En dos meses la Fiscalía de Madryn logró revocar once libertades condicionales tras detectar reincidencias o incumplimientos en los beneficios penales.
La Fiscalía, a través de su área de Ejecución Penal, intensificó el monitoreo de quienes gozaban de salidas transitorias o libertad condicional. El resultado: once personas que habían recuperado la libertad volvieron a prisión al constatarse infracciones a sus pautas judiciales.
El área encabezada por el fiscal a cargo explicó que la ejecución penal no termina con la condena, sino que se extiende mediante un seguimiento riguroso de las condiciones que habilitan beneficios. Entre ellas figuran la fijación de domicilio, las presentaciones periódicas y, en algunos casos, tratamientos obligatorios. Cuando esas pautas no se cumplen —o cuando se registran nuevos ilícitos—, la ley vigente permite pedir la revocación de la libertad.
Según precisaron desde la Fiscalía, en todos los casos recientes quedó demostrado que los beneficiados violaron sus condiciones. Por eso, los jueces de Ejecución resolvieron su retorno a prisión para garantizar “el cumplimiento efectivo de la sanción penal”.
El mecanismo de control —subrayan las autoridades— es fundamental para preservar la integridad del sistema de justicia: los beneficios como la libertad condicional no pueden ser vistos como un premio automático, sino como un privilegio condicional sujeto a responsabilidad. En ese sentido, cada revocación deja en claro que el derecho a salir no implica impunidad.
El régimen de libertad condicional permite acceder a la libertad cuando la persona condenada ya cumplió al menos tres cuartas partes de la pena, y haya demostrado buena conducta. Pero este beneficio deja de regir si hay incumplimientos o nuevos delitos. La reciente cadena de revocaciones en Madryn envía una señal clara: el sistema actúa con firmeza ante la infracción, priorizando el respeto al fallo judicial y la seguridad pública.
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