La escalada represiva en la isla no se detiene. Un informe reciente reveló que la cifra de presos políticos en Cuba alcanzó un máximo histórico de 1.260 personas, muchas de ellas sometidas a torturas sistemáticas, violaciones sexuales orquestadas desde el propio sistema penitenciario y amenazas de ejecución. El documento, elaborado por una organización internacional defensora de derechos humanos, pinta un panorama desolador que involucra a menores de edad, deportistas, artistas y periodistas independientes.
Solo durante el último mes, 23 nuevos presos políticos engrosaron las listas, entre ellos adolescentes, un campeón de artes marciales mixtas y familiares de opositores. Las detenciones se realizan bajo figuras legales vagas como “desórdenes públicos” o “sabotaje”, sin garantías procesales mínimas. El caso del luchador Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, conmocionó por su crudeza: fue arrestado tras nueve días de protesta individual en su casa, incomunicado y trasladado a Villa Marista, un centro de reclusión tristemente célebre por sus métodos de tortura. Las autoridades intentaron desacreditarlo alegando trastornos psiquiátricos, pero un peritaje médico oficial refutó esa versión.
Menores de edad en cárceles de máxima seguridad
Uno de los datos más alarmantes es la existencia de 14 menores de edad encarcelados actualmente por motivos políticos. Cuatro de ellos fueron detenidos en Morón, provincia de Ciego de Ávila, mientras reclamaban servicios básicos como electricidad, agua y alimentos. El adolescente Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, fue enviado a Canaleta, una prisión de máxima seguridad para adultos, pese a padecer dishidrosis severa y enfermedades inmunológicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya le otorgó medidas cautelares urgentes al considerar que su vida corre peligro inminente. En total, la ONG contabiliza 35 menores represaliados en la lista actual y denuncia que cada año al menos 410 niños y adolescentes pasan por centros penitenciarios o “escuelas de formación integral” dependientes del Ministerio del Interior, en clara violación de los estándares internacionales.
Violencia sexual como método de castigo
El informe documenta con nombres, fechas y lugares una práctica recurrente: el abuso sexual facilitado o directamente promovido por funcionarios penitenciarios. El caso más reciente ocurrió el 26 de abril en la prisión de Guanajay, donde un joven preso político fue violado con la complicidad de custodios y agentes de Seguridad del Estado. El agresor, un recluso común apodado “el Gago de San José”, es utilizado sistemáticamente como herramienta de represalia. Patrones idénticos se repiten en las cárceles de Agüica (Matanzas) y otros centros, donde las autoridades permiten el acceso del victimario a celdas de castigo para consumar las agresiones.
Amenazas de fusilamiento y terror institucional
El clima de terror se extiende con advertencias explícitas: varios presos políticos declararon que funcionarios penitenciarios les aseguraron que, ante una hipotética intervención militar extranjera, todos los reclusos por razones de conciencia serían ejecutados. En la prisión Kilo 8 (Camagüey), un oficial ordenó a sus subordinados “matar a todos los presos políticos, sin excepción”. En Guanajay, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara recibió la advertencia de que sería fusilado con arma de fuego. Estas intimidaciones también alcanzan a periodistas independientes y a las Damas de Blanco fuera de las cárceles, generando un cerco de desprotección total.
Excarcelaciones: ¿gesto humanitario o maniobra propagandística?
El informe desmonta las recientes liberaciones anunciadas por el régimen. En marzo, se habló de 51 excarcelados, pero apenas 27 eran presos políticos y ninguno recuperó la libertad plena: todos siguen bajo arresto domiciliario, con vigilancia estricta y la amenaza de regresar a prisión si hacen declaraciones públicas. En abril, se anunció el indulto de 2.010 reclusos comunes, pero no se incluyó a ningún preso político. Así, la organización concluye que, pese a las apariencias, “la represión política permanece intacta”, con 785 presos políticos aún tras las rejas y 475 bajo condiciones represivas en sus hogares.
Salud devastada y criminalización transversal
De los 1.260 presos políticos, 449 padecen enfermedades graves agravadas por malos tratos y falta de atención médica, mientras que 51 sufren trastornos mentales sin acceso a tratamiento psiquiátrico. La represión no distingue género: 142 mujeres están encarceladas por motivos políticos, y los familiares de opositores también son hostigados, como ocurrió en Santiago de Cuba con un matrimonio detenido por denunciar una multa abusiva. El informe finaliza advirtiendo que estos datos han sido presentados ante organismos internacionales como la ONU, la CIDH y el Parlamento Europeo, evidenciando un patrón de criminalización sistemática de la disidencia en Cuba, donde el castigo alcanza a personas de todas las edades, condiciones sociales y oficios.
El sistema represor que defiende la izquierda argentina
La izquierda argentina, mediocre y asesina, es la que defiende la dictadura cubana desde siempre. Los movimientos de izquierda argentinos celebran la tortura que ejerce el poder cubano contra su población, y en el mejor de los casos, prefieren mirar para otro lado para negar la realidad.
En uestra región, por ejemplo, hay una pequeña delegación de lo que se conoce como la «APDH», una asociación civil que pretende mostrarse como defensora de derechos humanos, pero en realidad defiende la torutura y los crímenes cometidos en Cuba, como en Argentina, al centrarse en los derechos de los delincuentes y no en los de las víctimas, al mismo tiempo que adulando figuras de terroristas a quienes titulan como «víctimas de la represión del estado argentino» en la década del 70.
Como se puede apreciar, mientras en otras partes del mundo existen verdaderas entidades que defienden los derechos humanos, tal el caso de las denuncias por violaciones en Cuba, en Argentina, la APDH va en sentido totalmente opuesto, brindando apoyo a los delincuentes, terroristas, y violentos.
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