Las universidades nacionales argentinas se convirtieron en un agujero negro de recursos públicos. La Universidad de Buenos Aires (UBA) dice tener más de 300.000 alumnos, pero nadie sabe cuántos son reales. No hay categorización clara: ¿cuántos cursan, cuántos rinden, cuántos solo usan el comedor o el espacio para militar? Sin datos precisos, el despilfarro está garantizado.
El problema no es menor. Millones de pesos se fugan sin control porque los presupuestos no son públicos como deberían. Las autoridades rinden cuentas a nadie. Sobresueldos, viajes, asesores fantasma y obras paralizadas son moneda corriente. La UBA, emblema nacional, se convirtió en un símbolo de la opacidad.
Pero hay algo peor: los “estudiantes eternos”. Personas que hace diez, quince o veinte años están anotadas sin avanzar en ninguna materia. No van a estudiar, van a hacer política, especialmente los de izquierda, pagados por todos los argentinos. Usan las aulas como centros de adoctrinamiento kirchnerista, toman edificios, organizan marchas y después se quejan de que el país no funciona.
El nivel académico se derrumbó desde que el kirchnerismo intervino la universidad. Los planes de estudio se llenaron de contenciosidad vacía, ideología de género sin sustento científico y materias que parecen talleres de militancia. Los famosos rankings mundiales que la UBA presume son un circo armado por instituciones afines. No tienen rigor técnico. Son propaganda. Propaganda absurda basada en la imagen de lo que alguna vez fue la universidad y ya no lo es.
Urge un cambio de leyes. Las universidades nacionales no pueden seguir siendo feudos sin control. Hay que auditar cada peso, poner tope a la reelección de autoridades, eliminar la gratuidad para quienes no aprueben materias en un tiempo razonable y prohibir la militancia partidaria dentro de los claustros.
Las universidades no son gratuitas: las pagamos todos y por ello todos tenemos que saber qué hacen las universidades con nuestro dinero.
Mientras tanto, en otras universidades nacionales el panorama no es distante a la situación de la UBA. Profesores que trabajan pocas horas por semana cobran más que un empleado privado de jornada completa. Y aún así se quejan, paran, toman la calle. El derecho a huelga se convirtió en un arma de extorsión. Docentes de izquierda y kirchneristas acapararon los espacios y no dictan clases. En algunos casos ya son meses sin dictar cátedras agarrados de huelgas eternas mientras siguen «manoteando» sus sueldos. Los alumnos son rehenes del caos.
Basta de financiar vagancia, adoctrinamiento y mediocridad. La ley debe limitar las huelgas docentes. Si no dan clases, que no cobren. Si hacen política, que renuncien. La educación pública es un derecho, no una concesión a la casta universitaria.
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