El sistema educativo de la provincia del Chubut atraviesa una crisis silenciosa que pocos se animan a mencionar: la figura de las tareas pasivas se ha convertido en un refugio para algunos docentes que, amparados en normativas laxas y controles prácticamente inexistentes, cobran mes a mes su salario completo sin pisar un aula. La ley lo permite, pero lo que debió ser una excepción para casos de salud grave se ha transformado en una modalidad de vida laboral para muchos.
El Estatuto del Personal Docente (Ley VIII N° 20) define la situación pasiva como aquella en la que se encuentra el personal que “pasa a desempeñar funciones no comprendidas en el artículo 2º” o es “destinado a las funciones auxiliares por pérdida de sus condiciones para la docencia activa”. En teoría, el espíritu de la norma es proteger a aquellos educadores que, por una enfermedad física o mental grave, ya no pueden estar frente a un curso. El problema es que la práctica ha desvirtuado por completo esa intención original.
El Ministerio de Educación debería proteger a docentes con amplia trayectoria, pero no tiene que funcionar como bolsa de trabajo, o como agencia de subsidios a personas que no quieren trabajar. El que no tenga antigüedad real en el aula y haya vivido casi toda su vida en tareas pasivas, debería ser dado de baja y que busque trabajo por fuera del Estado.
Los casos legítimos
Existen, y es necesario reconocerlo, casos legítimos que justifican plenamente el pase a tareas pasivas. Docentes que han dedicado décadas de su vida a la educación y que, por un accidente, una enfermedad oncológica, un problema neurológico invalidante o cualquier otra patología severa, ven truncada su carrera en el aula. Esos casos merecen toda la protección del Estado. Personas que construyeron su trayectoria frente a alumnos, que formaron generaciones y que, por causas ajenas a su voluntad, necesitan un cambio de funciones sin perder su sustento. Esa es la esencia de la norma y nadie debería cuestionarla.
Los abusos en el sistema
Pero el abuso es monstruoso y ocurre generalmente cuando la causal es una “cuestión psicológica” que, en la práctica, se convierte en un comodín para dejar de trabajar. La vaguedad de los diagnósticos de salud mental, sumada a la ausencia de controles rigurosos, permite que cualquier docente que no quiera enfrentar el aula, que no quiera cumplir con su horario o que simplemente prefiera cobrar sin dar clases, obtenga un pase a tareas pasivas con la misma remuneración que percibía en actividad.
La reasignación de tareas innecesarias.
El problema se agrava cuando esos mismos docentes en tareas pasivas son reasignados a funciones dentro de las propias escuelas. Allí cumplen tareas administrativas o auxiliares que, en muchos casos, ya tienen personal designado o que deberían cubrirse por concurso. No hay razón para que una persona que no puede dar clases por una supuesta incapacidad psicológica pueda, sin embargo, desempeñarse en una biblioteca pedagógica, en una delegación administrativa o en cualquier otro espacio dentro del sistema educativo. Si no está en condiciones de estar frente a alumnos, ¿por qué sí está en condiciones de realizar otras tareas?
Casos escandalosos
La incongruencia es aún más escandalosa cuando se conocen casos de docentes en tareas pasivas que, en su vida privada, han tenido prohibiciones de acercamiento a sus propios hijos o no pasan las cuotas alimentarias que les corresponden.
¿Cómo puede el Ministerio de Educación sostener que una persona que no es responsable de sus propios hijos está en condiciones de “trabajar” en una escuela, aunque sea en tareas pasivas? La respuesta es simple: no debería. Pero el sistema lo permite porque nadie cruza los datos, porque nadie investiga, porque nadie se anima a dar de baja a quien no debería estar cobrando un salario del Estado.
Un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia ya había detectado hace años que varios docentes en tareas pasivas percibían el incentivo docente, un beneficio que debería estar reservado para quienes efectivamente están en actividad. Eso demuestra que el problema no es nuevo, que las alertas existen y que la falta de controles es sistémica.
La normativa establece que “en ningún caso podrá haber más de dos docentes en situación pasiva en una misma escuela” y que el beneficio se extingue “al desaparecer las causas que lo motivaron, convenientemente certificado por la Junta Médica”. Pero en la práctica, ¿quién controla que esas causas sigan existiendo después de cinco, diez o veinte años? ¿Quién revisa periódicamente si un diagnóstico psicológico sigue siendo válido o si, por el contrario, el docente podría perfectamente reincorporarse a la actividad?
Lo que es y lo que debería ser.
Lo que debería ocurrir es radicalmente diferente. El Ministerio de Educación debería implementar un sistema de control riguroso y periódico de todas las personas en situación pasiva. Aquellos que realmente no pueden trabajar por una enfermedad grave y que acumulan años de servicio deberían ser protegidos, pero también deberían ser evaluados para determinar si corresponde una pensión por incapacidad en lugar de mantenerlos en una situación que no es ni activa ni jubilada.
Para quienes han pasado casi toda su vida laboral en tareas pasivas, la situación es insostenible. Personas que prácticamente no han dado clases, que no han formado alumnos, que no han construido trayectoria pedagógica alguna, y que sin embargo cobran mes a mes el mismo salario que un docente que está todos los días frente a un curso. Eso no es un beneficio, es un fraude al sistema y una afrenta a los educadores que realmente trabajan.
Si una persona no tiene las capacidades para cumplir con las funciones para las que se le paga, el Estado debería darle de baja y, en caso de corresponder, otorgarle una pensión por discapacidad. Pero no puede seguir pagando un sueldo completo por décadas a alguien que no trabaja. Eso no es solidaridad, es derroche de recursos públicos en un contexto donde los docentes activos reclaman salarios dignos y las escuelas carecen de infraestructura.
El problema de las tareas pasivas en Chubut no es un tema menor. Es un síntoma de una administración pública que premia la ineficiencia, que protege a los que menos deberían ser protegidos y que castiga a los que realmente trabajan. La discusión no es eliminar la figura, sino ponerle límites claros, controles efectivos y, sobre todo, sentido común. Que un docente con una enfermedad grave sea cuidado es algo entendible. Que un docente que no quiere trabajar se escude en un diagnóstico psicológico para cobrar sin dar clases es un abuso que debe terminar.
El Ministerio de Educación de Chubut tiene la responsabilidad de auditar uno por uno los casos de tareas pasivas, de revisar los diagnósticos, de cruzar datos con otros organismos y de tomar decisiones. No puede seguir mirando para otro lado mientras el sistema educativo se desangra y los recursos se diluyen en sueldos que no deberían estar pagándose.
Las escuelas necesitan docentes en las aulas, no en tareas pasivas eternas. Los alumnos necesitan educación de calidad, no que sus maestros estén en una biblioteca haciendo tareas que no deberían hacer. Y la provincia necesita un sistema educativo que funcione, no un agujero negro donde los recursos desaparecen sin que nadie sepa bien para qué.
Es hora de que Chubut ponga orden en sus tareas pasivas. Por los que realmente trabajan, por los que realmente necesitan protección y por los alumnos que esperan una educación digna.
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