Los hijos de Battista declararon y respaldaron la teoría del autoresguardo, dejando al descubierto las graves irregularidades de la fiscalía de Esquel.
El caso.
La causa que mantiene detenido al bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años, en Esquel, ha dado un giro que expone las profundas fisuras de la acusación fiscal. Los tres hijos del imputado declararon ante la Justicia y ratificaron la versión que la defensa sostiene desde el primer día: el encierro no fue un cautiverio, sino un acto desesperado de autoprotección frente a amenazas externas que el sistema nunca supo atender. Ese «sistema» incluiría al propio accionar poco feliz del Poder Judicial que, paradójicamente, encarceló a Battista.
El abogado defensor, Daniel Sandoval, fue contundente al evaluar la jornada judicial. Los adolescentes aportaron “la misma versión que sostenemos como teoría del caso desde la defensa”, consolidando la idea de un encierro originado por el pánico a factores externos. Según la hipótesis del letrado, la familia decidió tapiar las ventanas y evitar el contacto social para resguardarse de una red que los venía extorsionando y amenazando desde hace tiempo.
La reclusión, dijeron los jóvenes, “no fue una acción caprichosa” sino “la única forma de hacer justicia por mano propia” ante el desamparo del sistema.
El impacto de estas declaraciones es demoledor para la investigación original. Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal, encabezado en este caso por la procuradora Cecilia Bagnato (la misma del caso del caballo regalado), mantenía al científico bajo prisión preventiva al considerar que tenía cautiva a su esposa y a sus hijos en condiciones de vulnerabilidad extrema. La carátula provisoria —abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad— se sostiene sobre una hipótesis que, a medida que avanzan las testimoniales, se desmorona con una velocidad inquietante.
El allanamiento violento y la hipótesis del “bebé enterrado”
Uno de los puntos más oscuros del accionar fiscal es el operativo del pasado 22 de octubre. Según relataron los propios menores, al escuchar los ruidos de las aberturas rotas durante la irrupción policial, pensaron que los venían a secuestrar, lo que desató un pánico absoluto en el interior de la vivienda. Lejos de encontrar un cuadro de sometimiento, los agentes se toparon con una familia aterrorizada por la violencia de un procedimiento que, según la defensa, carecía de toda proporcionalidad.
El bebé muerto y enterrado era sólo una mascota
Pero hay más. Sandoval reveló que la fiscalía ordenó remover la tierra del patio bajo “la presunción demencial de que había un bebé muerto”, una sospecha motivada por el hallazgo de ropa infantil. El resultado de esa búsqueda fue el hallazgo de huesos que los propios chicos reconocieron de inmediato como los restos de sus mascotas fallecidas. La hipótesis del bebé enterrado —una de las más graves esgrimidas para justificar la urgencia del allanamiento— terminó siendo una fábula que solo existió en la imaginación de los investigadores.
¿Quién se hace cargo del dolor de desenterrar a las mascotas de su lugar de descanso eterno?
Los chicos no estaban desnutridos.
Los informes médicos oficiales también respaldan la postura del bioquímico. Tras los análisis clínicos realizados en el hospital local, se comprobó el buen estado general de los jóvenes, y solo una de las chicas presentó un cuadro leve de deshidratación, descartando cualquier sometimiento a un proceso de hambruna durante sus años en la casa.
La exposición de los menores: el silencio selectivo de la fiscalía
Más allá de las hipótesis endebles, hay un aspecto que merece una condena independiente: la exposición mediática de los menores. La fiscalía de Esquel difundió información de la causa, describió el estado de la vivienda, y permitió que los nombres de los padres y la dirección exacta del barrio La Cascada circularan por todos los medios de la región y del país. Si bien no se dieron a conocer las identidades de los adolescentes, el escrache público a su padre y a su hogar los puso en vergüenza ante toda la sociedad.
Ya hemos visto que de esa fiscalía parece filtrarse muy fácilmente la información.
Lo llamativo es el contraste con el accionar de la fiscal jefe María Bottini en otros casos. La misma funcionaria que en el pasado hizo alarde de la mención de su propia hija en un medio de comunicación y radicó una denuncia formal señalando tal exposición como una afrenta intolerable, poco parece haberle importado a la fiscalía la exhibición de los menores Battista a través de la difusión de hipótesis que nada tendrían que ver con la realidad de los hechos. La vara moral, al parecer, se aplica con geometría variable según convenga a los intereses de la fiscalía.
Un patrón que se repite: la fiscalía de Esquel y las causas sin sustento
Este no es un hecho aislado. La fiscalía de Esquel arrastra un historial de irregularidades que ponen en duda su capacidad para investigar con objetividad. En el caso de la mutual Aonikenk, las defensas pidieron el apartamiento de Bottini y Bagnato por parcialidad, y aunque el juez rechazó el planteo, dejó sentado que “la pasión o la firmeza en la acusación” no equivalen a la pérdida de objetividad, pero también advirtió que “habría un desvío de su función si se demuestra que un fiscal actúa motivado por enemistad o interés personal”.
Las sospechas sobre el modus operandi de la fiscalía no son nuevas. Chubut Online ha documentado en repetidas oportunidades cómo se han armado causas contra personas inocentes, se han ventilado audios que comprometen a la propia fiscal Bottini y a su entorno, y se han radicado denuncias falsas contra medios de comunicación y ciudadanos. La causa Battista, con su hipótesis del bebé enterrado que terminó siendo una mascota, con su teoría del cautiverio que los propios hijos desmienten, y con su exposición innecesaria de menores, es un eslabón más de una cadena de desprolijidades que ya no puede atribuirse a la casualidad.
El futuro de la causa
A pesar de las contundentes declaraciones de los menores, el Ministerio Público Fiscal insiste en mantener a Battista tras las rejas. El representante legal acusó a los investigadores de perder todo nivel de objetividad y deslizó que buscan “condenar a un inocente para poder satisfacer su ego” sosteniendo a toda costa los cargos por privación ilegítima de la libertad. La definición se producirá en una nueva audiencia de control, mientras la defensa ya prepara un contragolpe:
tras recibir llamados de cadenas internacionales como CNN en Español y el diario El País de España, el letrado anticipó que podría demandar al Estado por la estigmatización nacional y mundial que sufrió Battista y por el perjuicio irreversible de haber disgregado a una familia que, según su visión de los hechos, solo buscaba protegerse de las amenazas.
¿Quisieron armar una causa para tapar sus irregularidades?
La duda ahora recae en la intencionalidad de la fiscalía de Esquel, que ya fue denunciada penalmente por otras causas, y se avecinarían otras denuncias penales por presunto mal desempeño y otras cuestiones, que, a prima facie, serían muy graves, incluso, más graves de lo ya denunciado hasta el momento.
Una mirada global del panorama relativo al accionar de la fiscalía de Esquel no debería descartar que, en un futuro no tan lejano, los órganos de control podrían desvincular de sus cargos a varios integrantes de esa fiscalía, con denuncias que, de encontrarse prueba suficiente, podría hasta llevar tras las rejas a algunos integrantes del Poder Judicial.
¿Será justicia?
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