exterior —como la participación en Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación—, sino que traza una línea divisoria con un pasado de cesaciones de pago. Los fondos, representados por el estudio Quinn Emanuel, aceptaron suspender todos los procedimientos judiciales mientras se ultiman los detalles del acuerdo, allanando el camino para una solución definitiva.
“Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”, señaló Dennis Hranitzky, el abogado que representa a dos de los fondos, en un comunicado que refleja el nuevo clima de entendimiento.
La saga, que comenzó con la crisis de 2001, tuvo varios intentos de solución. El pago récord de 9.300 millones de dólares en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri permitió salir del default técnico y reestructurar la deuda con más del 95% de los acreedores. Sin embargo, un pequeño porcentaje de holdouts persistió con sus demandas, logrando embargos por unos 310 millones de dólares el año pasado.
Con este nuevo acuerdo, Argentina deja atrás no solo las demandas, sino también el fantasma de los embargos y las tensiones con el sistema financiero internacional. El uso de las cláusulas de acción colectiva (CAC) en emisiones posteriores, impulsado en parte por esta larga disputa, garantiza que situaciones similares sean mucho más difíciles de repetir en el futuro, blindando la soberanía financiera del país. Se cierra, así, un círculo vicioso para dar paso a una nueva etapa de normalidad y previsibilidad.
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