La ley de alcohol cero al volante no previene accidentes: criminaliza el consumo moderado y sirve como herramienta de recaudación estatal. La hipocresía política es la herramienta que usan los funcionarios para disfrazarse de “seres superiores protectores del pueblo”, recurriendo al populismo ignorante como fuente de justificación de su estrategia recaudatoria y jugando con los sentimientos de personas que perdieron a seres queridos en accidentes de tránsito.
En un país donde las campañas públicas parecen más orientadas al espectáculo que a la razón, la ley de “alcohol cero al volante” se presenta como un emblema de moralidad absoluta. Sin embargo, detrás de esta normativa aparentemente ejemplar, se esconde una intención mucho menos noble: la recaudación sistemática a través de la criminalización del ciudadano común. Eliminar el histórico límite de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre fue una jugada política revestida de “cuidado por la vida”, pero sustentada en una lógica simplista y, sobre todo, injusta.
Muchas multas, iguales resultados.
La sobriedad absoluta se ha vuelto la nueva consigna, no por eficacia preventiva, sino por su eficacia recaudatoria. Las autoridades no lograron demostrar que esta ley haya disminuido los accidentes fatales ni la cantidad de conductores ebrios. Lo que sí aumentó —y significativamente— fue el número de sanciones a ciudadanos que simplemente compartieron una copa de vino en una cena familiar y luego debieron conducir.
A partir de ahora, usted es un peligro social.
Si usted toda la vida fue un padre de familia que disfrutaba de una cena familiar con un vaso de vino, de un día para el otro lo convirtieron en un delincuente contraventor indigno de estar al volante y sin derecho a la tenencia de su vehículo, que es secuestrado a pesar de ser propiedad privada y no haber orden de juez alguna, ni derecho a defensa. Si usted estaba en una urgencia, que la urgencia espere, aun si fuese una cuestión grave para la atención o seguridad de otros.
El contexto anterior.
La ley anterior era más sensata. Permitía una cantidad razonable de alcohol en sangre que no comprometía la capacidad de manejar de la mayoría de los adultos responsables. No se trataba de fomentar la bebida, sino de reconocer que el consumo moderado no equivale a irresponsabilidad. Lo que vino después fue una demonización sistemática del vino, la cerveza, y de cualquier práctica social mínima que implicara ingerir alcohol, apoyada por una maquinaria mediática alarmista y punitivista. Prácticas que forman parte de la cultura, costumbres y vida sana en sociedad, es decir, algo inevitable e imposible de prohibir.
Un caso icónico.
Un ejemplo paradigmático de las injusticias que esta lógica absurda puede generar lo fue un caso en Bélgica, donde un ciudadano fue condenado por conducir “ebrio” pese a asegurar no haber bebido. Dio positivo con niveles alarmantes en varias ocasiones, incluso sin haber ingerido una sola gota de alcohol durante el día. ¿La explicación? Padece el “síndrome de la autocervecería”, una extraña condición médica que hace que su propio sistema digestivo fermente carbohidratos y genere alcohol etílico. La justicia, tras la presentación de informes médicos por parte de su abogada, tuvo que aceptar el diagnóstico. Sin embargo, no evitó la persecución judicial ni el estigma social. ¿Cuántos otros casos como este habrán sido ignorados o mal diagnosticados?
El síndrome de autofermentación (Auto-Brewery Syndrome, ABS) fue documentado en los años 70 y, aunque se supone que es poco frecuente, representa una seria complicación médica y un elemento que pone en jaque a la constitucionalidad de la ley de alcohol cero. Las personas afectadas pueden mostrar síntomas de embriaguez sin haber consumido alcohol. Este trastorno genera desde dificultades motoras hasta alteraciones del estado de ánimo, y puede desencadenarse con la simple ingesta de carbohidratos. Que una ley pretenda medir con rigidez matemática la cantidad de alcohol en sangre sin contemplar contextos, enfermedades o diferencias fisiológicas es, lisa y llanamente, una irresponsabilidad legislativa.
Carencia de objetividad de la norma.
La rigidez de la norma parte de un supuesto infantil: que todas las personas son iguales. Que todos metabolizan el alcohol del mismo modo, que todos tienen el mismo nivel de reflejos, y que todos representan el mismo nivel de riesgo. Es un disparate. ¿Acaso es más riesgoso que conduzca una persona joven y sana que ha tomado media copa de vino que un anciano con deterioro cognitivo o una persona medicada con psicofármacos? Si el verdadero objetivo fuera garantizar la seguridad vial, se aplicarían test de reflejos y coordinación, no de alcohol. Pero eso, claro, sería menos recaudatorio.
Más aún, es una completa necedad suponer que cualquier ciudadano debe portar un alcoholímetro homologado para verificar si puede o no conducir tras una comida. ¿Qué sucede si hay una urgencia? ¿Una farmacia de madrugada? ¿Una madre que necesita llevar a su hijo al hospital? ¿Debe abstenerse de tomar una copa de vino en la cena por si acaso?
Esta ley nos infantiliza como sociedad, parte de la base de que todos somos culpables por defecto y solo la abstinencia total nos absuelve. Esta ley pone al estado en un rol paternalista conducido generalmente por personal obtuso y de nulo poder de raciocinio.
Muchas leyes, poca eficiencia.
Pero lo más absurdo no es solo la injusticia, sino su inutilidad. Desde la implementación de la ley de alcohol cero, no se han registrado disminuciones significativas en los accidentes viales. Los irresponsables que beben en exceso siguen existiendo, siguen circulando, y siguen generando tragedias. ¿Qué cambió entonces? El enfoque represivo ahora también alcanza al ciudadano prudente. Porque la ley no distingue: castiga al que toma una copa con la misma vara que al que se embriaga hasta la inconsciencia.
Es hora de volver a un sistema racional. Uno que promueva el consumo responsable, que castigue con severidad al imprudente, pero que no criminalice al que actúa con mesura. El verdadero progreso no consiste en sumar ceros a una norma, sino en aplicar criterios que garanticen seguridad sin sacrificar libertades.
Mientras tanto, seguimos atrapados en el delirio punitivo de legisladores sin la más mínima comprensión de la complejidad humana, pero con un entusiasmo ciego por multar al prójimo. Todo esto es tan ridículamente absurdo que hasta los mismos políticos, concejales, intendentes, gobernadores y legisladores incumplen las leyes que sancionan, violando abiertamente las reglas, tanto en simples comidas con alcohol, como en las más oscuras fiestas donde proliferan sustancias mucho más peligrosas y dañinas. Si los políticos se hicieran un narcotest, sería más eficiente que una alcoholemia al ciudadano común y prevendrían cosas mucho peores. Pero el negocio de la recaudación no tolera verdades.
En estos abusos legislativos en todos los niveles, se llega al secuestro de bienes muy valiosos como los automotores, priorizando la supuesta “prevención” de accidentes que jamás ocurrirían por sobre el derecho constitucional a la propiedad privada y de libre circulación.
Como si fuera poco, en la práctica se viola automáticamente el derecho a defensa aduciendo una supuesta flagrancia en el momento y luego en el procedimiento de pago de multas abusivas, en el que no existe recurso alguno que verdaderamente sirva de algo.
Afectación dispar de las multas.
Y la ley tampoco es pareja para todos. Supongamos una multa de un millón de pesos. ¿Es acaso lo mismo tener que pagar una multa de ese monto para un trabajador que para una persona adinerada? No, de ninguna manera. Es así como el adinerado goza del derecho a burlarse de la ley sin mayores afectaciones, mientras que el ciudadano común no sabe cómo hacer para pagar semejante cifra y su afectación es enorme. De hecho, hasta para algunos círculos sociales elitistas, el monto de la multa pasa a ser motivo de risa y burla, amén de tomarlo como una anécdota a contar a viva voz en reuniones para mostrar la osadía y la nula afectación del sistema punitorio.
Seria inconsistencia de la contravención.
Otro elemento a tener muy en cuenta es que, en todo procedimiento sancionatorio de este tipo, el acusado tiene que haber sido consciente de que estaba cometiendo una falta. Y eso es un gran interrogante que, ante un planteo jurídico consistente, podría revertir varias situaciones: En la mayoría de los casos no existe forma de que el acusado tenga forma de saber previamente que estaba por cometer una infracción. Es que, como dijimos anteriormente, cada ciudadano debería contar con un carísimo alcoholímetro con homologación vigente para saber efectivamente si es pasible de estar cometiendo o no una infracción, lo cual es imposible.
Supongamos el caso de una persona que ingirió alcohol, dejó pasar unas horas, y estando convencida de no estar infringiendo ley alguna y sintiéndose con perfectos reflejos, conduce su automóvil y es multada –y su auto secuestrado– por una alcoholemia mínima absurda.
O, supongamos que usted padece de fermentación intestinal generadora de alcohol… ¿Por qué tiene que sufrir los abusos de la legislación y de los inútiles que la aplican? ¿Qué elementos probatorios tienen las autoridades para imponerle una multa y secuestrarle sus bienes sin descartar previamente la posibilidad de estar tratándose de casos como la fermentación intestinal?
Y la gran pregunta es… ¿Quién lo defiende? Bueno, esa es la gran incógnita. Y de eso también se abusan los municipios: saben que pagar un abogado es muy caro y eso lleva a que la gente se vea obligada a pagar la multa en vez de defender sus derechos. Convengamos también, que, muchas veces, los juzgados de faltas son una burla jurídica en su desempeño.
¿Y a usted le gusta que lo tomen por estúpido? Seguramente, no. Entonces es hora de empezar a exigir fuertemente que haya fundamentación y coherencia en cada acto administrativo y legislativo, y no simples divagues populistas y recaudatorios.
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