Argentina enfrenta una creciente presión judicial en EE.UU. por su participación en YPF: más fondos con fallos previos exigen cobrar con acciones estatales.
El conflicto judicial en torno a YPF se agrava. Nuevos fondos de inversión, con sentencias firmes por deuda en default, reclaman ante la jueza Loretta Preska el mismo tratamiento que los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera. Exigen quedarse con parte del 51% del paquete accionario de YPF en manos del Estado nacional. La disputa, que se libra en tribunales estadounidenses, abre un nuevo frente para el gobierno argentino, que ya enfrenta un fallo adverso y en ejecución.
Los nuevos actores —entre ellos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee— no participaron del litigio por la expropiación, pero sí lograron fallos favorables por bonos impagos. Ahora apelan a la figura del “me too”, utilizada para replicar efectos de sentencias previas, con el objetivo de participar en la ejecución de las acciones estatales. Argumentan que sus fallos son anteriores a los del caso Petersen/Eton y Bainbridge, por lo que solicitan prioridad en el cobro.
Esta situación plantea una puja directa entre fondos con intereses contrapuestos, todos ellos respaldados por sentencias judiciales firmes contra el Estado argentino. El activo en disputa es claro: el control mayoritario de YPF, la petrolera insignia del país. La jueza Preska ya había ordenado que ese 51% sea transferido a los ganadores del juicio por la expropiación, pero con esta nueva presentación se abre un debate legal sobre la prelación de pagos y la posibilidad de embargos múltiples sobre un mismo activo.
La ofensiva judicial de estos fondos responde a una lógica financiera implacable: maximizar el cobro de sus acreencias utilizando cualquier activo disponible del deudor, en este caso el Estado argentino. La argumentación legal sostiene que el país sigue en situación de incumplimiento, y que las acciones de YPF representan un bien ejecutable conforme al derecho estadounidense e internacional.
En paralelo, el Gobierno argentino solicitó la suspensión del fallo que ordena entregar las acciones, alegando que su implementación es jurídicamente inviable. Busca frenar una medida que considera no solo ilegal, sino también impracticable, debido a las implicancias soberanas y operativas que tendría desprenderse del control de YPF.
El desenlace es incierto, pero el mensaje es claro: Argentina no solo enfrenta las consecuencias de su política de expropiación de activos estratégicos, sino también las de un historial persistente de incumplimiento financiero. La presión crece y la propiedad de YPF se convierte en el trofeo más codiciado por los acreedores internacionales. Lo que está en juego no es solo un paquete de acciones, sino una pieza clave del entramado energético y político del país.
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