La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha declarado una guerra abierta contra los argentinos al anunciar un paro que paralizará más de 27 aeropuertos en toda Argentina a partir de este lunes. En una medida extorsiva que no tiene justificación, el gremio que lidera Rodolfo Aguiar ha decidido tomar como rehenes a miles de pasajeros, arruinando sus compromisos, viajes por salud, estudios, negocios, viajes por tratamientos médicos, y sus compromisos familiares, en un nuevo capítulo de la agenda sindical más retrógrada del país.
La medida de fuerza, programada del 18 al 24 de marzo, contempla dos franjas horarias diarias de cese de actividades (de 9 a 12 y de 17 a 20) en las principales terminales aéreas del país, incluyendo Ezeiza y Aeroparque. Mientras los trabajadores de sectores esenciales como bomberos y sanidad garantizan la seguridad, el sindicato presiona con el caos para lograr un aumento salarial, demostrando una vez más que no les importa el daño colateral que generan en la sociedad.
El argumento de Aguiar es tan falaz como indignante: acusa al Gobierno de no pagar aumentos acordados y exige que el Ejecutivo «reflexione» para evitar el conflicto. Sin embargo, quien debería reflexionar es un sindicalismo que, ante la falta de diálogo, no duda en dinamitar el derecho de la población a transitar libremente por su país. No importan las familias que pierdan sus vuelos, los turistas varados ni los profesionales que no lleguen a sus citas; la prioridad de ATE es presionar, cueste lo que cueste.
El derecho a huelga no es un cheque en blanco para destruir la vida de los demás. No es admisible que un gremio, parapetado en un supuesto reclamo salarial, bloquee el derecho constitucional a la libre circulación y al trabajo de miles de personas. Esta medida no es contra el Gobierno; es contra el ciudadano de a pie que solo quiere viajar para atender su salud, sus negocios o simplemente descansar.
Mientras Aguiar se dedica a hacer declaraciones políticas mezquinas, vinculando el conflicto con un viaje del vocero presidencial Manuel Adorni, los argentinos volvemos a ser rehenes de una casta sindical que cree que puede doblegar al país con el caos. Es imperativo que se limiten estos abusos. No se puede seguir permitiendo que un puñado de dirigentes, escondidos detrás de un escritorio, decidan paralizar el país y arruinarle el día a millones de personas que solo quieren vivir en paz.
La respuesta debe ser clara y contundente: tolerancia cero con el sindicalismo extorsivo. No más rehenes. No más argentinos pagando los costos de una pelea que no eligieron.
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