La Fiscalía del Chubut desestimó una denuncia penal contra el Superior Tribunal, impulsada por la Asociación de Magistrados sobre hechos impulsados mediáticamente por su ex presidente Claudio Petris.
Desestimandenuncia penal contra el Superior Tribunal de Chubut
El Ministerio Público Fiscal del Chubut determinó que no existió delito penal en la actuación de los ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, en el marco de una denuncia presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
El equipo de fiscales, conformado por resolución del procurador general Jorge Miquelarena, desestimó la denuncia tras un análisis exhaustivo de los hechos denunciados, los testimonios recabados y la documentación reunida. No se hallaron elementos que permitan encuadrar las actuaciones de los ministros del alto tribunal en figura penal alguna.
La acusación giraba en torno a presuntas irregularidades administrativas relacionadas con asignaciones de haberes, contrataciones, emisión de pasajes y otras decisiones internas del Superior Tribunal. La investigación preliminar, sin embargo, concluyó que no había indicios suficientes para sostener que se hubiera cometido delito alguno.
Esta denuncia penal, de alto impacto mediático, había sido impulsada por la Asociación de Magistrados que hasta hace poco presidía el juez Claudio Petris, quien debió renunciar al cargo tras la aparición de documentación que lo vincularía con presuntas maniobras irregulares de carácter muy grave. Cabe recordar que Petris también fue uno de los principales impulsores de las críticas públicas contra el Superior Tribunal de Justicia, maniobra que ahora queda desacreditada por esta decisión del Ministerio Público.
La resolución, enmarcada en el Código Procesal Penal del Chubut, representa no solo el cierre judicial de una causa infundada, sino también un nuevo golpe a la credibilidad de quienes promovieron la acusación. Lejos de esclarecer una supuesta corrupción, lo que quedó en evidencia es la utilización política de las herramientas judiciales para atacar al máximo órgano judicial desde adentro del mismo poder.
En este escenario, la pregunta inevitable es quién responde por los daños institucionales generados por acusaciones sin sustento. Cuando los propios magistrados se transforman en actores políticos y lanzan denuncias sin pruebas, no solo debilitan al Poder Judicial: erosionan la confianza pública en la justicia misma.
La desestimación no sólo exonera al Superior Tribunal, sino que deja al descubierto el trasfondo de una interna judicial donde algunos actores, como el juez Claudio Petris, parecían más interesados en desestabilizar que en garantizar justicia, quizás, en búsqueda de un salvavidas ante la gravedad de los presuntos delitos por los que estaría siendo investigado.
El paro de pilotos y controladores aéreos en vacaciones es una extorsión injustificada que daña a miles de familias y economías regionales.
Paro aeronáutico en vacaciones: una extorsión inaceptable contra los ciudadanos
En plena temporada de receso invernal, cuando miles de familias planean sus vacaciones y las economías regionales dependen del turismo para subsistir, el gremio de pilotos decidió declarar un paro total para el sábado 19 de julio. La medida, anunciada con antelación casi como una amenaza, se suma al cronograma de huelgas de los controladores aéreos, configurando un combo explosivo que promete el colapso del sistema aeronáutico argentino justo cuando más se necesita que funcione.
¿El motivo? Una disconformidad política disfrazada de reclamo técnico. APLA, el gremio que nuclea a los pilotos de líneas aéreas, alega que el nuevo decreto firmado por el Gobierno nacional —que modifica aspectos de la regulación de descansos y tiempos de vuelo— representa un riesgo para la seguridad aérea. Sin embargo, lo que verdaderamente subyace es el rechazo visceral a las políticas de desregulación del actual gobierno y a la pérdida de privilegios corporativos acumulados durante décadas. Lejos de buscar consensos o agotar vías de diálogo, el gremio decidió extorsionar a la sociedad, rehenes incluidos.
No es casual que el paro se realice justo al inicio del receso escolar en Buenos Aires, el principal emisor de turistas del país. Tampoco es casual que se haya anunciado con tono amenazante: “Vamos a hacer que las operaciones colapsen”, dijo sin pudor el secretario general del gremio, Pablo Biró. Esta declaración lo deja todo claro: no se trata de un reclamo por condiciones laborales, sino de una ofensiva política.
Las consecuencias de esta irresponsabilidad son gravísimas. Cientos de vuelos cancelados o demorados, miles de familias que verán arruinadas sus vacaciones, reservas turísticas que se caerán en cadena, pequeñas y medianas empresas del interior que perderán ingresos irrecuperables. Las regiones que viven del turismo invernal —Patagonia, Cuyo, el Norte argentino— pagarán los platos rotos de una protesta que nada tiene de solidaria o reivindicativa.
A esto se suma el paro escalonado de los controladores aéreos, que extenderán las afectaciones durante casi todo julio. Los gremios aseguran que se agotaron las instancias administrativas y que están defendiendo derechos laborales. Pero cuando la medida de fuerza afecta a ciudadanos comunes, a familias trabajadoras, a estudiantes, a enfermos, pierde toda legitimidad. No hay causa justa que justifique el daño a los inocentes.
En este contexto, es urgente y necesario recordar que el derecho a huelga no puede estar por encima del derecho al libre tránsito, al trabajo, al turismo y, sobre todo, a vivir en paz sin ser rehén de disputas gremiales o ideológicas. Si la actividad aeronáutica fue declarada “servicio esencial”, es precisamente para evitar este tipo de abusos que afectan el tejido social y económico del país.
Resulta profundamente inhumano que quienes tienen el privilegio de operar aviones —una responsabilidad enorme— elijan usar ese poder para castigar a quienes nada tienen que ver con sus diferencias políticas o sindicales. La huelga anunciada no es una defensa de derechos: es un acto de prepotencia corporativa, una afrenta al ciudadano común, y un atentado contra la recuperación económica de muchas provincias.
El país necesita diálogo, compromiso, responsabilidad y vocación de servicio. No más chantajes. No más paros que castigan a los que menos culpa tienen. La Argentina no puede permitirse seguir rehenes de gremios que sólo miran sus propios intereses. Este paro aeronáutico, lejos de ser una medida de fuerza, es una profunda falta de respeto y una muestra clara de la esencia que mueve a los sindicatos: la extorsión para imponer sus lujos y caprichos.
El Gobierno argentino apeló el fallo de Preska que ordena entregar el 51% de YPF como pago por la estatización en 2012. El país busca revertirlo.
YPF: el Gobierno apela el fallo que amenaza con desguazar la petrolera estatal
El gobierno de Javier Milei intenta frenar una de las peores bombas judiciales de los últimos años: la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital. La medida, dictada por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, es parte de la sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares como indemnización por la estatización inconsulta de la petrolera en 2012. La apelación fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en un último intento por evitar lo que el propio Estado considera un “daño irreparable”.
Detrás de este nuevo capítulo judicial, se esconde un error político de base: la estatización sin respetar el estatuto de la compañía, que exige una oferta pública de adquisición (OPA) para todos los accionistas minoritarios cuando alguien toma control mayoritario. Eso nunca ocurrió en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que avanzó contra la española Repsol sin ofrecer condiciones equitativas al resto de los socios, como Petersen Energía. Y es sobre esa omisión que Burford Capital construyó su estrategia legal, luego de comprar por apenas 17 millones de dólares los derechos de litigio.
El modelo de negocios de Burford Capital es claro: comprar barato pleitos prometedores y cobrarlos con intereses en la justicia internacional. En este caso, el botín es multimillonario. La jueza Preska ya falló en contra del Estado argentino y dio un plazo de 14 días, que vence el 14 de julio, para entregar las acciones. Mientras tanto, los abogados de los fondos quieren ir por más: buscan que también se condene a YPF como empresa, aunque hasta ahora ha sido eximida.
La estrategia judicial del gobierno incluye dos movimientos simultáneos: apelar la sentencia principal y pedir la suspensión de la ejecución hasta que haya una definición firme. Si se entregan las acciones antes de la revisión de la Cámara, se pierde la herramienta clave de negociación y se abre la puerta al desmembramiento de una empresa estratégica.
Pero lo cierto es que este caso no debería haber llegado tan lejos. Fue la improvisación política, el desprecio por las reglas de mercado y la creencia en que los tribunales internacionales son inofensivos lo que llevó a este punto. La Argentina se enfrenta a una paradoja peligrosa: haber recuperado soberanía energética en 2012, para ahora poner en riesgo la estructura misma de su petrolera.
Lo que está en juego no es solo un paquete accionario. Es la credibilidad del país en los mercados globales, su imagen como garante de contratos y la supervivencia de una empresa esencial para Vaca Muerta y la transición energética. La causa YPF simboliza los costos profundos del cortoplacismo político, que sigue generando facturas que se pagan con intereses —y, esta vez, con acciones.
El Gobierno de Milei tiene ahora la responsabilidad de evitar una catástrofe legal, pero también de sentar las bases para que estas historias no se repitan. Porque una cosa es apelar un fallo; otra muy distinta es revertir una historia de irresponsabilidad crónica que sigue castigando a la Argentina donde más le duele: en sus activos estratégicos.
Los hutíes intensificaron sus ataques en el Mar Rojo, hundiendo dos buques mercantes y provocando muertes, secuestros y tensión geopolítica.
Crisis en el Mar Rojo: tensión creciente tras el hundimiento de dos buques y la muerte de tripulantes
La inestabilidad en el Mar Rojo volvió a escalar tras los recientes ataques protagonizados por el grupo hutí de Yemen, que hundió dos buques mercantes y dejó un saldo de tripulantes muertos, desaparecidos y presuntamente secuestrados. El conflicto se recrudece en una región clave para el comercio global y refuerza los vínculos entre los ataques marítimos y las tensiones en Medio Oriente.
El grupo hutí, que controla amplias zonas del norte y oeste de Yemen, incluido su capital, Saná, lanzó una serie de ofensivas marítimas este último fin de semana que reactivaron una peligrosa escalada. Los buques Magic Seas y Eternity C, ambos con bandera de Liberia y propiedad griega, fueron atacados con drones, misiles, granadas propulsadas por cohetes y disparos desde pequeñas embarcaciones.
En el caso del Magic Seas, el grupo interceptó el barco por radio, ordenándole detenerse. Ante la negativa, iniciaron una ofensiva con drones kamikazes y lanchas rápidas, lo que llevó a la tripulación de 22 personas a abandonar el buque antes de que se hundiera. El ataque fue documentado en un video difundido por canales afines a los hutíes, en el que se observa el abordaje del barco y su posterior destrucción.
El Eternity C sufrió una embestida similar entre el lunes y el martes. Tras varias horas de bombardeos con drones explosivos y granadas desde embarcaciones rápidas, al menos tres tripulantes murieron y otros once permanecen desaparecidos. El ataque terminó con la tripulación lanzándose al mar y un operativo de rescate internacional que, hasta ahora, logró salvar a diez personas, incluidos ocho filipinos, un indio y un griego. Las imágenes divulgadas también muestran a combatientes hutíes ofreciendo a la tripulación la posibilidad de abandonar el buque.
El gobierno de Estados Unidos denunció públicamente que algunos miembros de la tripulación fueron capturados por los hutíes tras el hundimiento del Eternity C. Desde la embajada estadounidense en Yemen, con sede en Arabia Saudita, se exigió su liberación inmediata e incondicional. Aún no hay confirmación oficial sobre el número exacto de personas secuestradas ni su estado de salud.
Estos ataques marcan un abrupto fin al período de relativa calma en la región que había sido alcanzado tras una campaña aérea de gran escala impulsada por la administración anterior de Estados Unidos. La ofensiva hutí fue reivindicada como un acto de solidaridad con los palestinos, en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Incluso se reportó un misil disparado hacia territorio israelí, que fue interceptado por las fuerzas de defensa de ese país.
En paralelo, los hutíes comunicaron haber ofrecido asistencia médica y resguardo a algunos tripulantes rescatados, aunque sin detallar su número ni paradero. Este comportamiento no es nuevo: en noviembre de 2023, el grupo ya había capturado el buque Galaxy Leader y mantuvo a su tripulación retenida durante dos meses.
Ambos barcos atacados esta semana estarían relacionados comercialmente con Israel, lo que podría haber motivado su selección como objetivos. Aparentemente, ninguna de las embarcaciones contaba con escolta de la misión naval europea desplegada en la zona para proteger el tránsito marítimo.
El corredor del Mar Rojo, por donde circulan anualmente mercancías valuadas en un billón de dólares, ha sido un foco de inestabilidad desde fines de 2023, cuando los hutíes comenzaron una campaña sistemática de ataques a buques mercantes. Hasta la fecha, han atacado más de 100 embarcaciones, hundido dos y provocado al menos cuatro muertes. Aunque el tráfico marítimo en la zona ha empezado a recuperarse recientemente, los últimos incidentes siembran nuevas dudas sobre su sostenibilidad.
La renovada ofensiva hutí llega en un momento particularmente delicado para la región: las negociaciones para un posible alto el fuego entre Israel y Hamas están estancadas, e Irán –aliado de los hutíes– evalúa retomar conversaciones sobre su programa nuclear, luego de los recientes bombardeos a sus instalaciones atómicas.
En este complejo entramado geopolítico, los ataques en el Mar Rojo no sólo representan una amenaza directa al comercio internacional, sino también un reflejo de las tensiones entre actores estatales y no estatales que pugnan por influencia en Medio Oriente. La respuesta internacional y la evolución de los acontecimientos marcarán el rumbo de una región donde la estabilidad sigue siendo un horizonte lejano.
Científicos argentinos lograron que un riñón de cerdo modificado resista el rechazo inmunológico humano, abriendo el camino al xenotrasplante pediátrico.
El futuro de los trasplantes podría nacer en un chiquero argentino
En un laboratorio del INPA, nació algo más que un cerdo: nació una esperanza. Por primera vez en América Latina, un órgano porcino genéticamente modificado logró resistir el rechazo hiperagudo al ser perfundido con sangre humana. No es ciencia ficción, es biotecnología de vanguardia desarrollada en la Argentina por investigadores que decidieron enfrentar uno de los mayores dramas del sistema de salud: la escasez de órganos para trasplante.
El experimento fue realizado con sangre humana fresca, anticoagulada y a temperatura corporal, bajo condiciones controladas. El riñón no colapsó. Produjo orina, mantuvo su estructura y no mostró signos de trombosis inmediata. Un resultado modesto, quizás, pero con un impacto potencial monumental: significa que es técnicamente posible crear órganos animales compatibles con el cuerpo humano.
El objetivo es claro y urgente: salvar vidas. Particularmente, las vidas de niñas y niños que aguardan durante años —demasiadas veces en vano— un riñón que nunca llega. En un país donde más de 160 menores esperan por un trasplante, esta alternativa representa una posible revolución sanitaria. Porque no se trata solo de ciencia, se trata de justicia.
Los avances técnicos son notables. Mediante edición génica CRISPR-Cas9, los investigadores lograron desactivar el gen GGTA1, principal responsable del rechazo inmunológico inmediato. También manipularon el gen del receptor de la hormona de crecimiento (GHR), logrando cerdos de menor tamaño y potencialmente más saludables. Cada modificación genética apunta a un objetivo: acercar lo imposible al quirófano.
Pero lo más significativo de este logro es que ocurrió en Argentina. En un sistema científico constantemente jaqueado por la falta de recursos, la fuga de cerebros y el desinterés político, este avance es una declaración de principios: aún se puede innovar, aún se puede liderar. Y aún se puede imaginar un país donde la biotecnología no sea solo un titular, sino política de Estado.
¿Hay riesgos? Por supuesto. La posibilidad de infecciones zoonóticas, los dilemas éticos, el consentimiento informado, el bienestar animal, todo eso debe ser discutido. Pero no debe ser excusa para paralizar una línea de investigación que ya demostró resultados. En Estados Unidos, un corazón porcino mantuvo con vida a un paciente durante 60 días. En Argentina, un riñón filtró sangre humana sin ser destruido. El futuro está en marcha.
Ahora es momento de consolidar, ampliar, conectar. Conseguir inversión privada, apoyo estatal y articulación con centros internacionales de excelencia. Porque este no puede ser un experimento aislado. Debe ser el primer paso de una política científica que entienda que la salud no espera.
El xenotrasplante no es solo una promesa médica: es una oportunidad para que Argentina lidere en un terreno donde el conocimiento salva vidas. Que un cerdo pueda convertirse en esperanza no es un capricho de laboratorio. Es una necesidad urgente. Y una decisión política.
YPF y sus socios obtuvieron USD 2.000 millones para construir el Oleoducto Sur y liberar el potencial exportador de Vaca Muerta hacia el mundo.
Oleoducto Sur: una apuesta millonaria que redefine el futuro energético de Argentina
YPF y un consorcio de grandes petroleras consiguieron un crédito internacional por 2.000 millones de dólares para construir el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), una obra colosal que promete revolucionar la matriz exportadora del país. Pero más allá de la euforia oficial, el megaproyecto plantea interrogantes sobre el modelo de desarrollo que Argentina está eligiendo.
La operación financiera fue liderada por bancos de peso global —Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander— y marca el regreso del país al mercado internacional de financiamiento de proyectos, cerrado desde 2019. Se trata del mayor préstamo comercial para infraestructura en la historia argentina y uno de los más relevantes en el sector petrolero de América Latina. La magnitud del crédito y la ambición del emprendimiento parecen dar señales de confianza, pero no necesariamente de soberanía.
El VMOS busca conectar Allen, en Río Negro, con una terminal de exportación en Punta Colorada, atravesando terrenos complejos y requiriendo tecnologías avanzadas como perforaciones laterales de más de 5.000 metros y monoboyas para buques gigantescos. Su potencial de transporte inicial será de 180.000 barriles diarios, con una proyección de hasta 700.000. Se calcula que podría generar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales en exportaciones para fines de la década.
El gobierno apuesta al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como marco jurídico para garantizar el retorno del capital privado, con una lógica que prioriza la exportación sobre el abastecimiento interno. En paralelo, el 30% del costo del proyecto —unos USD 1.000 millones— será cubierto por los socios, entre ellos Shell, Chevron, Pan American Energy, Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Tecpetrol y GyP, la empresa estatal neuquina.
Detrás del entusiasmo por esta “obra estratégica” asoman preguntas clave: ¿estamos construyendo una verdadera política energética nacional o simplemente montando la infraestructura para facilitar la extracción por parte de multinacionales? ¿Qué lugar ocupan las comunidades y el medio ambiente en un plan que avanza con urgencias técnicas y promesas de dólares?
La fractura hidráulica —base de la explotación en Vaca Muerta— consume y contamina grandes volúmenes de agua. Aunque se proyecta usar inteligencia artificial para optimizar el reciclaje del flowback, el daño ambiental ya comprobado en zonas de explotación pone en duda el discurso de desarrollo sostenible.
Tampoco está claro si los ingresos por exportación se traducirán en beneficios reales para la población o si quedarán encapsulados en el circuito financiero de grandes operadoras que priorizan su rentabilidad. El país necesita dólares, sí, pero también necesita soberanía energética, diversificación productiva y justicia ambiental.
Mientras se celebran los récords de inversión y capacidad técnica, lo fundamental es discutir quién decide sobre nuestros recursos, con qué objetivos y para beneficio de quién. Porque una Argentina exportadora de energía puede ser también una Argentina dependiente si no redefine, con urgencia, los términos de su política energética.
El Ministerio Público Fiscal del Chubut, advierte sobre una nueva modalidad de estafa digital que utiliza mensajes falsos de Empresas de Correo para robar datos bancarios.
La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Chubut, informa sobre nuevos intentos de estafa digital detectados en la provincia. Los delincuentes envían mensajes por WhatsApp, SMS y correos electrónicos, simulando ser de una empresa de Correo. Los mensajes indican que un paquete no pudo entregarse por errores en la dirección o código postal y solicitaron un pago a través de un formulario web.
El engaño
Los enlaces te dirigen a páginas que imitan la estética de una empresa Correo y piden datos personales, como el nombre del titular de la tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, aclara que estas comunicaciones no son oficiales y que los estafadores buscaron obtener datos bancarios para operaciones fraudulentas. Por lo tanto, se recomienda ignorar y eliminar los mensajes, no ingresar datos en enlaces recibidos, no compartir la información y denunciar en caso de haber proporcionado datos. Las denuncias podían presentarse en la Unidad Fiscal de Cibercrimen o en comisarías locales. También se instó a contactar solo los canales oficiales de Empresas de Correo, y así verificar comunicaciones.
Recientemente, se suma otra modalidad de estafa
Para que la ciudadanía esté alerta, se advierte sobre una reciente modalidad de estafa mediante mensajes de texto o WhatsApp que simulan provenir de empresas de correo o mensajería. Estos mensajes, como “Su paquete ha llegado a nuestro almacén y no podemos entregarlo porque falta el número de casa en su dirección. Por favor, actualice su dirección: [enlace fraudulento]”, buscan robar datos personales, bancarios o claves para vaciar cuentas bancarias o billeteras virtuales. Posteriormente, piden que cierre y vuelva a abrir el SMS para supuestamente activar el enlace, o copie y ábralo en un navegador. NO HAGA CLIC en enlaces desconocidos ni proporcione datos personales, bancarios o claves. Estas maniobras buscan robar su información y vaciar cuentas bancarias o billeteras virtuales. Qué hacer ante este mensaje fraudulento. Verifique siempre la fuente del mensaje. No responda ni comparta este tipo de mensajes. Ante la duda, comuníquese directamente con la empresa oficial por canales seguros. Denuncie este tipo de estafas en la comisaría más cercana o en la fiscalía correspondiente. Asimismo, se recuerda a la comunidad, que se encuentra disponible una herramienta digital destinada a brindar información y asistencia a personas víctimas de distintas formas de violencia en toda la provincia. A través de la página web del MPF se puede ingresar. Se identifica como MPF ORIENTA.
El Fiscal de Estado, Andrés Matías Meiszner denunció al Juez Claudio Alejandro Petris ante el Consejo de la Magistratura. Paralelamente, un vecino de Esquel, viralizó un video acusando a Petris de haberlo manoseado cuando era menor de edad.
La situación del Juez Petris comenzó a complicarse: hace unos días ya había comenzado a actuar el Ministerio Público Fiscal a raíz de la investigación que había realizado Chubut Online sobre presuntas irregularidades en torno al juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel y Presidente de la Asociación de Magistrados; presidencia a la que renunció en el transcurso de la semana por el escándalo desatado.
Pero la situación de Petris no termina allí, el Fiscal de Estado, Andrés Matías Meiszner, este viernes 4 de julio radicó una denuncia por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, órgano con facultades de separar del cargo a los jueces que estén en situaciones complicadas en términos judiciales.
El Fiscal de estado habría solicitado la suspensión del juez Petris mientras se avance en la investigación; de la cual anticipa una posible destitución de Petris. Asimismo, solicita la suspensión de su remuneración como juez.
Al mismo tiempo, un conocido vecino de Esquel, Juan Domingo Crettón, publicó un video en la red TikTok manifestando que cuando él tenía apenas 16 años trabajó de jardinero para el juez Petris, en una de sus casas de la Calle Brown, Petris lo habría manoseado, y le habría insinuado otras formas de ganarse la vida, en supuesta alusión a esa situación relatada por crettón, de índole sexual.
En su video, Crettón se muestra conmovido y declara lo sucedido a pesar de lo embarazoso de la situación, al contar una historia que expone una situación muy difícil para ser expuesta en público.
De esta manera, la situación del Juez de Esquel, estaría complicándose aún más y las miradas se centrarán en el accionar del Consejo de la Magistratura, si adhiere al pedido del Fiscal de Estado; en los avances del Ministerio Público Fiscal; y en los nuevos relatos que puedan llegar a aparecer, tal como el caso de Crettón.
También puede contactarse con Chubut Online por medio de nuestros medios de contacto publicados. En caso de poseer usted información comprometedora, garantizamos la confidencialidad.
La Caja Previsional de Chubut seguirá bajo control provincial, según ratificó Gustavo Menna, quien desmintió rumores sobre una supuesta transferencia a Nación.
En medio de versiones anónimas que circularon en redes sociales y medios digitales, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, salió al cruce con una afirmación tajante: la Caja Previsional de la provincia no será transferida a la ANSES. Calificó los rumores como «infundados y malintencionados», sugiriendo que detrás de ellos podría haber intereses políticos que buscan desinformar y generar temor en la población.
Rumores que intentan confundir y desestabilizar
Menna denunció que la circulación de estas versiones responde a una “intencionalidad política”, posiblemente con fines desestabilizadores. Aclaró que la permanencia de la Caja en la órbita provincial está garantizada por la Constitución de Chubut, específicamente por el artículo 76, incorporado en la reforma de 1994, que establece claramente que cualquier intento de transferencia requeriría una reforma constitucional. “Y eso no solo no está planteado, sino que nadie lo propone”, enfatizó.
Defensa de la autonomía y de los jubilados
El vicegobernador fue más allá de la desmentida y reivindicó la importancia del control provincial sobre la Caja, en tanto herramienta de autonomía política y garantía para los derechos de los jubilados y pensionados de la administración pública provincial y municipal.
Recordó que, cuando en los años noventa el gobierno nacional impulsó la privatización del sistema previsional y presionó a las provincias para que transfirieran sus cajas, Chubut fue una de las trece jurisdicciones que resistieron esa embestida, preservando su sistema y su soberanía previsional.
Deuda nacional impaga
En su declaración, Menna también apuntó a la deuda que mantiene el Estado Nacional con la provincia. Mencionó que, como parte del Pacto Fiscal de 2017, la Nación adeuda a Chubut cerca de 40 millones de dólares, suma que la actual gestión reclama con firmeza.
Este contexto refuerza la decisión política de no entregar la Caja, ya que transferirla implicaría ceder aún más poder a un Estado Nacional que no ha cumplido con sus compromisos económicos.
La difusión de rumores falaces
La difusión de estos rumores sobre el supuesto traspaso de la Caja Previsional no es casual. Forma parte de una estrategia habitual en contextos de crisis: sembrar miedo y desinformación para debilitar a las gestiones locales. En lugar de aportar al debate serio sobre la sustentabilidad del sistema previsional, se intenta minar la confianza pública con noticias falsas y operaciones de redes.
El mensaje del vicegobernador fue contundente: la Caja es de los chubutenses y seguirá siendo de los chubutenses. Y eso debe quedar por fuera del juego sucio de la política. La seguridad social no puede ser moneda de cambio ni bandera de campañas anónimas.
Argentina compró a EE.UU. vehículos blindados Stryker 8×8 en un acuerdo que refuerza su alianza militar y toma distancia de China e Irán.
Blindados Stryker para Argentina: una compra millonaria con mensaje geopolítico
El reciente acuerdo del Gobierno argentino con Estados Unidos para adquirir vehículos blindados 8×8 M1126 Stryker no es solo una modernización del Ejército: es un gesto político de alto voltaje internacional. Con esta operación, el Ejecutivo busca no sólo renovar capacidades militares, sino también enviar una señal clara de alineamiento estratégico en el nuevo mapa global de tensiones.
La compra —que incluye una primera tanda de ocho vehículos nuevos a entregarse en 2026— representa un giro explícito hacia Washington y un alejamiento tácito de otras potencias como China o Rusia, que en los últimos años habían ganado terreno en la región. Así lo dejó entrever el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al señalar a China como una amenaza compartida por Estados Unidos, Argentina y América Latina.
El ministro Luis Petri no se quedó atrás. No solo celebró la adquisición, sino que respaldó con entusiasmo el ataque estadounidense a instalaciones nucleares iraníes ocurrido el 21 de junio pasado, afirmando que este “aumentó la paz mundial”. Una declaración que, además de polémica, parece diseñada para agradar a los halcones de Washington más que al electorado argentino.
La alianza se afianza también con la reciente compra de aviones caza F-16, consolidando a Argentina como un socio cada vez más confiable dentro del perímetro estratégico de Estados Unidos. Esto ocurre en un contexto en el que la región está siendo cortejada por múltiples potencias, y donde la neutralidad ya no parece ser una opción sostenible.
Pero detrás de las fotos oficiales y las frases diplomáticas, quedan interrogantes sin respuesta. El monto de la operación no fue revelado, lo que alimenta sospechas sobre la transparencia del gasto público en un país en plena crisis económica. Y aunque se hable de modernización, lo cierto es que ningún blindado sustituye la inversión en infraestructura, educación o salud.
El Stryker es sin dudas un vehículo de última generación. Con capacidad para transportar hasta nueve soldados, blindaje modular adaptable y armamento pesado, es una plataforma robusta, versátil y pensada para conflictos de alta intensidad. Sin embargo, su presencia en el Ejército argentino levanta la pregunta de si el país se está preparando para amenazas reales o si simplemente está participando de un juego geopolítico ajeno, empujado por las circunstancias.
Argentina no solo está comprando tecnología militar. Está comprando un lugar en la agenda de defensa occidental. Y como toda compra estratégica, viene con costos: económicos, diplomáticos y, eventualmente, humanos. La apuesta por esta alianza debe ser evaluada con ojos críticos. Porque la paz no se construye solo con blindados, sino con soberanía real y decisiones que respondan, antes que nada, a los intereses nacionales.
Argentina enfrenta una creciente presión judicial en EE.UU. por su participación en YPF: más fondos con fallos previos exigen cobrar con acciones estatales.
El conflicto judicial en torno a YPF se agrava. Nuevos fondos de inversión, con sentencias firmes por deuda en default, reclaman ante la jueza Loretta Preska el mismo tratamiento que los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera. Exigen quedarse con parte del 51% del paquete accionario de YPF en manos del Estado nacional. La disputa, que se libra en tribunales estadounidenses, abre un nuevo frente para el gobierno argentino, que ya enfrenta un fallo adverso y en ejecución.
Los nuevos actores —entre ellos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee— no participaron del litigio por la expropiación, pero sí lograron fallos favorables por bonos impagos. Ahora apelan a la figura del “me too”, utilizada para replicar efectos de sentencias previas, con el objetivo de participar en la ejecución de las acciones estatales. Argumentan que sus fallos son anteriores a los del caso Petersen/Eton y Bainbridge, por lo que solicitan prioridad en el cobro.
Esta situación plantea una puja directa entre fondos con intereses contrapuestos, todos ellos respaldados por sentencias judiciales firmes contra el Estado argentino. El activo en disputa es claro: el control mayoritario de YPF, la petrolera insignia del país. La jueza Preska ya había ordenado que ese 51% sea transferido a los ganadores del juicio por la expropiación, pero con esta nueva presentación se abre un debate legal sobre la prelación de pagos y la posibilidad de embargos múltiples sobre un mismo activo.
La ofensiva judicial de estos fondos responde a una lógica financiera implacable: maximizar el cobro de sus acreencias utilizando cualquier activo disponible del deudor, en este caso el Estado argentino. La argumentación legal sostiene que el país sigue en situación de incumplimiento, y que las acciones de YPF representan un bien ejecutable conforme al derecho estadounidense e internacional.
En paralelo, el Gobierno argentino solicitó la suspensión del fallo que ordena entregar las acciones, alegando que su implementación es jurídicamente inviable. Busca frenar una medida que considera no solo ilegal, sino también impracticable, debido a las implicancias soberanas y operativas que tendría desprenderse del control de YPF.
El desenlace es incierto, pero el mensaje es claro: Argentina no solo enfrenta las consecuencias de su política de expropiación de activos estratégicos, sino también las de un historial persistente de incumplimiento financiero. La presión crece y la propiedad de YPF se convierte en el trofeo más codiciado por los acreedores internacionales. Lo que está en juego no es solo un paquete de acciones, sino una pieza clave del entramado energético y político del país.
Avanza la causa por el fentanilo mortal: investigan a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por muertes ligadas a medicación contaminada.
Fentanilo mortal: avance judicial expone red familiar en HLB Pharma
La investigación por las muertes causadas por lotes contaminados de fentanilo clínico da un giro clave. La Justicia federal allanó 22 domicilios vinculados a HLB Pharma Group y a su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo, en una causa que ya suma al menos 53 fallecidos y un número incierto de víctimas más. En el centro del entramado aparece una figura repetida: la familia García Furfaro, que controla desde las gerencias hasta las sindicaturas de ambas firmas.
El avance de la causa no solo responde a la urgencia sanitaria, sino también a un patrón sistémico: 117 expedientes por desvíos de calidad, 133 alertas médicas y una cadena de negligencias que terminó cobrándose vidas. La magnitud del escándalo ya no permite dudas: no se trata de un error aislado, sino de un modelo de gestión farmacéutica que operó con una peligrosa combinación de impunidad, amiguismo político y concentración familiar del poder corporativo.
En ese contexto, los operativos ordenados por el juez Ernesto Kreplak comienzan a echar luz sobre los responsables reales, más allá de los nombres técnicos en los frascos. Ariel García Furfaro —la cara visible del holding— no es un desconocido: fue socio del sindicalista Víctor Santa María, integró delegaciones presidenciales y posó junto a figuras del poder. Pero lo más inquietante es la estructura empresarial que lo respalda: su madre, su abuela, su hermano y hasta un homónimo abogado como síndico suplente completan la línea de mando. Un verdadero círculo cerrado, sin filtros ni controles externos.
¿Puede una familia administrar un laboratorio que produce medicación de alta complejidad sin rendir cuentas a nadie? ¿Dónde estuvo la ANMAT mientras se acumulaban alertas por fallas críticas? ¿Qué responsabilidad tienen los compradores —clínicas, hospitales, droguerías— que continuaron adquiriendo lotes contaminados? La cadena de fallas es tan extensa como previsible, en un país donde los controles públicos suelen ser más decorativos que preventivos.
Este caso es una radiografía de cómo funciona parte de la industria farmacéutica en Argentina: una red de intereses entrelazados que mezcla política, negocios y descontrol sanitario. El fentanilo, una droga tan potente como peligrosa, no puede estar en manos de estructuras familiares sin experiencia real ni auditorías efectivas. Porque cuando la salud se convierte en negocio de familia, los pacientes pagan con su vida.
La Justicia tiene ahora el desafío de ir más allá de los allanamientos. La sociedad necesita saber quiénes fueron los responsables, cómo operaron, quiénes los habilitaron y, sobre todo, quiénes miraron para otro lado mientras la tragedia crecía en silencio.
Mientras presos comunes viven en condiciones precarias, Cristina Kirchner cumple condena por corrupción en condiciones de lujo, en su casa, y recibe visitas políticas de alto nivel, como el presidente brasilero.
La cárcel es para los giles.
La desigualdad ante la ley en Argentina ya no es una sospecha, es una evidencia grosera. Mientras miles de personas privadas de su libertad cumplen condenas en cárceles abarrotadas, sin calefacción, sin visitas y sin contacto con el exterior, Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, continúa ejerciendo influencia política desde la comodidad de su departamento en Constitución. Esta semana, incluso recibió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto que, lejos de la discreción que debería acompañar una condena judicial, se transformó en una demostración política orquestada con fines propagandísticos.
A través de sus redes sociales, la exmandataria difundió fotos del encuentro y aprovechó la ocasión para lanzar un duro discurso contra el gobierno nacional, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Acusó a la administración de Javier Milei de encabezar una “deriva autoritaria” y no dudó en calificar el contexto actual como un “terrorismo de Estado de baja intensidad”. El cinismo de la escena es tan indignante como revelador: una condenada por corrupción denunciando autoritarismo, desde un hogar confortable y rodeada de aliados internacionales.
Cristina Kirchner no es una presa común, y eso es, justamente, el problema. La prisión domiciliaria —una excepción legal que se vuelve regla para los poderosos— le permite mantener su rol como líder opositora, organizar políticamente desde su departamento y, como quedó demostrado, recibir a mandatarios extranjeros con cobertura mediática. ¿Qué preso común tiene ese privilegio?
En un país donde la mayoría de los detenidos pasa años sin condena firme, en condiciones inhumanas, sin acceso a atención médica digna ni derechos elementales, ver a una figura política condenada operando con total libertad desde su casa es una bofetada a la democracia y al sentido común. La selectividad de la Justicia, que actúa con rigidez para unos y con benevolencia para otros, erosiona aún más la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones.
Pero Cristina no se limitó a agradecer la visita: aprovechó para arremeter contra el gobierno, acusarlo de espionaje interno, censura, represión y persecución política. Habló de la reforma laboral, de las tarifas, de la pauta oficial y hasta de un supuesto “plan de inteligencia nacional secreto”. Todo eso, dicho por una persona condenada por corrupción, desde su cómoda residencia, con conexión a internet, calefacción, redes sociales y visitas ilustres.
La contradicción es evidente. Mientras se victimiza, continúa moldeando el escenario político, intenta reorganizar la oposición y se presenta como referente moral. ¿Quién le impide hacerlo? Nadie. Y eso, en sí mismo, es el problema: Cristina no sólo goza de una prisión privilegiada, sino que transforma esa condición judicial en una plataforma política.
En contraposición, miles de presos —la mayoría sin condena firme— sobreviven en cárceles colapsadas, con acceso limitado a derechos básicos, sin contacto con sus familias, sin defensa mediática, sin Lula ni cámaras. Nadie escribe comunicados por ellos. Nadie los visita. Nadie los transforma en símbolo de lucha. Para ellos no hay arresto domiciliario, ni estufas, ni redes, ni discursos grandilocuentes.
Lo que vemos es una doble vara obscena. Una justicia que se arrodilla ante el poder político cuando conviene, y una política que instrumentaliza su propia condena como escudo discursivo. La impunidad, en este caso, no es un concepto abstracto. Es concreta, visible y funcional.
Cristina Fernández de Kirchner no debería estar habilitada para hacer política activa desde su casa mientras cumple una condena judicial. El arresto domiciliario no es una tribuna, ni un set de televisión, ni un búnker de campaña. Es, o debería ser, una forma alternativa de restricción de libertad para casos excepcionales, no un privilegio de casta.
El contraste con la realidad de los presos comunes debería avergonzar a cualquier defensor de la igualdad ante la ley. Porque no hay democracia posible si las condenas son simbólicas para los poderosos y reales para los anónimos. La Justicia, si quiere recuperar algo de su credibilidad, deberá demostrar que no hay intocables. Y eso, todavía, está muy lejos de ocurrir.
En horas de la mañana, Chubut Online fue notificado del inicio de una investigación de oficio, a cargo del Dr. Cristian Olazábal, Fiscal Jefe de la OUMPF de Comodoro Rivadavia.
La notificación vino a raíz de que este medio se contactara con el Ministerio Público Fiscal a fin de poner la documentación de la investigación exclusiva que realizó Chubut Online sobre el juez Claudio Petris, a disposición del fiscal a cargo en caso de radicarse una denuncia o de darse inicio a la investigación de oficio.
La investigación tomó repercusión provincial y nacional, debido a la calidad de la investigación.
En tanto algunos medios locales, como dos medios conocidos de la ciudad de Esquel, prefirieron el silencio o la puesta en duda de la situación en vez de encarar una investigación de calidad como la realizada por este medio.
Asimismo, dada la distorsión de la realidad que unos pocos medios locales hicieran, Chubut Online (antes conocido como Chubut.org) hace saber a los colegas periodistas y al público general, que la investigación lleva meses de estudio.
Este medio, fue realizando investigaciones sobre irregularidades del Poder Judicial, más precisamente de los tribunales de Esquel, y fueron publicados algunos resultados a partir del día 7 de abril de este año.
Ello provocó al lo largo de los meses, que el Sr. Petris negara la existencia de irregularidades en torno a su accionar como juez, calificando ello de situaciones falsas, acusaciones anónimas y como una campaña de descrédito hacia su persona.
Desde nuestro punto de vista, el juez Petris, al verse agobiado por cuestionamientos sobre su accionar, especialmente desde el propio ámbito judicial, tomó una postura calificable de victimización y en ese marco tomó las banderas de algunos reclamos judiciales ajenos a estas irregularidades, a fin de mostrarse con banderas morales y de honestidad, poniéndose al frente de una batalla contra otros sectores del Poder Judicial que lo cuestionaban.
Ante tales afirmaciones por parte del juez Petris, decidimos realizar la nota periodística completa, formal, con la documentación respaldatoria de la investigación.
La publicación de la información de ninguna manera fue realizada de forma programada en términos temporales paralelos a las peleas internas del Poder Judicial, sino que fue en respuesta directa al descrédito que realizara el juez Petris de los hechos publicados anteriormente, durante meses, por este medio.
Este medio de comunicación, siempre dejó a disposición de los lectores y de las personas mencionadas en nuestras noticias, formas de contacto directo para hacernos llegar cualquier comentario, o incluso, ejercer el derecho a réplica que estimen necesario.
Sin embargo, el juez Petris optó por no hacer uso de su derecho a réplica, es decir, optó por no aclarar las situaciones planteadas por este medio, lo cual hubiese sido de gran importancia para aclarar cualquier aspecto que considere erróneo. En contrario a la realidad de este medio, el juez optó por menifestar que no tenía forma de defenderse; lo cual es una afirmación que falta a la verdad, al menos en lo que respecta a este medio de comunicación.
La investigación ya fue accionada por la justicia y el tiempo dirá qué sucederá.
Para quienes quieran acceder a la noticia formal sobre la investigación, pueden hacer click en el siguiente link:
Justicia firme ante la estafa: condena ejemplar en Esquel
La reciente condena judicial dictada en Esquel contra los hermanos Maximiliano y Cristian Esteban, junto con su madre Marta Traico, deja un mensaje claro: la Justicia puede y debe responder con firmeza ante delitos que vulneran a personas indefensas, en este caso una mujer de avanzada edad. No se trata solo de un fallo judicial más, sino de un símbolo del valor de las pruebas, del trabajo meticuloso de investigación y de la necesidad de reparar el daño social y ético que este tipo de hechos genera.
La contundencia del veredicto se sustentó en una batería de evidencias que fue mucho más allá de simples suposiciones: grabaciones de cámaras de seguridad, mensajes de WhatsApp, geolocalización de teléfonos y testimonios directos armaron un rompecabezas preciso. Así se reconstruyó la maniobra delictiva desde el momento en que Maximiliano Esteban fue captado merodeando la casa de la víctima, hasta la fuga con una valija presuntamente cargada de dinero. Todo estuvo documentado. Todo fue probado.
A su lado, Cristian Esteban no solo acompañó: ejecutó. Intentó camuflarse usando el apellido materno, falseó datos en un hospedaje y participó activamente del traslado del botín. La maniobra de encubrimiento fue, además, completada por la madre de ambos, Marta Traico, cuya participación quedó en evidencia al colaborar en el ocultamiento del vehículo y el dinero sustraído.
Este caso tiene un fuerte componente simbólico. No solo por la claridad del fallo y la minuciosidad probatoria, sino también porque la víctima fue una mujer mayor, un sector de la sociedad especialmente vulnerable ante este tipo de engaños. La estafa no fue solo económica: fue moral. Una traición a la confianza, una utilización de la astucia para perjudicar a quien menos recursos tiene para defenderse.
La Justicia, en este contexto, actuó con celeridad y eficacia. Y si bien aún falta definir la pena en la audiencia prevista para este jueves, lo cierto es que este fallo ya representa una condena social que va más allá de los años de prisión que se dicten. Es una advertencia para quienes creen que el delito sofisticado puede quedar impune.
Este caso no solo condena a los autores materiales, sino que también interroga a una sociedad que muchas veces mira para otro lado ante estas prácticas. La ética no puede ser un bien en extinción. La ley debe ser un límite firme, y el castigo, una forma de reparar lo dañado.
En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones crece, este fallo es un ejemplo de que la Justicia, cuando se apoya en pruebas serias y actúa con independencia, puede marcar un rumbo. La transparencia, el rigor y el compromiso con la verdad deben ser el estándar, no la excepción.
El Estado argentino apelará el fallo de EE.UU. que ordena transferir el 51% de YPF; la jueza Preska exige garantías de pago inmediatas.
Juicio por YPF: fuerte revés en EE.UU. y nueva presión judicial sobre el Estado argentino
El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, expone con crudeza los efectos de una expropiación mal ejecutada y la herencia de decisiones políticas que hoy amenazan el patrimonio nacional. En un contexto económico ya fragilizado, el país enfrenta ahora una cuenta millonaria, sin margen de maniobra y bajo la lupa de una justicia que no concede indulgencias.
Mientras el presidente Javier Milei confirmó la apelación, la estrategia legal del Estado se sostiene con alfileres. El pedido de Preska es claro: o se cumple con la sentencia o se ofrece una garantía concreta, algo que el Estado argentino ya ha evitado durante más de un año. La falta de respuestas efectivas no solo agrava la posición judicial del país, sino que proyecta una imagen de incumplimiento que debilita cualquier defensa en el plano internacional.
En paralelo, el proceso en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sigue su curso. Allí, tanto los fondos litigantes como el Estado buscan revertir o ampliar el fallo original. Sin embargo, el poder real lo ejerce Preska, que impone los plazos, exige garantías y define el terreno de juego. Su última resolución lo deja claro: Argentina debe transferir sus acciones Clase D de YPF al Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, salvo que consiga una suspensión con garantía.
Lo más grave es que el país está atado por decisiones políticas tomadas sin previsión ni transparencia. La expropiación de YPF fue ejecutada sin respetar la ley de oferta pública ni prever las consecuencias jurídicas. Hoy, los fondos demandantes no solo reclaman compensaciones multimillonarias, sino que logran avances concretos gracias a esa improvisación legal. El Estado argentino, que apela a la «cortesía» judicial, no ha mostrado voluntad de acordar ni de cumplir con las decisiones firmes del tribunal. Eso mina cualquier argumento de buena fe.
En este escenario, se abren tres caminos: obtener una ley especial del Congreso por dos tercios, modificar la legislación vigente o acordar directamente con los demandantes. Las tres opciones tienen alto costo político, pero no resolver ninguna significa seguir perdiendo terreno. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Santiago Castro Videla, mantiene la línea jurídica heredada del gobierno anterior, con los mismos estudios legales representando al país. Pero la estrategia se agota: no hay resultados ni margen para seguir postergando lo inevitable.
El juicio por YPF se ha convertido en un símbolo de cómo la mala praxis jurídica y la demagogia pueden terminar hipotecando los recursos estratégicos de una nación. La retórica nacionalista y la apelación permanente no alcanzan para frenar una maquinaria judicial que avanza sin pausa. El reloj corre, y esta vez, no a favor de la Argentina.
INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA SOBRE GRAVÍSIMAS IRREGULARIDADES EN TORNO AL JUEZ DE LA CÁMARA DE APELACIONES DE ESQUEL, CHUBUT
DR. CLAUDIO ALEJANDRO PETRIS
Esta es una investigación exclusiva de www.chubutonline.com(antes Chubut.org), desarrollada a lo largo de varios meses, que ha permitido que salgan a la luz datos consistentes de lo que es un secreto a voces en el Poder Judicial de nuestra provincia pero que pocos se atrevían a confirmar: quién es, cómo se maneja, cómo ejercería su poder y cómo habría crecido el patrimonio del juez de Cámara y Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, Dr. Claudio Alejandro Petris.
De ser requerido, y dentro del marco legal vigente, Chubut Online prestará colaboración con la justicia y con los organismos de contralor correspondientes con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos señalados y la profundización de las investigaciones, advirtiendo desde ya que se encuentra amparado por la Ley 26.032, que protege la libertad de expresión y garantiza el pleno ejercicio del derecho de informar de los medios de comunicación a través de internet.
¿Quién es Claudio Alejandro Petris?.
El actual camarista de Esquel y máximo representante de los jueces nació en Capital Federal. De 64 años de edad, llegó a la Provincia del Chubut después de ser meritorio, auxiliar principal, relator y secretario letrado en distintos juzgados de Buenos Aires y de Lomas de Zamora. Luego de un breve paso por la Cámara de Apelaciones de Trelew, rindió como Juez del Juzgado Civil de Esquel (tomando posesión del cargo el 3 de abril de 2001), y luego hizo lo propio para integrar las Cámaras de Apelaciones de Trelew y de Esquel.
Siempre habría dicho que vino a Chubut por un cambio de vida. Pero a los pocos años fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por dos abogados locales, quienes preocupados y alarmados informaron una “anomalía institucional”: que esta persona había estado involucrada en un ardid defraudatorio; que por eso había renunciado a su cargo de Lomas de Zamora, y que había ocultado ese dato esencial al concursar.
Por eso en un primer momento no se lo dejó rendir para ser camarista en Trelew, a las resultas de lo que se resolviera en la causa penal (“queda la impresión de que hay una historia que no fue contada…”, dijo un miembro del Consejo de la Magistratura en ese entonces). Pero, felizmente para Petris, esa causa prescribió y pudo presentarse nuevamente para concursar, ganando el cargo que ostenta en la actualidad en la ciudad de Esquel, donde fue puesto en posesión del mismo a partir del 23 de febrero de 2010.
Tal como lo anticipa el título, no cabe duda que en aquella oportunidad el control fue, en el mejor de los casos, parcial; y en el peor, completamente ausente o ciego, porque en realidad no se usó el mismo criterio que se utilizó para destituir en nuestra provincia -por mucho menos- a una jueza de familia. El comentario que resuena en los pasillos es que en ese entonces habría tenido mucha protección de las máximas autoridades políticas y judiciales de esa época.
Este medio de comunicación pudo acceder a detalles de aquella causa (N° 577.538) y de la denuncia que se efectuara en el Consejo de la Magistratura del Chubut (Expediente 69/04). Lo que surge de ellas referidas al actual Presidente de la Asociación de Magistrados es verdaderamente alarmante.
El denunciante indicó: “…al parecer el Dr. Claudio Petris, en forma paralela a su trabajo de Secretario, se hacía pasar por intermediario y/o abogado y realizaba, como en este caso, divorcios…. La Sra. M. le entregó el dinero al Dr. Petris otorgándole éste a posteriori el oficio y testimonio que se ofrecen como prueba… Es decir que mientras el mismo trabajaba como secretario, presuntamente a la vez y a la par, hacía divorcios, sucesiones, etc, como un abogado particular, presumiblemente cobrando a cambio de tales gestiones y entregando a las partes para cubrir su accionar, el testimonio de las hipotéticas sentencias, testimonios y oficios pertinentes que solo eran suscriptos por él mismo, habiendo con ello establecido presuntamente una realidad jurídica inexistente…”. Sigue contando el denunciante que en su caso particular el Dr. Petris habría confeccionado un testimonio para inscribir su divorcio de un expediente que no existía, que por eso le cobró U$S 7.000, y que “el denunciado habría efectuado la misma maniobra en el presunto dictado de una declaratoria de herederos, conducta que sería investigada en la causa Nº 55406/04”. Todo esto fue corroborado con los testimonios de los empleados del Juzgado. Por ejemplo, una testigo dijo: “…por lo que sé (el divorcio) no existió… yo escuché que no existía ni el expediente ni las partes en todo el departamento judicial de Lomas de Zamora… de la sucesión… él me pidió un formulario para redactar la declaratoria de herederos… y luego quería que Gisella lo registrara, porque quería que coincidiera el número porque ella tenía la letra y era la que registraba las resoluciones…”.
Siempre habrían existido irregularidades con Petris. Otra empleada, por ejemplo, expuso en ese sumario que “además vieron varias irregularidades como sortear a los mismos peritos, borrar con liquid paper sellos de la receptoría, etc….”.
Patrimonio en aumento. El crecimiento oculto
Ya en Esquel el juez Petris habría utilizado su cargo para codearse con gente de poder, escalar posiciones (su anhelo siempre fue llegar al Superior Tribunal) y ensanchar su patrimonio. Pero también para prometer y dar empleos a diestra y siniestra y cobrar después de distintas maneras por esos favores.
Tenemos varios casos registrados. Uno particular y ejemplificativo es el que ocurrió con un inocente muchacho NN que entrevistamos (mantenemos su identidad oculta por razones de protección), con quien habría tenido una relación sentimental. Aprovechando su situación de vulnerabilidad económica y social, lo habría sometido de diversas maneras y lo habría utilizado de testaferro colocándole un vehículo a su nombre, ofreciéndole casa y prometiéndole trabajo. El joven, cuando se dio cuenta que estaba siendo manipulado para algo muy raro, habría pedido que lo sacara inmediatamente de esa situación incómoda de la que nunca había querido ser parte. Petris habría tardado años en pasar la titularidad del automóvil a otra persona. Ante los reclamos, lo habría echado del departamento que le prestaba, y al poco tiempo también habría perdido su trabajo. Años más tarde, y luego de seguir siendo incesantes los reclamos de la víctima (porque todavía seguía figurando como titular registral del vehículo), finalmente Petris habría procedido a realizar la transferencia del rodado.
Este muchacho al que Petris habría hecho figurar como propietario del automotor, ni siquiera sabía qué le había hecho firmar. Y no sólo eso: no sabía conducir, no tenía capacidad económica para comprar un vehículo de ese valor, no le interesaban los vehículos, y nunca habría sabido quién era el dueño anterior ni a quién se lo transfirió posteriormente. Tampoco esta persona pagaba los services del vehículo, ni las patentes, ni el seguro automotor. Y, como broche de oro, Petris habría tramitado una tarjeta azul a su propio nombre para conducir el automóvil, el mismo día en que se transfirió el vehículo a la víctima.
Este es el relato de la situación que hizo la persona que habría sido utilizada como testaferro en contra de su voluntad por parte del Dr. Petris. En la entrevista que le hiciéramos al respecto, la voz ha sido distorsionada digitalmente con el fin de preservar el anonimato y la integridad personal del declarante, dada la sensibilidad del testimonio y la gravedad de los hechos, lo que responde a protocolos de protección de identidad en contexto de riesgo, conforme a estándares internacionales de seguridad para fuentes periodísticas.
AUDIO 01 MINICOOPER
La investigación paralela realizada por este medio confirmaría todo lo declarado por nuestro testigo directo en su entrevista. El vehículo era un Mini Cooper de propiedad del famoso futbolista Aldo Pedro Duscher; fue puesto a nombre de nuestro entrevistado el 27 de marzo de 2017; en esa misma fecha se habría otorgado una tarjeta azul a favor de Petris, y el 28 de diciembre de 2022 fue transferido a favor de la hija del juez, Antonella Petris Gallelli.
¿Por qué se habría puesto a nuestro entrevistado de prestanombre?
Dos son las hipótesis que está investigando este medio. La primera, que se habría hecho para evadir impuestos o bien para lavar fondos provenientes de actos poco transparentes (o un posible enriquecimiento ilícito). La segunda, más fuerte, vinculada a una causa que le tocó resolver al propio Petris. El magistrado tendría una relación de amistad con la estrella de fútbol internacional, tal como se aprecia en las siguientes imágenes del juez con el futbolista. Cuando éste tuvo un problema legal con su ex mujer, el Dr. Petris habría intervenido como juez en esa causa y, sin excusarse pese a su relación personal, habría fallado a favor de Duscher, incluso en acciones posteriores por reclamos de cuotas alimentarias. Podría, entonces, tratarse de un pago por esos favores. Las coincidencias son muchas.
No pudimos acceder a esas causas por el carácter secreto de estos expedientes del juzgado de familia, así que no pudimos cotejar las fechas y sentencias mediante esos documentos. Pero pudimos conocer algunos detalles en base a testimonios sobre hechos que situarían a Petris firmando fallos en fechas cercanas y que habrían favorecido a una de las partes. No obstante, en cualquier caso, resulta evidente que Petris no debería haber actuado por la relación personal que tenía con Duscher.
Y hay más: aparentemente también habría existido un segundo vehículo, una camioneta Volkswagen Amarok, que también habría pertenecido a Duscher y que también habría estado por mucho tiempo en poder de Petris en Buenos Aires; hecho que seguiremos investigando.
Igualmente, se confirmen o no las hipótesis mencionadas, hay algo que no admite discusión: ya sea que se haya puesto a nuestro entrevistado como dueño del auto para no pagar impuestos, para blanquear dinero, para poder actuar en las causas mencionadas, o bien para que no quedasen rastros de un pago, lo cierto es que cualquiera de estos hechos -amén de poder constituir graves conductas delictivas- son incompatibles con el decoro y la investidura de un magistrado.
En la siguiente imagen podemos ver la relación de amistad y frecuencia de trato entre el futbolista Aldo Duscher (ex propietario del Mini Cooper) y el juez Claudio Petris (quien habría puesto el auto a nombre de un testaferro).
Las irregularidades funcionales: lo que todos comentan
En realidad favorecer a amigos, a personas vinculadas o a políticos en las causas en las cuales les habría tocado intervenir, para devolver o pedir favores, sería –según afirmaron distintas fuentes bajo condición de anonimato- moneda corriente en el actuar de este funcionario.
Por ejemplo, se dice que el pavimento o adoquinado de su casa no lo habría pagado y que este hecho tendría relación con una causa sucesoria muy importante que tramitó en Esquel y en la cual él habría tenido que participar por un tema de la tasa de justicia. No tenemos mayores datos todavía así que no podemos dar ninguna afirmación al respecto, pero también lo estamos investigando.
Pero sí nos consta que en un amparo judicial habría beneficiado a quien no sólo sería su médico personal en Esquel, sino también quien le habría otorgado certificados médicos de su padre, que vivía en Buenos Aires, para que el magistrado pudiera tomarse licencias.
Más allá de lo de los certificados, según nos hemos asesorado, aquí tampoco el magistrado tendría que haber intervenido en ese expediente, por la vinculación que tendría con una de las partes.
Y es más: las licencias también serían un tema controvertido del máximo representante de los jueces en Chubut.
Se comenta, al respecto, que su presencia en su público despacho sería escasa; que viajaría a Buenos Aires permanentemente; que a veces vendría los lunes a la tarde o los martes pero que en los registros aparecería como trabajando los días lunes a la mañana, y que muchas causales por las cuales ellas habrían sido solicitadas tales licencias no serían del todo ciertas.
Si bien tampoco no nos fue posible confirmar ni descartar tales comentarios, se entiende que los organismos de contralor competentes cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo las verificaciones pertinentes.
Promesas de empleo, cobro de favores, aumento del patrimonio
A partir de que este medio -anteriormente conocido como “Chubut.org”- realizara notas sobre irregularidades en el Poder Judicial de Chubut, comenzamos a recibir información significativa vinculada con este personaje de distintas fuentes anónimas que nos hizo dedicarnos de lleno a su investigación. Todas indicaban lo mismo: promesas de empleo, cobro de favores y, sobre todo, un acrecentamiento importante del patrimonio del máximo representante provincial de los jueces.
Por eso también, direccionamos la pesquisa sobre este punto, y los resultados fueron igualmente pasmosos: Petris sería propietario de una gran cantidad de inmuebles y vehículos que a “prima facie” no estarían de acuerdo con sus ingresos declarados, ni con herencia alguna. Algunos de aquellos, inclusive, estarían a nombre de sus hijos u otros familiares que tampoco, en principio, habrían tenido suficiente capacidad económica para comprarlos.
En Capital Federal, concretamente, desde que llegó a esta ciudad, Petris tendría relación o sería titular de, por lo menos, ocho inmuebles. Y en Esquel tendría por lo menos otros dos o tres más (en realidad el número sería mucho mayor, pero todavía no pudimos cotejar otros datos obtenidos), entre ellos su mansión en el barrio exclusivo de Villa Ayelén (aunque el terreno habría figurado como comprado por su ex pareja y su hija, con beneficio de usufructo a su favor).
En cuanto a los vehículos, además del Mini Cooper que inscribió a nombre de su hija, tendría también una camioneta Nissan Frontier, un Renault Fluence, un Toyota Corolla Sport y una moto Zanella FX 90.
A nombre de su madre o de su hija figurarían, además, un inmueble en el Barrio Covitur y otro en la calle Mitre y Roggero de Esquel. Sin embargo, según averiguaciones realizadas, él cobraría el alquiler correspondiente de por lo menos este último, por tener el usufructo vitalicio. El cobro de los alquileres estaría a cargo de un empleado judicial que también habría sido beneficiado por Petris a través de un fallo, y siempre sería en efectivo.
El manejo de dinero en efectivo sería la forma de evitar dejar rastros.
Otro caso nos llamó la atención: en 2020, cuando Petris puso a la venta un vehículo SUV Chery Tiggo modelo 2015, lo hizo a través de una persona que lo publicó en las redes sociales. Al ofrecérsele comprar el vehículo por el precio publicado (más alto que la media) y sin pedir rebaja alguna, la operación estuvo a punto de concretarse hasta que el comprador habría indicado que quería pagar mediante transferencia bancaria. Al día siguiente la persona intermediaria informó que había hablado con el dueño y que no estaba “del todo convencido de venderla xq no encontró nada aún para comprar”. Una posible excusa, según el interesado en la compra. La operación se abortó.
En cuanto a otros vehículos, su hijo -no obstante no figurar con trabajo o ingreso alguno en los organismos pertinentes- aparece como titular de un Chevrolet Astra adquirido en el 2022, mientras que su hija, a pesar de ser bastante joven también, tendría también otros vehículos además del mini cooper indicado anteriormente (un Etios 2021 y un Corolla Sport 2023).
Y es más: hace poco tiempo, inclusive, habría adquirido junto con su hermano un nuevo inmueble en pleno centro de Esquel, pero aquí también hay un dato recurrente: la compraventa se habría efectuado con beneficio de usufructo vitalicio a favor de Claudio Petris.
Según expertos consultados, esa maniobra sería característica de una clara simulación por interposición de personas, que consiste en la inserción de un intermediario ficticio en una relación jurídica que surge o está destinada a realizarse entre otras personas. Su función real sería la de ocultar la personalidad del verdadero adquirente.
Y también hay otro dato llamativo: en una escritura realizada figuraría que sus parientes directos no se encontrarían incluidos o alcanzados dentro de la “Nomina de Personas Expuestas Políticamente” de la UIF, algo que sería totalmente falso pues tratándose de hijos de un magistrado son “personas expuestas políticamente por parentesco o cercanía”.
De igual forma, y conforme datos recabados en los registros públicos, Petris -tal como lo hizo con el Mini Cooper- también tendría cédulas azules en algunos vehículos de titularidad de terceros, para poder circular con los mismos. La siguiente imagen muestra que un vehículo Toyota deportivo está inscripto a nombre de su hija, pero con cédula azul se encuentra a su nombre.
Además, sería también propietario de una imponente embarcación, la cual muchas veces estuvo en su propiedad de Villa Ayelén, aunque otra fuente nos informó que también habría estado amarrada en el Club Esquel de Pescadores.
Pero el tema tampoco terminaría aquí. A pesar de la cantidad de inmuebles que tendría, éstos no estarían denunciados en ARCA (ex AFIP), como así tampoco pagaría el Impuesto a los Bienes Personales por ellos, ni el Impuesto a las Ganancias por los alquileres que le devengarían los mismos.
Según la Constancia de Inscripción de dicho organismo, el Dr. Petris “no registra impuestos activos”, y según averiguaciones realizadas únicamente se habría inscripto en el organismo fiscal en el período 03/02/2018 a 09/02/2019 (aunque sólo en la categoría “locaciones de servicios”, es decir, no como locador de inmuebles).
O sea que podríamos también estar en presencia de conductas de evasión tributaria, algo totalmente impropio de un magistrado judicial.
Un comportamiento calificable de morboso
Ninguna duda puede caber que todo lo que hemos expuesto es sumamente grave. Sin embargo, todavía hay más. Y mucho más preocupante y nefasto no solo para sus protagonistas, sino también para la imagen de la justicia.
El abuso de poder que ejercería Petris sobre los individuos que caerían bajo su influencia no sólo sería de sometimiento personal, sino en algunos casos también de tipo sexual. Concretamente se nos ha indicado que parejas o amantes le habrían practicado sexo oral en su oficina de tribunales, y que en algunos casos los habría obligado a ello a pesar de la oposición o el desagrado manifestado. En el siguiente audio se encuentran algunos detalles:
Audio 02 bajo sus garras
Entre los actos agresivos de violencia se mencionan advertencias en carácter amenazante sobre las consecuencias que podría tener si no se cumplía con las imposiciones de éste. Se alude, inclusive, a la posibilidad de “poner droga” y “denunciar” a quien lo desafíe.
Audio 03 drogas y amenazas
El terror de su entorno
El complejo tejido de poder que Petris habría logrado imponer durante más de dos décadas habría sembrado terror en su entorno. La imagen de impunidad le habría dado vía libre para manejarse sin freno alguno y sin recapacitar en consecuencias. En el ámbito judicial, los mismos abogados le temen y los empleados judiciales callan. ¿Qué puede esperarse entonces de aquellos que ven estas gravísimas irregularidades desde afuera del mundo judicial? Tal es el caso de la víctima que hemos entrevistado, quien nos explica los motivos por los cuales nunca habría denunciado todas las situaciones sufridas:
audio 04 Terror a denunciar
“Uno sabe que no tiene chances si él está en la causa”, dijo un abogado que pidió reserva de identidad. “No juzga: decide según a quién le conviene”.
La impunidad sería su mejor aliada.
Cuando quienes deben impartir justicia manipulan el sistema a su favor, el daño no se mide solo en causas viciadas. Se mide en la pérdida de confianza social, lenta y silenciosa, como una grieta que nunca deja de abrirse.
Las casualidades se acumulan, los testimonios se repiten y las propiedades siguen creciendo. La evidencia está. Sólo falta que alguien mire más allá del poder que este juez aún concentra. Porque si nadie controla al que debe controlar o si el control es ciego, ¿Qué queda?.-
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Hola, hola, hola!!!!!! Como están todos? Seguramente me extrañaron. Mil perdones, pero no fue culpa mía. Sucede que quisieron censurar a Chubut.org denunciando la cuenta certificada en la plataforma y caí yo en la volteada. Algo rarísimo. Pero bueno, por suerte ya estamos de vuelta y con todas las garantías intactas. Es que este medio tiene los mejores técnicos informáticos y asesores legales. Además, los genes del Magnetto local son muy difíciles de domar, y no lo van a amedrentar ni con escaramuzas, ni con denuncias de poco vuelo, ni con intentos de hackeos. Así que…. Bienvenidos nuevamente!!!!!
“Qué buenos nos harán los que vendrán”
Rawson estuvo a punto de explotar con los auto-aumentos de adicionales y viáticos que se dieron los supremos. Aparentemente habrían dejado afuera a los demás emperadores y a los empleados, que están enganchados por ley, y eso encendió la mecha.
Ya hay pedidos de juicios políticos y de renuncias. También se habrían realizado denuncias penales. Algo nunca visto y que ha pasado todo punto de retorno.
Pero lo más increíble fue un posteo realizado por un supremo hoy jubilado en las redes sociales. Sí, ese que en un giro digno de la mesa de Mirtha Legrand manifestó hace algunos años en plena Legislatura que otro supremo le había dicho que era “puto y cagón”. Este ex magistrado criticó todo que estaba pasando y puso también en el tapete la compra de seis camionetas 0 kilómetros de lujo, una para cada uno de los ministros.
Claro. Se habría olvidado que cuando él ejercía su cargo y la situación económica de la provincia tampoco era muy buena habría firmado junto con los demás impresentables de esa época un papelito (digo así porque no me supieron decir si fue una autorización, un contrato o una acordada) para que se adquiriese una mesa o un vidrio con el escudo tallado de Chubut para la sala de acuerdos que –según me informaron- habría salido una fortuna.
¿Será por eso que borró su mensaje a los pocos minutos?…
La sorpresa no tiene fin.
Pero lo que más asombra de todo esto es que la embestida contra los supremos haya sido encabezada y dirigida por “El Emperador”.
Si, así como lo lee.
Este inefable personaje, muy enojado porque esta vez no le tocó a él (nada raro en realidad, pues también me comentaron que siempre grita como histérico cuando en la perinola no le sale el “toma todo”) salió a manifestar en distintos medios de comunicación no sólo que todo era muy poco transparente, sino que además los supremos habrían osado realizar nombramientos sin concursos, y habrían efectuado un maltrato laboral a los empleados.
Es otro que evidentemente que se estaría olvidando, por ejemplo, de cómo habría entrado al Palacio de la Risa su secretaria, o los hijos de un ex intendente galenso, o -más cerca aún en el tiempo- el novio de su hija, para dar sólo alguno de muchos ejemplos posibles. Seguramente fue un cúmulo de casualidades…
Y ni hablemos de cómo habría ingresado la doncella –su hija- al Congreso de la Nación o en un organismo vinculado a la investigación de la corrupción. Las llamadas a un intendente comunal y a diversos políticos de gobiernos anteriores, aparentemente, habrían sido intensas… (pobre Justicia!!!).
Claro, la diferencia estriba en que aquí, El Emperador habría sido mucho más vivo e inteligente en el manejo del procedimiento, aunque también debe subrayarse que no todos habrían caído en su juego a pesar de la insistencia sistemática que le impone a todos los súbditos. Por ejemplo, nos contó un funcionario vago -pero honrado- y atento a todo lo que ocurre en el Palacio, que una emperadora que por suerte todavía mantiene sus principios intactos se habría negado rotundamente a la propuesta de El Emperador de poner a un tal Alexis a dedo de secretario en su Juzgado.
Alexis, no Alex. Vale la aclaración, porque aquél habría quedado muy dolido y envió un comentario al Facebook del medio diciendo que él no era el Alex de la nota anterior que le pagaba con favores sexuales a El Emperador, lo que es cierto, así que debe aclararse. Nobleza obliga.
“Este Alexis le chupa las medias y el c… a El Emperador, pero no otra cosa”, me habría confirmado también un amigo en una noche de juerga, medio de copas.
Y hablando de transparencia y malos tratos….
Mientras querían censurar al medio y estuvimos sin poder publicar esta linda columna, una fuente nos trajo una expresiva foto de El Emperador muy contento compartiendo un agradable momento con su amigo el futbolista dueño de ese tu-tu que dio mucho que hablar y a quien habría favorecido en un juicio (¿estarían festejando?). Y también nos hicieron llegar copias de la causa por la cual El Emperador habría venido fugado a esta aldea.
Su lectura no tiene desperdicio. Vea por ejemplo lo que habrían dicho la denunciante y algunos testigos:
Genshin (denunciante): “…al parecer el Dr. C.P., en forma paralela a su trabajo de Secretario, se hacía pasar por intermediario y/o abogado y realizaba, como en este caso, divorcios…. La Sra. M. le entregó el dinero al Dr… otorgándole éste a posteriori el oficio y testimonio que se ofrecen como prueba… Es decir que mientras el mismo trabajaba como secretario, presuntamente a la vez y a la par, hacía divorcios, sucesiones, etc, como un abogado particular, presumiblemente cobrando a cambio de tales gestiones y entregando a las partes para cubrir su accionar, el testimonio de las hipotéticas sentencias, testimonios y oficios pertinentes que solo eran suscriptos por él mismo, habiendo con ello establecido presuntamente una realidad jurídica inexistente… El debido asesoramiento letrado que han tenido letrado que han tenido los ha hecho caer en la cuenta de las sospechas que hoy se denuncian, no percibiendo hasta el día de la fecha que un Secretario de un juzgado pudiera a la vez asesorarlos y “hacerles” un trámite, “crear” un expediente sin número, expedir con su sola firma, sin firma de juez alguno, testimonios y oficios que cambiaban su estado civil, certificar su propia firma, recibir la suma de U$S 7.000… Hemos tenido conocimiento que el denunciado habría efectuado la misma maniobra en el presunto dictado de una declaratoria de herederos, conducta que sería investigada en la causa Nº 55406/04”.
Viviana (empleada judicial): “…por lo que sé (el divorcio) no existió… yo escuché que no existía ni el expediente ni las partes en todo el departamento judicial de Lomas de Zamora… de la sucesión… él me pidió un formulario para redactar la declaratoria de herederos… y luego quería que Gisella lo registrara, porque quería que coincidiera el número porque ella tenía la letra y era la que registraba las resoluciones… a mi por lo menos me maltrató mucho estuve con licencia psiquiátrica…me decía que era una inútil, que fuera a trabajar a una perfumería, a Patricia que ponía las iniciales en los despachos a ella le ponía PC y un día P. le dijo que la sigla significaba parálisis cerebral, y siempre que te decía alguna cosa insultante no había testigo y todas salíamos llorando del despacho…”.
Gisella (empleada judicial): “Todos los empleados tuvieron problemas con él, sumarios administrativos y todo tipo de agravios, además vieron varias irregularidades como sortear a los mismos peritos, borrar con liquid paper sellos de la receptoría, etc….”.
Patricia (empleada judicial): “…había un perito contador S.R. y ese perito siempre lo sorteaba él y era habitué en el juzgado porque venía muy seguido a hablar con P…cuando (los sorteos) los hacía P. el contador R. al otro día ya tenía conocimiento de que había sido designado perito sin previa notificación de las partes y se acercaba al juzgado y aceptaba el cargo”.
Alicia, empleada judicial: “Es una persona que insultaba a los empleados, de palabra y psicológicamente, un trato muy despectivo”.
Por las dudas le hacemos saber al lector y a El Emperador que tenemos varias copias de toda la información que venimos dando repartidas por varios lados. No vaya a ser que justo haya una llamada de amenaza de bomba, como casualmente ocurrió en aquél Juzgado, y se quiera aprovechar ese hecho para borrar evidencias, o para agregar alguna otra documentación como se habría querido hacer en los libros de registros, llamándose inclusive a un encuadernador para que lo hiciera…
“…hay que contar los cubiertos”
Año 56 después de Cristo. Corte de Nerón. Sentado en el banquillo de los acusados está Séneca, el filósofo estoico, líder indiscutido de debates sobre la moral en la época, enfrentando un juicio por conspiración:
“¿Por qué nos enseña que se han de despreciar las riquezas, si usted las retiene y las disfruta?”, lo interrogan desde el estrado.
“Porque yo no hablo de mí, sino de La Virtud”, aclara Séneca.
“Es decir, que ¿habla de una manera y vive de otra?”, insisten los jueces.
“Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”, sintetiza el filósofo en su defensa.
La célebre frase llegó hasta nuestros días como síntesis perfecta del concepto de hipocresía.
Hoy, la pelea que se desató en las cortes imperiales es por plata. Nada más. No por ética ni por la imagen de la justicia. Y lo más cómico es que el defensor de la postura moral, sería aparentemente el más inmoral de todos (Bien de El Palacio de la Risa!!!!).
Quizás valga recordar, aquí, esa frase en el recuerdo que expresó el presidente Menem en 1992 en el programa “Tiempo Nuevo” de Bernardo Neustadt: “Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos”.
No hay, entonces, una frase mejor para abrir y terminar esta nueva nota:
“Haz lo que yo digo y no lo que yo hago” (Séneca (año 56 DC) y El Emperador (año 2025)).
Hasta la próxima, si todavía estamos!!! (si no censuran de nuevo a este medio de comunicación; si no matan de un tiro al Magnetto local y lo dejan tirado en una bañera, o si no nos amenazan con una denuncia de bomba y nos intentan robar todos nuestros archivos o alterarlos con un encuadernador…).-
No se olviden de contactarnos para enviarnos información que crean de importancia sobre estos casos o sobre casos nuevos! Garantizamos el anonimato, Saludos!
El dinero estará acreditado y disponible el viernes 27 por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut, para todos los agentes públicos y jubilados provinciales.
El Gobierno del Chubut anunció que el próximo jueves 26 de junio se depositarán los fondos para el pago del medio aguinaldo correspondientes a la primera mitad del año para todos los empleados públicos y jubilados provinciales.
Desde el Ministerio de Economía provincial detallaron que la erogación total asciende a $58.058.800.000, y señalaron que el dinero estará acreditado y disponible a partir del viernes 27 de junio por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.
Cristina Kirchner cumplirá seis años en prisión domiciliaria por corrupción, luego de ser condenada e inhabilitada por la Justicia argentina.
La justicia que llegó tarde y con gusto a poco.
Este martes 17 de junio de 2025, un tribunal federal otorgó a Cristina Fernández de Kirchner —condenada en firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por malversación de fondos en la obra pública— la posibilidad de cumplir su condena en prisión domiciliaria. La medida, fundamentada en su edad (72 años) y los supuestos riesgos derivados del atentado que sufrió en 2022, incluye tobillera electrónica, restricciones de movilidad y supervisión judicial.
El fallo genera una tormenta política: el oficialismo de Javier Milei defiende la sentencia, mientras que el peronismo denuncia una persecución política. El Partido Justicialista ya convocó movilizaciones bajo el lema “Argentina con Cristina”, en una defensa que busca transformar a la exmandataria en símbolo de resistencia en vez de reconocerla como la corrupta más dañiña de la historia argentina.
Claves del fallo
Sentencia definitiva: seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
Motivos para prisión domiciliaria: su edad y amenazas a su vida tras el atentado. Una verdadera burla, al verla en discursos improvisados y a los gritos en estos días.
Condiciones del arresto: permanecer en su departamento de Constitución, tobillera electrónica, visitas definidas y comportamiento moderado.
Notificación electrónica: se le comunicó la resolución por Zoom, evitando su traslado a tribunales.
Reflexión política
Este episodio refleja la profunda grieta argentina. Para quienes apoyan a Kirchner, es una prueba de “lawfare” judicial; para sus detractores, una señal de que nadie está por encima de la ley. El uso de condiciones humanitarias no logra mitigar la carga política: la condena marca un antes y después institucional, y la prisión domiciliaria puede convertirse en un símbolo que refuerce su liderazgo como “víctima” del sistema.
El peronismo transforma este momento en batalla épica: la movilización de mañana, y las vigilias que hoy rodean su casa, muestran cómo este caso trasciende lo jurídico para sumergirse en el terreno de la identidad y la cultura política.
La prisión domiciliaria a Cristina Kirchner tras una sentencia firme vuelve a interpelar a la democracia argentina. Una mujer que robó bestialmente al estado y que se burla de la sociedad en plena capital porteña, de pie, por mucho tiempo y a los gritos ante su micrófono, sin dar muestra alguna de enfermedad que justifique la prisión domiciliaria.
