Chubut Online accedió a información oficial que señalaría al exministro de Economía de Chubut, Alejandro Garzonio, como responsable del desmonte de 189 cipreses nativos en la cordillera y desmonte con topadora sin autorización; una multa insignificante, y otras irregularidades aún sin resolver, con consecuencias inesperadas.
Los hechos.
La información a la que accedió Chubut Online apunta a un hecho de gravedad ambiental que tendría como protagonista a un exfuncionario de alto rango de la provincia del Chubut. Se trataría de Alejandro Garzonio, quien se desempeñó como ministro de Economía durante las gestiones de Mario Das Neves y Mariano Arcioni, y que ahora habría quedado en el centro de una investigación por tala y desmonte ilegal de bosque nativo en un predio ubicado en la Colonia 16 de Octubre, en el departamento Futaleufú.
Según la documentación oficial obtenida por este medio, el exministro habría ordenado o facilitado el desmonte de al menos 189 cipreses nativos y el aprovechamiento ilegal de 18 postes de la misma especie, en un terreno que pertenece en condominio a varias personas, entre ellas, algunos parientes directos ajenos a estos episodios. La superficie afectada alcanzaría las 0,64 hectáreas, y el hecho habría sido detectado originalmente por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT-D), una herramienta nacional que procesa imágenes satelitales para identificar pérdidas de bosque nativo.
La magnitud del daño ambiental es significativa: los cipreses de la cordillera son ejemplares antiguos, parte del patrimonio genético de la región, y su extracción sin autorización constituiría un delito ambiental de gran impacto. Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad única, sino que también fijan suelos, protegen cuencas hídricas y mitigan el cambio climático. Por eso, cualquier acción que los afecte de manera ilegal merece el más enérgico repudio.
La paradoja del caso es que, si bien se destaca el accionar de algunas de las autoridades del área de bosques al iniciar el expediente, la sanción y el procedimiento parecieran estar del lado del infractor.
Una multa insignificante.
Lo que más llama la atención del caso es la multa aplicada. La Secretaría de Bosques del Chubut impuso a Garzonio una sanción económica de apenas $1.512.000, un monto que, a simple vista, resulta una burla. La propia Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que las multas por este tipo de infracciones deben oscilar entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. Con un sueldo básico que supera ampliamente el millón de pesos, la cifra impuesta representa apenas una fracción ínfima de lo que la ley permite.
Este tipo de sanciones tan bajas, lejos de disuadir, invitarían a cometer nuevas infracciones, porque el costo de ser descubierto resulta irrisorio en comparación con el beneficio económico obtenido.
Un registro de infractores que no existe.
Otro aspecto que agrava la situación es la inexistencia o falta de operatividad del Registro Nacional de Infractores, desde hace muchos años. Según lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 26.331, este registro debería ser administrado por la Autoridad de Aplicación y ser de acceso público en todo el territorio nacional. Sin embargo, fuentes consultadas indican que el registro no funciona como corresponde, no es público y, además, la provincia del Chubut habría dejado de enviar información durante años, lo que impide que los infractores enfrenten las consecuencias de estar inscriptos, como la imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones o la aplicación de sanciones más severas en caso de reincidencia.
La documentación a la que accedió Chubut Online también reveló que, pese a la gravedad de los hechos, ningún otro medio de comunicación se habría animado a publicar esta situación. El silencio mediático, sumado a la demora en la resolución de los expedientes, alimenta la sospecha de que el exfuncionario gozaría de una protección especial, al menos, por parte de los que operan varios de los medios más conocidos en la provincia.
De hecho, en el expediente 1066/2022 SB, Garzonio habría asumido la responsabilidad por las infracciones cometidas en el Lote 108 de la Colonia 16 de Octubre, pero en el caso del predio 24b, Sección III, Fracción A —donde se habría producido el desmonte de los 189 cipreses—, la autoría no estaría clara, presuntamente habría sido por el mismo autor, y parientes directos del exministro temen que se los haga responsables por ser también titulares del inmueble, cuando ellos no habrían tenido participación alguna en las graves irregularidades.
El temor a la confusión.
En este contexto, Alejandro Garzonio habría mantenido fuertes disputas muy conflictivas con algunos de sus parientes, al punto de que uno de ellos manifestó ante este medio que no tiene vínculo con él desde hace casi veinte años.
Hay quienes manifestaron a este medio que el exfuncionarió estaría realizando una especie de «usurpación» del predio en condominio, tras el vencimiento en 2020 de un contrato de alquiler, por el que no habría, en principio, y según el testimonio recabado, comprobante alguno de pago.
La situación es tan delicada que algunos familiares del exfuncionario habrían expresado su preocupación por ser confundidos con infractores ambientales por el simple hecho de compartir el apellido y ser parte del mismo condominio. Sin embargo, cabe destacar que, en el caso de la tala y el desmonte ilegal, el único responsable señalado sería Alejandro Garzonio, y no el resto de los parientes, quienes se habrían desvinculado totalmente de las actividades ilícitas.
Las demás sanciones, sin embargo, habrían de recaer en los parientes y no en quien sería responsable de los ilícitos.
¿Habrá acción penal?
Habida cuenta del expediente en la Dirección de Bosques, es dable preguntarse si esto quedará en un mero expediente administrativo o si desde la Dirección de Bosques, o desde el MPF, de oficio, se iniciarán acciones penales contra el exfuncionario.
De corresponder, sería bueno que quienes tienen la responsabilidad de denunciar o iniciar acciones legales, lo hagan, porque si no, el accionar queda restringido a la buena de Dios, o a la voluntad de algún vecino.
¿Qué lección le queda a la sociedad?
La pregunta que surge es inevitable: ¿qué controles se le harán de aquí en más a Alejandro Garzonio? Si un exministro de Economía puede talar casi 200 árboles nativos y pagar una multa que no llegaría ni al 10% de lo que la ley permite, ¿qué mensaje se está enviando a la sociedad? El poder parece blindar a quienes lo ostentan, aún sin estar en funciones, y este caso sería un ejemplo de cómo algunas personas creen que «pueden todo» por su vinculación con la política. La impunidad, en estos casos, no solo daña el ambiente, sino que erosiona la confianza en las instituciones.
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