El Estado argentino apelará el fallo de EE.UU. que ordena transferir el 51% de YPF; la jueza Preska exige garantías de pago inmediatas.
Juicio por YPF: fuerte revés en EE.UU. y nueva presión judicial sobre el Estado argentino
El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, expone con crudeza los efectos de una expropiación mal ejecutada y la herencia de decisiones políticas que hoy amenazan el patrimonio nacional. En un contexto económico ya fragilizado, el país enfrenta ahora una cuenta millonaria, sin margen de maniobra y bajo la lupa de una justicia que no concede indulgencias.
Mientras el presidente Javier Milei confirmó la apelación, la estrategia legal del Estado se sostiene con alfileres. El pedido de Preska es claro: o se cumple con la sentencia o se ofrece una garantía concreta, algo que el Estado argentino ya ha evitado durante más de un año. La falta de respuestas efectivas no solo agrava la posición judicial del país, sino que proyecta una imagen de incumplimiento que debilita cualquier defensa en el plano internacional.
En paralelo, el proceso en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sigue su curso. Allí, tanto los fondos litigantes como el Estado buscan revertir o ampliar el fallo original. Sin embargo, el poder real lo ejerce Preska, que impone los plazos, exige garantías y define el terreno de juego. Su última resolución lo deja claro: Argentina debe transferir sus acciones Clase D de YPF al Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, salvo que consiga una suspensión con garantía.
Lo más grave es que el país está atado por decisiones políticas tomadas sin previsión ni transparencia. La expropiación de YPF fue ejecutada sin respetar la ley de oferta pública ni prever las consecuencias jurídicas. Hoy, los fondos demandantes no solo reclaman compensaciones multimillonarias, sino que logran avances concretos gracias a esa improvisación legal. El Estado argentino, que apela a la «cortesía» judicial, no ha mostrado voluntad de acordar ni de cumplir con las decisiones firmes del tribunal. Eso mina cualquier argumento de buena fe.
En este escenario, se abren tres caminos: obtener una ley especial del Congreso por dos tercios, modificar la legislación vigente o acordar directamente con los demandantes. Las tres opciones tienen alto costo político, pero no resolver ninguna significa seguir perdiendo terreno. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Santiago Castro Videla, mantiene la línea jurídica heredada del gobierno anterior, con los mismos estudios legales representando al país. Pero la estrategia se agota: no hay resultados ni margen para seguir postergando lo inevitable.
El juicio por YPF se ha convertido en un símbolo de cómo la mala praxis jurídica y la demagogia pueden terminar hipotecando los recursos estratégicos de una nación. La retórica nacionalista y la apelación permanente no alcanzan para frenar una maquinaria judicial que avanza sin pausa. El reloj corre, y esta vez, no a favor de la Argentina.
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