Ante el desastre judicial expuesto por la fuga del condenado por el asesinato de Ana Calfín, el juez Novarino intenta justificarse de lo ocurrido con una serie de interpretaciones jurídicas sobre los pedidos concretos de la fiscalía sobre la detención del asesino y los pedidos de la defensa.
Según declaraciones, el juez sostiene que la fiscalía fue la que no fundamentó el pedido de arresto en una unidad penitenciaria y tampoco apeló la decisión de conceder el arresto domiciliario. El arresto en su casa calentita, música, Tv y “viva la joda”, fue la postura de la defensa y el juez se basó en esto último para conceder la prisión domiciliaria. Pero no sólo eso; el asesino no tenía ni siquiera una tobillera electrónica y no había guardia permanente, es decir, no se tomaron medidas básicas para proteger a la sociedad de la fuga de un asesino.
El resultado de este desastre judicial tiene tres responsables: El juez, que ante la gravedad del crimen y las pruebas contundentes podría haber negado la prisión domiciliaria, pero por pura elección propia de seguir una doctrina arcaica y excesivamente garantista, decidió aprobar la prisión domiciliaria del asesino y sin ninguna medida de control efectiva permanente, basándose principalmente en que el asesino, todavía es inocente hasta que haya un fallo en instancia superior, y que luego de asesinar el asesino “se portó bien” y no se quiso escapar.
Lógicamente, y lamentablemente, los hechos demuestran que esa doctrina es lisa y llanamente una basura, una imbecilidad y un infantilismo inaceptable: Pasó lo obvio que iba a pasar y que el juez no quiso ver; el asesino se fugó y se puso en riesgo a toda la sociedad, amén de todos los gastos de los operativos de búsqueda que corren a cuenta del estado que pagamos todos los mortales con nuestros impuestos. Dios quiera que no haya otro asesinato en manos del prófugo, porque si ello ocurriera, los actores judiciales seguirían haciéndose los distraídos (por no usar otra terminología más vulgar, pero apropiada).
Supongamos que el juez hubiese dictado la prisión en un centro penitenciario, ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias? El juez, según su propia interpretación, él hubiese obrado en contra del Derecho… pero la sociedad hoy no estaría en peligro, la imagen institucional no estaría en la basura, y la única consecuencia sería que la defensa apele la medida y quizás, la cámara le dé la razón a la defensa… o quizás no…
El segundo responsable es la fiscalía, que, ante tantas experiencias de jueces con “doctrinas basura” tendría que haber fundamentado la prisión efectiva del asesino, o al menos exigido medidas de control permanentes a fin de garantizarle a la sociedad que no haya un asesino suelto por las calles.
Y el tercer actor, que se hace el idiota, es el legislador: es el que por su incompetencia no sigue las experiencias judiciales para modificar las leyes que permiten que estas imbecilidades judiciales ocurran.
Mientras tanto, la víctima, Ana Calfín, ya no puede defenderse; no puede despertar cada mañana como debería hacerlo, su familia sigue sufriendo los mamarrachos de esta justicia inmunda, que, desde su elitismo, privilegios y pedantería, deja libres a los delincuentes una y otra vez.
A la justicia no le importa… ¿A Ud., le queda claro?
Este tipo de aberraciones judiciales y otras tantas políticas que condicionan nuestra vida en sociedad, las vamos a ir tratando en nuestra sección “Los cambios que el país necesita y que ningún gobierno quiere hacer”, aquí en www.chubut.org el único medio que analiza la realidad desde una mirada crítica, en busca de soluciones y sin compromisos con ningún sector, sin ideologías de izquierda ni derecha, partiendo desde el punto de vista de que es USTED quien tiene que decidir cómo vivir en su propio país, rompiendo el status quo de las estructuras y decidir las reglas por las cuales debe guiarse la justicia y los demás poderes del estado.
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