El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos condenó a tres años de prisión en suspenso al capitán Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan, mientras absolvió a otros tres altos mandos.
A casi nueve años de la tragedia que enlutó a la Armada Argentina y al país entero, la Justicia federal emitió su veredicto en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos condenó este miércoles al capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien comandaba la Fuerza de Submarinos en el momento del siniestro, a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de las 44 víctimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En un fallo que marca un antes y un después en la causa, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo —máximo cargo operativo de la fuerza en ese entonces— y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
El proceso judicial, que se extendió por más de 30 audiencias desde marzo de 2026, se concentró en la cadena de mando superior al comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien falleció en el naufragio. Quedaron fuera del banquillo de los acusados el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas de turno, entre ellas el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad.
El único condenado y sus últimas palabras
Villamide, quien fue destituido en marzo de 2021 por el Consejo General de Guerra durante la gestión de Agustín Rossi, enfrentó el veredicto con un discurso de inocencia. “No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”, declaró ante los jueces. Y agregó: “Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”.
López Mazzeo, por su parte, sostuvo que la acusación construyó un relato basado en inferencias y no en pruebas concretas: “Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso”. El capitán Correa se declaró inocente y afirmó haber actuado con “el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto”.
El pedido de las querellas y la decisión del tribunal
El Ministerio Público Fiscal había solicitado cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, cuatro para Alonso y tres años y seis meses para Correa. Las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 34 familias de los tripulantes, pidieron cinco años para los cuatro imputados por “imprudencia grave y sistemática”. El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y también querellante, fue más lejos al solicitar penas de siete a ocho años de prisión.
El tribunal, sin embargo, consideró que la Fiscalía no logró demostrar un vínculo directo de causalidad entre las decisiones de los tres oficiales absueltos y el naufragio. Solo Villamide fue encontrado responsable por mayoría, aunque la pena de ejecución condicional le permite no ir a prisión. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 21 de agosto.
El fantasma del mantenimiento y las baterías recicladas
Uno de los puntos que más polémica generó a lo largo de la investigación fue el estado del submarino y las condiciones en que se realizó su reparación de “media vida”. En septiembre de 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó en Tandanor un acto donde prometió que el ARA San Juan tenía 30 años más de vida útil, tras una inversión de más de 16 millones de dólares. “Ahora, pato al agua”, dijo la exmandataria rodeada de militantes.
Sin embargo, investigaciones posteriores del Ministerio de Defensa y auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectaron presuntas irregularidades en la compra de baterías y en los trabajos de reparación. Según el informe, la Armada habría beneficiado a determinados proveedores, cometido irregularidades en el recambio de baterías y adquirido insumos con garantías vencidas. Fuentes del astillero aseguraron que las baterías fueron reemplazadas por completo, aunque persisten las dudas sobre si se trataba de unidades nuevas o recicladas.
La exministra de Defensa Nilda Garré intentó salir al cruce de las críticas: “No sé si se cambió. Técnicamente no lo conozco. Se hizo todo lo necesario que se tenía que hacer. No se abarató nada”. Pero las sospechas sobre el mantenimiento precario del submarino nunca se disiparon del todo y fueron un eje central en el debate judicial.
Reacciones y próximos pasos
El fallo fue recibido con críticas por parte de los querellantes. Luis Tagliapietra anticipó que apelará la decisión y avanzará con un pedido de nulidad ante la Cámara de Casación Penal. “Ya veníamos advirtiendo sobre presiones, las negativas constantes para que se realicen las pruebas y el forum shopping para asegurar que el juicio se realizara en Santa Cruz, como pretendía la Armada”, denunció el abogado.
Desde las filas de la Armada, en tanto, el fallo generó alivio entre los sectores que temían que una condena masiva afectara la moral de las camadas más jóvenes. Institucionalmente, las autoridades de la fuerza no emitieron pronunciamiento oficial.
El caso del ARA San Juan sigue siendo una herida abierta para la sociedad argentina. El submarino zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 y desapareció el 15 de noviembre tras reportar una avería. Un año después, el casco fue hallado a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, confirmando la implosión que acabó con la vida de sus 44 tripulantes. La sentencia de hoy cierra un capítulo judicial, pero deja muchas preguntas sin respuesta.
Deja una respuesta