La Unidad de Información Financiera (UIF) denegó la registración de Point Limits SRL, una empresa históricamente vinculada al clan Ale, la familia tucumana condenada por asociación ilícita y lavado de activos y señalada por la desaparición de Marita Verón. La medida, adoptada bajo la gestión del abogado Matías Álvarez al frente del organismo, impide que la firma obtenga la constancia necesaria para continuar operando en el sector de juegos de azar.
La decisión reactiva el cruce entre el Estado y uno de los grupos delictivos más emblemáticos del interior argentino, cuya historia está atravesada por una de las causas más dolorosas de la crónica policial del país: la desaparición de María de los Ángeles Verón, ocurrida el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán.
Una condena histórica que no cerró las heridas
En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una sentencia que marcó un antes y un después en la persecución del lavado de activos en Argentina. Rubén Eduardo Ale, conocido como “La Chancha”, ex presidente del club San Martín de Tucumán, y su hermano Adolfo Ángel Ale, “El Mono”, recibieron penas de diez años de prisión cada uno por liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos proveniente del juego clandestino y la extorsión. En total, trece personas fueron condenadas y tres resultaron absueltas.
La sombra de Marita Verón nunca se apartó del clan. Susana Trimarco, madre de la víctima, señaló a “La Chancha” como el máximo responsable del secuestro y la desaparición de su hija, un caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata de personas en Argentina. Sin embargo, Ale nunca fue condenado por ese crimen. La absolución masiva de trece imputados en 2012, tras el juicio por la desaparición de Verón, derivó en un escándalo nacional que expuso las fisuras del sistema judicial tucumano.
En el juicio de 2017, el aporte de la UIF fue determinante. Un extenso informe reveló la magnitud del patrimonio del clan: casi 40 millones de pesos en maniobras financieras, una larga lista de propiedades, más de 100 vehículos entre autos y camiones, y 72 armas de fuego valuadas en más de 400 mil pesos. “La Chancha” Ale falleció en 2023 en su provincia natal.
Point Limits SRL: una pantalla que intentó sobrevivir a la condena
Point Limits SRL fue constituida en 2011 en la capital tucumana y quedó históricamente vinculada a “El Mono” Ale. La empresa controló una serie de locales de juegos de azar y fue allanada en el marco de la causa que terminó con la condena de los hermanos Ale. Los fiscales sostuvieron que la firma podía ser una pantalla para el lavado de dinero. A pesar de ello, nunca dejó de operar.
La empresa ya figuraba registrada en el sistema de la UIF desde el 15 de septiembre de 2011. Cuando la investigación federal contra el clan Ale avanzó, la sociedad se encontraba en pleno funcionamiento y contaba con habilitaciones para la explotación de juegos de azar. Durante los allanamientos de 2013, se secuestró dinero en efectivo en locales de la firma y la Justicia dispuso medidas de intervención sobre la sociedad y la clausura de sus casas de juego. En 2014, el Ministerio Público Fiscal identificó públicamente a Point Limits como una de las empresas vinculadas al clan Ale y sostuvo que su actividad podía ser utilizada como pantalla para el lavado de dinero.
La sentencia de 2017 tuvo por acreditado que los hermanos Ale dirigieron una asociación ilícita vinculada, entre otros delitos, con la usura, la extorsión, la explotación económica de la prostitución y el comercio de estupefacientes. Para mezclar, disimular y dar apariencia legal a los fondos provenientes de esas actividades, utilizaron actividades formalmente lícitas. Point Limits fue considerada uno de los vehículos societarios clave dentro de ese esquema.
Irregularidades que sellaron el bloqueo
Tras la condena de Adolfo Ángel Ale a diez años de prisión por lavado de activos y como jefe de una asociación ilícita, la sociedad continuó procurando sostener su actividad. Su registración ante la UIF había quedado bloqueada y, durante 2025 y 2026, la firma realizó distintas presentaciones para regularizarla y obtener nuevamente una constancia que le permitiera operar como Sujeto Obligado.
La Agencia Regional Norte de la UIF analizó la documentación presentada y detectó diversas irregularidades. Entre ellas, la falta de presentación de certificados de reincidencia ante los pedidos del organismo. Además, el “Oficial de Cumplimiento Titular” designado por la empresa, un hombre que porta el apellido Ale, ni siquiera formaba parte de la SRL.
Los Sujetos Obligados son las personas, empresas y organismos que, por la actividad que desarrollan y su exposición a riesgos de lavado de activos, integran el sistema de prevención y deben colaborar activamente con la UIF. La registración como Sujeto Obligado es un requisito indispensable para operar legalmente en el sector de juegos de azar. Al denegarla, la UIF impidió que Point Limits obtuviera la habilitación necesaria para continuar en el negocio.
Un mensaje para el sector
La resolución de la UIF bajo el mando de Matías Álvarez envía una señal contundente: las empresas vinculadas a estructuras criminales condenadas no encontrarán refugio en el sector del juego regulado. La decisión se produce nueve años después de la condena que puso a los hermanos Ale tras las rejas y a casi veinticuatro años de la desaparición de Marita Verón, un caso que sigue reclamando verdad y justicia.
La medida refuerza la importancia de los organismos de control en la prevención del lavado de activos y en la lucha contra las redes de trata y explotación que durante décadas operaron con impunidad en el norte argentino. La historia del clan Ale es también la historia de un sistema que durante años miró hacia otro lado. Hoy, la UIF parece decidida a no repetir ese error.
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