En un contexto de fuerte aumento de la morosidad, un jubilado con domicilio en Posadas, Misiones, llevó su caso a la Justicia Federal. Denunció un “sobreendeudamiento inducido” por los créditos UVA —creados durante la gestión de Mauricio Macri y sostenidos en el gobierno de Alberto Fernández— y no descarta declarar su quiebra personal si el tribunal rechaza una reestructuración de sus pasivos.
El hombre, que percibe un ingreso mensual inferior a 1.500.000, acumulando deuda inflada por las entidades demandadas por la suma de $150.000.000.
La demanda alcanza a dos bancos, dos organismos de crédito vinculados a las Fuerzas Armadas, una billetera digital, una agencia de cobranzas y tres administradoras de tarjetas de crédito. Su defensa sostiene que no hubo morosidad voluntaria, sino un circuito de refinanciación encadenada que lo llevó a una cesación de pagos irreversible.
Nueve créditos UVA en menos de dos años
El jubilado tenía un historial limpio: había cancelado un crédito hipotecario en 2017 y no registraba deudas relevantes. Todo cambió en enero de 2024, cuando tomó un préstamo UVA para refaccionar su vivienda. A partir de allí, la dinámica se volvió una espiral: cada nuevo crédito servía para pagar el anterior, cubrir tarjetas o sostener gastos cotidianos.
Solo con una entidad bancaria, el denunciante contrató nueve préstamos sucesivos bajo la modalidad UVA. El capital otorgado fue de unos 49 millones, pero por indexación y capitalización de intereses morbosos superó los 83 millones Al sumar tarjetas, créditos con descuento directo sobre el haber previsional y la billetera digital, el total supera los 150 millones.
Las cuotas mensuales para cubrir su crédito superan sus ingresos jubilatorios, siendo entonces de carácter impagables.
Acusaciones cruzadas contra bancos y financieras
La demanda apunta con dureza al banco que originó el endeudamiento. Se le atribuye no haber evaluado la solvencia real, haber cerrado unilateralmente la cuenta del jubilado y haberlo inducido a invertir en fondos comunes de inversión con promesas de rentabilidad nunca concretadas. Además, una agencia de cobranzas habría contactado a familiares del hombre por correo electrónico para informarles la deuda, lo que la defensa califica como violación del secreto bancario y práctica abusiva.
El segundo banco demandado, en tanto, habría otorgado financiamiento a un consumidor ya sobreendeudado, con un costo financiero total del 129,08% de tasa efectiva anual en una de sus tarjetas. Se denuncia también “anatocismo indirecto”: aunque formalmente se prohíbe la capitalización de intereses, en la práctica los intereses se incorporan al saldo y generan nuevos intereses.
Los organismos de crédito de las Fuerzas Armadas, por su parte, concedieron préstamos con descuento directo sobre la jubilación sin analizar la capacidad de pago residual. Uno de ellos otorgó en enero de 2026 una refinanciación por $21.339.000.
Lo que pide la Justicia y la amenaza de quiebra
El reclamo solicita la nulidad de cláusulas abusivas, la sustitución del índice UVA por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), la reliquidación de deudas y que las cuotas futuras no superen el 30% de su ingreso neto. También pide suspender los descuentos automáticos, eliminar los reportes negativos en Veraz y Nosis, y reabrir su cuenta bancaria.
En caso de rechazo, el jubilado dejó planteada la apertura de un proceso de quiebra de persona humana no comerciante, al amparo de la Ley 24.522. Sus abogados advierten que el caso no es aislado: expone una problemática social vinculada al crecimiento de la mora por créditos extorsivos, el endeudamiento digital y los mecanismos financieros complejos aplicados a sectores de ingresos fijos.
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