Esquel se vio sacudida por la fuga de Miguel Alejandro Vargas Nehuen, recientemente declarado culpable por el femicidio de Ana Calfín. La evasión ocurrió horas antes de que se realizara la audiencia de cesura de pena, en la que se esperaba la confirmación de una condena a prisión perpetua. El hecho desató un amplio operativo policial y generó una profunda indignación en la familia de la víctima. A pesar de la gravedad del delito, el juez –en otro mamarracho judicial– dejó en prisión domiciliaria al femicida, dejándolo escapar y poniendo en riesgo a toda la población.
El martes por la mañana, Vargas Nehuen debía presentarse en los tribunales de Esquel, pero no fue hallado en su domicilio del barrio Lennart Englund. Allí cumplía arresto domiciliario desde agosto de 2023, a pesar de reiteradas advertencias por parte de la familia de Ana sobre el riesgo de fuga. Su desaparición fue detectada alrededor de las 7 de la mañana por un familiar, quien dio aviso inmediato a la Policía.
Es imprescindible que el juez sea denunciado ante el Consejo de la Magistratura, se haga cargo de las consecuencias de su decisión, costos de los operativos, y sea separado de su cargo, ya que este tipo de jueces son ampliamente repudiados por la sociedad que no tolera ver la incocebible actuación de estos personajes.
La subjefa de la Unidad Regional de Esquel, Carolina Pauli, confirmó que el último control sobre el detenido había sido realizado a las 22 horas del lunes, y que no había vigilancia policial permanente en la vivienda. El control matutino, previsto antes de su traslado a la Oficina Judicial, evidenció que el acusado ya no se encontraba allí. La fuga se habría producido entre las 22 del lunes y las 7 del martes.
Tras la confirmación de su ausencia, se activó una alerta regional y nacional para dar con el paradero del prófugo. La Policía rastrilla la zona cordillerana y notificó a los pasos fronterizos con Chile, especialmente en Futaleufú, ante la sospecha de que Vargas Nehuen podría haber huido hacia ese país por pasos ilegales.
Daniela Santillán, sobrina de la víctima, expresó su indignación: “Estamos indignados, no podemos creer que pase esto. Ya habíamos dicho que podía fugarse. Ahora solo esperamos que lo encuentren y no le den más privilegios. Que cumpla la condena”. También recordó que la familia había solicitado insistentemente que el acusado permaneciera en una cárcel común, pero el juez Jorge Novarino ratificó su permanencia en arresto domiciliario.
La fuga ocurre tras el fallo del jurado popular, que encontró a Vargas Nehuen culpable de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género. Ana Calfín había fallecido tras varios días internada por graves quemaduras provocadas por su expareja.
Miguel Santillán, otro familiar de la víctima, aseguró que el condenado tiene parientes en Futaleufú, lo que refuerza la hipótesis de una posible huida transfronteriza.
El caso expone una vez más las fallas en el sistema judicial respecto a la custodia de personas con condenas graves en contexto de violencia de género. Mientras la familia clama por justicia, la sociedad vuelve a poner el foco en la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar nuevas revictimizaciones.
La búsqueda de Miguel Alejandro Vargas Nehuen continúa intensamente en toda la región patagónica. La comunidad espera respuestas, mientras el clamor por justicia resuena con fuerza en Esquel y en todo el país.
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