La paciencia de la Justicia tiene un límite, y Cristina Fernández de Kirchner acaba de comprobarlo una vez más. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad, elevando el monto a la astronómica cifra de 685.000 millones de pesos, y de paso enterró los últimos recursos dilatorios que la ex presidenta y su socio Lázaro Báez intentaron utilizar para escapar de la ejecución patrimonial. Con esta resolución, el máximo tribunal no solo ratifica la condena por administración fraudulenta, sino que desnuda la estrategia de la ex mandataria: utilizar todos los trucos legales, planteos de nulidad y artilugios procesales para postergar lo inevitable, mientras agita el fantasma del “lawfare” para confundir a la opinión pública.
La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó de plano los pedidos de nulidad y el intento de suspender las medidas de ejecución. La defensa de Cristina, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, había esgrimido argumentos tan endebles como la supuesta “litispendencia” o la pretendida incompetencia del Tribunal Oral Federal 2 para ejecutar el decomiso. Pero los ministros no compraron el relato: el decomiso es de naturaleza penal, y los bienes incautados, que incluyen 111 propiedades en el sur del país, ya están en proceso de tasación para su remate. La ex presidenta, que cumple arresto domiciliario desde hace un año, ve cómo su patrimonio se esfuma mientras sus abogados intentan ganar tiempo a costa del erario público y de la credibilidad del sistema judicial.
No es la primera vez que Cristina Kirchner recurre a la chicana legal para torcer el brazo de la Justicia. En esta causa, que investiga el desvío sistemático de fondos de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, la condena a seis años de prisión ya es firme, y el decomiso solidario alcanza a todos los condenados, entre ellos Báez, cuyos bienes ya fueron rematados en otras causas. Pero la ex presidenta insiste en victimizarse, alegando que el monto actualizado –que pasó de 85.000 a 685.000 millones– es “excesivo” o que el período imputado debería ser más corto para ella. Sin embargo, los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ya habían dejado en claro que el cálculo responde a un informe técnico del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, y que el marco temporal es el de toda la maniobra defraudatoria, sin concesiones a los privilegios de la ex mandataria.
Lo que realmente molesta a Cristina Kirchner no es el número, sino la pérdida de control. Sabe que la ejecución de su patrimonio es el paso previo a una posible prisión efectiva, y por eso no duda en sembrar dudas sobre la legitimidad del tribunal, denunciar una supuesta “persecución” o incluso insinuar que el decomiso debería tramitarse en el fuero civil para dilatar el proceso décadas. Pero la Corte Suprema, con esta resolución, ha enviado un mensaje claro: la ley no se negocia, y los recursos que solo buscan obstruir la acción de la Justicia serán rechazados sin contemplaciones. La estrategia de la ex presidenta de convertir cada fallo en un escándalo mediático para presionar al Poder Judicial ha fracasado estrepitosamente, y ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.
El fallo también desnuda el entramado de corrupción que durante más de una década saqueó las arcas del Estado en la provincia de Santa Cruz, pero que tiene réplicas en todo el país, incluido Chubut. La adjudicación de 51 licitaciones de obra pública al Grupo Austral, propiedad de Báez, no fue un acto aislado, sino la punta del iceberg de un sistema de negocios espurios que benefició a los kirchneristas más cercanos al poder. Mientras la ex presidenta se escuda en su fuero y en la retórica de la persecución política, los bienes que alguna vez ostentó como símbolo de su estatus están siendo tasados para saldar la deuda con la sociedad. El remate de esas propiedades, que incluyen terrenos y edificios en el sur, será un acto de reparación simbólica y material para todos los argentinos que vieron cómo se dilapidaban los recursos públicos en obras sobrevaluadas y contratos amañados.
No hay excusa que valga. Cristina Kirchner ha intentado todo: planteos de nulidad, recursos de casación, pedidos de suspensión, y hasta la artimaña de la “unificación de condenas” para que el Tribunal Oral Federal 4 absorba el decomiso. Pero la Justicia, paso a paso, ha ido desmontando cada uno de sus argumentos. La Cámara de Casación ya había rechazado en octubre la competencia civil que esgrimían sus defensores, y ahora la Corte Suprema cierra la puerta definitivamente. La ex presidenta no es víctima de un complot, sino responsable de un fraude que perjudicó a todos los argentinos, y su intento de alterar el orden público mediante discursos inflamatorios y convocatorias a movilizaciones no hará más que agravar su situación judicial.
El mensaje es contundente: en la Argentina, la corrupción tiene precio, y Cristina Kirchner lo está pagando. La actualización del decomiso a 685.000 millones de pesos no es un capricho, sino el resultado de un peritaje riguroso que refleja el daño causado a la administración pública. Y aunque la ex presidenta intente distraer con sus habituales diatribas contra el Poder Judicial, la realidad es que la Justicia ha actuado con independencia y firmeza, poniendo fin a décadas de impunidad. Los habitantes de Chubut, de Santa Cruz y de todo el país deben saber que los fallos no se doblegan con tuits ni con amenazas, y que tarde o temprano, los bienes malhabidos terminan siendo devueltos a su legítimo dueño: el pueblo argentino.
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