La Cámara Federal de Mar del Plata dio un paso decisivo en una de las causas por lavado de dinero más complejas de la última década en Argentina, al confirmar los procesamientos de cuatro directivos del grupo financiero Jonestur. La investigación, que se extiende por más de doce años, reveló una estructura paralela de administración patrimonial que movió al menos 138 millones de dólares de sus clientes, entre los que se encontraba el círculo íntimo de Daniel Muñoz, el histórico secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. El fallo, que deja a los acusados a un paso del juicio oral, representa un avance clave en el desentrañamiento de una trama que incluyó sociedades en Panamá, cuentas en Andorra y operaciones inmobiliarias en Estados Unidos, y que además se entrelazó con investigaciones por narcotráfico.
La decisión de la Cámara Federal marplatense, que ratificó los procesamientos de Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro, se sustentó en la consideración de que existen pruebas suficientes para sostener que los cambistas manejaron una cartera de al menos 138 millones de dólares de sus clientes, operando por fuera de la actividad formal de la casa de cambio. El tribunal no solo confirmó los cargos por lavado de activos agravado por habitualidad y en forma organizada, sino que también ordenó millonarios embargos por 10.000 millones de pesos contra cada uno de los procesados. La causa, que se originó en 2014 a partir de una denuncia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), fue impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica de Mar del Plata, con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
La investigación demostró que Jonestur operaba como mucho más que una simple casa de cambio. Según el expediente, la organización prestaba servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero y gestión de carteras, y fugaba fondos al exterior mediante una compleja red de sociedades constituidas en Panamá, desde donde los recursos eran derivados a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Esta operatoria ilegal permitió a los implicados triangular y reciclar dinero de origen ilícito, que luego era volcado en opulentas inversiones inmobiliarias en el exterior. Entre los beneficiarios de esta estructura se encontraba el círculo más íntimo de Daniel Muñoz, quien movió decenas de millones de dólares sin declarar a través de su pareja, Carolina Pochetti, y su testaferro, Sergio Todisco, quienes recurrieron a estas financieras para adquirir propiedades en Miami y el otrora hotel Plaza de Nueva York.
La causa judicial no estuvo exenta de obstáculos y demoras. En un fallo anterior, la propia Cámara Federal de Mar del Plata había dispuesto el apartamiento del juez Santiago Inchausti, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación. Sin embargo, la Casación Penal revirtió esa anulación y forzó la reapertura del expediente, mientras que la Corte Suprema de Justicia restableció a Inchausti al frente de la investigación. Con el expediente nuevamente en sus manos, el magistrado avanzó en septiembre pasado contra los directivos de Jonestur y de la firma Transcambio, procesando a un total de 29 imputados. Entre ellos se encontraban miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Rigano, Seret y Rolando Todaro, este último señalado como un nexo clave entre ambas organizaciones. También fue imputado el comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, por encubrimiento agravado, al haber omitido denunciar las maniobras.
La investigación requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados y una intensa cooperación internacional. En este marco, Inchausti libró una rogatoria internacional a Andorra para inmovilizar activos detectados en cuentas de la BPA pertenecientes a García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que, en 2023, los directivos de Jonestur llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público de Andorra, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. Pese a ello, en la entidad andorrana permanecen congelados cerca de 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar para resarcir a los damnificados y al Estado.
Si bien la Cámara confirmó los procesamientos de los máximos responsables de Jonestur, también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento de otros acusados, entre ellos los directivos de Transcambio, al estimar que no hay evidencias suficientes para confirmar que integraron una asociación ilícita, tal como había sostenido el juez Inchausti. Esta decisión, que el Ministerio Público apelará ante la Casación Penal, no empaña la contundencia de las pruebas reunidas contra la cúpula de Jonestur. Para el juez Inchausti, «quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente», configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina. Con la confirmación de los procesamientos, la causa se encamina ahora hacia un juicio oral que promete develar todos los entresijos de una trama que vinculó el poder político, las finanzas paralelas y el lavado de dinero a escala global.
Deja una respuesta