En un giro inesperado que estremeció los pasillos del fútbol argentino, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y otros altos directivos de la entidad fueron interceptados por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. Lo que parecía ser el retorno triunfal de la Selección Argentina tras su participación en la Copa del Mundo se convirtió en un tenso episodio judicial cuando las autoridades federales de Estados Unidos notificaron al dirigente y procedieron al secuestro de sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. La medida, que se extendió a otros integrantes de la comitiva oficial, incluye a figuras clave como el Secretario General Pablo Toviggino y los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni, todos ellos en la mira de una investigación que busca desentrañar una compleja red de movimientos financieros por más de 300 millones de dólares vinculados a los contratos comerciales de la Selección.
El operativo en la «Gran Manzana» que retrasó el regreso del plantel
El operativo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se desplegó minutos antes del despegue del vuelo charter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, previsto para las 6:00 de la mañana pero que finalmente despegó cerca de las 8:15. Ese retraso no solo postergó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de fanáticos esperaban una multitudinaria celebración, sino que sumió a la delegación en un clima de incertidumbre. Entre los jugadores que viajaron en esa aeronave no se encontraban las máximas estrellas del equipo: Lionel Messi, quien prefirió llegar en su avión privado al día siguiente para recluirse en su residencia de Rosario, y Rodrigo De Paul.
Fuentes judiciales confirmaron que, además de los dispositivos de Tapia, los agentes se incautaron de computadoras y teléfonos pertenecientes a otros altos funcionarios de la AFA que formaban parte de la comitiva. La evidencia recabada en el aeropuerto neoyorquino será trasladada a la Corte del distrito sur de Florida, donde el máximo mandatario del fútbol argentino ha sido citado a declarar. Según los documentos judiciales, se le exige a Tapia que aporte toda la información disponible sobre Tourprodenter, una sociedad registrada en Florida que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión, y que está administrada por Javier Faroni.
El entramado financiero bajo la lupa del Departamento de Justicia
La investigación, que ya había comenzado a tomar forma durante el desarrollo del Mundial en Estados Unidos, se centra en una intrincada estructura financiera. Los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, junto a Michael Berger de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, están liderando un equipo especializado en delitos económicos. La pesquisa se encuentra en una etapa preliminar, aunque de suma relevancia, orientada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si las operaciones configuran delitos bajo la legislación estadounidense.
Un paso crucial en este proceso fue la citación y declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA. La reunión, que se extendió por más de dos horas en Miami, permitió a los investigadores obtener información y documentación sensible sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
Tourprodenter y el laberinto bancario de los 300 millones de dólares
En el epicentro de la trama se encuentra TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette. Esta empresa fue designada por decisión de Tapia como el agente exclusivo para cobrar los multimillonarios contratos internacionales de la AFA, percibiendo comisiones por su intervención. La documentación bancaria obtenida ha revelado que los fondos, que superan los 300 millones de dólares en operaciones bajo análisis, no circularon por una única cuenta, sino que se desplegaron a través de un complejo entramado de cuentas en instituciones como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Solo por esta última entidad financiera pasaron 13.554.200,64 dólares en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas a contratos en Asia, Europa y Medio Oriente. Los extractos bancarios muestran un patrón sospechoso: parte del dinero permanecía en las cuentas apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Entre los giros millonarios se identificaron pagos a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida, como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron 3.171.800 dólares.
La estrategia de dispersión de fondos y el rol de la Justicia de EEUU
La investigación ha puesto al descubierto un sofisticado mecanismo de dispersión de fondos. Varias de las sociedades mencionadas compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida, y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad luego de que las operaciones comenzaran a ser difundidas. Esta dispersión del dinero entre diferentes bancos, la utilización de múltiples empresas y la sucesión de transferencias cruzadas fue una estrategia que dificultó la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos, lo que ahora los investigadores intentan descifrar.
El material analizado por las autoridades estadounidenses surgió, en gran medida, de procedimientos de «discovery» autorizados por tribunales de ese país en los litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Lo que comenzó como una prueba dentro de una disputa comercial, se convirtió en la base de una evaluación directa por parte del Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal. La incautación de los teléfonos y dispositivos de Tapia y los otros dirigentes representa un salto institucional clave, ya que permitirá preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que podrán ser contrastados con los movimientos bancarios y los testimonios reunidos por las autoridades federales.
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