La Corte Suprema rechazó el último recurso y Santiago Igón irá a juicio por las vacunas VIP durante la pandemia en Chubut. El exdiputado nacional por Chubut, radicado en Esquel y referente del kirchnerismo, deberá sentarse ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia por la acusación de aceptación de dádiva. La decisión judicial no es un detalle: marca que el privilegio de vacunarse por encima de los demás no puede cerrarse con un cheque ni con una salida elegante.
La causa contra Santiago Igón llegó a su punto más alto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja de la defensa y dejó firme la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado el sobreseimiento y descartado la reparación económica como forma de extinguir la acción penal. Con eso, el camino al juicio oral y público quedó despejado. El exlegislador deberá responder por haber recibido la vacuna Sputnik V en febrero de 2021 en el Hospital Zonal de Esquel, cuando la campaña de inmunización estaba concentrada en los grupos prioritarios.
El episodio, conocido como vacunación VIP, es una herida abierta. Mientras miles de argentinos esperaban turno, rezaban por una dosis o veían morir familiares sin acceso a la vacuna, un puñado de dirigentes y allegados al poder se acomodó en la fila. No fue un error administrativo. Fue un abuso de cargo. Fue la vieja lógica de creer que el Estado es una propiedad privada y que los derechos de los demás se pueden pisotear con una firma, un llamado o una amistad política.
La defensa de Igón intentó llevar el caso hasta la Corte después de que Casación rechazara el recurso extraordinario. Presentó una queja directa, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti la declararon inadmisible por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Traducción: no hay más vueltas. El proceso sigue. El exdiputado tendrá que sentarse en el banquillo.
El intento de cerrar la causa con dinero es otro capítulo que indigna. En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había aceptado una propuesta de reparación integral: Igón ofrecía pagar 3 millones de pesos al Hospital Zonal de Esquel, mientras que Carlos Emiliano Biondo aportaría 1 millón. Era una salida para evitar el juicio oral. El fiscal federal Teodoro Nürnberg se opuso y la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto aquella resolución. El argumento fue contundente: no se puede aplicar una salida de ese tipo frente a un delito atribuido a un funcionario público en razón de su cargo.
Aquí aparece la hipocresía discursiva del kirchnerismo. Santiago Igón pertenece a ese espacio político que llena la boca hablando de los pobres, de los derechos humanos, de la salud pública y de la solidaridad. Pero a la hora de vacunarse, cuando el privilegio estaba en juego, la acusación sostiene que se priorizó a sí mismo. No esperó. No se puso en la fila de los que no tienen contactos. No pensó en el docente, en la enfermera, en el abuelo que hacía cola. Y después, cuando la Justicia lo alcanzó, intentó pagar para cerrar el expediente. Esa es la falsedad de un discurso que se dice popular mientras practica el privilegio más descarado.
Carlos Emiliano Biondo no queda afuera. Está procesado por su vinculación con la supervisión del operativo de vacunación. Si alguien tenía la responsabilidad de administrar dosis críticas en plena pandemia, su obligación era priorizar a la población, no a los amigos políticos. La medicina escaseaba. Las vacunas eran esperanza. Usar ese poder para facilitar el acceso a allegados es una traición a la confianza pública. La Justicia debe investigarlo a fondo y establecer responsabilidades.
No se trata de una condena anticipada. La Corte no declaró culpable a nadie. Lo que hizo fue habilitar el juicio oral y público. Eso es exactamente lo que corresponde en una democracia. Que se debata, que se pruebe, que se escuchen los argumentos. Pero también que no se permita que un funcionario acusado de abusar de su cargo compre una salida elegante. La sociedad exige que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia actúe con severidad y ponga límites claros.
El kirchnerismo nos tiene tristemente acostumbrados a estos episodios. Dirigentes que hablan de igualdad mientras viven en countries, que denuncian privilegios mientras se vacunan primero, que lloran por los pobres mientras acomodan a los amigos. El caso Igón es una muestra más. No es un hecho aislado. Es una práctica. Y por eso la respuesta judicial debe ser ejemplar.
Cinco años después de aquella vacunación en el Hospital Zonal de Esquel, la discusión vuelve al centro. La acusación deberá ser debatida en un juicio oral y público. La Corte cerró la última vía de apelación. Ahora la pelota está en la cancha del tribunal. Y la sociedad mira. Los que se creyeron por encima de los demás deben rendir cuentas. La impunidad no puede ser otra vez la salida.
Deja una respuesta