El gobernador Torres busca reducir impuestos a petroleras para fomentar exportaciones, pero esto amenaza gravemente las finanzas públicas de Chubut y hace la vista gorda sobre los sobreprecios del gas envasado que abusan descaradamente de una gran parte de la población.
Por qué la baja de regalías petroleras de Torres es un peligro para Chubut
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció con entusiasmo una medida que podría terminar perjudicando seriamente a la provincia: la baja de regalías para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Lo hizo en el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Buenos Aires, y pidió además que el Gobierno Nacional elimine parte de las retenciones al petróleo convencional. Según él, esta rebaja impositiva serviría para “exportar más” y así “generar más trabajo”. Pero la cuenta no cierra.
Cuentas raras y números no explicados
El planteo del gobernador parte de una lógica ya conocida: si se baja la carga fiscal a las grandes empresas, estas invertirán más y eso derramará beneficios para todos. Sin embargo, en este caso, lo que está en juego es nada menos que un tercio de los ingresos provinciales. ¿Cómo piensa compensar semejante pérdida fiscal? Torres no lo explica. Para que el recorte no impacte negativamente en las arcas públicas, las exportaciones deberían aumentar a un ritmo tan acelerado como improbable. De lo contrario, la provincia se enfrentará a un severo ajuste o a un endeudamiento aún mayor.
La estafa del gas envasado y el silencio oficial
Pero hay algo más preocupante en esta decisión política: el doble discurso. Torres se muestra generoso con las petroleras, justo con el mismo sector que abusa de miles de chubutenses con precios impagables de gas envasado. En vastas zonas de la provincia, las familias no tienen acceso a redes de gas natural y deben recurrir a tubos de 45kg para poder calefaccionarse y cocinar. Se trata de un insumo básico, vital, en una provincia con crudos inviernos y donde la producción de gas es abundante. Aun así, el precio del gas envasado se ha disparado a niveles inalcanzables para buena parte de la población. Frente a esta injusticia, Torres guarda un silencio estruendoso.
El gobernador propone premiar con menos impuestos a empresas que ni siquiera garantizan un precio justo para un recurso esencial. No menciona controles, ni subsidios focalizados, ni políticas para defender al consumidor. Sólo habla de “hacer patria” con los grandes empresarios, como si estos fueran los únicos capaces de sacar adelante al país. El resto, los ciudadanos de a pie que pagan fortunas por un tubo de gas, parece no estar en su ecuación.
Torres habla de “terminar con las falsas dicotomías”, pero en la práctica cae en una de las más peligrosas: crecimiento de algunas empresas a costa de necesidades básicas de la población y de recursos que pertenecen al estado. No se puede construir una provincia más justa y desarrollada debilitando sus ingresos fiscales ni ignorando las necesidades más urgentes de su gente.
Es legítimo discutir el modelo de desarrollo y la estructura impositiva. Lo que no se puede hacer es hipotecar el futuro de Chubut a cambio de una promesa de exportaciones que, por ahora, es pura especulación. Mucho menos, favorecer al mismo sector que lucra con una necesidad esencial sin ofrecer ninguna contrapartida. Gobernar es, ante todo, tomar decisiones que beneficien a los habitantes. Y en esta, Torres se equivoca de lleno.
Hoy les acercamos una nueva entrega de “El Palacio de La Risa”, para disfrute de muchos y para vergüenza institucional.
En esta edición, Juan Bautista Alberdinangus nos cuenta sobre “El Telo” de El Emperador, un capítulo más en el currículum del dictador que quedará escrito en los “anales” de la Justicia.
Cuando la realidad supera a la ficción, lo mejor es buscarle una forma cómica de transmitirla. Así de triste es la realidad del Poder Judicial en Chubut, donde se puede encontrar de todo, menos justicia.
EL TELO DEL EMPERADOR
La puntita nada más…
Hola a todos!!!!! Volvimos recargados!!!! Es cierto, les prometí que iba a tratar otros temas, pero en verdad nos han apabullado de información referida a El Emperador y la misma es tan jugosa que se nos hace agua la boca. Por eso, decidí armar una nueva y bonita columna dedicada a este grato personaje, que, dicho sea de paso, nos está permitiendo sobrevivir en estas épocas de crisis.
Además, recordemos siempre que estamos en El Palacio de la Risa, por lo cual el engaño no tiene que tomarse como algo anormal, sino más bien como una rutina y parte del juego. Así que, bienvenidos nuevamente!!!!!!
Nuuuuuuuu!!!!!
Y hablando de hacerse agua la boca, parece que en ese cierto infinito impreciso de poder en el que vive y con el que se maneja, Su Majestad tendría una manía que, cuando me la hicieron saber, quedé realmente estupefacto: sin ningún remordimiento y sin considerar la solemnidad del castillo, su morbo consistiría en llevar a jóvenes (y no tan jóvenes) a su dependencia oficial para mantener sexo con ellos en medio de los expedientes de los crédulos inocentes que esperan justicia.
Sí. Como lo lee. Así de simple y así de llano. Es que parece que a El Emperador le gusta la adrenalina pura. ¿Está mal? ¡De ninguna manera!!!!! – diría un amigo mío al que le gustan las experiencias estrambóticas. “¿Qué puede tener de malo ‘Sex and the City’”?
El sexo en El Palacio
Pero no, no es “Sex And The City”, la célebre serie norteamericana que contaba las desventuras amorosas de un grupo de amigas. Se trataría de “Sex in Tribunales”. Si, según fuertes trascendidos y datos que nos han aportado (y hemos corroborado), lo que le apasionaría a El Emperador sería que le practiquen sexo oral en el baño de su oficina. Varios novios, amantes o trabajadores sexuales (o como quiera Ud. llamarlos) habrían pasado por ahí.
Y dentro de toda una maraña de nombres de guerra que nos hicieron llegar, nos apareció uno que nos llamó la atención: un tal “Alex” (así se lo conocería en el ambiente), un profesional y funcionario público que ahora estaría vinculado a un organismo importante, y al cual habría ingresado por gestiones de El Emperador en un acto de suma traición a alguien a quien Su Majestad le jura y perjura siempre que es su amigo y con quien habría hecho varios arreglos en una alta casa de estudios (algún día nos referiremos a esto también).
Dicen las malas lenguas que este Alex sería su preferido, porque según El Emperador, sería quien haría los mejores enjuagues bucales… Y no creo que sea un invento, al menos no un invento de nuestra parte, pues surge de los relatos reales de protagonistas directos que entrevistamos.
Tuvimos que ingerir cajas enteras de ansiolíticos para guardarnos más información obtenida. El diablo nos pincha con su tridente, pero somos gente de palabra y juramos no hacerla pública hasta no tener su confirmación, como corresponde a un medio de comunicación como éste, nuevo pero honrado; aunque estemos entre la biblia y el calefón, con la justicia herida por su propio sable sin remaches.
Y hablando de sexo…
Esta bella y amorosa historia tampoco termina aquí. Porque según nos han informado, El Emperador -en su interés de saciar sus bajos instintos y demostrar su poder absoluto- también contrataría trabajadores sexuales o seduciría muchachos a través de una página web (Man Hand o algo así) o de una app llamada Grindr (o algo así), y luego de prometerles “el oro y el moro” (sobre todo entrar a Tribunales) y de ganar su confianza, les pediría favores sexuales y hasta los obligaría a realizar actos en contra de su voluntad.
Su perfil habría sido o sería una linda foto (aunque oscura) bien alejada en una playa con un nombre falso, cosa de que si se la quisiera ampliar no pudiese observarse bien la cara, más allá de ver a una persona “bien quemadita”.
Hay un dato curioso. Por lo general, estas relaciones siempre terminarían igual. O bien porque El Emperador se habría olvidado de pagarles tales favores a los participantes (haciéndose el loco o directamente amenazándolos), o bien porque los habría querido esclavizar, como lo haría en muchas oportunidades con muchas otras personas en muchas otras circunstancias de su vida (en sentido figurado, claro está). No sé por qué se me vino a la cabeza la imagen de una pobre señora hace años, personal subalterno de El Emperador en el palacio, a quien le hacía limpiar su casa particular a cambio de promesas de trabajo para su hijo, que jamás habría cumplido…
Menos mal que no hacen rinoscopias en El Palacio!!!!!
Ahhhhh…. Y me olvidaba… para que la fiesta sea absoluta, parece que El Emperador se daría un ayudín, y no sólo con una pastillita de color azul, sino con algo más fuerte y pegador. Se comenta, inclusive, que una vez uno de los invitados, cuando previo al acto sexual lo vio flaco pero panzón, lleno de pelos y algo sucio, le habría dicho sin titubear: “Así como te echás polvito en la nariz, echate también en las patas, mi rey”. Como se ve, completito el tipo.
Siga, siga!!!!
El sexo tiene muchos beneficios para la salud: ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial y elimina el estrés. ¿Qué tiene de malo, entonces, denominar “El Telo” al Palacio de la Risa, si allá por los años 90 bautizaron “El Aguantadero” al Congreso de la Nación?. El humor debe tomarse como asimilación de lo inusual.
Es cierto. Además, hay que recordar que en el palacio están los mayores y más fervientes cultores del “siga, siga” que inmortalizó el ex árbitro de fútbol Lamolina, que dejan que se quiebren las reglas de juego con tal que el juego fluya y los elegidos (muy pocos), en lugar de ser ejemplos para la sociedad, puedan seguir haciendo lo que quieran.
Nada, entonces, resulta ridículo o contradictorio.
Eso sí, debo efectuar –para terminar- una reflexión que muchos seguramente compartirán: ¿Por qué no se pone directamente en la entrada de El Palacio de la Risa un cartel de “Telo” o “Albergue Transitorio” en vez de aparecer el rótulo de “Juzgados” o “Tribunales”? ¿No sería ello más sincero?.
Después de todo, desde que cerró el bar de Dulio, en la aldea hace falta cubrir cierta demanda del mercado…
Además así, al menos, no habría mayores sorpresas, todo seguiría funcionando igual, y les ahorraríamos muchísimas explicaciones a nuestros hijos y a los que día a día ingresan allí en procura de seriedad y de una justicia inexistente.
Hasta la próxima (si todavía estamos)!!!!.-
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Un guardaparques presentó un proyecto para habilitar cotos de caza en -inicialmente- 50.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, patrimonio de la humanidad, camuflando a un negociado, con ser un asunto de cuidado de la fauna autóctona. El proyecto presenta serias incongruencias y peligros inminentes para la vida humana y la fauna autóctona. Por si fuera poco, las 50.000 hectáreas mencionadas serían ampliadas, ya que sería la superficie inicial del proyecto. Te contamos en forma exclusiva los aspectos de este proyecto nefasto disfrazado de control de reproducción de especies exóticas. Chubut.org te cuenta lo que nadie te dice.
El contexto
La intendencia del Parque Nacional Los Alerces no deja de asombrar por el paupérrimo manejo del área protegida, la cual, no sólo no cuida, sino que la somete a los más escandalosos descuidos y peligros. Poner “cara de boludo” pareciera ser el deporte favorito de sus autoridades.
En total silencio -hasta hoy- y a escondidas de la opinión pública, se presentó en marzo de este año un proyecto para instalar cotos de caza dentro del PNLA. Agentes que se desempeñan en el entorno con verdadera vocación, no salen del asombro por semejante bestialidad que se pretende realizar, atentando contra toda lógica y seguridad del lugar, los pobladores y los visitantes.
El presunto autor
El proyecto lleva la firma del guardaparques Javier A. Montbrun, aunque quizás haya otros intereses escondidos de personas que no figuran en el proyecto y que se verían beneficiadas con el otorgamiento de licencias para cazar dentro del patrimonio de la Humanidad.
El proyecto simula basarse en la necesidad de reducción de fauna exótica como los ciervos colorados, jabalíes y vacas silvestres. Para ello, hace una larga -pero vaga- fundamentación llena de palabras vacías e incongruencias. Entre líneas, se lee perfectamente la intencionalidad de avanzar sobre áreas de uso turístico, la restricción de circulación de turistas y pobladores en sectores actualmente abiertos al público, la intromisión en tierras de antiguos pobladores, la posibilidad de invitados (clientes) a los cotos de caza y una gran cantidad de barbaridades que pasaremos a describir. También se menciona la implementación de cartelería para los turistas alertándoles de los peligros para sus vidas en algunas zonas.
El área afectada.
Las 50.000 hectáreas afectadas, con posibilidad a ampliarse, se distribuyen en las márgenes este de los principales espejos de agua, es decir, por ejemplo, en toda la zona dedicada al turismo, donde hay alojamientos, campings, lugares de visita habituales del turismo durante todo el año. Afecta las zonas de los pobladores que viven allí todo el año; literalmente sin importarle los derechos de propiedad de los pobladores o el riesgo para la vida que ello significa. Se adjunta imagen, en donde la zona roja sería la delimitada para la caza.
La zonificación no será fija y los horarios pueden variar continuamente, para lo cual se le impone a la intendencia que se avise a los turistas, prestadores y pobladores de los días y horarios de caza… es decir, ahora el turismo y los pobladores van a tener que depender de los días y horarios que al intendente se le ocurra, para cuidarse de las balas perdidas y limitar las actividades de sus rutinas. La caza estaría permitida durante todo el año…
Obscenidad argumentativa
Montbrun pretende justificar la caza bajo el estúpido argumento de reducir la población de ciervos colorados, jabalíes y vacas silvestres. Sin embargo, la reducción de la población de esa área del parque nacional ni siquiera afecta a la reproducción de esas especies, especialmente el jabalí, que se encuentra disperso por la totalidad del PNLA. Es evidente que lo que se busca es armar un coto de caza con exclusividad, con la hazaña de estar haciéndolo dentro de un parque nacional, cuestión que excita a cierto público perverso que pagaría fortunas a “los titulares” de los permisos, a los cuales se explicita que pueden acompañar en toda su osadía. El proyecto tampoco se preocupa por tantas otras especies invasoras como el visón, o la liebre, casualmente, animales que no les interesa a los cazadores elitistas.
Asimismo, el estruendo de los disparos en las zonas rurales se escuchan a varios kilómetros de distancia, afectando y espantando a toda la fauna que imbécilmente se menciona querer proteger.
Potencial peligro para la vida humana
Si bien, vagamente el proyecto menciona áreas a determinar para habilitar los cotos de caza, queda todo librado al intendente de turno y los negocios espurios que éste pueda hacer a discreción, a favor de los cazadores adinerados. No nos olvidemos de recientes antecedentes alarmantes con acciones por fuera de la ley de la actual administración del PNLA.
El proyecto contempla la posibilidad de avanzar en áreas visitadas por los turistas y campos de los antiguos pobladores que residen en el lugar, y en ningún caso se mencionan acciones tendientes a evitar sonidos de los disparos o las balas perdidas, que pueden viajar varios kilómetros a la deriva. Todo queda a la buena responsabilidad de cada cazador…
Imposibilidad de controles.
El estado paupérrimo en el que se encuentra el PNLA por la pésima administración del intendente y su equipo, llevó incluso a que se elimine la presencia de guardaparques en la zona de Puerto Chucao, que es una de las áreas más sensibles del PNLA con una amplisima concurrencia de turistas año tras año. La lógica indica que, si los sectores más necesitados están sin controles por falta de personal, es estúpido pensar que los cazadores sueltos por las montañas tengan algún tipo de control.
Traslado de los animales muertos
Nada menciona este proyecto inaudito sobre los traslados de animales muertos. ¿Pensarán introducir vehículos abriendo sendas en donde no las hay, pisando lo que queda del bosque y sus recientes renovales que crecen luego de los últimos incendios? ¿O dejarán los restos tirados en las montañas facilitando la reproducción de roedores y carroñeros, todo por el simple hecho de divertirse matando animales en un parque nacional?
Venta de carne
Si bien la venta al público de este tipo de carne está muy reglamentada en todo el país, este proyecto nefasto se aventura a pretender abrir la puerta poder comercializar la carne, es decir, generarle lucro al poseedor de la licencia otorgada a discreción por la intendencia. En la práctica será imposible implementarlo, pero muestra el nivel precario con el que se armó el proyecto, amén del absoluto desconocimiento del marco jurídico vigente, que se evidencia, además en varios otros aspectos del proyecto.
El curro de los cotos
Si bien no se la explicita como una finalidad lucrativa y se la disfraza de actividad bajo una presunta necesidad ecológica, es un aspecto oculto que el proyecto habilita. El proyecto permite a cualquier foráneo desconocedor del lugar a adquirir licencias de caza dentro del PNLA. Éste, a su vez, puede llevar a un “acompañante” para disparar libremente, es decir, es la forma de ocultar la figura del cliente al cual el titular le venderá la excursión de caza.
Duración del proyecto
El proyecto señala que la caza debe estar habilitada por lo menos por tres años para poderse analizar los resultados… Lo que en realidad se está diciendo es que se quiere garantizar que mínimamente el negocio dure tres años, pero dicho de una manera más elegante.
Refugios no, Apostaderos, sí.
Las imbecilidades e incongruencias que suceden dentro del PNLA no tienen límite. Mientras la intendencia prohíbe la construcción de refugios de montaña, que atraerían a potenciales turistas internacionales, el proyecto pretende habilitar apostaderos por doquier para los cazadores.
Jugando a Rambo en el Patrimonio de la Humanidad.
Para no ser menos, la actividad para perversos elitistas pretende habilitar el uso de todo tipo de artefactos prohibidos para tales fines. Si bien el proyecto está claramente redactado para habilitar una caza deportiva extrema, incongruentemente, el mismo proyecto dice que no se trata de caza deportiva. Para ello habilita el uso de tecnologías infrarrojas de visión nocturna, detectores térmicos, miras especiales, atractores hormonales, aditivos alimentarios, perros rastreadores, drones, y todos los juguetes con los que sueñan los rambos de maceta que creen tener más testosterona que el resto de los humanos por portar sus disfraces de cazadores tácticos.
En contra de los avances científicos
Tanto la administración de parques nacionales, como diferentes entidades relativas a las ciencias biológicas, han contratado y pagado salarios por décadas a diferentes científicos para monitorear el estado de la flora y fauna del PNLA. Como resultado, se han logrado activar mecanismos de cuidados muy efectivos en el PNLA, como por ejemplo, el estudio del microorganismo que causa “el mal del ciprés”, protegiendo a los bosques de la proliferación en áreas como el alerzal, con estructuras que evitan la transmisión, y áreas de desinfección del calzado, entre otros. Contrariamente a esos avances, este proyecto nefasto y totalmente ignorante, literalmente tira por la borda toda acción proteccionista, permitiendo el ingreso de animales foráneos en zonas delicadas, ruidos, residuos de las detonaciones, destrucción de especies de la flora, ahuyentamiento de especies animales, y dejando a la buena de Dios que los cazadores no originen incendios, ya sea por leña encendida, o por el mismo fuego o chispas residuales generadas eventualmente en los disparos de armas de fuego, en épocas de sequía.
Simulación de seriedad
El proyecto redunda también, en supuestos cuidados y cuestiones que ya están legisladas, pretendiendo dar una imagen de que se pretende cuidar el ambiente. Es claramente un relleno para camuflar la finalidad que se vislumbra entre líneas. Un ejemplo de ello es la pretensión de imposición de ciertas obligaciones que ya están estipuladas en normativas externas, o por el contrario, pretende modificar responsabilidades establecidas tanto en el código civil y comercial, como en el código penal y en el derecho administrativo. Ello deja a las claras la precariedad del proyecto, y el desconocimiento del autor sobre el tema.
El proyecto aún está en revisión, pero dados los claros antecedentes de negligencia y total abandono de la intendencia del PNLA, no sería extraño que lo aprueben. Es un proyecto que ni siquiera debiera estar en discusión y tendría que haber sido rechazado in limine.
El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, vacío de anuncios alentadores, tergiversa los resultados de las pruebas Aprender 2024 para intentar mostrar un logro que no tuvo.
Se trata de pruebas de calidad educativa llevadas a cabo durante 2024, es decir, a mucho menos de un año de haber asumido su mandato como gobernador. Los resultados fueron calamitosos en todo el país: menos del 50% de los alumnos pueden comprender textos. Sin embargo, en ese panorama de la más profunda decadencia, Torres decidió festejar que Chubut se encuentra en el cuarto lugar de los peldaños hacia el podio de los mejores resultados. En otras palabras, festeja por la lucha de ver quién es una milésima menos decadente que otros, en una comparación con otras provincias.
La complejidad de la educación
Es muy torpe creer o intentar hacer creer a la gente que la educación puede mejorar en sólo unos pocos meses de gestión, y peor aún, cuando no se han visto políticas tendientes a mejora alguna, más que escuelas cerradas por serias deficiencias en su infraestructura, paros docentes, salarios muy pobres, etc.
En ese sentido, Torres manifestó: «…logramos recuperar la calidad educativa que años de desidia y corrupción le habían arrebatado a los más chicos«…
Pero, ¿a qué logros se refiere? A ninguno. Es algo así como quien tiene amigos invisibles y los menciona constantemente. En Chubut no existió ningún logro; es una total falacia.
Los resultados de las políticas educativas acertadas –si las hubiese– pueden llevar muchos años en apreciarse, ya que no se sale de la ignorancia en unos pocos meses, sino luego de años de trabajo y esfuerzo eficiente en materia educativa; esfuerzo y eficiencia que no se perciben en absoluto.
Un discurso vacío
Los discursos políticos tienen la calidad del público al que los dirigen. Un discurso vacío está dirigido a un público no pensante, que no analiza los datos ni la información. Para conocer la calidad de los políticos basta con analizar sus discursos, a dónde apuntan, y si tiene coherencia el contenido.
Vivimos en un país de raigambre populista y los discursos políticos están acostumbrados a ello: mentir, mentir y mentir para hacerle creer a los votantes que algo marcha muy bien, aún cuando ni siquiera marcha. Pero la población ya se hartó de las mentiras y los camuflajes.
Si los resultados de las pruebas Aprender 2024 hubiesen sido buenos, entonces los laureles le corresponderían a gobiernos anteriores. Pero los gobiernos anteriores también fueron paupérrimos en políticas educativas… por ello los resultados tan decadentes que arrojaron las pruebas… y que Torres festeja, si tener nada que festejar.
Un llamado al sinceramiento
El gobernador Torres fue electo por los deseos de la población de establecer cambios positivos y productivos. Pero el gobierno de Torres se encuentra en un estancamiento del cual cuesta mucho salir. La ventaja con la que corre, en comparación a sus predecesores, es que al menos Torres no intenta hundir a la provincia; hechos que sí ocurrieron durante los gobiernos de Arcioni y Buzzi, los cuales se encaminaron a la destrucción de la provincia en todos sus aspectos.
Pero el gran error de Torres es no asumir la realidad y pretender venderle a la población logros inexistentes para tratar de tapar el estancamiento político, social y económico en el que se está inmerso en la provincia. Torres se empezó a dar cuenta de que conducir una provincia no es tan fácil como creía, y mucho menos lo es tratar de sacarla de una crisis.
La población está harta de discursos vacíos y establecer este tipo de discursos no hace más que seguir deteriorando su imagen. Sincerarse le haría un gran favor a su propia imagen y a la población en general.
Casi todas las áreas de su gobierno están siendo muy cuestionadas por la población. Quizás, su círculo íntimo le pinte otra realidad, pero lo cierto es que se aproximan las elecciones legislativas y, si la gente no ve síntomas de sinceramiento, muy probablemente empiece a reflejarlo en los votos.
El Senado rechazó por un voto la ley de «ficha limpia», que impedía ser candidatos a personas con condenas por corrupción confirmadas por un tribunal de segunda instancia. Esta decisión favorece directamente a la expresidente Cristina Kirchner, condenada por hechos de corrupción brutal, evidenciados en la causa Vialidad que fue ratificada por la Cámara de Casación en 2023.
¡Que viva la corrupción!
El reciente rechazo en el Senado argentino del proyecto de ley de «ficha limpia» —que buscaba impedir que personas con condenas penales firmes por corrupción accedan a cargos públicos— representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad política. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue desestimada por apenas un voto, con 36 votos a favor y 35 en contra, cuando se requerían 37 afirmativos para su aprobación.
Una decisión que favorece a los corruptos y nos muestra como un país éticamente pobre
La ley de «ficha limpia» tenía como objetivo garantizar que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan postularse a cargos electivos ni ocupar funciones en la administración pública. Su rechazo beneficia directamente a figuras como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También beneficia a varios otros corruptos que están por tener una segunda condena en contra.
El giro traidor de senadores aliados
La votación estuvo marcada por el sorpresivo cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes inicialmente habían expresado su apoyo al proyecto pero finalmente votaron en contra. Este giro alimentó sospechas sobre posibles presiones políticas y acuerdos detrás de escena, especialmente considerando la cercanía de estos legisladores con el oficialismo. Se sospecha de coimas enormes a cambio del voto negativo.
La ética política en juego
Es alarmante que en un país con antecedentes de corrupción en las más altas esferas del poder, se rechace una medida que busca elevar los estándares éticos de la política. La negativa a aprobar la ley de «ficha limpia» no solo perpetúa la posibilidad de que individuos con antecedentes penales accedan a cargos públicos, sino que también envía un mensaje desalentador a la ciudadanía sobre el compromiso de sus representantes con la transparencia y la integridad.
La necesidad de una reforma profunda
La lucha contra la corrupción requiere de acciones concretas y decididas. Implementar mecanismos que impidan la participación política de personas condenadas por delitos contra la administración pública es un paso fundamental para reconstruir la confianza en las instituciones y fortalecer la democracia. Es imperativo que la sociedad exija a sus representantes un compromiso real con la ética y la transparencia, y que se retome el debate sobre la ley de «ficha limpia» en el próximo período legislativo. Solo así se podrá avanzar hacia una política más honesta y al servicio del bien común.
Un empresario mendocino demanda al Estado y a AstraZeneca por una trombosis grave tras vacunarse contra el Covid-19, exigiendo $152 millones. El periodismo fue cómplice y no se quiere hacer cargo.
Un reclamo judicial que abre un debate post-pandemia
El caso del empresario mendocino que reclama más de 150 millones de pesos por los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca pone sobre la mesa una discusión que incomoda: ¿quién responde cuando la salud pública daña a un individuo?
La pandemia de Covid-19 obligó a los Estados a tomar decisiones urgentes y extraordinarias. Entre ellas, la adquisición de vacunas bajo regímenes «legales» (resaltamos las comillas) excepcionales, como la Ley 27.573, que otorgó inmunidad jurídica a los laboratorios fabricantes. Esa cláusula, justificada en su momento por la necesidad de agilizar la compra de vacunas, hoy se revela como una barrera para aquellos ciudadanos que sufrieron consecuencias graves por cumplir con el mandato sanitario.
El demandante
El empresario vitivinícola de 74 años, domiciliado en Vistalba (Luján de Cuyo, Mendoza), asegura haber sido víctima de una trombosis venosa profunda (TVP) tras recibir las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca en 2021. Esta afección, reconocida por las autoridades sanitarias como un efecto adverso poco frecuente de la vacuna, lo dejó con una incapacidad parcial y permanente del 42%. Su demanda, presentada en el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, es la primera de su tipo en la provincia y podría sentar un precedente legal importante.
El reclamo no se limita a lo sanitario. Alega también el daño económico, social y moral que sufrió: la imposibilidad de continuar con su actividad vitivinícola, la pérdida de calidad de vida y la distancia forzosa de su familia en Italia por no poder realizar viajes largos. La indemnización exigida incluye más de $130 millones por incapacidad, $10 millones por daño punitivo a AstraZeneca, y otros conceptos menores, sumando un total superior a los $152 millones.
Ocultamiento de información sobre efectos nocivos
Pero lo más relevante del caso es el argumento jurídico: el empresario y su abogado sostienen que hubo una violación al derecho al consentimiento informado. Denuncian que la presión social, el uso del pasaporte sanitario y la falta de información adecuada constituyeron una forma de coerción estatal. Además, impugnan la constitucionalidad de la ley que protege a los laboratorios, lo cual podría abrir un debate legislativo de fondo.
No se trata de negacionismo ni de teorías conspirativas. Es la legítima pregunta de un ciudadano: si el Estado me exigió algo en nombre del bien común, ¿no debería responder cuando ese acto me perjudica? La respuesta no es simple, pero sí urgente. La salud pública no puede funcionar al margen del Estado de derecho. Las campañas masivas de vacunación fueron alarmantes, y hubo costos individuales que no pueden ser ignorados.
En un país con una larga historia de impunidad, la demanda del empresario mendocino representa algo más que una cifra millonaria. Es un llamado a revisar los límites entre el interés colectivo y los derechos individuales. Porque cuando el daño es real, la justicia no debería ser excepcional, sino parte del mismo contrato social que justificó la vacunación obligatoria.
Los medios de comunicación que atentaron contra la vida
Un capítulo aparte merecen los medios de comunicación que en total irresponsabilidad miraban para otro lado sobre la evidente falta de desarrollo de pruebas que garanticen un beneficio para la salud y que las vacunas sean realmente efectivas para combatir al virus. Los medios de comunicación son responsables de su desinformación, falta de investigación y amedrentamiento a la población para forzarla a vacunarse, e incluso a mezclar diferentes vacunas sin ningún estudio que avale las barbaridades que se han cometido.
Medios nacionales y medios locales supieron mostrar su más clara decadencia, inmoralidad y falta absoluta de compromiso social, no sólo alentando a la vacunación masiva con experimentos, sino que además difundieron agravios contra la población que, con un prudente razonamiento, pedía explicaciones sobre los componentes de las vacunas y sus efectos secundarios.
Tildaron de «antivacunas» de manera despectiva a todo aquel que pidiera información sobre los componentes y sobre los efectos de esos experimentos mal llamados «vacunas».
Vimos a muchos «periodistas» que se jactan de su profesionalismo, atentar contra la salud pública y a ellos la sociedad también debe demandarlos por las graves consecuencias que se evidencian día a día. Sería bueno que la ciudadanía empiece a hacer memoria de los irresponsables que desinformaron a la población bajo el disfraz del «profesionalismo».
Resulta alarmante la cantidad de muertes repentinas de personas jóvenes que surgieron en la postvacunación con estos experimentos. Nadie se atreve a poner la firma en las estadísticas. Los juicios no sólo surgen en Argentina, sino también alrededor del mundo, en donde, ante algunos tribunales, los laboratorios tuvieron que aceptar la realidad de las consecuencias de sus nefastas vacunas.
El Palacio De La Risa es el espacio en el que Juan Bautista Alberdinangus, un apasionado del Derecho pone toda la carne al asador. Esta tercera entrega nos invita a reflexionar sobre El Palacio de La Risa, un lugar que parece correcto y normal, pero que no tiene nada de eso!
Heme aquí, en esta pequeña aldea patagónica, en la cual, si bien hay emperadores, su palacio no tiene ninguna grandeza y muchos de aquéllos sólo pueden ser comparables con los de la antigua Roma por su nivel de psicopatía ó corrupción.
No. Rebobinemos. Hoy voy a ser más cauto y tranquilo, porque estos últimos días he estado demasiado asombrado y preocupado.
Asombrado, porque la cantidad de visitas a “El Palacio de la Risa” ha sido incesante e increíble, superando inclusive –y por mucho– a los diarios digitales regionales.
Y preocupado, porque me contaron que El Emperador (con mayúsculas) habría sufrido un desmayo y tuvieron que aplicarle una sublingual para volverlo a la vida. Pensé que ello se había debido a nuestra nota anterior. Pero no. Gracias a Dios no. Se debió pura y exclusivamente a que en una cena institucional le habrían dicho que debía pagar la parte proporcional de la comida, cuando él pensaba que era gratarola. Quedó entonces comprobado: el 29% de rata que se encontraría en su ADN lo sería por lo miserable.
Ahhhhh…. Y me olvidaba. También se me criticó la pequeña torta con la que vestí la imagen que sirvió de presentación de aquella columna, que simbolizaba la que su subordinado se negó a llevarle en el aniversario de su cumpleaños. Se me dijo, sobre ello, que la torta era mucho más chica, casi imperceptible, porque el secretario, ahora devenido en abogado con trajes cortados a medida, una máquina de facturar como pocos y capitalista acérrimo, siempre fue bastante ahorrativo (por no decir pijotero) y en aquellas épocas lo era más que nunca, cuidando su dinero como el agua en el desierto.
En fin, parece que eso es algo muy común en el palacio, donde se derrochan los fondos del estado (como se dice ahora, “la nuestra”) pero en la vida privada sus protagonistas miran el precio de los fideos en las góndolas de los mercados chinos.
El tu-tu del emperador.
La bonita columna anterior tuvo mucha repercusión, a tal punto que nos han brindado información de todo tipo que nos permite seguir subsistiendo. Parece que en su camino hacia el trono y en su complicado reinado El Emperador habría dejado muchos heridos y el actuar que le atribuirían sería en realidad recurrente en todas las falsas relaciones que mantiene. Y lo estarían esperando, porque en esta vida no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.
Así, pudimos finalmente dar con una info que teníamos colgada referida a un auto de alta gama que habría comprado (¿comprado?) en el año 2017 o antes. Una nave de tamaño compacto, de motores de alta respuesta y con niveles soberbios de tecnología.
Lo curioso es que no lo habría puesto a su nombre, sino que lo habría inscripto a nombre de una persona que ninguna relación tendría con el vehículo. Un muchacho muy joven necesitado de trabajo y dinero a quien –a cambio de ese favor de “firmarle algunas cosas”– le habría conseguido “una pega” (como dicen los chilenos) en un organismo casualmente vinculado a los automotores. Pero claro, cuando el muchacho sospechó que lo estarían usando de “testaferro”, se habría quejado ante su majestad pidiéndole que lo sacara de esa situación en la cual no tenía nada que ver. Y la respuesta no se habría hecho esperar. El Emperador no sólo habría presionado para que lo despidieran (lo que lógicamente ocurrió), sino que además lo habría desalojado de un departamento que le habría prestado por el favor realizado, y le habría advertido –bajo amenazas a él y a su familia- que no contara nada del tema. ¿Cosa rara, no?.
El cuento de la buena pipa
Pero no termina aquí esta historia romántica. Porque llama poderosamente la atención, también, que ese vehículo habría sido propiedad de un renombrado futbolista, que casualmente habría tenido problemas legales en esta zona (un divorcio, un tema de alimentos o algo así) y casualmente, también, lo habría sido en esa misma época.
Y, según las malas lenguas, su juicio habría estado justo tramitando en el tribunal donde El Emperador ejercía su reinado. Qué tejido infinito de casualidades, ¿no???
Hoy ese vehículo figuraría inscripto –a partir de diciembre de 2022, para ser más precisos- a nombre de su hija. ¿Un regalo de Navidad? No lo sabemos, pero presumimos que así habría sido, porque sería imposible que la doncella tuviese capacidad financiera y económica para adquirir esa nave descomunal para esta aldea.
Eso sí, nos comentó un pajarito que la joven y el Emperador habrían sido los que siempre habrían usado el tu-tú con tarjetas azules o poderes, y que el inocente muchacho que habría figurado como titular por muchísimo tiempo –y que perdió su trabajo y su hogar y aparentemente se radicó fuera de esta aldea por constantes hostigamientos– ni siquiera habría conocido esa preciosura de automóvil, ya que ninguna vinculación habría tenido con éste, más allá de lo que le habrían hecho firmar.
La historia se repite
Pero hay más. No solo ese bonito autito habría sido transferido a favor de El Emperador por parte del futbolista, sino que éste también le habría vendido (¿vendido?) una importante y lujosa camioneta tiempo después.
Ahora, lo sorprendente no es que la historia se haya repetido (al fin de cuentas, ¿quién no compró varios vehículos a un misma persona?), sino que lo asombroso de todo esto es que concomitantemente o después de esa transferencia, El Emperador habría intervenido en una reapertura de aquél juicio de familia que tuvo el futbolista (algo así como una modificación de una cuota de alimentos) y casualmente (una vez más) habría fallado a favor del genio de la pelota, dejando sin efecto una sentencia que según los entendidos era impecable en todo sentido.
¿Podía intervenir El Emperador en ese juicio? No soy ducho en derecho, así que no puedo decirlo. Tampoco sé si lo que me contaron es real. Pero sí sé, porque las ví, que hay muchas fotos de El Emperador compartiendo cenas o asados familiares con el futbolista ganador del juicio. Siempre fiesta y carnaval.
¿Anonadado?
¿Está anonadado? ¡Nada puede sorprender en el Palacio de la Risa! No se olvide –como siempre me dice un amigo- que no estamos en un supermercado, es decir, en una zona de transición lúcida, un espacio donde las reglas son simples, visibles y se cumplen. No. En el supermercado todo tiene nombre, peso, precio y vencimiento. En el Palacio de la Risa, en cambio, el yogur no es yogur; el aceite no vale lo que dice, y si hay una promoción, ésta no tiene fecha de inicio ni de cierre. El doble discurso, las traiciones, los acomodos, el manejo espurio del poder y los negocios son moneda corriente, así que no se queje ni se sulfate. El reino es así y hay que aceptarlo.
PD: Los muchachos de chubut.org están como pulpos hiperquinéticos clasificando toda la documentación que recolectaron… parece que cada vez más gente les aporta datos… Si Ud. gusta, también puede colaborar enviando información (anonimato garantizado!).
Hasta la próxima!!!! (si todavía estamos)
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A 13 días de la desaparición del joven de 28 años, que tiene problemas motrices, anticiparon que bajarán la profundidad de los canales de la zona de Gaiman para buscar pistas.
Más de 70 efectivos de la policía de Chubut, drones y embarcaciones buscan desde hace días algún mínimo rastro que permita dar con Emanuel Centeno, el joven de 28 años con discapacidad motriz que lleva 13 días desaparecido en Gaiman. Hasta el momento, pese a los crecientes esfuerzos que llegaron luego de algunas quejas y una marcha de reclamos, no hay un solo indicio de su paradero. Y las medidas que se anuncian tampoco dan esperanzas: más bien todo lo contrario.
Este lunes las autoridades de la provincia de Chubut confirmaron que el miércoles reducirán el nivel de agua en los canales de riego de la zona para facilitar las tareas de búsqueda. ¿La hipótesis principal es que se ahogó?
El joven vive en la pintoresca localidad galesa junto a su abuela materna. Según quienes lo conocen relataron una y otra vez desde que iniciaron su búsqueda, nunca antes había desaparecido sin avisar a sus allegados, lo que desde el primer momento aumentó la preocupación.
«Nunca hizo esto, ni un día ni dos. Nunca. Es muy raro todo esto», había dicho su padre la semana pasada, quien también destacó que Emanuel presenta discapacidades motrices que dificultan su movilidad autónoma. «Es renguito de una pierna y tiene problema en su mano», precisó Mario Centeno.
Además, el hombre añadió otro dato que hace todo más angustiante: su hijo necesita medicación diaria para prevenir convulsiones, tratamiento que habría interrumpido. Rastrillajes en canales de riego
El Ministerio de Seguridad provincial anunció la decisión de bajar los niveles de los canales de riego tras coordinar acciones con el Instituto Provincial del Agua, en lo que representa un nuevo esfuerzo por encontrar alguna pista sobre el paradero del joven que, según se pudo establecer, desapareció entre el domingo y el martes de la semana pasada.
«Inmediatamente se implementaron medidas estandarizadas: publicación de fotos en redes sociales con autorización familiar y movilización de recursos tecnológicos y humanos», explicó el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, sobre las acciones que comenzaron tras la denuncia presentada por la familia durante la madrugada del jueves 24 de abril.
El amplio operativo desplegado involucra a unos 70 efectivos policiales y cuenta con apoyo de vehículos especializados, drones y recursos operativos para búsqueda intensiva. Las autoridades realizaron rastrillajes en el río Chubut, recorridas por zonas costeras y campos periféricos, e incluso se inspeccionó el basural municipal.
Este lunes se realizaron tareas de búsqueda en los «piletones» ubicados en dirección a Trelew por ambos márgenes de la ruta nacional 25. También planificaron un nuevo rastrillaje fluvial con tres embarcaciones, mientras continúan las recorridas de personal a pie, en motocicletas y cuatriciclos.
De forma paralela, las Divisiones de Investigaciones de la Policía realizan entrevistas a testigos y analizan el material de cámaras de seguridad en búsqueda de indicios. En paralelo, las autoridades solicitan a la población que cualquier información relevante sea comunicada al 101 o directamente al agente de policía más cercano. El padre se presentó como querellante en una fiscalía de Chubut
«Si bien se está realizando un amplio despliegue, no tenemos rastro de Emanuel», declaró este lunes Mario Centeno, padre del joven desaparecido, quien este lunes se presentó junto a su abogado en el Ministerio Público Fiscal de Trelew para constituirse como querellante en la causa.
El padre del joven desestimó algunas versiones que circularon sobre su hijo: «Si Emanuel se hubiese ido por más de 3 ó 4 días, como dicen, no estaríamos buscándolo como lo buscamos. Tampoco era un drogadicto ni alcohólico, fumaba cigarrillos y tomaba alcohol con sus amigos como cualquier joven», aclaró.
En la misma línea, Mario expresó su malestar con las autoridades de Gaiman: «Me siento acompañado por la sociedad, pero no puedo decir lo mismo del intendente (Darío James) que se tomó el trabajo de recorrer todo el valle para hacer la denuncia en Trelew de que cortamos el puente, que es mentira, pero no se tomó el trabajo de ir a ninguna marcha y ahora quiere venir a hablar con nosotros».
Por su parte, el conocido abogado local Facundo Bonavitta, que representa a la familia de Emanuel, indicó que este lunes se designará un fiscal para la causa. «Nos presentamos como querellantes en la investigación que se está llevando adelante en este Ministerio Público Fiscal a los fines de impulsar la investigación e insistir en las medidas que se están llevando adelante para obtener alguna pista de dónde puede estar Emanuel».
El entorno cercano del joven confirmó que el comportamiento habitual de Emanuel no incluía alejarse solo de su hogar. «Sus amigos dicen que nunca se fue así, que no cruza ni la loma solo. Siempre se juntaba con ellos, normal, pero esto nunca pasó», relató el padre durante una marcha realizada la semana pasada para exigir que se intensificara la búsqueda.
«Yo lo que quiero es una respuesta, que me ayuden a ubicar a Emanuel», expresó en su momento Centeno padre durante una entrevista con Jornada Radio, cuando convocaron a la marcha del jueves pasado para reclamar que intensificaran la búsqueda.
Desde que se conoció la desaparición, los familiares recorrieron diferentes localidades del Valle Inferior del Río Chubut, incluyendo Trelew y Rawson, en busca de Emanuel. «Fuimos a hospitales, fuimos a canteras, fuimos a lomas… No hay nada, no encontramos nada», lamentó el papa con desesperación. Hoy, con un operativo de fuerte despliegue, él y su familia siguen esperando noticias.
La Legislatura de Chubut aprobó por unanimidad la creación del Parque Provincial Patagonia Azul, una nueva área protegida costero-marina de 295.135 hectáreas, equivalente al Parque Nacional Yosemite (USA). El Parque Provincial Patagonia Azul representa una oportunidad única para la conservación y para el desarrollo de la economía regional basada en el turismo de naturaleza. Entérate de todos los detalles a continuación.
El nuevo parque costero-marino, que abarca el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Azul (PIMCPA), el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías y 200.000 hectáreas más, pone bajo protección legal una de las zonas más biodiversas del Mar Argentino. Aquí habitan más de 50 especies de aves marinas y 13 de ellas también tienen sus sitios de nidificación, especialmente en las más de 60 islas e islotes de esta increíble región.
Es la primera vez que la provincia de Chubut crea un parque provincial marino dentro de su territorio. Este evento representa una oportunidad única para la conservación y para el desarrollo de la economía regional basada en el turismo de naturaleza y avistaje de una increíble y abundante vida silvestre ya que ahí convergen especies claves como la ballena jorobada, la ballena Sei, los lobos marinos de uno y dos pelos, el pingüino de Magallanes, el petrel gigante y el cormorán imperial, como así también bosques de macroalgas, islas e intermareales rocosos que sostienen ecosistemas únicos de peces e invertebrados.
Patagonia Azul es más grande que el Parque Nacional Los Alerces y diez veces el tamaño de Punta Tombo, y así se afirma como el segundo destino de naturaleza más importante de toda la costa atlántica de Chubut. Un verdadero gigante azul que promete convertirse en un motor de desarrollo sostenible para toda la región.
Cuatro portales de acceso público invitan a los visitantes a recorrer islas, bahías y playas, vivir experiencias únicas de avistaje de ballenas durante todo el año y descubrir la magia del mar patagónico. Patagonia Azul tiene todo lo necesario para convertirse en el motor de la economía local y una fuente de nuevas oportunidades de empleo basadas en el turismo de naturaleza.
Este parque provincial forma parte del sistema de áreas naturales protegidas de la provincia y se enmarca en el trabajo en conjunto entre el Gobierno de Chubut, la Administración de Parques Nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad de Camarones que vienen trabajando en conservar y proteger la biodiversidad marina, abrir el acceso público al mar y fomentar el desarrollo económico y el trabajo local.
Rewilding Argentina sumó 18.000 hectáreas, ubicadas entre la costa del Mar Argentino y la Ruta Provincial N°1, que conformará el futuro Portal Isla Tova, un nuevo acceso al parque y sus islas. La fundación también aportará el desarrollo de áreas de acampe, una estación biológica, un puerto para embarcaciones para el monitoreo del área, acceso para los operadores turísticos y la creación del sendero costero “Huella Azul” entre las propuestas que se desarrollan para el uso público.
La creación de esta nueva Área Natural Protegida, que ha sido diseñada para complementar las áreas protegidas provinciales e interjurisdiccionales existentes, no solo beneficia la biodiversidad local, sino que también establece a Chubut como un modelo para otras provincias costeras, destacando que el desarrollo sostenible y la protección de los ecosistemas pueden ir de la mano.
La justicia confirmó la condena a Guillermo Moreno por distorsionar el IPC durante el kirchnerismo, revelando el fraude estadístico para ocultar la inflación real.
La farsa estadística del kirchnerismo: cómo manipularon el INDEC para engañar al país La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner, por manipular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2006 y 2007. Este fallo judicial no solo confirma un delito, sino que desnuda una práctica sistemática del kirchnerismo: falsear datos oficiales para construir un relato de prosperidad ficticia.
Moreno fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, en un caso que expone cómo el gobierno intervino el INDEC para maquillar la inflación y cumplir con la orden política de mostrar cifras inferiores al 10%. La justicia demostró que el exfuncionario presionó a técnicos, violó protocolos y distorsionó información clave, todo para sostener una mentira que afectó a millones de argentinos.
El manual kirchnerista: mentir con estadísticas
Los jueces determinaron que Moreno actuó con «marcado interés» en alterar el funcionamiento del INDEC, un organismo que ni siquiera dependía de su área. Testimonios revelaron que hostigó a empleados, exigió cambios metodológicos y buscó identificar a informantes que aportaban datos reales de precios. Beatriz Paglieri, exdirectora del IPC, también fue condenada, mientras que dos empleadas fueron absueltas.
El fiscal Diego Luciani (el mismo que impulsó la condena a Cristina Kirchner en el caso Vialidad) había pedido una pena mayor, pero el tribunal mantuvo la sentencia original. Lo relevante, sin embargo, no es solo la sanción penal, sino el patrón de manipulación que caracterizó a la era K: falsificar indicadores económicos para sostener un discurso político.
El daño irreparable: inflación oculta y crisis agravada
La intervención del INDEC no fue un error técnico, sino un fraude deliberado. Al distorsionar el IPC, el kirchnerismo engañó a ahorristas, jubilados y empresarios, mientras la inflación real corroía el poder adquisitivo. El resultado fue un descalabro económico que estalló en crisis posteriores, con una ciudadanía que perdió confianza en las instituciones.
La jueza Ángela Ledesma destacó en su fallo que Moreno actuó por «una necesidad particular, más allá del interés público», confirmando que el objetivo era político, no técnico. Mientras el kirchnerismo hablaba de «estadísticas dignas», desmantelaba la credibilidad del organismo.
Una lección para el futuro: nunca más estadísticas politizadas
Este fallo sienta un precedente clave: la justicia puede tardar, pero llega. Sin embargo, queda una deuda: reparar el sistema estadístico argentino, para que nunca más un gobierno use el INDEC como herramienta de propaganda. La condena a Moreno es un paso, pero el verdadero desafío es restaurar la transparencia en un país acostumbrado a que le mientan.
¿Servirá esta sentencia para que ningún gobierno vuelva a manipular las cifras? La respuesta dependerá de si los argentinos exigen, de una vez por todas, instituciones libres de mentiras.
El kirchnerismo asegura que la ley de «ficha limpia» no impedirá que Cristina Kirchner sea candidata en Buenos Aires, mientras avanza su estrategia electoral frente al gobierno de Milei y la interna con Kicillof para obtener fueros que la hagan huir de la cárcel.
El proyecto de «ficha limpia», que busca inhabilitar a personas con doble condena para cargos nacionales, avanza en el Senado con amplio respaldo oficialista. Sin embargo, el kirchnerismo descuenta que la norma no afectará las aspiraciones de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, donde planea competir en las próximas elecciones.
Hecha la ley, encontrada la trampa
El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, que impediría a la expresidenta postularse a nivel nacional debido a sus condenas en la causa Vialidad. Sin embargo, la legislación no aplicaría automáticamente a nivel provincial, por lo que el kirchnerismo confía en que Cristina podrá ser candidata a diputada bonaerense. Si, la santacruceña que vive en CABA sería candidata por la provincia de Buenos Aires.
«Si la ley se aprueba, no tendrá efecto en la Provincia a menos que se replique en la Legislatura local, algo que no ocurrirá», afirman fuentes cercanas a la exmandataria.
La estrategia electoral y la interna con Kicillof
Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa la ley, Cristina Kirchner ya movió sus piezas: sus aliados más cercanos, como Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, ya promocionan su candidatura bajo la consigna «Cristina 2025».
El escenario se complica por la tensión con el gobernador Axel Kicillof, en medio de una interna que divide al peronismo bonaerense. Aun así, el cristinismo insiste en que su líder buscará la unidad y competirá en la tercera sección electoral.
¿Judicialización o retroactividad?
Algunos sectores opositores evalúan recurrir a la Justicia si la ley se aprueba, argumentando que no debería aplicarse retroactivamente a las condenas previas. Mientras tanto, el oficialismo asegura que la norma avanzará, aunque no descarta cambios de último momento.
Con el foco puesto en la Provincia, Cristina Kirchner sigue siendo la figura opositora más fuerte frente a Milei, por el voto cautivo de un porcentaje de la población que no le importa la corrupción. Su movimiento ya prepara el terreno para una campaña que, más allá de «ficha limpia», podría redefinir el mapa político bonaerense.
Hoy presentamos la tercera edición de “Los cambios que necesita la Argentina y que ningún gobierno quiere hacer”, un espacio a cargo de Juan Zuoza, en donde se analizan distintos aspectos de la organización social y política del país que repercuten en la calidad de vida de los argentinos. En esta edición, Zuoza nos comenta a través de Patagonia Argenta -La emisora de Chubut.org- las cuestiones relativas a la forma de operar de la mayoría de los sindicatos en este país y las necesidades de cambio iperantes.
¿Sindicatos, mafias, o búnkeres políticos?
Muchos sindicatos conforman estructuras cuasi mafiosas (aunque podríamos eliminar la palabra “cuasi”) para el enriquecimiento ilimitado de los titulares de los sindicatos. Pero, ¿Por qué pueden enriquecerse? Básicamente, los sindicatos en Argentina nunca funcionaron como lo que debieran ser: organizaciones que busquen defender los derechos laborales de los trabajadores, evitando los abusos de las patronales.
Los sindicatos como “modelo de negocio”
Las mafias sindicales, además de financiarse mediante aprietes y extorsiones, montaron engranajes de corrupción, lavado de dinero e ingresos espurios. Lo más clásico son las obras sociales y los hoteles manejados por los sindicatos. El dinero aportado por los trabajadores se transforma en obras que ejecutan los amigos de los jerarcas -con sobres de por medio- atendidos por familiares o acomodados de privilegio, al mismo tiempo que todo servicio prestado es brindado por “gente amiga”.
Un caso muy peculiar es el manejo de obras sociales. Sin ningún tipo de control, se pueden facturar servicios médicos no prestados, o prestados pero sobrefacturados, con comisiones para el que pone la firma y un paquete de dinero para el que lo autoriza. Todo, sin contar también con el personal afín a las mafias, que es contratado con sueldos que pagan los trabajadores.
Los sindicatos como paralizadores del progreso nacional.
Dentro de las “transacciones” típicas que dañan al país, nos encontramos con la imposición de medios de transporte obsoletos, caros e impropios, como los camiones. Los sindicatos fueron los impulsores y defensores del exterminio de las redes ferroviarias en nuestro país, eliminando el medio preferido en cualquier parte del mundo para la distribución de mercaderías entre localidades muy distantes. Fue un crimen imperdonable que sentenció a toda la población a pagar sobreprecios en todo lo que consume por los elevadísimos costos del transporte en camión. Pero eso no es todo; eleva exponencialmente los costos de transporte de mercaderías de exportación, haciendo que los productos argentinos tengan muchos problemas para competir con sus precios en mercados externos, generadores de divisas imprescindibles para nuestro país.
Pero hete aquí que nadie le pone el cascabel al gato. Estamos condenados a que el sistema mafioso tercermundista que nos hunde y nos humilla, siga en pie, en beneficio de las mafias sindicales y de los políticos que se prenden en las coimas para que no cambie nada.
Los cambios que se necesitan
La legislación argentina tiene que ser totalmente estricta y restrictiva. La única actividad compatible con los sindicados debe ser pura y exclusivamente la defensa de los derechos de los trabajadores, ni más, ni menos. Ningún sindicato debe tener permitida ninguna otra actividad ajena a la defensa de los derechos. Los sindicatos tienen que tener prohibida la adquisición de bienes ajenos a su única finalidad. Ni obras sociales de los sindicatos, ni hoteles, ni automóviles de lujo, ni nada que se les parezca. La legislación tiene que ser totalmente reescrita, garantizando que únicamente los sindicatos se aboquen a la defensa de los derechos, ni un milímetro más allá de eso.
Fin de reelecciones indefinidas.
Ante la catástrofe mafiosa sindical actual que reina en el país, es primordial que se avance también en la prohibición de reelecciones de autoridades, ya sea para el mismo cargo o para otros, garantizando la renovación de autoridades y evitando el enquistamiento de los que asumen para beneficio propio y no ir a trabajar.
Asimismo, todo trabajador que esté representado por un sindicato tiene que tener la obligación de votar, independientemente de haberse afiliado o no. Este es un caso típico de Chubut, con Atech, en donde un grupo minúsculo de docentes elijen autoridades de un sindicato que firma convenios que involucran a todos los docentes. Ese grupo minúsculo se asegura que no haya más docentes afiliados que sus propios votantes, generándose un círculo vicioso de falsos representantes que terminan transando con los gobiernos en nombre de todo el gremio. El voto masivo obligatorio permitiría que de a poco el parasitaje sindical se vaya eliminando y alentaría a otros docentes a afiliarse y participar en las elecciones.
Cambios en el código penal
La representación de los trabajadores debe tomarse de una vez por todas como acciones de la máxima responsabilidad y transparencia. Todos los delitos relativos a las transacciones de los representantes sindicales por fuera de sus obligaciones, deben ser perfectamente tipificados y castigados muy duramente con penas que desalienten cualquier tentación de usufructo personal o mal desempeño.
Hoy los sindicatos carecen totalmente de seriedad, formalidad, transparencia, credibilidad y profesionalismo. Son, básicamente, entidades de falsa representación, corruptas e incompetentes para los fines creados. El trabajador también debe tener herramientas legales para accionar en contra de los sindicalistas que no cumplen con sus funciones.
La utopía de lo lógico.
Este país llegó a la ruina social, política y económica por lo que llamo “la utopía de lo lógico”, en donde lo que natural e inteligentemente se debe hacer, no se hace. Es como chocarse una y otra vez contra la misma pared y al mismo tiempo exigir soluciones. Los problemas de este país se tienen que cambiar de raíz. Y para ello no se necesitan grandes pensadores ni eruditos; si tan sólo siguiéramos el camino de la razonabilidad, el equilibrio y la lógica, este país estaría dentro de los más avanzados del mundo. Tenemos todo para hacerlo, pero nada se hace, y lo que se hace para bien, es fuertemente repudiado por sectores enquistados en los vicios dañinos descritos.
Siempre digo que la mejor representación de la actualidad, la escribió Enrique Santos Discépolo hace casi 100 años en su insuperable tango “Cambalache”. Una y otra vez se repite la historia allí descrita, como si el disco estuviese rayado. Quiero convencerme de que algún día alguien levantará la púa del tocadiscos y saltará el sector dañado para que el disco llegue al final y todo sea un recuerdo del pasado.
Una banda delictiva desvió más de $1.500 millones de la Universidad de Buenos Aires mediante empresas fantasmas y transferencias bancarias fraudulentas. Una vez más, la universidad pública muestra cómo fue estafada durante varios años a la vista de los que se jactan de defenderla.
La reciente detención de una mujer conocida como “La China”, señalada como líder de una asociación ilícita que defraudó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por más de 1.500 millones de pesos, pone nuevamente en evidencia una red de corrupción que excede lo delictivo vinculado a lo institucional. El fraude, ejecutado con empresas fantasmas y correos electrónicos apócrifos, plantea serios interrogantes sobre los controles internos en la administración universitaria y la vulnerabilidad del sistema bancario estatal. Un triste recuerdo de lo engendrado durante el kirchnerismo, que decía defender a la universidad pública, pero realmente estaba defendiendo los negocios espurios organizados.
El mecanismo: una estafa con sello burocrático
La maniobra no fue improvisada. Según la investigación encabezada por la Fiscalía Federal N°8 y la Policía Federal Argentina (PFA), la organización criminal creó sociedades inexistentes con el único fin de emitir órdenes de pago falsas, supuestamente para la compra de materiales académicos. Estas órdenes, validadas con firmas adulteradas y enviadas desde correos falsificados, permitieron extraer enormes sumas desde cuentas oficiales de la UBA en el Banco Nación.
En este esquema, al menos 19 personas participaron facilitando sus cuentas bancarias para el desvío de fondos. Los allanamientos clave ocurrieron en febrero, cuando cinco implicados fueron arrestados. Sin embargo, fue recién la semana pasada cuando se detuvo a la figura central: “La China”, acusada de articular el reparto del dinero y su posterior reingreso al sistema financiero.
Complicidades, negligencias y preguntas que nadie responde
Resulta incomprensible que una estructura tan compleja haya operado durante tanto tiempo sin levantar sospechas internas. ¿Nadie en la administración universitaria notó el faltante de semejante suma? ¿Cómo se aprobaron órdenes de compra con firmas falsas sin que existiera un sistema de validación robusto? ¿Y el Banco Nación, no cuenta con protocolos de verificación para movimientos bancarios tan inusuales?
Estas preguntas no son menores. Si bien las investigaciones judiciales avanzan, lo que queda claro es que hubo un margen de complicidad —activa o pasiva— dentro de las instituciones involucradas. No se trata sólo de un grupo de delincuentes externos, sino de una estructura que se montó aprovechando grietas sistémicas en la administración pública.
Una universidad pública mal herida
Más allá de lo penal, el daño social es incalculable. La UBA, emblema de la educación pública argentina, es financiada por los impuestos de millones de ciudadanos. Cada peso robado no es solo una cifra en una causa judicial: es menos presupuesto para laboratorios, becas, infraestructura y salarios docentes.
El caso debería servir como punto de inflexión. Es urgente revisar los mecanismos de control financiero de las universidades nacionales y del sistema bancario que gestiona sus fondos. Pero también es momento de discutir hasta qué punto la cultura de la impunidad se ha naturalizado en sectores del Estado, donde el delito muchas veces no necesita armas, sino sellos y claves bancarias.
El argentino Jorge Noya lideraría una red internacional de caza ilegal. La justicia investiga un negocio millonario que afecta especies en peligro de extinción.
La caza ilegal ya no es solo un crimen ambiental; es un negocio globalizado. Argentina y Bolivia están en el centro de una trama que desnuda complicidades, vacío legal y una alarmante falta de control. Un negocio sucio que mezcla imbecilidad con elitismo, disfrazados de proezas heroicas para un público cobarde y descerebrado.
Jorge Noya, autoproclamado “cazador profesional” y cara visible de la firma Caza & Safaris, enfrenta prisión domiciliaria por encabezar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de fauna y la depredación de especies protegidas. Lo que durante décadas se mostró como turismo de elite escondía, según la justicia, una estructura aceitada de delitos ambientales con ramificaciones internacionales y millonarias ganancias.
Desde su sitio web, Noya ofrecía “caza asegurada” de pumas, ciervos, carpinchos, pecaríes y hasta especies en peligro crítico como el yaguareté. La promesa de un trofeo exótico para turistas internacionales se construía sobre la sangre de animales que las leyes, tanto argentinas como extranjeras, protegen.
En agosto de 2023, una investigación federal permitió el hallazgo de casi 8000 trofeos de caza —cuernos, pieles, animales taxidermizados— distribuidos en cotos y depósitos del Gran Buenos Aires. También se secuestraron armas de fuego y vehículos. Semejante volumen de evidencia no solo confirma la sistematicidad del negocio, sino también la tolerancia institucional que lo permitió operar por años.
Uno de los datos más graves del caso es que parte de la operación presuntamente se extendía hasta Bolivia, donde Noya habría realizado al menos 30 viajes para cazar o facilitar la caza de yaguaretés, especie sagrada para muchas comunidades originarias y protegida a nivel continental. La denuncia en ese país por biocidio y deterioro del patrimonio natural podría llevarlo a una condena de hasta 10 años de prisión.
Las pruebas gráficas son contundentes: Noya aparece retratado junto a cadáveres de grandes felinos y otras especies protegidas. La logística del negocio, según fuentes judiciales, incluía el transporte aéreo de trofeos desde Ezeiza a todo el mundo, con participación de empresas privadas y una burocracia que, en el mejor de los casos, fue ineficiente; en el peor, cómplice.
La defensa de Noya y de sus socios —entre ellos el empresario Federico Testa, uno de los mayores exportadores de pieles y taxidermias del país— insiste en que todo estaba en regla. Sin embargo, informes de la Subsecretaría de Ambiente señalan adulteraciones en los documentos para “blanquear” especies prohibidas y certificar legalmente lo ilegal.
Este caso expone algo más profundo que una red de cazadores sin escrúpulos: muestra el fracaso del sistema de control ambiental en Argentina. Con regulaciones que varían por provincia, permisos manipulables y una cultura de impunidad sostenida durante años, los delitos contra la fauna terminan naturalizados como parte del folclore rural o del “turismo de aventura”.
Pero no lo son. Son crímenes. Crímenes con víctimas sin voz, que incluyen a especies en riesgo de extinción, ecosistemas debilitados que ven desaparecer a los animales.
Es imperioso que la justicia actúe con celeridad y profundidad. Que no se conforme con castigar a un rostro visible, sino que desmonte toda la estructura, identifique cómplices en instituciones y reforme de raíz el marco regulatorio. De lo contrario, Argentina y la región seguirán siendo tierra fértil para una industria perversa que convierte la vida en trofeos y el patrimonio natural en mercancía.
Porque cuando la ley no protege la vida silvestre, no solo mueren los animales. Muerde la impunidad. Y esa sí, no conoce especies en extinción.
La justicia argentina avanza con la extradición de Miguel Vargas, condenado por el homicidio de Ana Calfín y detenido en Chile tras meses prófugo.
El proceso judicial contra Miguel Alejandro Vargas Nehuen, declarado culpable del femicidio de Ana Calfín, da un nuevo giro con su reciente captura en Chile y el pedido formal de extradición por parte de la Fiscalía Federal de Chubut. La noticia, además de marcar un avance en la causa judicial, reabre el debate sobre la eficacia del sistema penal, la protección de las víctimas y la responsabilidad institucional ante los prófugos de la justicia que se escapan por propia negligencia del poder judicial.
Vargas, quien fue hallado culpable por un jurado popular en abril por el homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, había escapado antes de que se dictara la pena definitiva. La condena que lo espera es la prisión perpetua, prevista por el Código Penal argentino para estos casos. No obstante, su fuga temporal dejó en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control judicial y la irresponsabilidad de las medidas judiciales tomadas, que, lejos de cuidar a la ciudadanía, garantizó los mecanismos para que el asesino pueda escaparse, generando terror e indignación en la población, además de gastos millonarios al estado argentino y chileno.
La detención se concretó gracias a un operativo de inteligencia coordinado entre Interpol Buenos Aires, Interpol Santiago y la Brigada de Investigación Criminal de Castro, en la región de Los Lagos, al sur de Chile. Desde allí, la Subprefecto Carol Sánchez confirmó que el fugitivo fue localizado en el sector de Ñucho, comuna de Alcahué, tras un seguimiento meticuloso de su paradero.
La rápida reacción de la Fiscalía Federal de Chubut (la fiscalía provincial dejó mucho que desear), que ya elevó el pedido de extradición a través del juez de Garantías y la Cancillería argentina, parece ahora un intento de remediar las demoras previas. Pero lo cierto es que esta extradición no sólo busca completar un proceso judicial, sino también recuperar algo de la credibilidad que el sistema perdió al permitir la fuga de un condenado por un crimen tan brutal.
Este caso es emblemático. No por el morbo del crimen en sí, sino porque interpela directamente al Estado argentino: ¿cuán sólido es su compromiso con la erradicación de la violencia? ¿Qué garantías ofrece a la sociedad si un homicida puede fugarse antes de recibir su sentencia?
La opinión pública merece una reflexión más profunda. La extradición de Vargas, aunque necesaria y urgente, no borra la sensación de impunidad que quedó en el aire durante su tiempo prófugo. La justicia no puede permitirse estos vacíos. Cada fuga duele.
Que Miguel Alejandro Vargas enfrente finalmente su condena es un acto de reparación. Pero también debe ser una advertencia: la justicia debe llegar a tiempo. Porque cuando se demora, pierde su fuerza. Y cuando falla, la sociedad entera paga el precio.
El reciente terremoto de magnitud 7,4 al sur de Ushuaia y Puerto Williams puso a prueba los sistemas de monitoreo sísmico y alerta temprana de Argentina y Chile. Mientras Chile activó rápidamente evacuaciones costeras, Argentina mostró limitaciones en su respuesta. ¿Qué tecnologías utilizan ambos países para anticipar y medir terremotos? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar futuros eventos sísmicos?
Chile y su sistema de monitoreo y alerta
Chile, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ha desarrollado uno de los sistemas sísmicos más avanzados de América Latina. El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile opera una red de más de 100 estaciones sísmicas de banda ancha y cerca de 300 acelerómetros de movimiento fuerte, distribuidos a lo largo del país. Estas estaciones permiten detectar y caracterizar rápidamente eventos sísmicos, proporcionando información crucial para la emisión de alertas de tsunami y evaluación de daños.
Complementando esta red, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) gestiona el sistema de alerta de tsunamis, utilizando 46 estaciones costeras de nivel del mar y 5 boyas DART. Este sistema permite evaluar amenazas de tsunami en menos de 8 minutos, proporcionando información vital para la evacuación de zonas costeras.
Además, desde 2017, Chile implementó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envía notificaciones automáticas a teléfonos móviles en caso de emergencias, como terremotos o tsunamis. Esta herramienta ha demostrado ser efectiva para alertar rápidamente a la población en situaciones críticas.
Argentina: avances y desafíos en el monitoreo sísmico
Argentina, aunque menos propensa a grandes terremotos que Chile, también ha desarrollado capacidades de monitoreo sísmico. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) es el organismo encargado de monitorear la actividad sísmica en el país, operando una red de estaciones sismológicas distribuidas en diversas regiones. Sin embargo, la densidad y cobertura de esta red es menor en comparación con la chilena, lo que puede limitar la capacidad de detección y respuesta rápida en eventos sísmicos de gran magnitud.
En el reciente terremoto, aunque el sismo se sintió en localidades como Ushuaia y Río Grande, no se emitieron alertas de tsunami por parte de las autoridades argentinas. La Secretaría de Protección Civil de Tierra del Fuego implementó medidas preventivas, como la evacuación de zonas costeras y la suspensión de actividades náuticas, pero la falta de un sistema de alerta temprana automatizado evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y de respuesta ante eventos sísmicos.
La importancia de la preparación y la tecnología
El reciente terremoto en el sur de Argentina y Chile subraya la importancia de contar con sistemas de monitoreo sísmico y alerta temprana eficientes. Mientras Chile ha invertido significativamente en el desarrollo de tecnologías avanzadas y protocolos de respuesta, Argentina enfrenta el desafío de fortalecer sus capacidades en estas áreas.
La cooperación regional, la inversión en infraestructura tecnológica y la educación de la población son elementos clave para mejorar la preparación ante futuros eventos sísmicos. Es fundamental que ambos países continúen trabajando en conjunto para compartir conocimientos, tecnologías y experiencias, con el objetivo de proteger a sus ciudadanos y minimizar los impactos de los desastres naturales.
En un mundo donde los eventos sísmicos son inevitables, la preparación y la tecnología son nuestras mejores herramientas para salvar vidas y reducir daños.
El episodio entre Santiago Caputo y un fotógrafo expuso la inexperiencia del asesor, la exageración del hecho y el rol extorsivo de la prensa nacional.
En días recientes, un episodio menor fue amplificado hasta el absurdo: Santiago Caputo, joven asesor del presidente Javier Milei, tomó una foto de la credencial de un fotógrafo durante una actividad oficial. Lo que en cualquier contexto hubiera sido una anécdota irrelevante, fue transformado en un escándalo nacional por una combinación de arrogancia juvenil, oportunismo político y una maquinaria mediática que necesita desesperadamente escándalos para justificar su existencia tras el corte de la pauta oficial.
Caputo y una soberbia que daña la imagen del gobierno
Caputo, sin duda, no es un funcionario cualquiera. Es joven, inexperto, y actúa muchas veces con una soberbia impropia de alguien que no ha construido carrera por mérito propio sino por su parentesco con Nicolás Caputo, histórico operador de poder. No es la primera vez que protagoniza situaciones que complican al gobierno con actitudes arrogantes o torpes. Su rol como estratega comunicacional está más cerca del capricho que de la estrategia real, y sus intervenciones públicas —como esta reciente escena— sólo evidencian su falta de formación política y emocional.
Un fotógrafo exagerado que busca fama
Pero si Caputo mostró su lado prepotente al tomar la fotografía de una credencial de prensa (acción discutible, pero no ilegal), la reacción del fotógrafo fue directamente ridícula. En lugar de calmar las aguas, optó por hacer del hecho una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Se habló de persecución, de amedrentamiento y hasta de espionaje, como si se tratara de una escena de la dictadura, cuando en realidad fue apenas un mal gesto —cuestionable, sí, pero lejísimos de lo que se intentó instalar.
Una denuncia basada en la nada misma
El despropósito escaló aún más cuando un político opositor decidió presentar una denuncia penal contra Caputo. ¿El motivo? Ninguno real. No hubo delito, no hubo violencia, no hubo abuso de autoridad. La única motivación fue política: alimentar la narrativa de un gobierno autoritario, inflar un incidente trivial y dañar la imagen de la gestión nacional. Este tipo de movidas no buscan justicia, sino titulares.
Los medios desesperados por tener pauta oficial
Pero el papel más oscuro lo jugaron, una vez más, ciertos medios de comunicación. Esos mismos que durante años vivieron cómodamente gracias a la publicidad oficial —pagada por todos los argentinos— ahora utilizan su poder para extorsionar: sin pauta, el gobierno será atacado sistemáticamente. Con pauta, volverán los elogios y los silencios cómplices. La prensa que antes callaba frente a casos gravísimos, ahora monta una operación por una foto mal tomada. El doble estándar es evidente.
Un reflejo de la prensa en Chubut
En nuestra provincia también ocurren situaciones similares. La mayoría de los medios de prensa viven de la publicidad oficial. Basta con ver las «noticias» y su direccionamiento para darse cuenta de que algunos reciben una gran suma de dinero. Tenemos medios muy mediocres que se prostituyen por unos pesos y a cambio ocultan cuestiones oscuras de quienes los financian.
En resumen…
Este episodio refleja un ecosistema político-mediático degradado. Donde hay soberbia, hay exageración; donde hay exageración, hay oportunismo; y donde hay oportunismo, hay negocios disfrazados de periodismo. Caputo debería ser apartado de su rol por inepto, no por violar la ley. El fotógrafo debería moderar su dramatismo o buscarse otro trabajo. Los políticos, dejar de judicializar el show. Y los medios, recuperar la dignidad que abandonaron cuando decidieron vivir del Estado al que dicen criticar.
El 30 de abril de 1902, en el Valle 16 de Octubre, se realizó un censo poblacional que influyó en la decisión del laudo arbitral británico sobre los límites entre Argentina y Chile. Aunque no fue un plebiscito formal, este evento se conmemora anualmente en Trevelin como si lo hubiera sido.
Información tergiversada por medios y por desconocedores de la historia.
En estos días vemos medios de comunicación que publican artículos sin el más mínimo conocimiento de la historia, difundiendo una situación alejada de la realidad histórica. El mito del plebiscito sigue vivo. Sin embargo, plebiscito o no plebiscito, fue un hecho histórico por medio del cual se terminaron de definir los límites entre Argentina y Chile.
Lo que la documentación histórica prueba.
En el corazón de la Patagonia, el Valle 16 de Octubre fue escenario de una consulta informal que, aunque no constituyó un plebiscito oficial, desempeñó un papel crucial en la resolución del conflicto limítrofe entre Argentina y Chile. La Comisión de Límites, presidida por el británico Sir Thomas Holdich, se reunió con los colonos galeses, pobladores indígenas y chilenos en la Escuela Nacional N.º 18 de Río Corintos para conocer sus preferencias nacionales, posteriormente a un relevamiento general de información poblacional, a modo de censo que hiciera Holdich con la comisión que lo acompañaba.
Los habitantes del este de la cordillera eran principalmente galeses, que habitaban desde 1885 el valle 16 de octubre con un gran desarrollo productivo en expansión; tehuelches originarios que para esa época ya no eran nómadas; familias mapuches que se asentaron en la zona luego de la campaña del desierto; y algunos pobladores provenientes de Chile con sentido de pertenencia argentina. Todos expresaron su deseo de permanecer bajo la soberanía argentina, agradecidos por la presencia de instituciones argentinas como escuelas y juzgados de paz en la región. Este pronunciamiento fue tenido en cuenta en el laudo arbitral firmado el 20 de noviembre de 1902, que otorgó a Argentina los valles más productivos de la cordillera en la Patagonia central.
A pesar de no haber sido un plebiscito formal, la comunidad de Trevelin conmemora cada 30 de abril este evento como un acto de autodeterminación y reafirmación de su identidad argentina. La Escuela N.º 18, declarada monumento histórico nacional, alberga un museo que recuerda este hito.
Una fecha para conmemorar
La persistencia de esta conmemoración refleja la importancia de la memoria colectiva en la construcción de la identidad local y nacional. El evento de 1902 causó un impacto simbólico y político que perdura en la historia argentina.
Es fundamental reconocer la diferencia entre el mito y la realidad histórica, comprendiendo que la fuerza de la memoria colectiva puede transformar eventos en símbolos de identidad y soberanía.
La justicia frenó la maniobra de Esquel y Trevelin que forzaba el cobro de tasas municipales a través de la Cooperativa de Servicios Públicos 16 de Octubre.
En una contundente decisión judicial, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, puso límite a una práctica abusiva: las municipalidades de Esquel y Trevelin habían impuesto a la Cooperativa 16 de Octubre la obligación de incluir tasas municipales y contribuciones a terceros en las boletas de servicios esenciales, como la electricidad. El verdadero objetivo de esta maniobra no era otro que garantizar la recaudación a cualquier costo, incluso utilizando métodos extorsivos contra los propios vecinos.
Una estrategia abusiva impuesta hace tiempo
La estrategia que lleva años, diseñada por intendentes locales anteriores, revela una profunda crisis de gestión: incapaces de administrar con eficiencia y reacios a iniciar acciones judiciales contra quienes no pagan impuestos —por temor a la erosión de su imagen política—, optaron por tercerizar el «castigo» en la cooperativa. Así, quien no pagara la tasa municipal en su factura de luz, corría el riesgo de quedarse sin electricidad, pese a haber cumplido con el consumo de energía. Una política de populismo recaudatorio disfrazada de «facilidades administrativas».
La reciente resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, luego confirmada por Otranto, expuso la ilegalidad de este mecanismo: no se puede fusionar el cobro de tasas municipales con servicios esenciales, vulnerando la Ley de Defensa del Consumidor y oscureciendo la información que reciben los usuarios. Cada servicio debe facturarse de manera clara, sin mezclar conceptos ajenos que terminan forzando pagos o exponiendo a sanciones injustas.
Un populismo que siempre paga el ciudadano
Este modelo de recaudación compulsiva muestra el costado más oscuro del populismo: gobernantes incapaces de cobrar legítimamente los impuestos municipales recurren a artilugios que trasladan el peso de su ineficiencia al vecino común. El problema de fondo no es solo la falta de transparencia, sino también la falta de voluntad política para construir un sistema fiscal justo y eficaz.
Lejos de proteger a los ciudadanos, los municipios buscaron blindar sus ingresos a través del miedo: «pagas todo o te cortamos la luz». Y todo ello mientras se sigue sosteniendo una planta de empleados municipales que en muchos casos es gigantesca, insustentable e injustificada, financiada con el esfuerzo forzado de los contribuyentes.
Cobros por servicios no prestados y fraudulentos
Un caso emblemático de este abuso fue el cobro de la tasa para la planta de tratamiento de residuos que, en los hechos, jamás funcionó correctamente y terminó envuelta en investigaciones judiciales por corrupción. Aun así, los vecinos seguían viendo en sus facturas montos exorbitantes por un servicio fantasma, bajo la amenaza de quedarse sin electricidad si no abonaban en término.
La preocupación legítima de los Bomberos, utilizada como escudo político
Es cierto que parte de lo recaudado iba destinado a los Bomberos Voluntarios, una institución esencial para la seguridad comunitaria. Sin embargo, la solidaridad no puede imponerse por la fuerza. No existen mecanismos claros de auditoría sobre el manejo de esos fondos, y la obligatoriedad del aporte, sin posibilidad de opción, transforma un acto voluntario de colaboración en una carga compulsiva.
La preocupación por el financiamiento de los bomberos, aunque real, no puede justificar una práctica que vulnera derechos básicos de los consumidores ni perpetuar un sistema opaco que beneficia principalmente a los municipios en su desesperada necesidad de ingresos.
Una oportunidad para construir ciudadanía
El fallo de la Justicia Federal no solo corrige una injusticia flagrante, sino que también abre una oportunidad para replantear el vínculo entre los ciudadanos y sus gobiernos locales. Es fundamental que los vecinos puedan pagar —o no— sus impuestos de manera libre y consciente, ejerciendo también su derecho a protestar cuando el dinero público es mal administrado.
La recaudación forzada no solo oculta la incompetencia para recaudar, sino que también impide la construcción de una ciudadanía activa y crítica, capaz de exigir cuentas a sus gobernantes.
Hoy, los municipios de Esquel y Trevelin tienen 90 días para encontrar un sistema de recaudación legítimo, transparente y respetuoso de los derechos de los vecinos. Ojalá no pierdan esta oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien.
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En Esquel, el municipio adjudicó a Pasquini Construcciones un contrato por más de 79 millones, pese a serios cuestionamientos judiciales y públicos, especialmente en el «caso Revelación», cuya investigación resultó en uno de los casos más alarmantes de la historia de Chubut por presunta corrupción y coimas en la obra pública.
En una decisión que genera profunda alarma, el municipio de Esquel adjudicó a Pasquini Construcciones S.R.L. el alquiler de una máquina excavadora para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos por un total de 79.237.122 pesos. El monto, a todas luces de apariencia desproporcionado, y los antecedentes de la empresa adjudicataria, siembran serias dudas sobre la transparencia de esta contratación y sobre la verdadera necesidad del contrato en vez de reparar la maquinaria del municipio.
El contrato, que fue publicado en el Boletín Oficial Municipal N° 06/2025, establece un alquiler mensual de 13.206.187 pesos por seis meses. La cifra ha sido fuertemente cuestionada por el Frente Vecinal Esquel, que señaló la contradicción de alquilar a precios millonarios una máquina cuando el municipio ya posee una compactadora de residuos que podría ser reparada a un costo supuestamente mucho menor.
La ciudadanía merece respuestas: ¿por qué contratar a precios astronómicos, en lugar de invertir en recuperar maquinaria propia? ¿Qué razones justifican beneficiar a una empresa cuestionada judicialmente?
Este nuevo episodio deja en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública de Esquel, y reafirma que los intereses del pueblo no pueden quedar supeditados a la opacidad ni a los negocios de unos pocos.
También, para casos de contratos multimillonarios, debiera establecerse una reglamentación que abra el juego a otras empresas foráneas, a fin de garantizar una nutrida oferta en beneficio del municipio, alimentando la competencia y evitando que las licitaciones sean mecanismos manipulables para que se arreglen de antemano los resultados de la adjudicación.
Una forma histórica de las licitaciones públicas en general, ha consistido en que un puñado de empresas monopólicas u oligopólicas compitan falsamente entre sí, distribuyéndose de antemano el dinero público y con «retornos» a los funcionarios que hacen la vista gorda. O también, presentarse una empresa y simular otra oferta con algún perejil de titular con precios más caros o servicios más precarios, para garantizar que la adjudicación fuese a un oferente en particular.
Recientemente, también hubo serios cuestionamientos en la Municipalidad de Esquel por la contratación millonaria de una empresa de sonido para eventos, más cara que una oferente local, y sin explicar el municipio cuáles eran las diferencias técnicas entre ambas empresas, si es que las había.
La falta de transparencia, o al menos, la falta de aclaraciones serias por parte de la municipalidad, siembra la duda sobre la posibilidad de corrupción, con un estilo ya conocido practicado por administraciones anteriores nefastas, para lo cual la población votó un cambio. Un cambio que no da muestras concretas de haberse emprendido.
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