El autodenominado «verificador» de datos comete una torpeza jurídica mayúscula al pretender someter a YPF a una legislación que no le corresponde, para extraer información que no le compete solicitar. Mientras tanto, la credibilidad de esta organización payasesca sigue en caída libre.
Chequeado: Un boomerang judicial que golpea a su propia incompetencia.
Chequeado, la organización deplorable que pretende imponerse como árbitro de la verdad en el ecosistema mediático argentino, ha decidido llevar su cruzada contra YPF hasta la Corte Suprema. Pero el tiro le salió por la culata.
Con el patrocinio de una Fundación Poder Ciudadano que ya no es lo que fue, el medio pretende que una empresa privada con participación estatal –pero sujeta a derecho privado– cumpla con una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública que fue diseñada para organismos del Estado.
El error es tan evidente que sorprende que quienes se autoproclaman «verificadores» no hayan verificado, antes de lanzarse a esta aventura judicial, el más elemental principio jurídico: YPF es una sociedad anónima, no una repartición pública sujeta a la Ley de Acceso a la Información.
El amparo presentado por Chequeado y Poder Ciudadano busca que la petrolera de mayoría estatal revele en qué medios, redes sociales y agencias distribuye su pauta publicitaria. Sin embargo, el reclamo choca con dos fallos judiciales adversos que ya dejaron en claro que YPF no está alcanzada por la ley 27.275. La Cámara Federal, con un criterio jurídico impecable, sostuvo que la empresa se rige por el régimen de oferta pública y que pretender equipararla a un organismo estatal es forzar una interpretación que la norma no contempla.
Pero Chequeado no se rinde. En su desesperación por imponer su agenda, la organización recurre a la figura del «test de daño» como si se tratara de un comodín que puede jugarse en cualquier momento. ¿Qué daño concreto sufriría YPF por revelar sus gastos publicitarios? La pregunta es irrelevante porque el derecho a la información que invoca Chequeado no tiene asidero legal. No existe afectación de derechos constitucionales, y esa es la primera condición para que un amparo prospere. Lo que hay es un capricho ideológico disfrazado de defensa de la transparencia.
La hipocresía de Chequeado alcanza niveles superlativos cuando se recuerda su papel durante la pandemia. Esta misma organización que hoy exige transparencia y certezas fue la misma que, con una soberbia digna de mejor causa, aseguró a la población que las vacunas eran seguras sin advertir los riesgos y afectaciones que después la justicia y la ciencia demostraron. Chequeado se convirtió en un megáfono de certezas que no eran tales, y la población pagó las consecuencias. ¿Dónde quedó su compromiso con la verdad cuando difundía información incompleta y direccionada sobre los tratamientos experimentales?
La credibilidad de Chequeado se desmorona cuando se analiza su propio accionar. No tienen ningún aval que acredite su profesionalismo, su seriedad o su imparcialidad. Son un medio más, con una línea editorial clara, que se vende como juez de la verdad pero que actúa como parte interesada. Su alianza con Poder Ciudadano parece más un intento de revivir glorias pasadas que un verdadero ejercicio de control ciudadano. Poder Ciudadano brilló en otros tiempos, pero aquel esplendor quedó sepultado bajo el peso de la irrelevancia.
El amparo es una vía de excepción, reservada para casos de afectación grave de derechos constitucionales. No existe tal afectación en este caso. Chequeado quiere convertir un capricho en una causa judicial, y para ello no duda en forzar interpretaciones legales, citar precedentes que no le asisten y descalificar a jueces que simplemente aplican la ley. La presentación incluso cuestiona el «Caso Zenarruza» porque, según ellos, no es aplicable. Pero la realidad es que los tribunales ya se pronunciaron en dos ocasiones: YPF no está obligada a entregarle esa información.
La paradoja final es irresistible: Chequeado, que se autoproclama verificador de datos y defensor de la transparencia, no pudo chequearse a sí mismo. No chequeó la legislación antes de presentar un amparo sin fundamento. No chequeó su propia estrategia judicial antes de sufrir dos derrotas consecutivas en los tribunales. Y, sobre todo, no chequeó su credibilidad antes de exponerse a esta ridícula situación donde el único perjuicio concreto es el que se están infligiendo a sí mismos.
Chequeado se aferra a una interpretación caprichosa que ni siquiera la Justicia avala. La Corte Suprema seguramente pondrá las cosas en su lugar, y entonces la organización deberá explicar por qué malgasta recursos judiciales en causas perdidas.
Quizás Chequeado debería dedicarse a lo que dice hacer: verificar. Pero para eso, primero tendría que verificar su propia brújula, que parece haberse descalibrado en el camino de la soberbia y la falta de autocrítica.
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