Habilitan a civiles a comprar fusiles semiautomáticos bajo nuevo control estatal

La reciente resolución oficial autoriza a civiles aptos la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos, siempre que cumplan estrictos requisitos.
El gobierno nacional modificó la normativa y reemplazó la prohibición previa por un régimen controlado para permitir a usuarios registrados y entidades de tiro adquirir armas semiautomáticas de uso civil condicional, con cargadores de quita y pon, calibre mayor al .22 LR, y siempre bajo la órbita del Registro Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de Seguridad Nacional.
El cambio, publicado en el Boletín Oficial, deroga normas anteriores que impedían la adquisición de este tipo de armamento por particulares. En su lugar, se implementa un sistema de permisos que exige identificación del arma (marca, modelo, calibre, número de serie), almacenamiento en un sector de guarda registrado, declaración jurada con documentación probatoria y fotografías, pago de tasas, y acreditación de uso deportivo o didáctico en entidades habilitadas. También se establece que el solicitante no debe tener antecedentes sancionatorios, debe contar con al menos cinco años de tenencia civil de armas y debe aportar cualquier otro elemento que el RENAR considere pertinente.
Al mismo tiempo, la estructura administrativa encargada del control fue reorganizada: la antigua Agencia Nacional de Materiales Controlados recupera el nombre RENAR y centraliza bajo el Ministerio de Seguridad la fiscalización de la ley nacional de armas y explosivos N° 20.429 y normas complementarias. Con ello, se dejan sin efecto regulaciones previas como los decretos 81/02, 54/04, 155/04 y 239/09.
Los defensores del nuevo régimen argumentan que permitirá mejorar la trazabilidad del material, legitimar prácticas deportivas, y concentrar la regulación en un organismo especializado. Por otro lado, los críticos advierten que abrir la tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles —incluso bajo control— plantea riesgos en términos de seguridad pública, proliferación de armas y cargas de supervisión estatal. El debate queda planteado sobre el equilibrio entre libertades individuales, el deporte del tiro y la prevención de hechos violentos con este tipo de armamento.