Los pagos millonarios de sobornos bajo su mando y la impunidad de los poderosos quedan al descubierto. Este es el arranque del juicio contra Cristina Kirchner.
El proceso que hoy enfrenta la expresidenta es mucho más que una formalidad judicial: es un escudo debilitándose ante la sociedad, aunque el engranaje de la justicia avance a paso de tortuga.
Ya en el primer día de la audiencia del caso conocido como los “cuadernos de las coimas”, la acusación acusó a Cristina Kirchner de haber sido la beneficiaria final de al menos 38 pagos ilegales que suman unos 17 millones de dólares. Se la señala como jefa de una red de corrupción que se extendió por más de una década, involucrando funcionarios públicos y grandes contratistas de obra pública.
A pesar de su evidente exposición, la expresidenta optó por permanecer recluida en su domicilio, apareciendo apenas como una silueta borrosa en la cámara de Zoom, recreando una actitud de soberbia y desafío hacia la justicia, que sabe que la mira.
El tribunal que lleva adelante el juicio no es un nuevo organismo: es el viejo engranaje que tantas veces retrasó causas, postergó pruebas, evitó responsabilidades. Esta vez, sin embargo, se sentó -aunque tarde- la primera ficha en el tablero. Y pese a la lentitud estructural, ese hecho merece una celebración: que la causa haya llegado al debate oral es una señal de que el sistema aún puede actuar ante la corrupción enquistada.
Sin embargo, la crítica es inevitable: ¿cómo explicar que mientras la maquinaria del Estado recauda fondos, adjudica contratos, comercia con privilegios públicos para beneficio de unos pocos, la justicia reaccione con desidia? ¿Por qué tantos pagos millonarios, tantos bolsos cruzando fronteras morales, tantos funcionarios convertidos en recaudadores? La causa da escalofríos: uno de los empresarios mencionados, Claudio Glazman, aparece con al menos 13 pagos, entre 200 000 y 2,5 millones de dólares, entregados a intermediarios que llevaban la plata hasta los domicilios del matrimonio Kirchner. La aristocracia de la corrupción operaba con impunidad casi clínica.
Y en ese escenario, Cristina Kirchner ralentizó su propia aparición en cámara, pretendiendo mantenerse invisible ante la opinión pública, mientras todos los demás acusados eran obligados a mostrarse. Su rehusar la presencia plena ante la justicia no es un acto menor: representa un gesto deliberado de desdén, un “yo estoy por encima del proceso” que ofende a la ciudadanía. Es un desafío directo al imperio del derecho.
No obstante, aunque parezca contradictorio, hay que reconocer este inicio como un proceso histórico. Que el mayor juicio por corrupción de la historia argentina —según los expertos— haya arrancado con 87 imputados, entre ellos 20 exaltos cargos kirchneristas y decenas de empresarios, es un paso en la dirección correcta. Aunque lento, aunque lleno de trampas procesales, aunque plagado de posposiciones, lo importante es que el sistema comenzó a funcionar.
Pero la celebración debe ser medida. Porque si la justicia vuelve a postergar, si los plazos se dilatan, si los testigos se esfuman, si los imputados obtienen dilaciones gratuitas, la herida institucional seguirá abierta. Y mientras tanto, la destrucción social causada por la corrupción: obras sobredimensionadas, fondos públicos desviados, educación y salud colapsadas, ciudadanos rehenes de la impunidad, todo eso se encadena con indignante naturalidad.
Este juicio no es únicamente contra una persona. Es un aviso de que la impunidad no puede ser permanente, de que los grandes esquemas de poder pueden ver su sombra judicial alargarse. Pero también es un recordatorio: incluso cuando la justicia actúa, la velocidad es clave. La corrupción se expande velozmente. El castigo no puede esperar años. Los ciudadanos exigen resolución, no dilación.
Porque la sociedad sufrió: cada contrato adjudicado irregularmente significó un monto menos para hospitales, para escuelas, para viviendas dignas. Cada momento de impunidad es un momento en que el Estado abandona a los suyos. Y mientras Cristina Kirchner se mostraba reacia a verse en cámara, los miles de jóvenes, los trabajadores, los olvidados por la obra pública, esperaban una señal de justicia que tardó demasiado.
Que el juicio finalmente haya comenzado es motivo de esperanza. Que la Justicia todavía tenga que alcanzar al poder en su carrera, es motivo de crítica. Mientras tanto, la palabra “espera” no puede ser bandera. La palabra debe ser “cumplimiento”. Justicia, no espectáculo. Actuación, no pasividad. Y sobre todo, responsabilidad: quienes administraron y desfalcaron el Estado deben rendir cuentas.
Deja una respuesta