La UIF acusó a Cristina Kirchner de recibir 175 sobornos por más de $171 millones y US$613 mil.
El Tribunal Oral Federal N.º 7 avanzó este jueves en la lectura del requerimiento de elevación a juicio del tramo “La Camarita” de la causa Cuadernos, donde la Unidad de Información Financiera presentó una acusación directa contra Cristina Fernández de Kirchner por presunta recepción sistemática de sobornos vinculados a la obra pública.
Según el organismo antilavado, encabezado por Paul Starc, la ex presidenta habría sido beneficiaria de 175 pagos ilegales que totalizan $171.224.710 y US$613.000, entregados entre 2008 y 2010. Los fondos habrían sido canalizados a través de un circuito de recaudación “aceitado y piramidal”, cuyo destino final —según la acusación— eran Néstor y Cristina Kirchner.
Durante la audiencia número once del juicio, la querella describió un entramado de retornos sostenido durante años mediante resoluciones administrativas firmadas por el entonces titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. El esquema contemplaba anticipos financieros del 10% al 20% de las obras o compensaciones equivalentes, lo que abría la vía para el pago de sobornos.
La UIF atribuyó un rol central al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, señalado como responsable político del sistema. Su segundo, José López, habría coordinado la operatoria diaria, mientras que Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, habría actuado como nexo para que las empresas cumplieran los acuerdos. El financista Ernesto Clarens fue identificado como principal recaudador, aportando incluso un archivo con fechas y montos de cada entrega.
Entre las empresas involucradas, la que más aportes ilegales habría realizado es JCR S.A., del Grupo Relats, con 40 pagos por un total de $85.493.691 entre 2011 y 2013. En paralelo, la firma fue adjudicataria de 44 obras por más de $5.294 millones, en su mayoría de manera exclusiva. La acusación también remarcó el vínculo comercial con el matrimonio Kirchner a través del hotel Los Sauces, cuyo alquiler —según el contador Víctor Manzanares— generó ingresos por entre 10 y 11 millones de dólares declarados.
El tramo también alcanza a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo De Sousa, a quienes se les atribuyen cinco pagos ilegales por unos $14 millones entre 2011 y 2012 mediante la constructora CPC S.A.
El juicio continúa con la lectura completa del requerimiento, mientras la UIF insiste en que existió un sistema de recaudación sistemático, sostenido y coordinado desde las más altas esferas del poder político.
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