El Gobierno argentino apeló el fallo de Preska que ordena entregar el 51% de YPF como pago por la estatización en 2012. El país busca revertirlo.
YPF: el Gobierno apela el fallo que amenaza con desguazar la petrolera estatal
El gobierno de Javier Milei intenta frenar una de las peores bombas judiciales de los últimos años: la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital. La medida, dictada por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, es parte de la sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares como indemnización por la estatización inconsulta de la petrolera en 2012. La apelación fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en un último intento por evitar lo que el propio Estado considera un “daño irreparable”.
Detrás de este nuevo capítulo judicial, se esconde un error político de base: la estatización sin respetar el estatuto de la compañía, que exige una oferta pública de adquisición (OPA) para todos los accionistas minoritarios cuando alguien toma control mayoritario. Eso nunca ocurrió en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que avanzó contra la española Repsol sin ofrecer condiciones equitativas al resto de los socios, como Petersen Energía. Y es sobre esa omisión que Burford Capital construyó su estrategia legal, luego de comprar por apenas 17 millones de dólares los derechos de litigio.
El modelo de negocios de Burford Capital es claro: comprar barato pleitos prometedores y cobrarlos con intereses en la justicia internacional. En este caso, el botín es multimillonario. La jueza Preska ya falló en contra del Estado argentino y dio un plazo de 14 días, que vence el 14 de julio, para entregar las acciones. Mientras tanto, los abogados de los fondos quieren ir por más: buscan que también se condene a YPF como empresa, aunque hasta ahora ha sido eximida.
La estrategia judicial del gobierno incluye dos movimientos simultáneos: apelar la sentencia principal y pedir la suspensión de la ejecución hasta que haya una definición firme. Si se entregan las acciones antes de la revisión de la Cámara, se pierde la herramienta clave de negociación y se abre la puerta al desmembramiento de una empresa estratégica.
Pero lo cierto es que este caso no debería haber llegado tan lejos. Fue la improvisación política, el desprecio por las reglas de mercado y la creencia en que los tribunales internacionales son inofensivos lo que llevó a este punto. La Argentina se enfrenta a una paradoja peligrosa: haber recuperado soberanía energética en 2012, para ahora poner en riesgo la estructura misma de su petrolera.
Lo que está en juego no es solo un paquete accionario. Es la credibilidad del país en los mercados globales, su imagen como garante de contratos y la supervivencia de una empresa esencial para Vaca Muerta y la transición energética. La causa YPF simboliza los costos profundos del cortoplacismo político, que sigue generando facturas que se pagan con intereses —y, esta vez, con acciones.
El Gobierno de Milei tiene ahora la responsabilidad de evitar una catástrofe legal, pero también de sentar las bases para que estas historias no se repitan. Porque una cosa es apelar un fallo; otra muy distinta es revertir una historia de irresponsabilidad crónica que sigue castigando a la Argentina donde más le duele: en sus activos estratégicos.
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