Un ambicioso proyecto de recuperación de suelos con una barrera verde de 600 km y 52 millones de dólares busca frenar la desertificación en Chubut.
El proyecto ResChubut
La desertificación avanza silenciosamente sobre la estepa patagónica, pero un proyecto sin precedentes busca ponerle freno con una barrera verde de 600 kilómetros. Se trata de RESChubut, una iniciativa de la Fundación Ayesa que, a través de Jorge Roberto Müller, su promotor, propone forestar los márgenes de las rutas provinciales 35 y 14 y la Ruta Nacional 40 con especies nativas como molle, calafate y neneo, creando un «cortafuegos» natural contra la erosión del suelo en la zona semiárida de la provincia.
La magnitud del proyecto es mayúscula: una franja de 200 metros de ancho que recorrerá casi 600 kilómetros de longitud, abarcando cinco departamentos —Cushamen, Languiñeo, Futaleufú, Tehuelches y Río Senguer— y alcanzando a 15 localidades. El plan tiene un horizonte de ejecución de seis años y prevé la generación de 750 puestos de trabajo genuinos, con una contratación inicial de 50 personas. El presupuesto total asciende a 52 millones de dólares, financiados a través del Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA), cuyos fondos no son retornables, por lo que no implican erogación alguna para los gobiernos municipales, provincial o nacional.
La lógica del proyecto es tan simple como efectiva: aprovechar la infraestructura vial existente. Las rutas que atraviesan Chubut de norte a sur permiten un acceso rápido para la implantación y el mantenimiento de la franja forestal. Los plantines serán producidos en invernaderos que se construirán en las distintas localidades participantes, y tanto estas estructuras como los vehículos afectados —un camión volcador, una pickup 4×4 y una gamela comedor— quedarán como patrimonio de las municipalidades una vez concluido el proyecto. La Fundación Ayesa ya cuenta con experiencia en la materia: posee un vivero de plantas nativas en Esquel que funciona desde hace cinco años y acumula más de ocho años produciendo molle, con entregas a comunidades como Cushamen a través del INTA.
El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de presentación y requiere transitar hacia la fase de formulación, que es la más importante. Para ello, necesita dos pilares fundamentales: el apoyo político de los gobiernos municipal, provincial y nacional, y la conformación de los «consorcios de conservación» que exige la Ley 22.428 de Conservación de Suelos, integrados por los propietarios de los terrenos donde se implementará el proyecto. Ya se han recibido adhesiones de Alto Río Senguer, Gualjaina, Gobernador Costa y Trevelin, y se mantienen contactos con el resto de las comunidades involucradas, entre ellas El Maitén, Cushamen, Fofocahuel, Tecka y Corcovado.
La articulación institucional es compleja: intervienen la Secretaría de Ambiente de la provincia, la Secretaría de Ambiente de Nación, la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) dependiente del Ministerio de Economía, y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El proyecto ya ha sido presentado formalmente en la Secretaría de Ambiente de Nación bajo el expediente EX-2024-49653482. La palabra final sobre su viabilidad recaerá en la ONU, que determinará si el proyecto cumple con los estándares internacionales requeridos.
La Fundación Ayesa, que da impulso a esta iniciativa, no es una recién llegada al territorio. Con 13 años de trayectoria y personería jurídica, su nombre es el acrónimo de Ayuda para la Educación, la Salud y la Alimentación. Durante más de una década ha brindado asistencia solidaria a escuelas y comedores rurales del interior de la provincia, distribuyendo libros, ropa, herramientas e insumos, y realizando talleres comunitarios de huerta junto al INTA. Esta experiencia de terreno es la que hoy respalda un proyecto que, según sus impulsores, se hace posible «uniendo las voluntades de las 15 localidades que intervendrán».
El desafío es inmenso, pero las cifras alivianan la carga: a cada departamento le corresponderán forestar 120 kilómetros en seis años, es decir, 20 kilómetros por año; y si intervienen 15 localidades, a cada una le tocaría forestar tan solo 8 kilómetros anuales. Lo que en su conjunto parece una tarea titánica se vuelve abordable cuando se distribuye entre las comunidades.
«Donde algunos ven barreras, nosotros elegimos creer», es la frase que guía a los impulsores de RESChubut, que confían en que el acompañamiento de la comunidad, los medios de comunicación y las decisiones políticas terminarán de inclinar la balanza. El camino es largo y no exento de obstáculos, pero la perseverancia y la convicción son las armas con las que cuentan para seguir adelante.
Mientras la política avanza a sus propios tiempos, la comunidad comienza a informarse y a sumar su respaldo a una iniciativa que promete no solo frenar la desertificación, sino también generar empleo, fortalecer el arraigo rural y dejar infraestructura productiva en cada una de las localidades participantes. RESChubut es, en definitiva, una apuesta al futuro de la provincia, donde la recuperación del suelo y el desarrollo comunitario van de la mano.
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