La posible elección de un papa negro, como Peter Turkson, revive una vieja profecía de Nostradamus que anuncia el fin del mundo, justo cuando el planeta se tambalea por guerras en Europa y Medio Oriente.
¿Se viene el Apocalipsis con sotana? La profecía del “Papa negro” que hoy nos hace mirar al cielo (y no por fe)
La historia tiene ese don maravilloso de repetirse… o al menos de hacer como que sí. Y ahora, entre guerras, misiles, y un mundo más al borde del colapso que la batería del celular a medianoche, una figura emerge desde lo profundo del Vaticano con nombre de profecía: Peter Turkson, el cardenal ghanés que podría convertirse en el próximo Papa.
Y aquí es donde todo se pone místico, conspiranoico y deliciosamente dramático: Nostradamus, ese gurú medieval de las desgracias futuras, habría predicho que, tras la muerte de un Papa anciano (¿Francisco, sos vos?), llegaría el Papa negro… y con él, el mismísimo fin del mundo. ¿Coincidencia o spoiler divino?
¿Quién es Peter Turkson, el «papa negro»?
Peter Turkson nació en Ghana en 1948, y desde 2003 forma parte del selecto club cardenalicio gracias a Juan Pablo II. No es cualquier cura con sotana: su currículum incluye altos cargos en el Vaticano, especialmente en temas como la justicia social, la ecología y el desarrollo humano. Es decir, si el mundo se va a acabar, al menos lo va a agarrar alguien con sensibilidad social.
Entre 2009 y 2016 dirigió el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, y luego fue designado por el propio Francisco para liderar el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Sí, suena a título largo y burocrático, pero en resumen: Turkson es un peso pesado.
El contexto no ayuda: guerras, misiles y profecías
Mientras el Vaticano entra en «sede vacante» (esa pausa solemne entre papas que siempre huele a incienso y secretos), el mundo afuera está, digamos, en modo explosivo. La guerra entre Rusia y Ucrania no da tregua, Estados Unidos se mete cada vez más, Europa se arma hasta los dientes, e Israel, Gaza e Irán se intercambian amenazas como si fueran memes.
¿Y si esto no fuera suficiente para ponernos nerviosos, tenía que venir Nostradamus a patear el tablero?
En uno de sus crípticos versos, el profeta francés sugiere que tras la muerte de un Papa anciano, vendrá un Papa negro. Algunos dicen que se refería a un pontífice africano, como Turkson. Otros sostienen que “negro” alude a los jesuitas —por su hábito oscuro—, y recordemos que Francisco fue el primer Papa jesuita. O sea, según cómo se lo lea, el apocalipsis ya empezó… o está por empezar… o ya terminó y no nos avisaron.
¿Y si no es Turkson?
Obviamente, el cónclave no es una serie de Netflix: no hay spoilers, y todo se decide a puertas cerradas entre cardenales menores de 80 años. Entre los otros candidatos con chances están Matteo Zuppi (el diplomático de Bolonia), Luis Antonio Tagle (filipino y reformista), y Pietro Parolin (el que tiene más mundo que Google Maps gracias a su rol como Secretario de Estado del Vaticano).
Del lado más conservador, figuran Willem Eijk, crítico de las reformas de Francisco, y Raymond Leo Burke, quien podría tranquilamente ser el villano de una película de Dan Brown.
Entonces… ¿el mundo se acaba o no?
Bueno, si te guiás por las señales —guerras múltiples, cambio climático, líderes mundiales que parecen salidos de caricaturas, y una Iglesia que podría elegir a un Papa negro justo ahora—, es tentador pensar que el reloj del Juicio Final ya está marcando los últimos segundos.
Pero quizás el apocalipsis no sea una explosión, sino una revelación, como el verdadero significado de la palabra. Tal vez el fin del mundo sea el fin de un mundo viejo, desigual, bélico y testarudo… Y el comienzo de algo nuevo, liderado por un Papa negro que hable de justicia, paz y humanidad.
O tal vez no. Tal vez simplemente sea otra profecía mal interpretada y otro cónclave más.
Lo que es seguro es que si Nostradamus tenía razón, más nos vale empezar a rezar. Y si no… también.
El argentino Jorge Bergoglio, quien asumiera la identidad de «papa Francisco» murió a los 88 años en el Vaticano. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. El mundo católico está de luto.
El papa Francisco, primer pontífice latinoamericano de la historia, falleció este lunes a los 88 años en su residencia del Vaticano. La noticia fue confirmada a las 7:35 (hora de Roma) por el cardenal estadounidense Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Sede. Su muerte, ocurrida tras meses de un visible deterioro de salud, provocó una fuerte conmoción en todo el mundo y marca el fin de un papado transformador que comenzó en marzo de 2013.
En su anuncio oficial, el cardenal Farrell expresó: “Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con valentía y amor universal”. Acompañado por el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra, Farrell realizó la declaración desde la capilla de la Casa Santa Marta, donde también tendrá lugar el rito de certificación de la muerte.
La «Santa Sede» informó que Francisco había sufrido en los últimos días dos episodios graves de insuficiencia respiratoria, agravados por una neumonía bilateral diagnosticada en febrero. Su salud se había resentido progresivamente, lo que incluyó internaciones, anemia, infecciones complejas y asistencia respiratoria con oxígeno.
Su última aparición pública ocurrió el domingo de Pascua, cuando, en silla de ruedas y acompañado por su enfermero personal, impartió la bendición “urbi et orbi” desde el balcón central de la Basílica de San Pedro ante 35.000 fieles. Visiblemente debilitado, levantaba sus manos con esfuerzo y mostraba un rostro apagado, muy distinto al de sus habituales intervenciones.
Esa despedida simbólica fue seguida por una breve vuelta en el papamóvil, en la que se lo vio ausente, ajeno a los saludos y cánticos, incluso cuando una argentina lo llamó con afecto desde la multitud. Quienes estuvieron presentes aseguran que fue un momento de gran carga emocional, que quedará grabado como una despedida silenciosa pero poderosa.
El cardenal Farrell oficiará esta noche el rito de constatación de muerte, acompañado por autoridades eclesiásticas, familiares de Jorge Bergoglio —entre ellos su sobrino jesuita, José Luis Narvaja— y responsables del área médica del Vaticano. Posteriormente, el cuerpo será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde se habilitará una capilla ardiente para que fieles, líderes religiosos y jefes de Estado puedan despedirse.
Por decisión del propio Francisco, su cuerpo no será expuesto sobre un catafalco, sino de manera sencilla. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del funeral, se estima que será entre el viernes 25 y el domingo 27 de abril, de acuerdo con la tradición que fija entre cuatro y seis días de velatorio antes de las exequias papales.
Mientras tanto, el Vaticano anunció la suspensión de la canonización del beato Carlo Acutis, prevista para el domingo, aunque las actividades centrales del Jubileo de los Adolescentes seguirán en marcha. El próximo miércoles 23 de abril, está previsto el traslado del cuerpo de Francisco a la basílica vaticana para su homenaje público.
Con su fallecimiento, se abre el período de Sede Vacante, durante el cual se suspenden las funciones papales y se inicia la organización del cónclave que elegirá al próximo pontífice. Como es tradición, se procederá a la destrucción del Anillo del Pescador para evitar suplantaciones y se definirá el cronograma de los funerales.
Un legado de inclusión y compromiso social
El pontificado de Francisco se caracterizó por un fuerte impulso a la renovación de la Iglesia Católica, con énfasis en la inclusión, el diálogo interreligioso, la protección del medio ambiente y el compromiso con los más vulnerables. Fue un defensor de la paz y un crítico de las guerras, la discriminación, la violencia contra los migrantes y el sufrimiento de los pueblos en conflicto.
En uno de sus últimos mensajes públicos, pidió por la paz en Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo, condenó la violencia y clamó por el fin de los conflictos armados: “La guerra es siempre una derrota. No hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos”.
Francisco será sepultado en la basílica de Santa María la Mayor, en un gesto que refleja su humildad y cercanía al pueblo, lejos de los fastos del Vaticano. Su figura, su mensaje y su legado quedarán grabados en la historia no solo de la Iglesia, sino también del mundo contemporáneo.
Cristina Kirchner, condenada por corrupción, podría evitar la cárcel y seguir en política gracias a un entramado de fueros y apoyos partidarios.
Corrupción e impunidad: cuando los fueros se convierten en refugio.
La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, acceda nuevamente a fueros parlamentarios para evitar la cárcel no solo es indignante, sino profundamente alarmante. Este caso pone de relieve un sistema que, lejos de garantizar justicia, parece diseñado para proteger a los poderosos cuando más se los necesita sentar en el banquillo, o ponerlos tras las rejas para que dejen de robar y hacer tanto daño.
El reciente movimiento de la Corte Suprema de Justicia, al derivar el expediente de la causa Vialidad al Procurador General interino Eduardo Casal, marca un nuevo capítulo en una historia de larga data y alto impacto institucional. Casal deberá decidir si respalda el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, quien insiste en que la ex presidenta debe ser condenada no solo por fraude sino también por asociación ilícita, elevando la pena a 12 años de prisión.
Aunque su opinión no es vinculante, se espera que Casal apoye el planteo, lo que habilitaría a la Corte a avanzar en la confirmación de la condena. Sin embargo, la cercanía del calendario electoral ensombrece el proceso judicial con un inevitable sesgo político. ¿Será la justicia o el cálculo electoral quien dicte los tiempos?
Más allá de los tecnicismos judiciales, lo que resulta inaceptable para cualquier ciudadano que respete el estado de derecho es que una persona condenada por corrupción —con fallo confirmado en dos instancias— pueda postularse a cargos públicos con total impunidad. Esto es posible por el perverso mecanismo de los fueros, que en lugar de proteger la labor legislativa, terminan siendo un escudo para delincuentes de cuello blanco.
La postulación de Cristina Kirchner como candidata, sea en el ámbito provincial o nacional, depende directamente de la velocidad con la que la Corte se pronuncie. Si el máximo tribunal rechaza el recurso de queja presentado por su defensa, la condena quedará firme, activando su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero si la resolución se demora —como tantas veces ha ocurrido—, la ventana para su eventual candidatura permanecerá abierta.
Más preocupante aún es el andamiaje político que sostiene su figura. Desde distintos sectores del oficialismo se impulsa su regreso a la arena electoral, minimizando su condena e incluso justificándola bajo argumentos de “persecución judicial”. Esta narrativa no solo es peligrosa: erosiona la credibilidad de las instituciones y normaliza la corrupción como parte del paisaje político.
La Corte tiene en sus manos una decisión que excede lo jurídico. Resolver con celeridad y firmeza este caso sería un mensaje inequívoco: la justicia no está al servicio del poder. Pero si la causa se empantana en recursos y demoras, el mensaje será el contrario: que en Argentina, aún con una condena sobre los hombros, es posible reciclarse en la política y obtener impunidad a través del voto.
Cristina Kirchner no está sola en esta trama. Ex funcionarios como Julio De Vido y empresarios como Lázaro Báez también han sido beneficiados por resoluciones judiciales polémicas. El fiscal Villar apeló incluso las absoluciones de varios de ellos, señalando inconsistencias en la valoración de pruebas y decisiones “dogmáticas” de los tribunales inferiores.
La sociedad argentina ha visto pasar demasiados casos de corrupción sin justicia real. No se trata solo de Cristina Kirchner. Se trata de si aceptamos que el poder político esté por encima de la ley. De si estamos dispuestos a convivir con la idea de que la corrupción tiene costo cero mientras se conserve influencia y votos.
En un país donde la pobreza ha reinado y la desconfianza hacia las instituciones se profundiza, permitir que una figura condenada por saquear el Estado aspire a seguir gobernando es una afrenta a la democracia misma. La Justicia tiene la última palabra. Y el país, la memoria.
El gobierno de Chubut reduce las regalías petroleras a Pecom, beneficiando a una empresa millonaria a costa de los recursos no renovables de la provincia, desfinanciando al Estado provincial a largo plazo.
La reciente decisión del gobierno de Chubut de reducir drásticamente las regalías a la empresa Pecom para la explotación del yacimiento El Trébol-Escalante despierta serias dudas sobre la verdadera finalidad de esta medida. Bajo el argumento de atraer inversiones y preservar el empleo, el Ejecutivo provincial encabezado por Ignacio “Nacho” Torres ha autorizado la entrega virtualmente gratuita de recursos naturales no renovables que pertenecen a todos los chubutenses.
El Decreto Provincial N.º 325/2025 oficializa una baja de regalías al 3% sobre la producción base y al 6% sobre los incrementos obtenidos a partir de nuevas inversiones. Esta decisión beneficia directamente a una multinacional con millonarios ingresos como Pecom, pero deja a la provincia con una tajada ínfima de un negocio de altísimo valor económico y estratégico.
Mientras el discurso oficial sostiene que esta política traerá más actividad y empleo, la realidad parece muy distinta: se están hipotecando los bienes naturales a cambio de promesas vagas de inversión futura. El anuncio de USD 204 millones en supuestos desarrollos es, en el mejor de los casos, una cifra proyectada, condicionada y no garantizada. En otras palabras, el recurso se entrega hoy, mientras los beneficios para la provincia son hipotéticos.
¿Quién gana y quién pierde? El petróleo extraído en Escalante – El Trébol ha sido explotado desde la década de 1930. Hoy, con 673 pozos activos y una producción diaria superior a los mil metros cúbicos, el área sigue siendo altamente rentable. Pecom, que adquirió esta concesión apenas en octubre de 2024, no solo hereda una infraestructura en funcionamiento sino que ahora recibe una “ayuda” fiscal sin precedentes.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se le ofrece este tipo de incentivo a una empresa privada que no lo necesita? Y, aún más grave, ¿qué se esconde detrás de estas negociaciones entre el Estado provincial y las grandes corporaciones?
Cuando las leyes pueden ser modificadas arbitrariamente para favorecer a ciertos intereses privados, entonces el sentido mismo del Estado de derecho se ve comprometido. El marco legal que regula la explotación de los recursos naturales debería proteger el interés común, no servir como herramienta de ajuste a medida para beneficiar a unos pocos.
Una política que compromete el futuro Los recursos naturales no renovables, como el petróleo, no pueden considerarse una mercancía más. Su explotación debe hacerse bajo criterios estrictos de sostenibilidad y justicia intergeneracional. Sin embargo, al aceptar una reducción en la alícuota estándar del 15% a cifras tan bajas como el 3%, la provincia no solo renuncia a ingresos vitales, sino que debilita su capacidad futura para financiar servicios esenciales.
Peor aún, esta política puede sentar un precedente nocivo: otras empresas podrían exigir condiciones similares, sabiendo que el Estado está dispuesto a regalar lo que no le pertenece sin exigir una verdadera contraprestación.
Sombra de sospechas El velo de propaganda que rodea esta medida solo incrementa la desconfianza. La opacidad en los detalles del acuerdo y la ausencia de un debate público real alimentan sospechas de posibles vínculos turbios entre funcionarios y empresarios. No se trata solo de una mala decisión económica, sino de una grieta institucional que pone en tela de juicio la transparencia del manejo de nuestros recursos.
Para pensar… La decisión del gobierno de Chubut no es una apuesta por el futuro: es una entrega disfrazada de incentivo. Un recurso estratégico como el petróleo no debe cambiarse por promesas de inversión, y mucho menos cuando quienes lo administran no dan muestras de tener otros planes futuros para manejar los recursos naturales y la economía de la provincia. Si las leyes y normativas pueden torcerse a gusto de determinadas empresas, entonces, ¿para qué sirven las leyes?
Ante el desastre judicial expuesto por la fuga del condenado por el asesinato de Ana Calfín, el juez Novarino intenta justificarse de lo ocurrido con una serie de interpretaciones jurídicas sobre los pedidos concretos de la fiscalía sobre la detención del asesino y los pedidos de la defensa.
Según declaraciones, el juez sostiene que la fiscalía fue la que no fundamentó el pedido de arresto en una unidad penitenciaria y tampoco apeló la decisión de conceder el arresto domiciliario. El arresto en su casa calentita, música, Tv y “viva la joda”, fue la postura de la defensa y el juez se basó en esto último para conceder la prisión domiciliaria. Pero no sólo eso; el asesino no tenía ni siquiera una tobillera electrónica y no había guardia permanente, es decir, no se tomaron medidas básicas para proteger a la sociedad de la fuga de un asesino.
El resultado de este desastre judicial tiene tres responsables: El juez, que ante la gravedad del crimen y las pruebas contundentes podría haber negado la prisión domiciliaria, pero por pura elección propia de seguir una doctrina arcaica y excesivamente garantista, decidió aprobar la prisión domiciliaria del asesino y sin ninguna medida de control efectiva permanente, basándose principalmente en que el asesino, todavía es inocente hasta que haya un fallo en instancia superior, y que luego de asesinar el asesino “se portó bien” y no se quiso escapar.
Lógicamente, y lamentablemente, los hechos demuestran que esa doctrina es lisa y llanamente una basura, una imbecilidad y un infantilismo inaceptable:Pasó lo obvio que iba a pasar y que el juez no quiso ver; el asesino se fugó y se puso en riesgo a toda la sociedad, amén de todos los gastos de los operativos de búsqueda que corren a cuenta del estado que pagamos todos los mortales con nuestros impuestos. Dios quiera que no haya otro asesinato en manos del prófugo, porque si ello ocurriera, los actores judiciales seguirían haciéndose los distraídos (por no usar otra terminología más vulgar, pero apropiada).
Supongamos que el juez hubiese dictado la prisión en un centro penitenciario, ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias? El juez, según su propia interpretación, él hubiese obrado en contra del Derecho… pero la sociedad hoy no estaría en peligro, la imagen institucional no estaría en la basura, y la única consecuencia sería que la defensa apele la medida y quizás, la cámara le dé la razón a la defensa… o quizás no…
El segundo responsable es la fiscalía, que, ante tantas experiencias de jueces con “doctrinas basura” tendría que haber fundamentado la prisión efectiva del asesino, o al menos exigido medidas de control permanentes a fin de garantizarle a la sociedad que no haya un asesino suelto por las calles.
Y el tercer actor, que se hace el idiota, es el legislador: es el que por su incompetencia no sigue las experiencias judiciales para modificar las leyes que permiten que estas imbecilidades judiciales ocurran.
Mientras tanto, la víctima, Ana Calfín, ya no puede defenderse; no puede despertar cada mañana como debería hacerlo, su familia sigue sufriendo los mamarrachos de esta justicia inmunda, que, desde su elitismo, privilegios y pedantería, deja libres a los delincuentes una y otra vez.
A la justicia no le importa… ¿A Ud., le queda claro?
Este tipo de aberraciones judiciales y otras tantas políticas que condicionan nuestra vida en sociedad, las vamos a ir tratando en nuestra sección “Los cambios que el país necesita y que ningún gobierno quiere hacer”, aquí en www.chubut.org el único medio que analiza la realidad desde una mirada crítica, en busca de soluciones y sin compromisos con ningún sector, sin ideologías de izquierda ni derecha, partiendo desde el punto de vista de que es USTED quien tiene que decidir cómo vivir en su propio país, rompiendo el status quo de las estructuras y decidir las reglas por las cuales debe guiarse la justicia y los demás poderes del estado.
Esquel se vio sacudida por la fuga de Miguel Alejandro Vargas Nehuen, recientemente declarado culpable por el femicidio de Ana Calfín. La evasión ocurrió horas antes de que se realizara la audiencia de cesura de pena, en la que se esperaba la confirmación de una condena a prisión perpetua. El hecho desató un amplio operativo policial y generó una profunda indignación en la familia de la víctima. A pesar de la gravedad del delito, el juez –en otro mamarracho judicial– dejó en prisión domiciliaria al femicida, dejándolo escapar y poniendo en riesgo a toda la población.
El martes por la mañana, Vargas Nehuen debía presentarse en los tribunales de Esquel, pero no fue hallado en su domicilio del barrio Lennart Englund. Allí cumplía arresto domiciliario desde agosto de 2023, a pesar de reiteradas advertencias por parte de la familia de Ana sobre el riesgo de fuga. Su desaparición fue detectada alrededor de las 7 de la mañana por un familiar, quien dio aviso inmediato a la Policía.
Es imprescindible que el juez sea denunciado ante el Consejo de la Magistratura, se haga cargo de las consecuencias de su decisión, costos de los operativos, y sea separado de su cargo, ya que este tipo de jueces son ampliamente repudiados por la sociedad que no tolera ver la incocebible actuación de estos personajes.
La subjefa de la Unidad Regional de Esquel, Carolina Pauli, confirmó que el último control sobre el detenido había sido realizado a las 22 horas del lunes, y que no había vigilancia policial permanente en la vivienda. El control matutino, previsto antes de su traslado a la Oficina Judicial, evidenció que el acusado ya no se encontraba allí. La fuga se habría producido entre las 22 del lunes y las 7 del martes.
Tras la confirmación de su ausencia, se activó una alerta regional y nacional para dar con el paradero del prófugo. La Policía rastrilla la zona cordillerana y notificó a los pasos fronterizos con Chile, especialmente en Futaleufú, ante la sospecha de que Vargas Nehuen podría haber huido hacia ese país por pasos ilegales.
Daniela Santillán, sobrina de la víctima, expresó su indignación: “Estamos indignados, no podemos creer que pase esto. Ya habíamos dicho que podía fugarse. Ahora solo esperamos que lo encuentren y no le den más privilegios. Que cumpla la condena”. También recordó que la familia había solicitado insistentemente que el acusado permaneciera en una cárcel común, pero el juez Jorge Novarino ratificó su permanencia en arresto domiciliario.
La fuga ocurre tras el fallo del jurado popular, que encontró a Vargas Nehuen culpable de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género. Ana Calfín había fallecido tras varios días internada por graves quemaduras provocadas por su expareja.
Miguel Santillán, otro familiar de la víctima, aseguró que el condenado tiene parientes en Futaleufú, lo que refuerza la hipótesis de una posible huida transfronteriza.
El caso expone una vez más las fallas en el sistema judicial respecto a la custodia de personas con condenas graves en contexto de violencia de género. Mientras la familia clama por justicia, la sociedad vuelve a poner el foco en la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar nuevas revictimizaciones.
La búsqueda de Miguel Alejandro Vargas Nehuen continúa intensamente en toda la región patagónica. La comunidad espera respuestas, mientras el clamor por justicia resuena con fuerza en Esquel y en todo el país.
La ley de alcohol cero al volante no previene accidentes: criminaliza el consumo moderado y sirve como herramienta de recaudación estatal. La hipocresía política es la herramienta que usan los funcionarios para disfrazarse de “seres superiores protectores del pueblo”, recurriendo al populismo ignorante como fuente de justificación de su estrategia recaudatoria y jugando con los sentimientos de personas que perdieron a seres queridos en accidentes de tránsito.
En un país donde las campañas públicas parecen más orientadas al espectáculo que a la razón, la ley de “alcohol cero al volante” se presenta como un emblema de moralidad absoluta. Sin embargo, detrás de esta normativa aparentemente ejemplar, se esconde una intención mucho menos noble: la recaudación sistemática a través de la criminalización del ciudadano común. Eliminar el histórico límite de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre fue una jugada política revestida de “cuidado por la vida”, pero sustentada en una lógica simplista y, sobre todo, injusta.
Muchas multas, iguales resultados.
La sobriedad absoluta se ha vuelto la nueva consigna, no por eficacia preventiva, sino por su eficacia recaudatoria. Las autoridades no lograron demostrar que esta ley haya disminuido los accidentes fatales ni la cantidad de conductores ebrios. Lo que sí aumentó —y significativamente— fue el número de sanciones a ciudadanos que simplemente compartieron una copa de vino en una cena familiar y luego debieron conducir.
A partir de ahora, usted es un peligro social.
Si usted toda la vida fue un padre de familia que disfrutaba de una cena familiar con un vaso de vino, de un día para el otro lo convirtieron en un delincuente contraventor indignode estar al volante y sin derecho a la tenencia de su vehículo, que es secuestrado a pesar de ser propiedad privada y no haber orden de juez alguna, ni derecho a defensa. Si usted estaba en una urgencia, que la urgencia espere, aun si fuese una cuestión grave para la atención o seguridad de otros.
El contexto anterior.
La ley anterior era más sensata. Permitía una cantidad razonable de alcohol en sangre que no comprometía la capacidad de manejar de la mayoría de los adultos responsables. No se trataba de fomentar la bebida, sino de reconocer que el consumo moderado no equivale a irresponsabilidad. Lo que vino después fue una demonización sistemática del vino, la cerveza, y de cualquier práctica social mínima que implicara ingerir alcohol, apoyada por una maquinaria mediática alarmista y punitivista. Prácticas que forman parte de la cultura, costumbres y vida sana en sociedad, es decir, algo inevitable e imposible de prohibir.
Un caso icónico.
Un ejemplo paradigmático de las injusticias que esta lógica absurda puede generar lo fue un caso en Bélgica, donde un ciudadano fue condenado por conducir “ebrio” pese a asegurar no haber bebido. Dio positivo con niveles alarmantes en varias ocasiones, incluso sin haber ingerido una sola gota de alcohol durante el día. ¿La explicación? Padece el “síndrome de la autocervecería”, una extraña condición médica que hace que su propio sistema digestivo fermente carbohidratos y genere alcohol etílico. La justicia, tras la presentación de informes médicos por parte de su abogada, tuvo que aceptar el diagnóstico. Sin embargo, no evitó la persecución judicial ni el estigma social. ¿Cuántos otros casos como este habrán sido ignorados o mal diagnosticados?
El síndrome de autofermentación (Auto-Brewery Syndrome, ABS) fue documentado en los años 70 y, aunque se supone que es poco frecuente, representa una seria complicación médica y un elemento que pone en jaque a la constitucionalidad de la ley de alcohol cero. Las personas afectadas pueden mostrar síntomas de embriaguez sin haber consumido alcohol. Este trastorno genera desde dificultades motoras hasta alteraciones del estado de ánimo, y puede desencadenarse con la simple ingesta de carbohidratos. Que una ley pretenda medir con rigidez matemática la cantidad de alcohol en sangre sin contemplar contextos, enfermedades o diferencias fisiológicas es, lisa y llanamente, una irresponsabilidad legislativa.
Carencia de objetividad de la norma.
La rigidez de la norma parte de un supuesto infantil: que todas las personas son iguales. Que todos metabolizan el alcohol del mismo modo, que todos tienen el mismo nivel de reflejos, y que todos representan el mismo nivel de riesgo. Es un disparate. ¿Acaso es más riesgoso que conduzca una persona joven y sana que ha tomado media copa de vino que un anciano con deterioro cognitivo o una persona medicada con psicofármacos? Si el verdadero objetivo fuera garantizar la seguridad vial, se aplicarían test de reflejos y coordinación, no de alcohol. Pero eso, claro, sería menos recaudatorio.
Más aún, es una completa necedad suponer que cualquier ciudadano debe portar un alcoholímetro homologado para verificar si puede o no conducir tras una comida. ¿Qué sucede si hay una urgencia? ¿Una farmacia de madrugada? ¿Una madre que necesita llevar a su hijo al hospital? ¿Debe abstenerse de tomar una copa de vino en la cena por si acaso?
Esta ley nos infantiliza como sociedad, parte de la base de que todos somos culpables por defecto y solo la abstinencia total nos absuelve. Esta ley pone al estado en un rol paternalista conducido generalmente por personal obtuso y de nulo poder de raciocinio.
Muchas leyes, poca eficiencia.
Pero lo más absurdo no es solo la injusticia, sino su inutilidad. Desde la implementación de la ley de alcohol cero, no se han registrado disminuciones significativas en los accidentes viales. Los irresponsables que beben en exceso siguen existiendo, siguen circulando, y siguen generando tragedias. ¿Qué cambió entonces? El enfoque represivo ahora también alcanza al ciudadano prudente. Porque la ley no distingue: castiga al que toma una copa con la misma vara que al que se embriaga hasta la inconsciencia.
Es hora de volver a un sistema racional. Uno que promueva el consumo responsable, que castigue con severidad al imprudente, pero que no criminalice al que actúa con mesura. El verdadero progreso no consiste en sumar ceros a una norma, sino en aplicar criterios que garanticen seguridad sin sacrificar libertades.
Mientras tanto, seguimos atrapados en el delirio punitivo de legisladores sin la más mínima comprensión de la complejidad humana, pero con un entusiasmo ciego por multar al prójimo. Todo esto es tan ridículamente absurdo que hasta los mismos políticos, concejales, intendentes, gobernadores y legisladores incumplen las leyes que sancionan, violando abiertamente las reglas, tanto en simples comidas con alcohol, como en las más oscuras fiestas donde proliferan sustancias mucho más peligrosas y dañinas. Si los políticos se hicieran un narcotest, sería más eficiente que una alcoholemia al ciudadano común y prevendrían cosas mucho peores. Pero el negocio de la recaudación no tolera verdades.
En estos abusos legislativos en todos los niveles, se llega al secuestro de bienes muy valiosos como los automotores, priorizando la supuesta “prevención” de accidentes que jamás ocurrirían por sobre el derecho constitucional a la propiedad privada y de libre circulación.
Como si fuera poco, en la práctica se viola automáticamente el derecho a defensa aduciendo una supuesta flagrancia en el momento y luego en el procedimiento de pago de multas abusivas, en el que no existe recurso alguno que verdaderamente sirva de algo.
Afectación dispar de las multas.
Y la ley tampoco es pareja para todos. Supongamos una multa de un millón de pesos. ¿Es acaso lo mismo tener que pagar una multa de ese monto para un trabajador que para una persona adinerada? No, de ninguna manera. Es así como el adinerado goza del derecho a burlarse de la ley sin mayores afectaciones, mientras que el ciudadano común no sabe cómo hacer para pagar semejante cifra y su afectación es enorme. De hecho, hasta para algunos círculos sociales elitistas, el monto de la multa pasa a ser motivo de risa y burla, amén de tomarlo como una anécdota a contar a viva voz en reuniones para mostrar la osadía y la nula afectación del sistema punitorio.
Seria inconsistencia de la contravención.
Otro elemento a tener muy en cuenta es que, en todo procedimiento sancionatorio de este tipo, el acusado tiene que haber sido consciente de que estaba cometiendo una falta. Y eso es un gran interrogante que, ante un planteo jurídico consistente, podría revertir varias situaciones: En la mayoría de los casos no existe forma de que el acusado tenga forma de saber previamente que estaba por cometer una infracción. Es que, como dijimos anteriormente, cada ciudadano debería contar con un carísimo alcoholímetro con homologación vigente para saber efectivamente si es pasible de estar cometiendo o no una infracción, lo cual es imposible.
Supongamos el caso de una persona que ingirió alcohol, dejó pasar unas horas, y estando convencida de no estar infringiendo ley alguna y sintiéndose con perfectos reflejos, conduce su automóvil y es multada –y su auto secuestrado– por una alcoholemia mínima absurda.
O, supongamos que usted padece de fermentación intestinal generadora de alcohol… ¿Por qué tiene que sufrir los abusos de la legislación y de los inútiles que la aplican? ¿Qué elementos probatorios tienen las autoridades para imponerle una multa y secuestrarle sus bienes sin descartar previamente la posibilidad de estar tratándose de casos como la fermentación intestinal?
Y la gran pregunta es… ¿Quién lo defiende? Bueno, esa es la gran incógnita. Y de eso también se abusan los municipios: saben que pagar un abogado es muy caro y eso lleva a que la gente se vea obligada a pagar la multa en vez de defender sus derechos. Convengamos también, que, muchas veces, los juzgados de faltas son una burla jurídica en su desempeño.
¿Y a usted le gusta que lo tomen por estúpido? Seguramente, no. Entonces es hora de empezar a exigir fuertemente que haya fundamentación y coherencia en cada acto administrativo y legislativo, y no simples divagues populistas y recaudatorios.
Y hoy es el día de la segunda entrega de “El Palacio de La Risa”, una tragicómica comedia en la que la realidad supera ampliamente a la ficción. Por más que nos esforcemos en crear una fantasía, la realidad está ahí, más grotesca y bizarra que nunca.
Juan Baustista Alberdinangus es un apasionado de los temas judiciales al que le gusta poner la mejor carne al asador. Le gusta la carne bien cocida. Dice que así se eliminan mejor las bacterias y parásitos; indecorosos para un Palacio. Siempre recalca que las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Por eso, esta segunda vez nos contará una fábula sobre la presunta resurrección de un antiguo emperador romano, quien, desde “El Palacio de la Risa” se jacta de manejar la justicia del Imperio de Chubut y al Superior Tribunal de Justicia a control remoto, o por celular, si es que no se le cansan o lastiman los deditos discando.
Mucho se habló en estos últimos tiempos de lijo, lija y motosierra. Pero en este caso, con epicentro en una aldea de la cordillera chubutense, cuenta la historia que “El Emperador” haría algo similar a lo de aquél juez de Buenos Aires, que se creería impune, y utilizaría el poder que le otorgó el estado para sus propias necesidades, e incluso, para sus innecesidades.
El bizarro y tragicómico emperador bien podría provenir de la República de Mataderos pues, como dice la canción del “verdinegro”, Chicago es fiesta y carnaval.
Comprendiendo el linaje
Un estudio de ADN demostraría que está compuesto en un 10% de sangre de inmigrante senegalés (por el reloj de oro falso que utiliza); un 29% de rata (aunque no puede saberse con certeza si lo sería por lo miserable o por la asquerosidad que da la forma en que se presenta en las audiencias, con zapatillas de basquetbolista y sin respetar la investidura de su cargo); un 20% de Carlos Ruckauf (por su implante en la parte más alta y monda de su cabeza); un 10% de Alberto Olmedo en el sketch del dictador de Costa Pobre, y un 31% de Marcelo Polino.
Pero no nos interesa ahondar en la materia. Sólo lo decimos para que los científicos anoten los resultados y la ciencia no vuelva a replicarlos.
Cuenta la leyenda que habría venido fugado de Buenos Aires, después de haber sido descubierto por vender certificados de divorcios inexistentes. Cuenta también la historia que habría tenido la suerte de la lentitud de la justicia y que su causa habría perimido por el transcurso del tiempo… ¡Qué suerte tienen algunos!
En la aldea chubutense, aprovechando la tranquilidad e inocencia de pueblo, creó su propio imperio. Se codeó con políticos y poderosos, y aprovechó como nadie las mieles del poder. Pero claro, si algo no tiene es una pizca de tonto: sabe qué es usar a alguien y luego, cuando ya no le sirve, tirarlo. Se lo pueden preguntar al ex jefe de aldeanos, un tal Williams, o a un vicegobernador hoy devenido en menos (ampliaremos…).
Favor con amor se paga.
La forma en que actúa es siempre la misma: prometería empleos o ascensos a cambio de favores. A veces cumpliría y a veces no. Así fue como habría conseguido un alquiler barato ni bien llegó a esta aldea, o hacer muebles o rejas para su castillo privado, o evitar enfrentamientos con gremialistas judiciales. ¡Dios libre a quien caiga bajo sus garras!! Un importante académico, por ejemplo, que tuvo la mala idea de venderle su alma para congraciarse, tuvo que ir un día a armarle la cama en su vivienda…
Y ni hablar del audio que circula por ahí (guardado por algunos bajo siete llaves), donde un trabajador sexual a quien habría contratado dice haber recibido la propuesta de entrar a Tribunales, a la Municipalidad o al Banco del Chubut, donde él quisiera, seguramente para pedirle descuento o para evitar tener que pagarle en el futuro.
¡Quiero más plata, plata, plata para sentirme rico, y para seguir comprando cosas que no necesito!!!
El dinero es su obsesión. No sólo lo multiplica, sino que directamente no lo gasta. Todo se lo haría pagar al fisco o a quienes les promete favores. Su flamante embarcación, por ejemplo, descansaría en las tranquilas aguas de un club en el cual no pagaría cuota alguna y del que ni siquiera sería socio. Y el brevet lo habría conseguido en tiempo récord (¿y sin hacer el curso?) donando computadoras viejas de su imperio decadente al organismo náutico. Así de fácil. Claro, estas cosas alguna vez deben pagarse.
La pomadita, el dedito, y los modales.
La mejor anécdota, sin embargo, la refiere un médico cuando el emperador se lastimó su dedito -quizás discando al Superior Tribunal-. Lejos de comprar el ungüento en la farmacia, el emperador le pidió a él si le facilitaba un pomo de ese medicamento. Gratis y de favor, por supuesto. Al día siguiente, ni bien lo vio entrando a tribunales, en lugar de saludarlo con un “buen día”, como hace la gente educada, directamente le inquirió: “¿Trajiste la pomadita?”.
¿Sería tanto su pesar por el dedito herido que olvidó el cordial saludo a su humilde salvador? Como dice el dicho: “Nunca confíes en la renguera de un perro, ni en el llanto de un histérico”. Solo le interesa lo que a él le interesa. No tiene relaciones sinceras. Un crack.
¿Ya tiene las cejas en la nuca?. Pues hay más.
Si. Hay más. En el supermercado más grande de la aldea todavía recuerdan esa vez en la cual habrían sorprendido a una persona cambiando la etiqueta del precio de un cordero por la de un envase de carne picada. Y también cuando esa persona aparentemente habría “chapeado” con ser magistrado-emperador para zafar de la situación al ser descubierto. En la retina de todos los protagonistas todavía está fresco, también, cómo un gerente de esa firma se mordía la lengua cuando la empresa le ordenó no hacer la denuncia respectiva, cuando por mucho menos –por ejemplo, cuando un chico se roba un chupetín- se deben aplicar los protocolos para que caiga todo el peso de la ley.
Ya lo decía Martín Fierro: “La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja, el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja».
Timbre para la UIF y para la AFIP
Sus colegas también están asombrados. A pesar de los suculentos sueldos que reciben, llegan justo a fin de mes, más aún si tienen a sus hijos estudiando en Córdoba o Buenos Aires. Pero el emperador derrocha dinero en sus vástagos (su hija, a propósito, dicen que habría sido ñoqui en el congreso) y, aun así, parece una planta de aloe vera: está lleno de propiedades. Se comenta que esto tendría relación con los pecados de juventud de sus años turbios en la gran ciudad. Una organización vinculada a la transparencia institucional, con ayuda de un par de abogados locales, estaría investigando la situación, y ya habrían advertido que algo olería mal en Dinamarca: muchas de esas propiedades habrían sido inscriptas a nombre de los progenitores o de sus hijos, cuando éstos en tales épocas no habrían tenido ingresos, o su capacidad económica o financiera sería ilógica para tales compras. Se ve que el grado de impunidad que ostenta es muy alto y ni siquiera lo hace cuidarse.
Estás despedido!!!!
Pero no nos vayamos de lo tragicómico. El emperador está convencido de que el poder no se tiene, sino que se ejerce, y por eso le encanta que sus súbditos leales le rindan pleitesía. Los díscolos no tienen perdón, y por eso echó a un secretario cuando no le llevó torta de cumpleaños. Si, lo echó porque no le llevó torta de cumpleaños. Como usted lo está leyendo. En realidad tenía razón: varios amigos le habían advertido al subordinado que debía hacerlo, y éste no les hizo caso. La sanción fue justificada.
Y hablando de súbditos leales…
Como en todas las cortes imperiales, el emperador siempre necesita de ayudantes. Gratis, claro. O pagados por el Estado. Por eso también se rumorea que siempre contaría con una asistente (santafecina o cordobesa), una especie de esclava contemporánea a quien le habría matado el hambre otorgándole un cargo y ella le habría jurado lealtad eterna. Dicen (porque la gente es mala y comenta) que sería la encargada de proteger los registros de licencias, pues el comentario es que el emperador volaría permanentemente a la ciudad capital con distintas excusas, y muchas veces volvería los lunes a la tarde o los martes, a pesar de que figuraría trabajando los lunes a la mañana.
Un gran circo.
No se desilusione!!!! El Palacio de la Risa es, en realidad, un gran circo!!!! Claro, no será como el Cirque du Soleil. Pero dígame, querido lector, si no es similar a aquél que en los años 50 recorría pueblos perdidos en la llanura pampeana con un lanzacuchillos alemán tuerto, una contorsionista paraguaya embarazada, un payaso alcohólico, un enano no tan enano (porque había crecido), un león hambriento, y un dueño peronista que lo único que le interesaba era buscar espectadores incautos para venderle pochoclo rancio de varias semanas.
Entonces estamos en carrera!!!! Y gracias a este tipo de personajes, que son una cantera inagotable de recursos, podremos seguir escribiendo esta sublime columna sin necesidad de pedir una pauta estatal para sobrevivir.
Efectivamente, hay más, mucho más del Emperador. Los autos que tendría y cómo los habría conseguido (viva el fútbol!!); las relaciones con determinados abogados; las personas que habría acomodado (incluyendo al hijo de un intendente galenso que, cuando bajó de La Mimosa, esquivó los valles húmedos y reclinó directamente en la cordillera), etc. Pero vamos a dejarlo para más adelante, porque también debemos tratar otros temas.
Al fin y al cabo, el mundo es un escenario, cada uno de nosotros los actores, y la rueda mágica de la vida –y el carrusel- siguen girando. No podemos, por tanto, detenernos en minucias. Hasta la próxima y Felices Pascuas!!! La casa está en orden!!! (Como ve, ante esta tragicómica situación, El Palacio de la Risa nada más puede pedir!!!!).
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El Gobierno elimina el cepo cambiario, abre el acceso libre al dólar y lanza un nuevo régimen de bandas para estabilizar y liberar la economía argentina.
El fin del cepo cambiario: una nueva era de libertad económica para Argentina
La decisión del Gobierno argentino de eliminar el cepo cambiario marca un antes y un después en la historia económica reciente del país. Con el anuncio del Banco Central (BCRA), no solo se pone fin a una medida que limitó el ahorro, la inversión y el comercio durante más de una década, sino que también se inaugura una etapa de mayor previsibilidad, apertura y crecimiento. Se trata de una señal clara al mundo y a los argentinos: el país quiere dejar atrás el estancamiento y apostar por un modelo basado en la confianza, la libertad y la inversión genuina.
El nuevo régimen cambiario, que permite la libre compra de dólares sin restricciones para las personas humanas y establece una banda móvil de flotación del tipo de cambio entre $1.000 y $1.400, representa mucho más que una modificación técnica. Es una decisión política con enorme impacto simbólico y económico: se desactiva un mecanismo que durante años ahogó al sector privado, expulsó ahorros al exterior y sembró incertidumbre entre los inversores.
Lo más relevante es que esta transformación se da en el marco de la llamada “Fase 3” del programa económico oficial, que se apoya en tres pilares clave: disciplina fiscal sin emisión monetaria, un tipo de cambio más flexible y una política monetaria sin distorsiones. Todo esto es posible gracias a un acuerdo sólido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aportará US$20.000 millones, sumado al respaldo de organismos multilaterales, bancos internacionales y la renovación del swap con China.
Por primera vez en años, la política cambiaria no se diseña desde el miedo, sino desde la racionalidad. Se eliminan las trabas absurdas como el cupo de US$200 mensuales, las percepciones impositivas al ahorro y las restricciones cruzadas que dificultaban operar en el mercado oficial. Esto permite a los argentinos recuperar la posibilidad de ahorrar en la moneda que elijan, sin sentirse criminalizados por hacerlo. También se normaliza la operatoria de las empresas, especialmente MiPyMEs, que ahora podrán pagar importaciones desde el despacho en origen y gestionar divisas con mayor agilidad.
Esta apertura no significa una liberalización irresponsable. Por el contrario, el BCRA mantendrá la capacidad de intervenir si el tipo de cambio se sale de la banda establecida, asegurando estabilidad en momentos de volatilidad. Además, se impulsa una nueva herramienta —los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL)— para resolver pasivos heredados del cepo sin generar nuevos desequilibrios.
No es exagerado decir que esta medida entierra definitivamente una era de decadencia económica que comenzó con el kirchnerismo y que, lamentablemente, se prolongó durante la gestión macrista. Ambos modelos, aunque con estilos diferentes, compartieron una visión cerrada, intervencionista y temerosa del libre mercado. El cepo fue su síntesis: una política que quiso controlar la realidad en lugar de corregirla.
El fin del cepo cambiario, entonces, no solo libera al dólar. Libera al país. Abre un horizonte en el que el mérito, el trabajo y la inversión vuelven a tener valor. En un contexto de reservas reforzadas, equilibrio fiscal y acuerdos internacionales sólidos, Argentina vuelve a ser un terreno fértil para emprender, producir y soñar.
Este paso histórico debe ser celebrado, no como una concesión, sino como una conquista. Porque cada dólar que un argentino pueda ahorrar libremente, cada inversión que llegue al país sin trabas, y cada pyme que crezca sin burocracia, es un paso más hacia la reconstrucción de una Argentina próspera y verdaderamente libre.
En un nuevo episodio de violencia sindical, colectivos en Bahía Blanca fueron atacados con piedras en un intento por paralizar el transporte y coaccionar a quienes no adhieren al paro. La medida de fuerza convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei se vio empañada por actos vandálicos que dejaron a cientos de pasajeros sin servicio.
El paro general, iniciado en la madrugada del jueves, se desarrolló con la tensión de un clima hostil. En las primeras horas de la mañana, al menos 15 colectivos de distintas líneas, como San Gabriel, Bahía Transportes SAPEM y Rastreador Fournier, fueron atacados con piedras, lo que llevó a la suspensión total del servicio por razones de seguridad. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) respaldó la decisión, argumentando que el vandalismo representaba un riesgo para los pasajeros y los trabajadores.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, condenó los ataques y los calificó de «coordinados» y «repudiables». A través de un mensaje en la red social X, el jefe comunal detalló que los hechos ocurrieron en un lapso de 20 minutos, antes del amanecer. Además, instruyó a Fabián Lliteras para que presente una denuncia penal y puso a disposición las cámaras de seguridad municipales para la investigación.
El episodio reabre el debate sobre el derecho a la protesta y su colisión con el derecho al trabajo y la libre circulación. Mientras la CGT local emitió un comunicado rechazando la violencia, los hechos demuestran que la metodología coercitiva de ciertos sectores sindicales sigue vigente. La pregunta que queda flotando es si la Justicia actuará con la celeridad necesaria para frenar estos ataques y garantizar que quienes deciden trabajar no sean víctimas del terrorismo sindical.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a un paro general de 24 horas acompañado de una movilización al Congreso, una medida que la población percibe como netamente política y carente de fundamentos reales. Mientras la economía del país muestra signos de mejora significativa bajo el gobierno de Javier Milei, los sindicatos parecen aferrarse a prácticas de extorsión que ya no cuentan con la credibilidad de la sociedad, destruyendo todo lo que pueden y no permitiendo construir nada.
Un paro sin justificación económica
Durante años, el país sufrió los embates de una economía descontrolada bajo administraciones anteriores. Hiperinflación, clientelismo político con ingresos masivos de empleados públicos sin concurso, y un sinfín de organismos estatales ineficientes fueron características del modelo kirchnerista. En ese contexto de crisis, la CGT optó por la inacción y evitó realizar medidas de fuerza. Sin embargo, ahora, con una situación económica objetivamente mejor y con un gobierno que busca el equilibrio fiscal, la central sindical activa paros y protestas.
Una estrategia de manipulación sindical
La CGT sabe que su convocatoria real es baja. Para aparentar una adhesión masiva, la estrategia sindical ha sido bloquear el transporte, impidiendo que muchas personas lleguen a sus lugares de trabajo y mostrando calles vacías como supuesta evidencia de apoyo popular. Esta táctica ha sido denunciada por amplios sectores de la sociedad, que ven en estas prácticas una forma de chantaje sindical. Las plazas llenas en la capital federal son fáciles de llenar con un insignificante número de personas que no representan a la población del país.
El repudio de la población
A diferencia de décadas anteriores, donde los paros generales contaban con un respaldo significativo, hoy la opinión pública rechaza ampliamente estas medidas. Las redes sociales y encuestas muestran un creciente hartazgo con los sindicatos, vistos como estructuras privilegiadas que defienden sus propios intereses en lugar de los de los trabajadores.
El gobierno de Milei ha marcado una postura firme frente a estos intentos de presión, dejando en claro que las reformas económicas continuarán pese a las movilizaciones. Mientras tanto, la CGT enfrenta una pérdida de credibilidad que podría marcar el principio del fin de su influencia en la vida política y económica del país.
Conclusión
El paro de la CGT es un reflejo de una vieja política sindical que ya no convence a la mayoría de la población. En un contexto de cambios económicos profundos, el rechazo a estas medidas es sólo una muestra más de que la sociedad busca avanzar hacia una nueva etapa, dejando atrás las viejas estructuras que por años se beneficiaron del desorden y la crisis.
Te presentamos la Parte 2 de la sección “Los cambios que necesita la Argentina y que NINGÚN gobierno se atreve a hacer”, espacio producido por Juan Zuoza y emitido desde Patagonia Argenta, la emisora vía Streaming de Chubut.org
En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el Poder Judicial provincial y federal. Paralelamente a esta sección, Chubut.org casualmente inauguró ayer una sección dedicada específicamente a cuestiones muy críticas del Poder Judicial provincial, llamada “El Palacio de la Risa”, en donde nuestro especialista Juan Bautista Alberdinangus nos cuenta detalles muy alarmantes sobre la justicia provincial.
La pregunta que nos invita a analizar el tema de hoy en profundidad es:
¿Para qué tenemos en pleno siglo XXI un Poder Judicial Federal y otro Poder Judicial Provincial?
Si bien, históricamente, los estados provinciales constituían jurisdicciones muy distintas, con sus sistemas judiciales independientes los unos de los otros, hoy, tras un par de siglos de historia y visualizando las aberraciones que muy comúnmente se cometen en la justicia, llegamos a concluir que la justicia necesita reformas totales, desde la raíz hasta lo más alto de la copa.
Podés ver la nota en el siguiente link o seguir leyendo las ideas principales que continúan debajo:
La existencia de Poderes Judiciales provinciales ya no tiene razón de ser. Su subsistencia no se debe a cuestiones funcionales de mejor distribución de la justicia, sino todo lo contrario: sólo sirve para garantizar altos niveles de corrupción política en los ámbitos de los juzgados y en los estados provinciales.
En provincias como Chubut, de muy baja densidad demográfica, la justicia es un chiste. Los jueces terminan juzgando a sus vecinos, aumentando inconcebiblemente los niveles de parcialidad en los fallos. Pero no solo termina allí; los juzgados se convirtieron en oficinas colmadas de amigos y parientes de los jueces, secretarios o del personal añoso, sin olvidarnos de los acomodos políticos en el clásico clima de convivencia del poder ejecutivo con el judicial.
Ya no existen los concursos de ingreso, por lo que cualquier inútil puede acceder a un sabroso salario que no ganaría en su vida ni aún trabajando 12 horas diarias, además de otros tantos beneficios. Muchos abogados señalados como fracasados terminan ocupando cargos de alto rango. Incluso algunos jueces son nombrados en estos contextos.
Los fallos direccionados son un lamentable clásico y en estos esquemas los jueces son muy fácilmente influenciables e influenciados para emitir un fallo en tal o cual sentido. Para la designación de jueces también se recurre al amiguismo y cuando hay concursos, siempre terminan con la imagen de haber sido arreglados de antemano, preguntando estupideces descontextualizadas hasta para cubrir un módico cargo de maestranza.
¿Y cuál sería la solución?
Si bien la codicia, la corrupción y las jugadas sucias son inherentes a muchos seres humanos, para el caso del Poder judicial hay que tomar los más extremos recaudos para disminuir al mínimo posible toda esta basura escandalosa que nos rodea.
La eliminación de los Poderes Judiciales provinciales sería una excelente herramienta para disminuir la probabilidad de lobby y de influenciar a los jueces en la toma de decisiones. Imaginemos un único Poder Judicial Nacional, con juzgados virtuales que atiendan por sorteo todos los asuntos de las provincias y territorios análogos. Ello evitaría la convivencia de los jueces con los involucrados en un asunto judicial. No existiría el lobby, los mates con la justicia, los encuentros oscuros, los prejuicios a los conciudadanos… y sobre todo… ningún corrupto sabría de antemano quién es el juez que lo va a juzgar, haciendo casi imposible el lobby.
Imaginemos que los edificios actuales de los juzgados se convirtieran en salas de videoconferencia entre juzgados; lugares donde acusadores y acusados deben comparecer para sus audiencias virtuales, garantizándose que puedan expresarse libremente.
Imaginemos que habría un solo código procesal en todo el país y no el mamarracho actual de más de 20 códigos diferentes, simplificando los procedimientos.
Imaginemos que los fiscales tengan que rendir cuentas a jueces que no conocen, reduciendo la probabilidad de inoperancia y vagancia actuales.
¿Puede llevarse a cabo realmente una transformación así?
En el contexto de mediocridad política y corrupción de nuestro país es muy difícil que algo así pueda hacerse. Nuestro querido país es cuna de una corrupción arraigada y sistematizada. Este tipo de cambios sería extraordinariamente beneficioso para la población, pero extremadamente devastador para los sectores corruptos y elitistas que manejan los hilos de los cambios. Actualmente es una utopía. Sin embargo, sembrar la semilla de esta posibilidad abre la esperanza de que en algún momento este tipo de propuestas se viralicen y la presión social logre que los cambios se materialicen.
En cierta forma, somos arquitectos de nuestro propio destino. ¿Lo entenderemos alguna vez?
El Gobierno de Chubut ha lanzado una campaña de comunicación sobre la disponibilidad del test de sangre oculta en materia fecal (SOMF) para la detección temprana del cáncer de colon. Sin embargo, lejos de ser una medida innovadora, se trata de un estudio que los afiliados a la obra social provincial SEROS ya realizaban, lo que supone evidencia de una estrategia de publicidad engañosa con fines populistas.
Viejas medidas disfrazadas de anuncios oficiales
El comunicado del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) presenta esta «implementación» como una acción novedosa, destacando su importancia dentro de una estrategia integral de prevención del cáncer. No obstante, el test SOMF ya lo realizaban los afiliados de SEROS, lo que indica que el anuncio no introduce ninguna mejora concreta para los beneficiarios. Lo que nunca le queda claro a los afiliados es qué porcentaje del costo de los estudios cubre la obra social, ya que ésta siempre cobra precios extra muy elevados por cada estudio y consulta médica, a pesar de las fortunas que pagan los empleados y jubilados de la provincia.
El discurso oficial emplea frases como «ponemos a disposición» y «convocamos a cada afiliado» para dar la impresión de que se trata de una nueva conquista en materia de salud pública. Pero la realidad es que la publicidad oficial no clarifica cuáles son los cambios en la cobertura de la obra social ni si se ha eliminado el costo adicional que usualmente conlleva este tipo de estudios.
Silencio sobre los costos
Otro aspecto llamativo del anuncio es la omisión de cualquier referencia a los costos del test. Si bien se enfatiza su importancia para la prevención del cáncer colorrectal, no se aclara si los afiliados seguirán abonando un copago o si realmente la medida supone un alivio económico. En este sentido, SEROS tiene un historial de cobros adicionales por estudios de este tipo, lo que refuerza la sospecha de que la campaña es más un ejercicio de marketing político que una verdadera política de acceso a la salud.
¿Qué tan eficiente es la cobertura de SEROS?
La obra social de la provincia del Chubut ha dejado siempre mucho que desear. Las cuotas que se les cobra a los afiliados son altísimas y el servicio brindado es muy malo, ya que el paciente termina pagando por casi todo. La cobertura se circunscribe únicamente a la provincia, salvo algunos casos puntuales de convenios con otras provincias o clínicas privadas. Ni hablar de la cobertura en odontología; algo muy básico en lo que la obra social es un chiste de mal gusto.
Los problemas de pagos a los prestadores son moneda corriente, debido a los diferentes gobiernos corruptos e ineficientes que no sólo la han mal administrado, sino que le han robado sus fondos a lo largo de los años.
Estrategia de comunicación con fines políticos
El gobierno de Ignacio «Nacho» Torres ha optado por una estrategia comunicacional que busca posicionar acciones ya existentes como logros propios. Este tipo de anuncios vacíos de contenido real reflejan una práctica frecuente en la gestión pública: maquillar la continuidad de servicios como si fueran nuevas políticas.
Este caso se suma a una tendencia generalizada en la comunicación gubernamental donde se prioriza la imagen sobre los hechos concretos. La falta de transparencia sobre las verdaderas condiciones de acceso al test SOMF y la omisión de información clave sobre costos refuerzan la percepción de que la gestión actual prefiere el marketing a las soluciones reales.
Conclusión
En definitiva, el anuncio sobre la disponibilidad del test SOMF para afiliados de SEROS no representa ninguna novedad ni mejora tangible para los beneficiarios. Se trata de una estrategia política que busca presentar como avances lo que en realidad es una prestación preexistente. La ciudadanía merece información clara y veraz sobre sus derechos en materia de salud, en lugar de discursos vacíos que solo buscan generar impacto mediático.
La segunda opción es que su equipo encargado de las comunicaciones y publicidad oficial omita datos de relevancia y termine convirtiendo anuncios importantes en anuncios vacíos de contenido, y lo más grave de todo es que lo hacen nada menos en temas muy delicados y serios como la salud de la población.
En un fallo que ha desatado un fuerte debate sobre la libertad de expresión en Argentina, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el procesamiento y embargo de 10 millones de pesos a la diputada nacional Vanina Biasi (FITU-PO) por sus declaraciones en redes sociales sobre el accionar del Estado de Israel en Gaza. La medida ha sido calificada como un abuso de poder y una violación a los derechos constitucionales. Pareciera ser claro que el juez es el que no permite la diversidad de opiniones sobre temas muy sensibles.
Biasi, una legisladora de izquierda, comparó las acciones del Estado israelí con el régimen nazi, denunciando el asesinato de civiles palestinos y la militarización de la Franja de Gaza. Estas afirmaciones fueron consideradas por Rafecas como una violación de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, argumentando que incitaban al odio contra la comunidad judía.
Sin embargo, no se han mostrado publicaciones de la imputada que sean discriminatorias contra religión alguna, sino declaraciones –con las que se puede estar o no de acuerdo– sobre los innegables asesinatos cometidos por el estado de Israel en la Franja de Gaza sobre población civil indefensa, habiendo muerto enormes cantidades de mujeres, niños y hombres de manera inconcevible para el mundo moderno.
El fallo del magistrado ha generado una ola de críticas. Organizaciones diversas, juristas y políticos han denunciado que la decisión judicial excede los límites razonables y atenta contra el derecho a la libre expresión. “No se trata de un ataque contra una religión, sino de una crítica a la política de un Estado,” han manifestado distintos analistas.
El embargo de 10 millones de pesos ha sido considerado desproporcionado e inusual en un caso de opinión política. Diversos sectores advierten que este tipo de sanciones buscan silenciar las voces disidentes y generar un precedente peligroso en el debate público sobre conflictos internacionales.
La diputada, por su parte, ha defendido su derecho a expresarse y ha reiterado sus críticas a la actuación de Israel en Gaza. “No me van a silenciar con patoteadas judiciales,” declaró, reafirmando su postura sobre lo que considera una masacre del pueblo palestino.
El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el país y la utilización del poder judicial para restringir opiniones políticas. Mientras tanto, el futuro judicial de Biasi queda en manos de las instancias superiores, que podrían confirmar o revocar el fallo de Rafecas.
El exgobernador de Chubut, Martín Buzzi, reapareció en la escena política proponiendo internas abiertas en el Partido Justicialista (PJ) para, según dice, «recuperar legitimidad». Sin embargo, su pasado de gestión desastrosa genera fuerte repudio en redes sociales y pone en duda su credibilidad.
Un intento de volver al ruedo político
Buzzi, quien gobernó Chubut entre 2011 y 2015, protagonizó una administración marcada por la crisis económica, el reparto discrecional de fondos a través del programa «Casa Abierta» y decisiones que afectaron gravemente a la provincia. Ahora, en una reaparición mediática, busca posicionarse como un referente en la reconstrucción del peronismo en Chubut.
En una entrevista radial, el exmandatario analizó el liderazgo del actual gobernador Ignacio Torres, reconociendo su capacidad para ordenar la provincia y el avance del espacio libertario (por las dudas no habla mal de Torres por si en alguna «panquequeada» liga un puestito). Buzzi insistió en la necesidad de que el PJ se renueve mediante una convocatoria amplia, dejando atrás las exclusiones que, según él, debilitaron al movimiento.
Una Burla a la ciudadanía
Martín Buzzi no muestra signos de vergüenza al hablar de «renovación» necesaria en el PJ mostrándose como si él fuese algo nuevo y no como uno de los peores gobernadores de la historia chubutense. Renovación sin personajes nuevos, no es renovación, es reciclaje del mismo andamiaje incompetente y corrupto que arruinó el futuro de los chubutenses.
Un peronismo en extinciónde la mano de «dinosaurios quemados»
El declive del peronismo en Chubut es innegable. Las sucesivas gestiones plagadas de escándalos y malos manejos han llevado a la fuerza política a un callejón sin salida. La falta de un liderazgo claro y proyectos concretos ha erosionado la confianza de la ciudadanía, al punto de que el peronismo y el kirchnerismo han perdido toda posibilidad electoral en la provincia.
Buzzi se presenta como impulsor de una renovación, pero su figura sigue ligada a los desaciertos de su administración, lo que genera escepticismo. En redes sociales, su reaparición ha sido duramente cuestionada, con críticas a su intención de dirigir nuevamente los destinos del PJ.
Un profundizador de la crisis económica y social
Durante su intervención, el exgobernador también profundizó la crisis económica que atraviesa Chubut, con una caída en la producción petrolera, el cierre de industrias y la falta de inversión. Según Buzzi, estos factores han generado una pérdida de empleo y una migración creciente de habitantes que buscan mejores oportunidades en otras provincias, sin hacerse cargo de sus responsabilidades.
Además, destacó la crisis educativa, subrayando que la garantía del acceso a la educación y al empleo es clave para la estabilidad social. Sin embargo, sus críticas contrastan con la realidad de su gestión, cuando estos mismos problemas se profundizaron, especialmente en los sectores salud y educación, en donde su gestión fue la más penosa de la historia chubutense.
Un regreso con amplio repudio popular
El intento de Buzzi por instalarse nuevamente en la política provincial se enfrenta a una ciudadanía que no olvida los errores groseros del pasado. Su imagen sigue asociada a una etapa de ineficiencia, corrupción y falta de transparencia, lo que dificulta su objetivo de liderar la reconstrucción del PJ en Chubut.
La reacción en redes y el desgaste del peronismo en la provincia parecen indicar que el tiempo de Buzzi en la política ya ha pasado. Su discurso de renovación choca con un electorado que busca cambios reales y líderes con credibilidad. En un contexto donde el peronismo lucha por su supervivencia en Chubut, la pregunta sigue siendo si figuras como Buzzi pueden representar realmente el cambio que el partido necesita.
En el corazón del Amazonas, una cámara trampa captó por primera vez la vida de la comunidad Massaco, un pueblo indígena aislado en Brasil. Este hallazgo representa un avance crucial para la comprensión de estos grupos sin interferir en su aislamiento, respetando su autonomía y forma de vida.
Un descubrimiento sin contacto
Ubicada en el estado de Rondônia, en la frontera con Bolivia, la comunidad Massaco habita un extenso territorio de 421.000 hectáreas, dentro de la Tierra Indígena Massaco. Para documentar su existencia sin establecer contacto, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) implementó una estrategia de vigilancia con cámaras trampa activadas por movimiento. Estas herramientas tecnológicas han permitido a los investigadores recopilar evidencia visual sin alterar la rutina de los habitantes de la región.
Las imágenes obtenidas en febrero de 2024 revelan a nueve hombres, de entre 20 y 40 años, involucrados en sus actividades diarias. Las fotografías, aunque afectadas por las condiciones climáticas, proporcionan detalles significativos sobre sus características físicas, posturas y comportamientos. La Funai, que protege el territorio de los Massaco desde 1988, mantiene su política de «no contacto» para salvaguardar la integridad de la comunidad.
Rastros de una cultura milenaria
Los investigadores han recopilado evidencia de la comunidad Massaco desde finales de los años 80, cuando se hallaron huellas, senderos, viviendas temporales y utensilios. Con base en estos rastros, se estima que el grupo está conformado por entre 220 y 270 personas, una cifra que ha aumentado desde los cálculos iniciales de la década de 1990, cuando se estimaba entre 100 y 200 individuos.
El registro también revela el uso de trampas afiladas en los senderos, una técnica ancestral utilizada para protegerse de posibles intrusos. Estas trampas, elaboradas con astillas de madera puntiagudas, son colocadas en lugares estratégicos y camufladas con hojas, haciendo que cualquier intruso sufra heridas en los pies, incluso si usa calzado.
Otro aspecto que intriga a los investigadores es el tamaño de sus arcos y flechas, que superan los tres metros de longitud. Aunque otros pueblos indígenas utilizan arcos similares, la forma en que los Massaco logran dispararlos con precisión en la densa selva sigue siendo un misterio. Sus técnicas de caza incluyen la captura de monos, pecaríes, tapires y venados, animales difíciles de abatir con otros métodos.
Desafíos para la protección de los Massaco
La Funai mantiene una estricta política de «no contacto» para garantizar la autonomía y seguridad de los pueblos aislados. En la actualidad, el territorio de los Massaco no enfrenta amenazas inminentes como la tala ilegal o la minería, lo que permite mantener su protección efectiva. La vigilancia constante y el monitoreo mediante tecnología satelital han sido claves para disuadir actividades ilegales dentro de la reserva.
Para evitar que los miembros de la comunidad se aventuren fuera de su territorio en busca de herramientas, los expertos han implementado una estrategia de provisión de machetes y hachas en puntos estratégicos. Esta práctica, antes utilizada para fomentar el contacto con pueblos indígenas, ahora se emplea para evitarlo y asegurar su autosuficiencia sin interferencias externas.
El equipo de protección de la Funai, ubicado permanentemente en el territorio, desempeña un papel fundamental en la supervisión del área. Además, la organización cuenta con Bases de Protección Etnoambiental situadas en puntos estratégicos, cuyo objetivo es garantizar la seguridad física y social de los pueblos aislados, así como la preservación de los recursos naturales.
Un futuro incierto
A pesar de los esfuerzos por mantener la protección del territorio, los investigadores reconocen que el futuro de los Massaco es incierto. La historia ha demostrado que las políticas de «no contacto» pueden ser vulneradas por intereses económicos y cambios en la legislación. Sin embargo, mientras el Estado brasileño continúe asegurando la integridad de la Tierra Indígena Massaco, es posible que esta comunidad pueda seguir con su estilo de vida tradicional.
Según la antropóloga Janete Carvalho, de la Funai, «las opiniones cambian de generación en generación y en algún momento estas personas podrían decidir establecer contacto con el mundo exterior». Por ahora, la prioridad de los expertos sigue siendo la preservación de su cultura y la protección de su territorio, garantizando que los Massaco puedan decidir su propio destino sin interferencias externas.
El Palacio de La Risa es nuestra nueva sección destinada a tratar temas de los que ningún medio se atreve a hablar: Las cuestiones muy alarmantes que suceden en los pasillos y los recintos de los tribunales… Nuestro especialista «Juan Bautista Alberdinangus» estará a cargo de transcribir los sucesos que tomaremos con humor, para no ponernos a llorar por tan triste realidad…
…Idealizamos al entorno judicial creyendo en la existencia de seriedad, compromiso, transparencia, justicia. Eso es lo que pensamos -o al menos esperamos- de los tribunales de justicia los comunes de los mortales.
Pero el Palacio de la Risa es, en realidad, otra cosa. Lo que encontramos en él, es una suerte de Feria de empinados y soberbios, gente con privilegios imposibles de entender, profesionales que en la calle no sabrían defenderse, y un cobijo de abogados “medio pelo”, que han transformado a una institución fundamental en algo payasesco… y paradójicamente injusto.
¿No me cree? Vaya un ejemplo.
El año pasado, en abril de 2024, cuando apenas estábamos digiriendo los huevos de Pascua, nos atragantamos con esta noticia: En un juicio se juzgó a un funcionario público por maltratar a un menor con historia de vida compleja. El caso, pese a que estaban las pruebas, terminó en la nada y con el acusado absuelto. ¿Sabe por qué?. Porque el fiscal se equivocó en la fecha. Si, porque se equivocó en la fecha, y dos veces…
Primero atribuyó la conducta delictiva el día 31 de agosto de 2021 en el Hogar de Adolescentes Varones. Cuando se dio cuenta que ese día el funcionario no estaba prestando tareas y fue advertido de ello, rectificó la fecha y dijo que fue el 29, pero se equivocó de nuevo: en realidad el hecho había ocurrido el día 30.
¿Habrán leído la causa?
“Debo ser claro –dijo el juez-: por un error del Ministerio Público Fiscal que teniendo a mano no solo el audio de la declaración de… sino un almanaque y todos los recursos a su favor para el esclarecimiento de los hechos, no solo equivocó una vez en oportunidad de la acusación la fecha de la ocurrencia de los hechos, sino que una vez más, durante el debate, al ampliar la acusación volvió a incurrir en el fatal error que termina por definir la suerte de su caso”.
¿Desidia?. ¿Falta de compromiso?. ¿Incompetencia?
Vaya a saber uno, que no entiende de estos temas. Pero sí se comprende, sin ser un “dotor”, que alguien que aparentemente violó los deberes a su cargo, quedó libre por algo incomprensible.
¿Y quiénes fueron los eruditos?
Los fiscales fueron Fidel Gonzalez (el mismo que estaría implicado en el escándalo de las alumnas de la universidad, también tapado hasta ahora) y la Procuradora Cecilia Bagnato, la misma que –quizás por resentimientos no superados- despacha bolsas de m… a diestra y siniestra (como si todavía fuese sindicalista) en conferencias de prensa y aprovecha los fondos del Estado para ir a cuanta jornada, acto o conferencia haya para brindar sus «grandes» conocimientos.
Ring, ring…
¡Teléfono para el Consejo de la Magistratura y para el Procurador Fiscal amigo de Das Neves! (claro, si no está muy ocupado en salvar su pescuezo y acomodarse al calor del nuevo gobierno).
¿Y Cómo sigue?
Recién estamos tomando fuerza. El carrusel no para. Tenemos mucho más para contar…
…cómo entran los empleados, el carnaval de viáticos y ascensos, las sentencias ideológicas, las personalidades destacadas del lugar y el broche de oro: la embajada del cuarto piso. Si, así la llaman algunos abogados. ¿Sabe por qué?. Porque ahí no se aplica el derecho argentino y un juez incluso no pone artículos en sus sentencias. “Yo, el Rey” y nada más.
Vengan! Pasen!. El Palacio de la Risa está abierto!!!! Síganme que no los voy a defraudar… (para defraudarlos ya está la justicia).
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Un reciente fallo judicial en Chubut ordenó a la obra social Seros a cubrir el costo de una cirugía estética de «cambio de sexo«, generando un intenso debate. La controversia se profundizó cuando se reveló que los abogados de la institución no apelaron la sentencia dentro de los plazos legales, dejando firme la resolución ridícula del juez que impuso gastos millonarios que podrían dejar quebrada a la obra social de los trabajadores de Chubut.
Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, destacó que «no se ejercieron vías legales para revisar la decisión» y que la falta de apelación consolidó el fallo. Esto ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la actuación de la obra social y la gestión del caso.
El conflicto escaló cuando el gobernador Ignacio Torres arremetió contra el juez Santiago Martín Huaiquil, anunciando que el Estado provincial presentará una denuncia contra él. Esta declaración provocó la reacción de la Asociación de Magistrados, que anticipó un pronunciamiento en rechazo a las acusaciones del gobernador.
El caso pone en evidencia la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en la provincia, al tiempo que reaviva el debate sobre los derechos de las personas trans y el acceso a tratamientos de afirmación de género. Mientras algunos defienden la resolución como un derecho adquirido, otros la critican por considerar que la cirugía no debería ser cubierta por la obra social.
Más allá de las posturas enfrentadas, el episodio expone la necesidad de claridad en las normativas y de mayor diligencia en la defensa legal de los intereses de las instituciones públicas. La falta de acción de los abogados de Seros ha sido clave para que el fallo quede firme, dejando a la obra social sin margen de maniobra.
Ahora queda saber qué pasará con esos abogados que no defendieron a la obra social y analizar si queda algún tipo de recurso extraordinario, ya que el daño que genera el fallo tan ridículo e insustentable pone en riesgo la continuidad de tratamientos que reciben muchos afiliados en enfermedades que ponen en peligro sus vidas.
Ante estas atrocidades jurídicas, el poder ejecutivo y el poder legislativo tendrán que ponerse a trabajar de inmediato para que estos casos no sigan proliferando en la provincia a riesgo de la salud de toda la población.
En un hecho que roza lo insostenible, numerosas escuelas de la provincia de Chubut enfrentan el inicio del invierno sin suministro de gas y otros problemas edilicios, afectando gravemente a estudiantes, familias, personal auxiliar y docentes. La falta de mantenimiento previo y los controles tardíos ponen en evidencia la desidia de las autoridades responsables.
En Esquel, el intendente Matías Taccetta participó de una reunión con el Concejo Deliberante en comisión para analizar la preocupante situación de los edificios escolares. En el encuentro, Taccetta aclaró que los convenios firmados por el municipio con el Ministerio de Educación de Chubut solo contemplan tareas de mantenimiento y no incluyen obras de infraestructura de gran envergadura, como la reparación de la red de gas.
Mientras el frío comienza a sentirse con fuerza en la región, muchas instituciones educativas se ven obligadas a interrumpir el dictado de clases debido a la falta de calefacción. Es incomprensible que estos trabajos no se hayan realizado durante el verano, cuando las escuelas estaban vacías y el impacto sobre la educación hubiese sido nulo. Ahora, en plena actividad escolar, miles de alumnos padecen las consecuencias de la ineficiencia gubernamental.
El problema no solo radica en la falta de calefacción. Según ATECH, las condiciones de los establecimientos son «paupérrimas» y afectan no solo la infraestructura, sino también partidas esenciales como limpieza y alimentación. Desde el gremio docente, se exige una intervención urgente de las autoridades para garantizar el normal desarrollo de las clases.
El descontento crece entre la comunidad educativa, que se encuentra atrapada entre la desidia de los funcionarios y la urgencia de una solución que parece no llegar. La falta de previsión y la negligencia en el mantenimiento de las escuelas dejan al descubierto una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la educación está en crisis y, en este invierno, también está congelada.
La reciente decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla de dictar una medida cautelar contra Manuel García-Mansilla, impidiéndole ejercer funciones en la Corte Suprema, ha generado una ola de críticas y asombro en el ámbito jurídico y político. Este inusual fallo plantea serias dudas sobre la separación de poderes y la seguridad jurídica en el país, así como también, sobre las potestades de los jueces para llevar a cabo este tipo de acciones, que, a prima facie, parecen totalmente ridículas.
La controversia surge tras el rechazo del Senado al pliego de García-Mansilla, quien fue designado por decreto presidencial para integrar la Corte Suprema, tras la pereza injustificada del congreso de tratar los pliegos. Ramos Padilla justificó su decisión alegando que su permanencia podría afectar la estabilidad institucional y advirtió a los restantes jueces del máximo tribunal que se abstuvieran de permitirle intervenir en resoluciones judiciales. Esta determinación, que impacta directamente en el funcionamiento del máximo tribunal del país, ha sido calificada por diversos expertos como un exceso judicial sin precedentes.
Una decisión que desafía la lógica jurídica
El argumento central de la medida cautelar se basa en la supuesta falta de un precedente constitucional que avale la designación de García-Mansilla sin acuerdo del Senado. Ramos Padilla señaló que en la reforma constitucional de 1994 se establecieron mecanismos estrictos para la designación de jueces, que requieren un amplio respaldo legislativo. Sin embargo, la decisión de frenar a un magistrado ya designado y juramentado por la propia Corte Suprema parece una medida sin antecedentes claros en la historia judicial argentina.
Resulta claro que Ramos Padilla emitió una medida de nulidad absoluta, ya que la única forma de remoción de un juez ya designado y avalado por la Corte Suprema que le tomó juramento es por medio de un juicio político. Es por ello que lo de Ramos Padilla es un claro ejemplo de un fallo político y no un fallo jurídico, dejando entrever la mediocridad en la que está inmerso el Poder Judicial.
Implicaciones para la independencia judicial
El dictamen no solo afectaría (más allá de que estuviera viciado de nulidad) la situación de García-Mansilla, sino que también envía un mensaje al resto de los jueces de la Corte Suprema. Ramos Padilla enfatizó que su orden alcanza a todo el tribunal, lo que implica una injerencia directa en el funcionamiento de un poder independiente. Esta situación podría sentar un peligroso precedente, en el que un juez de menor jerarquía condicione el accionar del máximo órgano de justicia del país.
El trasfondo político del caso también resulta ineludible. La decisión de Ramos Padilla surge en un contexto de tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, donde las disputas por el control de la Corte Suprema han escalado en los últimos meses. Este fallo, que podría ser apelado y revertido, introduce una nueva variable de incertidumbre en un sistema institucional ya convulsionado.
Un fallo que podría sentar precedente
Mientras el juez Ramos Padilla se prepara para emitir una sentencia definitiva en los próximos meses, la medida cautelar sigue vigente y podría extenderse. Este episodio abre un debate crucial sobre los límites del poder judicial y el respeto a la independencia de los tribunales superiores. La preguntas que quedan en el aire son: ¿puede un juez de menor rango frenar el accionar de la Corte Suprema sin que esto afecte la seguridad jurídica del país? ¿El nuevo juez de la Corte Suprema tiene que acatar la medida? La respuesta podría marcar un antes y un después en la historia judicial argentina.
