En Cholila, tres jóvenes se suicidaron en dos meses. Pero detrás de la tragedia hay un entramado más profundo: aislamiento, incendios intencionales, un poder judicial incompetente y obseno, y desesperanza implantada por políticos y medios que siembran caos sin medir las consecuencias.
Los hechos.
Cholila, una pequeña comunidad cordillerana de apenas 3.000 habitantes, vive días de conmoción. En menos de 60 días, tres jóvenes —Gonzalo Neira, Diego Leal Marchant y Emanuel Mariqueo— se quitaron la vida. El hecho desnuda una herida que duele por sí misma, pero también expone un diagnóstico mucho más profundo que rara vez se nombra: el aislamiento estructural de las comunidades rurales, la falta de incentivos para emprender, el estancamiento sociocultural y una industria de la desesperanza alimentada desde ciertos sectores políticos y mediáticos nacionales y provinciales que convierten cualquier avance positivo en un anuncio apocalíptico.
Frente a esta tragedia, el director del medio local Cholila Online, Darío Fernández, presentó formalmente un proyecto de resolución ante la diputada provincial Sandra Daniela Willatowski para que se declare la Emergencia en Salud Mental y Prevención del Suicidio en la localidad por 180 días. En su pedido, solicita la intervención coordinada de los ministerios de Salud, Educación y Familia, con equipos interdisciplinarios permanentes en el Hospital Rural y un “Corredor Preventivo Escolar-Comunitario” que permita detectar señales de riesgo antes de que sea demasiado tarde.
El diagnóstico de Fernández es técnico y urgente. Su informe de respaldo advierte que si la tasa de suicidios de Cholila se trasladara a una ciudad como Comodoro Rivadavia, equivaldría a entre 150 y 200 muertes en dos meses. Señala tres factores: el trauma ambiental post incendios forestales, la asfixia económica municipal que eliminó espacios de deporte y cultura para los jóvenes, y una red de derivación sanitaria que depende del Área Programática Esquel, con demoras burocráticas fatales. Su pedido es concreto, medible y espera una respuesta del Estado provincial en 10 días.
Otros aspectos que generan caos y depresión social.
Detrás de estas cifras hay otro análisis que resulta ineludible. El verdadero drama de comunidades como Cholila no comenzó con los incendios ni con la baja de regalías. Viene de mucho antes: el aislamiento geográfico de este tipo de comunidades que se transformó en aislamiento emocional, la falta de proyectos productivos que convierten el futuro en un espejismo, la desaparición del sentido de pertenencia en generaciones enteras que ya no encuentran razones para quedarse ni motivos para soñar.
Cholila, al igual que las demás comunidades cordilleranas apostaron sabiamente al turismo, la ganadería y la producción de productos regionales. Pero hay una mafia organizada incendiaria que promete destruir toda actividad productiva y lo está haciendo. Mientras tanto, la justicia, inútil como siempre, no tiene miras de dar solución ni encontrar culpables, si es que ya no los tiene y calla sus nombres por algún motivo. Los arrestos ocasionales sólo dejaron la sensación de haberse tratado de «perejiles»; nunca un pez gordo.
Y sobre ese suelo desconsolado, hay quienes siembran un clima social deprimente a propósito: políticos de la vieja escuela medios de comunicación destinados a generar malestar en la población.
Y de eso no estamos muy lejos. Días atrás, un medio masivo argentino señaló al ex gobernador de Chubut, Marín Buzzi, como el propietario de una agencia de noticias encargada de plantar noticias falsas, desde oficinas ubicadas en la Capital Federal.
Sembrando el pánico social con fines políticos.
Mientras el país atraviesa un proceso económico que por primera vez en décadas muestra estabilidad —inflación a la baja, libre acceso a moneda extranjera, recuperación de variables clave—, una constelación de medios de comunicación alineados con sectores políticos derrotados en las urnas insiste en transformar cada dato positivo en un presagio de catástrofe. Lo hicieron con la política de glaciares, tergiversando hasta el absurdo una norma que solo devolvió a las provincias la potestad de elegir su grado de protección. Lo hacen con la economía, ocultando la recuperación para instalar malestar. Lo hicieron con las condenas a la corrupción, defendiendo lo indefendible. Y lo siguen haciendo todos los días, porque su modelo de negocio no depende de informar, sino de intoxicar. Y hoy sufrimos las consecuencias: familiar destruidas por hechos evitables.
Esa maquinaria de descontento permanente golpea con especial saña en los pueblos chicos. En Cholila, como en tantas localidades rurales de la Patagonia, no hay distancia posible entre lo que se dice en un programa nacional y el ánimo de una familia que mira el techo buscando respuestas. Cuando se instala sistemáticamente la idea de que no hay futuro, que todo está perdido, que el país se derrumba mientras otros indicadores muestran lo contrario, se está cavando una fosa silenciosa en la salud mental de una población ya de por sí vulnerable.
El suicidio, claro, es un tema de enorme complejidad. No tiene una sola causa ni un único responsable. Pero negar que el bombardeo constante de información catastrófica, con sesgo político deliberado, impacta en el estado de ánimo colectivo sería un acto de hipocresía. En comunidades pequeñas, donde los lazos son más frágiles y las oportunidades escasean, ese veneno emocional tiene efecto multiplicador.
Lo que necesita hoy Cholila es necesario y urgente: profesionales, protocolos, articulación entre ministerios. Pero lo que Cholila y tantas comunidades como ella necesitan también es que se deje de jugar con la verdad. Que se entienda que distorsionar la realidad para obtener rédito político no es una estrategia inocua: es un factor de riesgo real para quienes ya están al borde del abismo.
Hoy le tocó a Cholila, pero mañana le tocará a otra localidad y ya hay antecedentes en todo el interior de riñas violentas, alcoholismo y drogas que nacen de esta manipulación social para sembrar constantemente desesperanza.
Mientras tanto, la Legislatura del Chubut tiene en sus manos un proyecto que puede salvar vidas. Los plazos corren y poder legislativo tampoco está por fuera de las responsabilidades. Pero también corre la responsabilidad de quienes, desde sus tribunas, eligen alimentar el caos en lugar de reconstruir el sentido de futuro. Porque en lugares como Cholila, el silencio no es lo único que mata.
