Argentina vive una coyuntura de cambio y visibilidad internacional tras la reciente gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, calificada por el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, como “histórica” y con potencial para marcar un giro en la prosperidad del país. En apenas unas semanas, el mandatario viajó de Miami a Palm Beach y Nueva York e intervino en foros empresariales de alto nivel frente a figuras globales como Jeff Bezos o Lionel Messi.
Durante su paso por el Americas Council y el American Business Forum, Milei se posicionó como uno de los pocos líderes latinoamericanos presentes, compartiendo espacio con el ex presidente Donald Trump, lo que, según Oxenford, refuerza la percepción de Argentina ante el mundo y despierta el interés de compañías extranjeras. El embajador subrayó que las reformas económicas en marcha ya comienzan a generar impactos visibles, y que los inversores “están muy claramente interesados en redoblar la inversión en Argentina”.
El análisis diplomático enfatiza tres hechos clave inéditos para el país: un liderazgo presidencial claro, respaldo internacional de primer orden —especialmente de Estados Unidos— y ahora un apoyo interno que habría quedado plasmado en recientes elecciones. Estos tres factores, de acuerdo con Oxenford, podrían combinarse para generar lo que calificó como “la primera oportunidad en 80 años de arrancar de verdad mirando para arriba y adelante, un camino de prosperidad para los argentinos”.
Un elemento central del plan anunciado es un inminente acuerdo comercial o financiero con Estados Unidos, que aunque no puede ser divulgado por confidencialidad, estaría prácticamente definido. El embajador explicó que lo único que resta es elegir el momento oportuno para anunciarlo. Paralelamente, la estabilidad macroeconómica fue señalada como pieza clave: sin un orden económico no habría posibilidad de atraer capital externo, y ese marco parece estar siendo reforzado por el acompañamiento estadounidense.
Sin embargo, la pregunta clave será si este impulso internacional y retórica de apertura se traducen en inversiones cuantiosas y sostenibles, en beneficios concretos para la economía real y en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. A pesar de que los flujos de inversión extranjera muestran signos de interés creciente hacia Argentina y Estados Unidos aparece como el principal origen de esa inversión. Pero aún existen desafíos estructurales que deben resolverse: credibilidad institucional, marco regulatorio previsible, y resultados palpables en empleo e ingresos.
En definitiva, la gira de Milei por EE.UU. marca un hito simbólico y estratégico. Pero si ese hito se convierte en un cambio estructural dependerá de la capacidad del Gobierno para consolidar reformas, mantener respaldo externo, y convertir promesas en hechos económicos duraderos.
Un jubilado excombatiente fue estafado con $12.500 USD tras un fraude de SIM swapping; un banco y una telefónica deberán indemnizarlo.
En septiembre de 2021, un jubilado de la provincia de Buenos Aires —y excombatiente de Malvinas— sufrió una sofisticada estafa digital que le costó 12.500 dólares depositados en su caja de ahorro en moneda extranjera. El fraude se materializó a través de la modalidad conocida como SIM swapping, que permitió a los delincuentes acceder a sus cuentas bancarias tras tomar el control de su línea telefónica.
El afectado, cliente de una entidad bancaria desde 2005, observó movimientos extraños en su correo electrónico: mensajes que simulaban provenir de su banco y notificaban transferencias que no había realizado. Tras concurrir a su sucursal, el gerente constató que no existían esas transacciones y le recomendó eliminar los correos. Sin embargo, días después, su línea móvil —operada por una empresa de telefonía— quedó sin servicio. Al presentarse en la sucursal de la telefónica, un empleado le cambió la tarjeta SIM bajo el argumento de que la anterior “ya no funcionaba”. Fue ese procedimiento el que permitió a terceros recibir los códigos de verificación del home banking del jubilado y vaciar la cuenta mediante una operación de venta de divisas.
La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial estableció que tanto la empresa bancaria como la de telefonía compartían responsabilidad solidaria por falta de resguardo en sus sistemas. El tribunal consideró que operan bajo un “deber objetivo de seguridad” respecto de usuarios vulnerables —en este caso, un jubilado que utiliza servicios bancarios y de telefonía— y que no fueron suficientes los mecanismos de autenticación implementados. En especial, la telefónica defendió su actuación afirmando que el cambio de chip exigía validación de identidad, pero la Cámara desestimó ese argumento, reconociendo que la obligación de seguridad recae en el proveedor del servicio. Por su parte, el banco sostuvo que había mecanismos de autenticación (como el envío de códigos al teléfono), pero la Cámara determinó que estos sistemas fueron insuficientes para evitar el fraude.
En la primera instancia se condenó a más de 12.000 USD más una indemnización por daño moral en 12.875.000 pesos; en la apelación, el monto por daño moral fue reducido a 5.000.000 pesos. La compensación por daño punitivo fue dejada sin efecto al no acreditarse culpa grave o dolo extremo de las empresas demandadas.
Este fallo resulta relevante por varias razones: visibiliza la creciente amenaza del fraude digital mediante SIM swapping y establece jurisprudencia sobre la responsabilidad solidaria de entidades bancarias y de telecomunicaciones frente a usuarios vulnerables. Además, se produce en un contexto en que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) exige a las operadoras que implementen mecanismos más rigurosos para el cambio de chip o transferencia de líneas, ante el aumento de esta modalidad de estafa.
Para los usuarios, este caso ofrece varias lecciones:
Perdida repentina del servicio móvil puede ser el primer síntoma del fraude de SIM swapping.
Las entidades que brindan servicios —telefónicas y bancarias— tienen una obligación de cuidado reforzada cuando se relacionan con consumidores vulnerables.
La autenticación basada únicamente en SMS o cambios de chip sin verificaciones presenciales o biométricas puede resultar insuficiente.
Ante una sospecha de fraude, es clave actuar rápidamente: contactar la operadora, banco, cambiar claves, denunciar.
En un mundo cada vez más digitalizado, donde banca, telecomunicaciones y datos personales convergen, la seguridad ya no es solo responsabilidad del usuario, sino de quienes proveen esos servicios. Y en este caso judicial, la justicia declaró que ambas empresas no cumplieron con ese deber.
El Gobierno adelantó ajustes en el régimen cambiario: acelerará el “crawling peg”, reforzará reservas y recomprará deuda para contener al dólar y jugar con la inflación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó ante inversores internacionales que el Gobierno de Javier Milei prepara una serie de modificaciones al esquema cambiario vigente, con el fin de fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Según Caputo, el ajuste contemplará tres ejes centrales: un mayor ritmo de devaluación controlada, intervención cambiaria para acumular divisas y recompra de deuda soberana.
Ajuste del ritmo de devaluación
El ministro señaló que el actual ritmo del “crawling peg” —es decir, la devaluación gradual del peso frente al dólar— podría aumentar desde el 1 % mensual hasta el 1,5 % si la inflación o la demanda de pesos lo requieren. Para ello, se mantiene la banda cambiaria —y no una flotación libre— como mecanismo de control. Este anuncio confirma lo que ya venían advirtiendo analistas: el régimen tradicional de devaluación controlada quedará sujeto a un recalibrado según presión inflacionaria y demanda interna. El objetivo oficial es mantener la previsibilidad —evitando saltos abruptos en el tipo de cambio—, mientras se adapta el esquema a la realidad macroeconómica.
Acumulación de reservas y compras estratégicas
Tras su victoria legislativa, el Ejecutivo también prevé comenzar a sumar reservas para el Banco Central, anticipándose a los fuertes vencimientos de deuda que afronta el país. Dentro de este plan figura que el Tesoro nacional podrá comprar dólares incluso cuando el tipo de cambio se encuentre dentro de la banda de flotación, algo que hasta ahora sólo ocurría cuando el tipo tocaba el techo. La idea es que, con mayor liquidez en dólares, el BCRA tenga un respaldo más sólido para intervenir si hiciera falta, y al mismo tiempo enviar señales de fortaleza al mercado.
Recompra de bonos y perfil de deuda
En su exposición frente a unos 40 inversores en Nueva York, Caputo confirmó que el Gobierno busca recomprar bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030, lo que implicaría un adelanto de compromisos financieros y una reducción del riesgo de refinanciación. Esta estrategia cobra particular relevancia en el contexto argentino, donde los compromisos externos en moneda extranjera superan los 15 mil millones de dólares por año para 2026-2027, según estimaciones del mercado.
Implicancias y riesgos para el público y los mercados
Para los argentinos, el cambio en el ritmo del crawling peg puede traducirse en una devaluación más acelerada del peso. Esto tiene el efecto directo de encarecer el dólar oficial, y en consecuencia, podría “arrastrar” al alza otras cotizaciones, incluidas las del mercado paralelo. Desde el punto de vista macro, el esquema cambia de ancla cambiaria rígida a una “flotación administrada” con bandas y ajustes mensuales. Esto difiere de una liberación total del tipo de cambio, pero modifica la expectativa de estabilidad. También surgen riesgos: una devaluación acelerada sin que la inflación ceda podría erosionar el poder adquisitivo de los salarios. Si el peso se deprecia demasiado rápido, podrían resurgir tensiones sociales o vulnerar la competitividad exportadora. La clave estará en cómo evolucionen dos variables: la demanda de pesos por parte del sector privado y la inflación mensual. Si ambas se controlan, el plan tiene mayor margen de maniobra; si no, podría requerir medidas adicionales, incluidas la aceleración del ritmo de devaluación o nuevas intervenciones.
Víctor Manzanares asumió su culpa y decidió quedarse en prisión voluntariamente, mientras brindaba datos clave para desentrañar un esquema de lavado de más de 70 millones de dólares.
Un silencio que vale más que un pedido de excarcelación
Durante años fue el hombre detrás de los números del matrimonio Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sus cálculos, sus firmas, su red. Cuando la tormenta judicial estalló, Víctor Manzanares asumió un destino inesperado: ser el arrepentido que renuncia a la libertad. “Me lo merezco”, repetía. No se trató de un capricho, sino de una confesión que sepultó el temor y dejó al descubierto un entramado de corrupción, sobornos y blanqueo internacional.
De contador fiel a testigo clave
La declaración de Manzanares, realizada en febrero de 2019, derribó muros. No solo identificó la compra de 113 propiedades en Argentina y diez más en Miami, Nueva York y Turks & Caicos; también permitió reconstruir los movimientos financieros de Daniel Muñoz, el fallecido secretario del matrimonio Kirchner, implicado en el depósito de bolsos con sobornos que llegaban a lo más alto. Su papel fue central en la investigación conocida como la causa de los Cuadernos de las Coimas.
¿Por qué no quiso salir de la cárcel?
La mayoría de los arrepentidos buscan libertad; sin embargo, Manzanares optó por lo contrario. Según su abogado, Roberto Herrera, insistía en que su lugar era la prisión, como parte de asumir la culpa. Ese gesto, tan simbólico como político, desnuda una verdad incómoda: que la confesión fue tanto una estrategia de defensa como una forma de expiación pública. El arrepentimiento, en su caso, fue una declaración ante la justicia, ante la opinión pública y ante su propia conciencia.
Lo que el sistema de lavado mostró y lo que el sistema político encubrió
Gracias a su testimonio, la fiscalía pudo avanzar en desmontar una estructura de lavado que operaba con propiedades de lujo, paraísos fiscales y bolsos cargados de sobornos. Esa trama, que hasta entonces se desarrollaba tras bambalinas, se visibilizó ante la justicia y la sociedad. Pero la pregunta que queda flotando es otra: si un hombre tan cercano al poder decide cooperar, ¿qué tan difundido estaba el mecanismo en la política argentina? La confesión del contador no solo revela hechos concretos, sino un modelo sistémico que se camufla bajo la legalidad.
Una reflexión para la democracia
Este caso no es solo un episodio judicial. Es una advertencia. Cuando el dinero fluye sin control, cuando la opacidad gobierna los canales y la impunidad se convierte en rutina, la democracia se debilita. La decisión de Manzanares de permanecer preso expresa algo más profundo: que sin la condena de la complicidad colectiva, las confesiones individuales sirven de terapia más que de justicia real. Y en ese punto, la política tiene la obligación de mirar hacia adentro.
Un jurado popular condenó a Jorge Pascoff por intentar matar a su primo en Cholila tras una violenta disputa familiar que incluyó disparos y maquinaria pesada.
En un fallo emitido el 7 de noviembre de 2025 en Lago Puelo, la jueza técnica Silvana Vélez dictó sentencia en el caso que conmocionó a la región: el violento ataque protagonizado por Jorge Badih Pascoff contra su primo, Rafael Nataine, ocurrido en marzo de 2021 en un establecimiento rural de Cholila.
El jurado popular declaró a Pascoff culpable del delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, junto con portación ilegal de arma y daños a la propiedad, todos en concurso real. La pena impuesta fue de siete años y seis meses de prisión efectiva, además del pago de las costas judiciales.
El hecho tuvo lugar en el campo “La Central”, cuando Pascoff llegó armado tras una discusión por el uso de una tranquera en una chacra familiar. Según el fallo, el acusado amenazó y persiguió a su primo con una escopeta, luego intentó atropellarlo con una máquina cargadora y embistió sus vehículos, un camión Scania y una camioneta Volkswagen. Acto seguido, efectuó disparos que hirieron a Nataine en las piernas, provocándole lesiones que, aunque dolorosas, no pusieron en riesgo su vida, según los peritos médicos.
La jueza destacó que el ataque fue premeditado y planificado, ya que Pascoff había mantenido una comunicación previa con la víctima. Además, consideró agravante el vínculo familiar, señalando que “el delito cometido contra un propio debe ser penado con mayor severidad que el cometido contra un extraño”.
Entre los elementos que influyeron en la sentencia, se ponderó la alta violencia desplegada, el uso de diferentes armas y maquinaria pesada, y el temor provocado a la esposa de la víctima, quien se encontraba en el lugar durante el ataque. Sin embargo, se consideró como atenuante el hecho de que la víctima nunca corrió un riesgo real de perder la vida y que el acusado carecía de antecedentes penales.
La magistrada también subrayó lo expresado por el abogado de Nataine, Dr. Gerosa Lewis, que señaló que Pascoff es un hombre instruido, con una posición económica sólida, “de quien se podía esperar una respuesta más racional al conflicto con su primo”, lo que incrementó el grado de reproche penal.
Con esta resolución, la Justicia de Chubut cierra un caso marcado por la violencia y los conflictos familiares, dejando una fuerte advertencia sobre la escalada de disputas rurales que derivan en hechos extremos.
Los pagos millonarios de sobornos bajo su mando y la impunidad de los poderosos quedan al descubierto. Este es el arranque del juicio contra Cristina Kirchner. El proceso que hoy enfrenta la expresidenta es mucho más que una formalidad judicial: es un escudo debilitándose ante la sociedad, aunque el engranaje de la justicia avance a paso de tortuga.
Ya en el primer día de la audiencia del caso conocido como los “cuadernos de las coimas”, la acusación acusó a Cristina Kirchner de haber sido la beneficiaria final de al menos 38 pagos ilegales que suman unos 17 millones de dólares. Se la señala como jefa de una red de corrupción que se extendió por más de una década, involucrando funcionarios públicos y grandes contratistas de obra pública. A pesar de su evidente exposición, la expresidenta optó por permanecer recluida en su domicilio, apareciendo apenas como una silueta borrosa en la cámara de Zoom, recreando una actitud de soberbia y desafío hacia la justicia, que sabe que la mira.
El tribunal que lleva adelante el juicio no es un nuevo organismo: es el viejo engranaje que tantas veces retrasó causas, postergó pruebas, evitó responsabilidades. Esta vez, sin embargo, se sentó -aunque tarde- la primera ficha en el tablero. Y pese a la lentitud estructural, ese hecho merece una celebración: que la causa haya llegado al debate oral es una señal de que el sistema aún puede actuar ante la corrupción enquistada.
Sin embargo, la crítica es inevitable: ¿cómo explicar que mientras la maquinaria del Estado recauda fondos, adjudica contratos, comercia con privilegios públicos para beneficio de unos pocos, la justicia reaccione con desidia? ¿Por qué tantos pagos millonarios, tantos bolsos cruzando fronteras morales, tantos funcionarios convertidos en recaudadores? La causa da escalofríos: uno de los empresarios mencionados, Claudio Glazman, aparece con al menos 13 pagos, entre 200 000 y 2,5 millones de dólares, entregados a intermediarios que llevaban la plata hasta los domicilios del matrimonio Kirchner. La aristocracia de la corrupción operaba con impunidad casi clínica.
Y en ese escenario, Cristina Kirchner ralentizó su propia aparición en cámara, pretendiendo mantenerse invisible ante la opinión pública, mientras todos los demás acusados eran obligados a mostrarse. Su rehusar la presencia plena ante la justicia no es un acto menor: representa un gesto deliberado de desdén, un “yo estoy por encima del proceso” que ofende a la ciudadanía. Es un desafío directo al imperio del derecho.
No obstante, aunque parezca contradictorio, hay que reconocer este inicio como un proceso histórico. Que el mayor juicio por corrupción de la historia argentina —según los expertos— haya arrancado con 87 imputados, entre ellos 20 exaltos cargos kirchneristas y decenas de empresarios, es un paso en la dirección correcta. Aunque lento, aunque lleno de trampas procesales, aunque plagado de posposiciones, lo importante es que el sistema comenzó a funcionar.
Pero la celebración debe ser medida. Porque si la justicia vuelve a postergar, si los plazos se dilatan, si los testigos se esfuman, si los imputados obtienen dilaciones gratuitas, la herida institucional seguirá abierta. Y mientras tanto, la destrucción social causada por la corrupción: obras sobredimensionadas, fondos públicos desviados, educación y salud colapsadas, ciudadanos rehenes de la impunidad, todo eso se encadena con indignante naturalidad.
Este juicio no es únicamente contra una persona. Es un aviso de que la impunidad no puede ser permanente, de que los grandes esquemas de poder pueden ver su sombra judicial alargarse. Pero también es un recordatorio: incluso cuando la justicia actúa, la velocidad es clave. La corrupción se expande velozmente. El castigo no puede esperar años. Los ciudadanos exigen resolución, no dilación.
Porque la sociedad sufrió: cada contrato adjudicado irregularmente significó un monto menos para hospitales, para escuelas, para viviendas dignas. Cada momento de impunidad es un momento en que el Estado abandona a los suyos. Y mientras Cristina Kirchner se mostraba reacia a verse en cámara, los miles de jóvenes, los trabajadores, los olvidados por la obra pública, esperaban una señal de justicia que tardó demasiado.
Que el juicio finalmente haya comenzado es motivo de esperanza. Que la Justicia todavía tenga que alcanzar al poder en su carrera, es motivo de crítica. Mientras tanto, la palabra “espera” no puede ser bandera. La palabra debe ser “cumplimiento”. Justicia, no espectáculo. Actuación, no pasividad. Y sobre todo, responsabilidad: quienes administraron y desfalcaron el Estado deben rendir cuentas.
La llegada del Grupo Arbumasa a la zona franca de Trelew activa una planta pesquera que generará empleo y dinamizará la industria en Chubut.
En un giro trascendente para el desarrollo productivo de la provincia, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres anunció la primera inversión formal en la Zona Franca de Trelew: la empresa Grupo Arbumasa, con más de 30 años de experiencia en la captura y procesamiento de langostino y calamar, extenderá sus operaciones a Trelew en virtud de los beneficios impositivos de la zona franca.
La firma —que ya opera en la ciudad de Puerto Madryn— prepara la construcción de una nueva planta pesquera en Trelew. La decisión se apoyó en las condiciones logísticas que ofrece la región, en combinación con los incentivos de la zona franca. “Hoy Chubut es sinónimo de desarrollo, progreso y transparencia, pilares fundamentales para la llegada de nuevas inversiones”, comentó Torres al dar la noticia.
En la reunión de anuncio participaron José Luis Soñora Sambade, director de Operaciones de Grupo Arbumasa; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Juan Oliva y José Luis Díaz. La empresa cuenta con ocho tangoneros especializados en langostino y dos buques poteros de calamar, más una planta de procesamiento y cámaras frigoríficas instaladas en Puerto Deseado. Esta experiencia la pone en una posición de liderazgo mundial en procesamiento a bordo del langostino austral.
La iniciativa se encuadra en el marco de la Zona Franca de Trelew, que busca atraer inversiones mediante beneficios fiscales y aprovechando la infraestructura portuaria y logística de la región. Torres subrayó que esta es la segunda empresa pesquera que decide instalarse en Trelew —y que ya se registra la consulta de otras firmas interesadas— lo cual muestra un efecto multiplicador potencial para el empleo y la economía local.
La apuesta apunta no solo a formalizar la inversión, sino a transformarla en empleo directo e indirecto. “Generará más trabajo para nuestra provincia, y especialmente para Trelew, que apunta a convertirse en un nodo logístico y productivo en la región, con un Estado presente que acompaña inversiones que signifiquen más empleo y mejor calidad de vida para los chubutenses”, enfatizó el gobernador.
Para el sector pesquero regional esto marca un salto estratégico: se combina la experiencia y escala de una empresa con trayectoria internacional con un marco de incentivos provinciales que busca potenciar valor agregado y empleo local. Además, la llegada de Arbumasa abre una ventana de oportunidad para que otros actores de la pesca evalúen a Trelew y a Chubut como plataformas de expansión.
Por último, la firma Grupo Arbumasa, fundada en 1989 en Puerto Deseado, ha consolidado su negocio en pesca y procesamiento en alta mar. Su llegada a la zona franca de Trelew refuerza la apuesta provincial por la industria de los productos del mar como motor de desarrollo. Una industria que, según informes especializados, representa una parte significativa del volumen de langostino procesado en Chubut, evidenciando el peso del recurso en la economía regional.
En pleno 2025, tras 24 años de ausencia, surge una nueva pista alarmante sobre la paradero de Marita Verón: una mujer hallada en Asunción, en estado de indigencia, podría ser ella.
La madre de Marita, Susana Trimarco, reveló en una entrevista televisiva que anoche recibió una llamada desde un pueblo cercano a Asunción (Paraguay) —aproximadamente a la 1:30 a.m.— informando que una mujer “perdida de la cabeza”, que se alimenta de los basurales, “carne y hueso”, podría ser su hija. La imagen enviada, que Trimarco califica como “horrorosa”, despertó en ella una mezcla de esperanza y angustia: “Para mí como madre fue como que anoche me clavaron un puñal en el pecho”.
Mientras su fundación sigue asistiendo a más de 360 mujeres con alimentos, ropa y acompañamiento, Trimarco expresó su desesperación ante la idea de que su hija —desaparecida el 3 de abril de 2002 en Tucumán— pudiera estar viviendo en la más absoluta vulnerabilidad como indigente comiendo de la basura. La Justicia Federal ya ha sido informada y los protocolos de investigación están en marcha: se cuenta con las huellas dactilares y muestras de ADN de Marita para cotejar. Trimarco advirtió que no se ilusionará sin pruebas, pero tampoco puede dar la espalda al dato.
Este nuevo giro pone de nuevo bajo el foco mediático y social la causa de Marita Verón, al tiempo que revela las profundas falencias que persisten en la atención de casos de desaparición forzada y trata de personas en la Argentina. Se abre así una ventana —aunque frágil— para que la verdad, 24 años después, deje de ser solo un reclamo y se transforme en acción concreta.
El Ejecutivo aplicó una suba salarial del 61 % para el personal del Hospital Garrahan, en una decisión que marca distancia del uso electoralista de los aumentos.
El Hospital Garrahan confirmó un incremento del 61 % en la asignación básica para empleados de planta, contratados, becarios y residentes con Beca Institución. El aumento, retroactivo a octubre, se complementa con bonos mensuales de $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el asistencial, implementados desde septiembre.
Lo destacable de esta medida no es solo su magnitud, sino su momento político. A diferencia de los viejos hábitos del populismo, el Gobierno decidió concretar la recomposición después de las elecciones, evitando el uso de los salarios públicos como herramienta de manipulación electoral. La decisión busca marcar una diferencia con prácticas anteriores en las que los incrementos se utilizaban como gestos oportunistas para captar votos, sin planificación ni sustento presupuestario.
Desde la administración del hospital se subrayó que el aumento fue posible gracias a una gestión eficiente y transparente iniciada en 2023, que permitió financiar los bonos y adelantar el pago con recursos propios mientras se aguardan los fondos nacionales. “Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”, expresaron desde la conducción del centro pediátrico más importante del país.
El incremento salarial se interpreta también como un gesto de reconocimiento al compromiso del personal médico y técnico, que sostuvo la atención durante meses de presión gremial y tensiones internas, sin afectar el funcionamiento del hospital. En un contexto económico exigente, la decisión reafirma el objetivo oficial de dignificar el empleo público sin comprometer la sustentabilidad fiscal.
La medida posiciona al Garrahan como modelo de administración sanitaria moderna, donde la eficiencia, la previsibilidad y la transparencia se imponen por sobre la improvisación política. El aumento, aplicado tras el proceso electoral, consolida un mensaje: la política salarial debe responder a la gestión, no a la propaganda.
El Gobierno abre subasta digital de viviendas del Plan Procrear terminadas pero nunca asignadas, para que particulares puedan ofertar y adquirirlas vía plataforma oficial online.
El Ejecutivo nacional dispuso poner a la venta casas y departamentos construidos originalmente por el Plan Procrear, que quedaron sin adjudicar y permanecían desocupados. La iniciativa busca dar salida a esos activos públicos ociosos y recuperar recursos para el Estado.
Las unidades a subastar son viviendas finalizadas, con servicios básicos instalados, ubicadas en barrios planificados de distintas provincias del país. Se trata tanto de casas como de departamentos —la mayoría de dos o tres dormitorios— que por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios no habían sido entregadas.
La venta se realizará mediante subasta pública 100 % online, gestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a través de la plataforma oficial del Estado para remates inmobiliarios.
¿Cómo será el mecanismo de subasta?
El proceso implica:
Inscripción previa en la plataforma de la AABE.
Acreditación de documentación personal y fiscal.
Pago de una garantía de participación, cuyo monto se informará para cada llamado.
Presentación de ofertas electrónicas durante el período habilitado, sobre un precio base para cada vivienda.
Adjudicación al mejor postor, previa escrituración y cumplimiento de los trámites de pago o financiamiento.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán presentarse personas físicas o jurídicas que acrediten capacidad de pago. No se requiere contar previamente con un crédito hipotecario aprobado para la subasta, aunque luego el adjudicatario deberá demostrar solvencia para concretar la operación. No hay límite por edad o condición laboral, pero sí será necesario acreditar ingresos.
¿Qué sucede con los beneficiarios y créditos del Plan Procrear?
La medida no afecta a quienes ya tienen un crédito activo del programa: esos préstamos seguirán bajo las condiciones pactadas originalmente. Esta subasta apunta únicamente a las viviendas que nunca fueron asignadas.
¿Por qué implementa esta medida el Gobierno?
La decisión forma parte del reordenamiento del fondo de garantía del Estado —el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)— y responde a la necesidad de optimizar los recursos inmobiliarios públicos. Se busca dar salida a los bienes vacíos, evitar pérdidas por falta de uso y generar ingresos con activos construidos con financiación estatal.
Próximos pasos
El cronograma oficial, con fecha, hora, listado de inmuebles, precios de base y pliegos, será publicado próximamente por la AABE y el Banco Hipotecario. Las viviendas irán incorporándose progresivamente según cada desarrollo provincial.
La reciente resolución oficial autoriza a civiles aptos la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos, siempre que cumplan estrictos requisitos. El gobierno nacional modificó la normativa y reemplazó la prohibición previa por un régimen controlado para permitir a usuarios registrados y entidades de tiro adquirir armas semiautomáticas de uso civil condicional, con cargadores de quita y pon, calibre mayor al .22 LR, y siempre bajo la órbita del Registro Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de Seguridad Nacional. El cambio, publicado en el Boletín Oficial, deroga normas anteriores que impedían la adquisición de este tipo de armamento por particulares. En su lugar, se implementa un sistema de permisos que exige identificación del arma (marca, modelo, calibre, número de serie), almacenamiento en un sector de guarda registrado, declaración jurada con documentación probatoria y fotografías, pago de tasas, y acreditación de uso deportivo o didáctico en entidades habilitadas. También se establece que el solicitante no debe tener antecedentes sancionatorios, debe contar con al menos cinco años de tenencia civil de armas y debe aportar cualquier otro elemento que el RENAR considere pertinente. Al mismo tiempo, la estructura administrativa encargada del control fue reorganizada: la antigua Agencia Nacional de Materiales Controlados recupera el nombre RENAR y centraliza bajo el Ministerio de Seguridad la fiscalización de la ley nacional de armas y explosivos N° 20.429 y normas complementarias. Con ello, se dejan sin efecto regulaciones previas como los decretos 81/02, 54/04, 155/04 y 239/09. Los defensores del nuevo régimen argumentan que permitirá mejorar la trazabilidad del material, legitimar prácticas deportivas, y concentrar la regulación en un organismo especializado. Por otro lado, los críticos advierten que abrir la tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles —incluso bajo control— plantea riesgos en términos de seguridad pública, proliferación de armas y cargas de supervisión estatal. El debate queda planteado sobre el equilibrio entre libertades individuales, el deporte del tiro y la prevención de hechos violentos con este tipo de armamento.
-“A veces, Alberdinangus, cuesta entender cómo funciona la justicia. No porque sea compleja, sino porque parece escrita al revés: los que sostienen el orden terminan juzgados, y los que lo desordenan, blanqueados como almas nobles incomprendidas.”, me decía un amigo mientras servía otra vuelta de whisky.
Se refería, lógicamente, al caso “Tino” John. Porque hace pocos días se realizó el juicio contra los policías del GEOP, acusados de homicidio y de incumplimiento a los deberes de funcionario público por haber hecho lo que —según cualquier manual de sentido común— debían hacer: impedir que un hombre armado siguiera poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás.
El hecho ocurrió el 27 de mayo de 2021, cuando un sujeto, arma en mano, mantenía en vilo a un sector de la aldea de Lago Puelo. Los vecinos pedían auxilio, los patrulleros llegaban, el caos crecía. Hasta que el equipo especial intervino. En segundos —segundos reales, no metafóricos— hubo que decidir entre disparar o dejar que alguien terminara muerto.
El resultado ya se sabe: el que cayó fue el agresor. Lo que nadie imaginó es que, cuatro años después, los acusados serían los policías que actuaron en el incidente.
El Ministerio Público Fiscal, siempre atento a los grandes problemas de nuestra provincia (siempre!!!!), decidió que el verdadero riesgo para la sociedad no era el hombre que apuntaba con una carabina, sino los agentes que actuaron en el suceso. Así, en nombre de la “proporcionalidad”, el Estado decidió juzgar a quien, en países serios, habrían recibido una medalla o al menos un “gracias por evitar una tragedia”.
Lo inexplicable.
En verdad, no fue todo el Ministerio Público Fiscal. Debo reconocer que mucho tiempo antes el fiscal de la comarca, Carlos Díaz Mayer —ese Kojak sin sombrero que todavía distingue entre un delincuente y un servidor público—, ya había pedido el sobreseimiento de los policías implicados. Lo hizo por lo que parecía obvio: habían actuado en cumplimiento de su deber, sin violar reglamento alguno, ni arriesgando la vida donde otros. Pero el resto pareciera que, simplemente, habría esperado todo ese teatro de psicólogos, mediadores y –por supuesto- el café caliente mientras las balas buscaban ansiosas reposar en el cuerpo de algún vecino.
Claro, en el mundo al revés, los que hacen bien su trabajo son incomprendidos. Por eso, la orden que vino de arriba y el accionar de sus colegas fue ignorar a Kojak y a su impecable escrito y avanzar directamente contra quienes pusieron el cuerpo, enfrentaron el peligro y cumplieron con la ley, mientras los protocolos, las mediaciones y el café caliente quedaban como excusas suficientes para justificar la locura de juzgarlos.
Y una vez más….
-“… los zurdos aprovecharon la oportunidad e intentaron hacer su negocio: instalar un segundo caso Maldonado. Empezaron a inflar relatos, a buscar culpables donde no los había, y a construir un teatro mediático alrededor de la tragedia que, por alguna extraña lógica, convertía al policía en victimario y al agresor en protagonista incomprendido”, me contaba consternada una vecina aguerrida de la pequeña aldea chubutense, donde ocurrieron los sucesos.
Todo un guion perfecto para la victimización selectiva, donde la realidad se ajusta a la narrativa, y no al revés.
Es cierto, sí, que Tino John era una persona con posibles trastornos psiquiátricos, pero eso no le daba licencia para amenazar a vecinos, efectuar disparos contra los uniformados, los vecinos o los inmuebles lindantes, o intentar matar a un policía que sólo cumplía con su deber.
Y, como ocurre demasiado a menudo, todos se hicieron los boludos, fundamentalmente los organismos estatales creados para lidiar en estos casos y con personas con esos problemas, que se expanden como la viruela pero que pocas veces –por no decir ninguna- brindan resultados adecuados o sirven para algo (más allá de pagar sueldos).
Además, en la investigación preparatoria quedó demostrado que en tres momentos distintos se le dio a Tino John la oportunidad de deponer su actitud agresiva… y no lo hizo, prefiriendo seguir gritando: “…vengan hijos de puta, suban si se animan…”, mientras blandía un arma larga entre sus manos, como si estuviera actuando en su propia película de acción, sin importar que la vida real no tenía pausa para efectos especiales.
El cierre del caso.
Felizmente, un jurado popular por unanimidad – y vale repetir que fue un jurado popular integrado por personas comunes y corrientes, y por unanimidad- decidió que los policías involucrados eran “no culpables” del delito que se les imputaba, dejando una lección que debería ser básica pero, al parecer, se nos escapa: a veces —y cada vez con más frecuencia— el sentido común de la gente de a pie sabe mucho más que los cerebros que se esconden en los Palacios de la Risa, donde la realidad se tuerce y el orden se castiga mientras el caos, la corrupción y los acomodos –y no sigo para no aburrir al lector- se aplauden.
-“¿Por qué no le hicieron caso a Díaz Mayer?”, me preguntó mi amigo. -“Con ello se habrían ahorrado recursos, tiempo y trámites inútiles”, además de evitar el sufrimiento innecesario de los policías implicados y, sobre todo, no se habría puesto en duda la primera exigencia social: vivir más seguros.
Pero no. El ejemplo transmitido por el Ministerio Público Fiscal y la querella pareciera ser que la policía no debe actuar nunca, ni siquiera frente a un hecho flagrante. La lección está clara: si un ciudadano armado amenaza a otros, mejor dejarlo libre, no vaya a ser que el Estado se vea obligado a reconocer que alguien cumplió con su deber.
Casos como “Maldonado” o “Chocobar” nos enseñan la misma moraleja retorcida: el que protege y actúa en favor del orden se arriesga a ser acusado, y el que viola la ley termina presentado como víctima, siempre que alguien se encargue de contar la historia con la dosis justa de cinismo y titulares rimbombantes.
Viendo este espectáculo: ¿Cuál creen ustedes, queridos lectores, que será el pensamiento del próximo policía, gendarme o prefecto que esté frente a una situación similar?¿Actuar?¿Comerse un proceso por asesinato?. ¿Perder su empleo?¿Terminar en la ruina económica?¿O darse vuelta y mirar para otro lado?
Porque, al fin y al cabo, en este mundo al revés, los que arriesgan la vida por los demás terminan siendo acusados… y los que la ponen en riesgo son tratados como almas incomprendidas. Así que, queridos lectores, ya saben: si quieren sobrevivir, mejor dejar que todo se queme y aplaudir el fuego desde la tribuna.
En Tierra del Fuego, un padre libra su propia batalla contra el tiempo para salvar a su hijo, un joven argentino de 23 años que fue enviado al frente de guerra en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Su historia, que comenzó como un viaje académico, terminó firmando un contrato con el ejército ruso para participar en la guerra.
Hasta el momento se desconoce si realmente tuvo la voluntad de firmar el contrato o fue obligado a hacerlo, ya que el régimen del kremlin secuestra extranjeros, los obliga a firmar contratos con el ejército, y los envía al frente de batalla en una guerra que Rusia está perdiendo de manera humillante.
Dante Bettiga, oriundo de Ushuaia, había viajado a Rusia para estudiar idiomas. Sin embargo, según confirmó su padre, Juan Bettiga, el joven fue destinado a cumplir funciones militares en el frente ruso. Desde entonces, la familia vive una pesadilla. “Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación”, escribió el padre en una nota dirigida al ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andréi Beloúsov.
La súplica incluye además un componente profundamente humano: Juan Bettiga padece cáncer de hígado, y adjuntó su historia clínica para reforzar el pedido humanitario de repatriación. En su carta, implora que las autoridades rusas “ordenen la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa”.
Pero el pedido se enfrenta a un muro diplomático. Argentina no mantiene relaciones bilaterales fluidas con Rusia desde el inicio de la guerra con Ucrania, lo que complica cualquier gestión consular directa. Así, la distancia política se suma a la geográfica: entre Ushuaia y el frente ruso hay más de 15.000 kilómetros y un abismo burocrático.
Mientras tanto, la comunidad de Ushuaia sigue el caso con creciente preocupación. Amigos, familiares y vecinos acompañan la lucha de Juan Bettiga con campañas locales y pedidos de apoyo institucional.
La situación rusa en la guerra.
Rusia se encuentra en su peor momento en la guerra y recurre a las técnicas más inhumanas para con sus propios soldados, mandándolos a morir al frente de batalla y asesinando a sus propias tropas cuando éstas se niegan o retroceden.
La humillación que está sufriendo Rusia en manos de un ejército diez veces más chico, como el ucraniano, es de dimensiones nunca imaginadas. Ucrania está bombardeando constantemente los máximos recursos económicos, militares y energéticos de Rusia, causándole desastres en su economía como jamás se lo habían imaginado.
Casi todas las refinerías rusas fueron bombardeadas, produciendo el corte de la producción de combustibles y hasta los puestos exportadores fueron destruidos, imposibilitando que Rusia tenga ingresos monetarios para solventar la guerra.
Hay filas de varios kilómetros en las estaciones de servicio para cargar el poco combustible con el que se abastece, cuando se habilita alguna línea de abastecimiento. Parte de Moscú quedó en penumbras tras bombardeos en las centrales energéticas.
El panorama es desesperante para el Kremlin, que cayó en su propia trampa, creyendo su propia propaganda sobre la super potencia que creía ser y hoy está siendo humillada por un ejército ucraniano que se reinventa día a día para pelear contra el invasor cobarde e inhumano.
El 3 de noviembre de 1869, los caciques tehuelches juraron lealtad al pabellón argentino en Arroyo Genoa, reafirmando su compromiso con la Nación.
Cada 3 de noviembre, en la localidad chubutense de José de San Martín, se recuerda un hecho que, aunque poco difundido, marcó un momento decisivo en la historia de la Patagonia: la jura de lealtad a la bandera argentina por parte de los pueblos tehuelches, encabezados por el cacique Casimiro Biguá. A orillas del arroyo Genoa, en 1869, los líderes de distintas parcialidades tehuelches realizaron un solemne acto de fidelidad al símbolo nacional, consolidando así su adhesión al proyecto político y territorial de la República Argentina.
Sin embargo, hay un error histórico en la fecha, ya que lo que verdaderamente ocurrió fue un izamiento de la bandera argentina en una toldería,pero años atrás, el 5 de julio de 1865 había ocurrido algo mucho más importante: había reconocido la soberanía argentina ante el gobierno de Chile, reconociendo el territorio patagónico como argentino.
Este episodio, conocido como la “Lealtad Tehuelche a la Bandera Argentina”, es un gesto de enorme valor simbólico. Representa uno de los primeros compromisos públicos de los pueblos originarios del sur con la soberanía nacional. Casimiro Biguá —figura central en este proceso— fue reconocido por el gobierno de Bartolomé Mitre como teniente coronel del Ejército Argentino, en un intento de afianzar la presencia estatal en la Patagonia a través del diálogo y el reconocimiento mutuo.
La ceremonia tuvo lugar en un contexto complejo, cuando el Estado argentino buscaba consolidar sus límites territoriales y fortalecer su soberanía sobre las regiones australes. Lejos de la narrativa de enfrentamiento absoluto, el gesto de los tehuelches muestra que existieron también momentos de entendimiento, cooperación y lealtad entre las comunidades indígenas y la Nación.
Décadas más tarde, este acto fue revalorizado por la provincia de Chubut, que en 2014 instituyó por ley el 3 de noviembre como feriado provincial no laborable, en homenaje a la jura tehuelche a la bandera argentina. Con esta medida, se reivindica no solo la figura de Casimiro Biguá, sino también el legado de los pueblos patagónicos que eligieron integrarse al país desde la dignidad y la voluntad.
Un símbolo de integración y soberanía
La jura tehuelche no fue un hecho aislado ni meramente ceremonial: fue una decisión política y cultural de profundo significado. En aquel momento, el cacique Biguá y su gente comprendieron que el respeto y la alianza con la bandera argentina no implicaban renunciar a su identidad, sino afirmarla dentro de una comunidad más amplia.
Esa lealtad temprana, que anticipó el proceso de incorporación definitiva de la Patagonia al territorio nacional, demuestra que la historia argentina no se construyó solo desde Buenos Aires o desde los ejércitos, sino también desde los acuerdos y gestos de confianza entre pueblos distintos.
El mensaje de aquel 3 de noviembre sigue vigente: la bandera argentina no pertenece a una sola cultura, sino a todas las que decidieron convivir bajo sus colores.
Una lección para el presente
En tiempos donde la fragmentación y la desconfianza parecen dominar el debate público, recordar la jura de lealtad de los tehuelches es una invitación a recuperar el valor de la palabra, el respeto y el compromiso colectivo. Aquellos pueblos del sur no fueron meros testigos de la historia: fueron protagonistas que eligieron conscientemente unirse a la Nación.
Honrar ese gesto hoy significa reconocer que la identidad argentina se formó con la participación de quienes habitaron y amaron estas tierras mucho antes de que existiera el Estado moderno. Significa también asumir que la lealtad no es solo un acto de memoria, sino una responsabilidad viva hacia el futuro.
El 3 de noviembre, entonces, no es solo un feriado provincial: es una fecha para reflexionar sobre lo que nos une como país. Los tehuelches, con su jura de lealtad, dejaron una lección que trasciende el tiempo: la verdadera soberanía se construye con respeto, compromiso y unidad.
El jurado popular declaró no culpables a los tres efectivos del GEOP acusados por el homicidio de Tino John. El veredicto cierra un caso que cuestionó los protocolos policiales.
ESQUEL. – Un veredicto unánime exculpó a los tres oficiales del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) acusados en el juicio por la muerte de Martín Alejandro «Tino» John. La decisión del jurado popular, anunciada pasadas las 21 horas de este viernes tras más de cuatro horas y media de deliberación, pone fin a un proceso judicial de alta tensión que confrontó la versión oficial con los reclamos de la familia y organizaciones de derechos humanos.
Los agentes Luis Américo Moggiano, Omar Eduardo Martínez y Cristian Alejandro Soto fueron absueltos de todos los cargos. Moggiano enfrentaba la acusación más grave: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de agente de seguridad. Martínez y Soto eran juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso se originó en un procedimiento en el paraje Las Golondrinas, donde el GEOP realizó un allanamiento en la propiedad de John, un productor rural de 62 años con problemas de salud mental que estaba disparando un arma de fuego, poniendo en riesgo las vidas de los transeúntes. Según la versión de la familia y su pareja, el operativo fue irregular y resultó en la muerte de John de un disparo en la cabeza, sin que se siguieran los protocolos de actuación en casos que involucran a personas con padecimientos mentales.
Durante el debate, la fiscalía y la querella sostuvieron que el accionar policial fue desproporcionado y que no se cumplió con el protocolo que establece el ingreso inicial de un equipo de salud mental. Las defensas, en cambio, argumentaron que los agentes actuaron en cumplimiento de su deber y que la orden de ingresar con profesionales de salud mental era de «imposible cumplimiento» debido a la falta de ese servicio en la zona.
El jurado, compuesto por doce miembros, analizó las pruebas y solicitó incluso revisar un video durante su deliberación. Finalmente, se inclinó por la tesis de la defensa, encontrando que no se pudo probar la responsabilidad penal de los acusados más allá de toda duda razonable.
El fallo cierra formalmente el proceso judicial, aunque la parte querellante evalúa presentar recursos en instancias superiores. El caso había generado una fuerte repercusión en la Comarca Andina y había reavivado el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y la intervención policial en crisis de salud mental.
La abogada Fanny Ávalos fue elegida por amplia mayoría como nueva representante de los abogados de Esquel y la comarca andina ante el Consejo de la Magistratura del Chubut, el órgano encargado de seleccionar y evaluar a jueces y fiscales, y de intervenir en los procesos de remoción cuando corresponde.
La elección se realizó este viernes entre los profesionales matriculados en la Circunscripción Judicial con asiento en Esquel, y definió quién ocupará el lugar destinado a los abogados del oeste provincial en el Consejo.
Fanny Avalos se recibió en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Trelew, en el año 2005. Fue asesora técnica en el Programa de Prevención del VIH/SIDA del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, ejerció su profesión de manera liberal, y actualmente se desempeña como Asesora Legal de la Delegación Regional Esquel de la Secretaría de Trabajo.
Ávalos asumirá el cargo en representación del sector durante el próximo período, reemplazando al doctor Mariano Jalón, quien cumplió una gestión reconocida por su compromiso, su independencia de criterio y su aporte al fortalecimiento institucional del Consejo de la Magistratura. Durante su paso por el organismo, Jalón se destacó por una participación activa y responsable, contribuyendo al debate serio y al funcionamiento transparente del sistema judicial del Chubut.
La postulación de Fanny Ávalos contó con el respaldo de las autoridades académicas de la Facultad de Derecho de Esquel, el apoyo mayoritario de los abogados de la comarca, y la adhesión de reconocidos estudios jurídicos locales, entre ellos el Estudio Jurídico Gerosa. Su candidatura se presentó como la contracara de la propuesta impulsada por el Colegio de Abogados de Esquel, que volvió a intentar imponer sus propios nombres y terminó protagonizando una elección deslucida, dejando en evidencia —una vez más— la escasa legitimidad que conserva dentro del foro local.
En la misma jornada, la doctora María Bottini fue designada como representante de los magistrados y funcionarios judiciales de la circunscripción, completando así la renovación de los miembros locales en el Consejo.
El Consejo de la Magistratura está integrado por representantes de los distintos estamentos del Estado y la sociedad —Poder Judicial, abogados, empleados judiciales y ciudadanos legos— y cumple un rol clave en la transparencia y el fortalecimiento institucional del sistema judicial de la provincia.-
Hola, hola!!!!! Cómo están? Esto no para!!!! Siempre tenemos algo nuevo para contarles, así que acomódense en sus butacas y traigan pochoclo!!!!
Arrancamos esta edición de El Palacio de la Risa con ese juicio digno de una saga de Netflix versión cordillerana.
Qué linda la familia unita!!!!!
En el Palacio de la Risa, donde los expedientes se reproducen más rápido que las ratas de archivo y muchos emperadores generan más vergüenza que sentencias, un jurado popular acaba de escribir una página gloriosa: declaró culpable de tentativa de homicidio, daño y portación de armas a un primo que intentó resolver un problema familiar con la sutileza de una pala cargadora y un tiro de escopeta.
El hecho, ocurrido en la siempre apacible aldea de Cholila, comenzó cuando el acusado decidió que la mejor forma de dialogar era acelerar una máquina de varias toneladas hacia su pariente. Como el intento de mediación no prosperó, optó por el clásico Plan B: un disparo.
El hecho fue tan impactante que la propia víctima filmó todo con su celular. El video —una mezcla entre Rápido y Furioso: Edición Rural y documental de fauna salvaje— terminó formando parte de una nota del Diario La Nación, que la presentó con la gravedad épica de una tragedia patagónica y la edición de un reality de horario central.
La defensa, en un acto de fe digno de canonización, pidió la absolución. Argumentó que su cliente actuó “en legítima defensa de un tercero”. Algo incomprensible incluso para el propio tercero, que ni sabía que lo estaban defendiendo. Según la teoría defensista, el primo agresor habría actuado movido por un impulso altruista, casi heroico, aunque armado y a bordo de maquinaria pesada.
Eso sí, la gente que miraba el juicio decía en voz baja «¡Qué nivel!!!! Le choca la Amarok y después lo caga a tiros!!! Si yo peleo con mi primo le choco la bici con la moto y después le tiro una piedra«.
Defensa inaudita
Realmente inaudita e inentendible fue la defensa. El abogado —que antes de empezar ya había avisado que el imputado “había estado mal defendido” antes de que él tomara el caso— logró superarse: su “teoría del caso” (como se llama ahora para sonar moderno) fue terrorífica. En lugar de dar pelea, se dio por entregado. Dijo que aquello era una lucha “entre David y Goliat”, porque de un lado estaba él… y del otro, el mejor fiscal de la comarca y el mejor abogado de la región.
Con semejante arranque, más que una defensa, fue una confesión con escenografía.
Pero eso no fue todo. Porque el defensor —o, mejor dicho, el representante del acusado, porque defensor es quien defiende bien— aparentemente se enredó con todo. Su “teoría del caso”, que ya había empezado como terrorífica, se transformó en un nudo imposible de desatar. Cada vez que intentaba explicar algo, la sala se llenaba de silencios incómodos y miradas que decían: “¿En serio eso estamos escuchando?”.
Cada vez que el abogado intentaba explicar su versión, los murmullos en la sala se multiplicaban: unos contenían la risa como podían, otros tomaban nota como si fueran cronistas de reality, y algunos jurados empezaban a preguntarse si el verdadero espectáculo no estaba en la defensa misma. Porque, en el Palacio de la Risa, los defensores pueden robarse el show… aunque no quieran.
La luz roja de las cámaras.
Lo más impactante, sin embargo, ocurrió días después. Porque el defensor —sí, el mismo que parecía perdido en su propia teoría— apareció en un canal de televisión local, en pleno noticiero, enfundado en su traje de jurista como si fuera un superhéroe del derecho. Allí dio cátedra sobre lo ocurrido y explicó con solemnidad cada detalle… como si hubiera ganado el juicio por goleada.
“¿Se habrá dado cuenta de que perdió?”, se preguntaban los televidentes. “¿O cree que el veredicto fue solo un malentendido?.
Sea como fuere, el que peor la sacó fue, sin dudas, el acusado. Porque su “defensor estrella” no logró rebatir ninguno de los cargos, convirtiendo lo que podría haber sido una defensa épica en una especie de espectáculo cómico involuntario. Y mientras él veía su futuro entre barro, pala y escopeta, la audiencia solo podía asentir, aplaudir y tomar nota para la próxima edición del Palacio de la Risa.
Universidad del Desastre Legal
Si alguien creía que la justicia podía sobrevivir solo con buena voluntad, el juicio de Cholila demostró lo contrario. Es hora de repensar seriamente el rol de la universidad local: no pueden seguir sacándose abogados “a mansalva”, como si fueran diplomas de colección.
Más allá de lo gracioso que resulta ver a un defensor perdido en su propia teoría, no podemos olvidar que en juego están libertades, patrimonios y vidas. No se trata solo de espectáculo para televidentes y cronistas judiciales: la risa es inevitable, pero las consecuencias son muy reales.
En este escenario, el acusado —ya condenado— se convierte en el protagonista involuntario de un circo académico, donde la educación y la praxis jurídica parecen haberse dado vacaciones simultáneas. Y mientras todos miran el show desde las butacas de El Palacio de la Risa, alguien tendría que preguntarse: ¿cuántos otros casos están a merced de diplomas mal ganados y defensas improvisadas?
Que nadie se enoje!!!!. El objetivo no es burlarse por burlarse. Aquí seguimos, entre risas y asombro, señalando lo que no funciona y riéndonos de lo inevitable. En el Palacio de la Risa, los juicios se vuelven espectáculo, los defensores pueden robarse el show sin querer, y los diplomas se ponen a prueba frente a la realidad.
Y así dejamos esta columnita linda cerrada: con un ojo en el expediente, otro en la pala cargadora y un tercer ojo… en la risa que nos recuerda que la justicia puede tardar, pero el espectáculo… nunca termina.
Hasta la próxima! (si todavía estamos, es decir, si no me arrollan con una pala cargadora o no me pegan un escopetazo como a un pato!!!).
Se trata del “Partido Libertario”, y su jugaba precaria para robarle votos a “La Libertad Avanza” a través de la simulación y la confusión de los votantes. Se hacían llamar “libertarios” pero no tenían nada que ver con La Libertad Avanza, el partido de Milei.
La historia se remonta a tan sólo unos pocos meses, cuando un grupo de desconocidos salidos de alguna galera corta en altura (a medida de frentes de apenas dos dedos de extensión), quisieron boicotear a La Libertad Avanza en Chubut y especialmente a César Treffinger, el representante de LLA en la provincia.
El circo no se montó solamente en papeles escritos, sino en papeles actorales de mala calidad por parte de un puñadito de alardeadores de maceta con fines que nada tenían que ver con los que promocionaban a los gritos. Poco favor le hacían al partido e ideología al que decían pertenecer.
Parte de este circo bizarro estuvo en manos de un conductor radial de baja estirpe de la cordillera chubutense, totalmente desconocido en el resto de la provincia, acostumbrado a generar este tipo de cosas que siempre resultaron en rotundos fracasos. Esta vez, hasta terminó preso con tal de hacerse ver y pretender mostrarse como “más papista que el Papa”, cuando los que lo conocen, saben de sus constantes fracasos y de la caída a pique de su ya pobre imagen y de su precario programa radial que desde hace tiempo ya casi no tiene audiencia. Lo único que resultó verdadero en este rodaje artístico fue el llanto al ver que iba preso de verdad y «se comía» una causa penal.
Este invento de crear una especie de “interna” partidaria, no tuvo ninguna aprobación en los militantes y votantes de LLA, motivo por el cual, el partido trucho autodenominado “Libertario” optó directamente por intentar engañar a los votantes de la manera más burda y anti ética posible: usar el mismo color violeta en la boleta única y ponerse un nombre que confunda a los votantes: “Partido Libertario”. Triste, pero real… jugar con la distracción de la gente, especialmente de los más vulnerables, que podían creer que estaban votando a un partido cuando en realidad votaban a impostores.
Lo más cómico de los resultados es que hasta la izquierda, ese frente que acostumbra a tener el récord de la menor cantidad de votos, le ganó por paliza a los libertarios truchos.
Dividir a los votantes de LLA también beneficiaría a las otras fuerzas contrincantes: al peronismo y al oficialismo provincial.
Pero, como se dice en la jerga popular, “les salió el tiro por la culata”, ya que no sólo hicieron una elección patética en cuanto a los números, sino que quedaron en ridículo para la eternidad, sobre todo, porque los pocos votantes que consiguieron, ni siquiera fueron legítimos, sino que mayormente se trató de personas confundidas que cayeron en la trampa y los votaron creyendo que estaban votando a La Libertad Avanza.
No menor es la cuestión económica, ya que, crear un partido con esos fines conlleva tiempo y dinero, los cuales fueron a parar directo a un tacho de basura, teniendo en cuenta que no sólo no los votó nadie, sino que los pocos votos de distraídos que lograron obtener tampoco sirvieron para evitar la victoria de LLA en la provincia.
Las elecciones del 26 de octubre pasado terminaron siendo una fiesta de la democracia, no sólo porque todos los contrincantes desarrollaron la jornada en paz, sino porque los fraudulentos fracasaron; o mejor dicho, para algún caso en particular, volvieron a fracasar una vez más.
En cuanto al futuro que le depara al charlatán de radio, quizás se le cumpla el sueño de lo que alguna vez gritó a viva voz: iniciarle un juicio laboral al dueño de la radio por trabajar en negro y así quedarse con la ansiada FM. Pero los tiempos cambian, las FM van derecho al colapso en esta era y quizás las nuevas leyes laborales ya no le permitan sacar ese ansiado provecho. Posiblemente su próximo fracaso ya esté escrito.
Un hombre fue condenado en Santa Fe por crear y difundir deepfakes pornográficos de más de 80 mujeres. El caso sienta un precedente legal contra la violencia digital de género.
SAN JERÓNIMO SUD. – En un fallo que marca un hito en la jurisprudencia argentina, un hombre fue condenado por la justicia de Santa Fe por generar y distribuir mediante inteligencia artificial contenido pornográfico falso de más de 80 mujeres de esta localidad. Este caso, el primero de su tipo, sienta un precedente crucial en la lucha contra la violencia digital de género en un país donde los deepfakes pornográficos no están específicamente penados por la ley.
La investigación reveló que el acusado, un vecino de las víctimas, operaba dentro de un grupo privado de Telegram llamado “Chicas de Sanje y la Zona”, espacio exclusivo para hombres donde se solicitaban y compartían estas imágenes falsas. Utilizando herramientas de IA, el hombre creaba contenido sexual explícito suplantando la identidad de mujeres del pueblo, muchas de ellas menores de edad.
De la extensa lista de afectadas, solo 18 se animaron a formalizar la denuncia. Tras un arduo proceso legal de dos años, únicamente seis víctimas persistieron hasta el final, enfrentándose a un sistema legal con enormes vacíos para este tipo de delitos. Gracias a la representación legal del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), se logró una condena mediante un juicio abreviado.
El imputado fue hallado culpable por el delito de injurias, enmarcado en violencia digital. La condena incluye una multa de $20.000 y una reparación económica de $800.000 para las seis querellantes. Durante el allanamiento a su vivienda, se incautaron 48.000 imágenes, que incluían una cantidad masiva de deepfakes de mujeres adultas y adolescentes.
El Impacto en las Víctimas y la Lucha Contra el Vacío Legal
El caso trascendió lo legal para exponer el profundo daño psicológico y social que este tipo de acarrea. Las víctimas relataron haber sufrido depresión, ataques de pánico, conflictos laborales y de pareja a raíz de la difusión no consensuada de estas imágenes falsas.
“Fue un torbellino de emociones. Escuchar el relato de lo ocurrido en la audiencia fue como transitar todo de nuevo”, expresó una de las víctimas, quien destacó que la lucha no fue por una compensación económica, sino por una condena penal que dejara un antecedente. “Que él quede condenado con un antecedente. Nosotras lo hicimos para que ningún hombre haga algo así y le arruine la vida a la gente”.
Este precedente se erige como un faro para futuras causas en un contexto de crecimiento exponencial de esta problemática. Organizaciones como la Ley Olimpia Argentina han contabilizado al menos 30.000 grupos en el país dedicados a propagar material íntimo no consensuado, muchas veces creado con IA.
El reclamo ahora se traslada a los legisladores. Las víctimas y las organizaciones especializadas exigen la urgente sanción de leyes que tipifiquen específicamente la creación y distribución de deepfakes pornográficos, un delito que, hasta hoy, opera en las grietas del Código Penal.
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, denunció una campaña de desinformación con noticias falsas sobre la reforma laboral. Acusó a medios de petardear el proyecto con mentiras.
En un contundente mensaje, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de lo que definió como una «campaña» de desinformación orquestada para generar pánico en la sociedad y desacreditar la futura reforma laboral del Gobierno. La polémica estalló tras circular versiones falsas sobre la instauración de jornadas laborales de 12 o 13 horas, un punto que el propio Francos calificó de «locura».
Francos fue enfático al señalar que el proyecto, que aún se está ultimando y que se ingresará al Congreso después del 10 de diciembre, no contiene nada que se parezca a esas exageraciones. «Eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso», declaró el funcionario en sus contactos con la prensa.
Medios de Comunicación en la Mira: ¿Desestabilización o Profesionalismo?
Este episodio pone una vez más bajo los reflectores la grave crisis de credibilidad que atraviesan muchos medios de comunicación tanto a nivel nacional como local. La difusión de un supuesto proyecto de ley falso revela dos patas igualmente preocupantes: por un lado, la de aquellos sectores mediáticos que, con fines políticos claros, buscan desestabilizar al gobierno a través de la mentira y un periodismo que, por falta de rigor profesional, no verifica la información y se convierte en altavoz de fake news, alarmando innecesariamente a la población.
La estrategia de viralizar un texto falso de un proyecto que ni siquiera ha sido finalizado evidencia una operación de intoxicación informativa que atenta contra el debate serio y perjudica a los trabajadores.
Los Objetivos Reales de la Reforma Laboral
Lejos de los mitos difundidos, Francos explicó que el espíritu de la reforma es ordenar las relaciones laborales y ofrecer un marco más claro para que los empresarios inviertan y generen nuevos puestos de trabajo. Uno de los ejes centrales será la revisión de la «ultraactividad» de los convenios colectivos.
«Existen convenios que llevan más de 50 años vigentes», señaló el ministro, destacando la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual. La reforma buscaría permitir acuerdos más flexibles y adaptados a las necesidades de cada tipo de empresa, desde grandes industrias hasta pequeños talleres.
«El objetivo es generar más competitividad en el sector empresario sin quitar derechos y facilitar la relación laboral», afirmó Francos, cerrando la puerta a cualquier interpretación que haga pensar en una pérdida de derechos para los trabajadores.
Mientras el gobierno afina los últimos detalles de una propuesta que promete un acalorado debate parlamentario, la batalla contra la desinformación y el amarillismo de ciertos medios parece haberse convertido en el primer y más importante frente.
