Si Argentina hunde plataformas de Sea Lion vía Prefectura, el golpe es administrativo, no bélico: UK multiplicaría su gasto en defensa por las dudas, siendo imposible de sostener a largo plazo.
Una hipótesis sancionatoria, no bélica.
La posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina actúe contra las plataformas del proyecto Sea Lion, en el mar argentino, no es un escenario de guerra. Tampoco es un escenario actual que pueda llevarse a cabo en este momento. Es una hipótesis de sanción administrativa en flagrancia, similar a la que ya se aplicó contra buques pesqueros ilegales, y su sola existencia ya altera el cálculo estratégico británico. El Reino Unido, que sostiene un despliegue militar permanente en Malvinas por cientos de millones de dólares anuales, se vería obligado a elevar ese presupuesto de forma exponencial si la Argentina decide escalar en el terreno sancionatorio, sin recurrir a las Fuerzas Armadas.
La Prefectura Naval Argentina no es una fuerza de combate. Su Ley Orgánica N° 18.398 la define como policía de seguridad de la navegación, con facultades para hacer cumplir las leyes, dictar ordenanzas y entender en la extracción, remoción o demolición de buques que obstaculicen aguas jurisdiccionales. Esa habilitación legal es la que ya se utilizó en 2016, cuando un guardacostas persiguió y hundió al pesquero chino Lu Yuan Yu 10 en la zona de Puerto Madryn tras reiteradas advertencias y maniobras evasivas. El precedente existe y es administrativo: no hubo declaración de guerra ni intervención de la Armada.
El proyecto Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, se ubica a 220 kilómetros al norte de las islas, en un sector de la plataforma continental Argentina. La justicia federal de Río Grande ya ordenó cautelarmente a las empresas abstenerse de iniciar o continuar las operaciones, mientras se debate el impacto ambiental y soberano.
Si esa cautelar se incumple o si la vía judicial se agota, la Prefectura podría intervenir por flagrancia administrativa contra las plataformas flotantes, no contra el Estado británico. El encuadre jurídico no sería el de un acto de guerra, sino el de una sanción por infracción a las normas de navegación y explotación en aguas bajo jurisdicción argentina.
Argentina se rearma.
La compra de armamento por parte de Argentina apunta, en parte, a ese escenario. La Prefectura proyecta incorporar tres patrulleros oceánicos clase Gowind financiados por Francia, con un valor estimado de 278 millones de euros, destinados a reemplazar a los buques clase Mantilla. No son buques de guerra, pero sí plataformas con capacidad de interdicción y disuasión suficientes para ejecutar una sanción en flagrancia contra infraestructura privada rebelde. No obstante, sería tonto una operar una maniobra desde ese tipo de buques, la hipótesis debiera apuntar a la utilización de aeronaves, o tecnología de drones que ya estaría en manos argentinas, amén de cambios de normativas que pudieran permitir a la Prefectura utilizar otro tipo de armamento.
El encuadre legal internacional.
El cuadro legal internacional juegaría a favor de Argentina. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), incorporada al derecho argentino por la Ley 24.543, habilita el derecho de persecución cuando un buque extranjero infringe normas en aguas bajo jurisdicción del Estado ribereño. El hundimiento de un buque pesquero ilegal ya generó reparos diplomáticos, pero no una condena del Consejo de Seguridad ni una respuesta militar. La OTAN, por su parte, no tendría mandato para intervenir en un conflicto no bélico. El Reino Unido es miembro, Argentina no. Y Estados Unidos, en su posición oficial, reconoce la administración británica de las islas pero mantiene una postura neutral respecto de la soberanía, lo que le permite oficiar de mediador antes que de garante de una represalia.
Un dolor de cabeza para la UK, aún sin hundimiento.
El verdadero impacto, sin embargo, es económico. El Reino Unido cerró 2025 con un gasto de defensa de 89.000 millones de dólares, una reducción del 2% respecto del año anterior, mientras enfrenta un agujero presupuestario en el Ministerio de Defensa superior a los 2.000 millones de libras y compromisos militares en Ucrania que absorben 3.000 millones de libras anuales. Sostener la defensa de Malvinas ya es difícil de justificar ante el Tesoro británico. Si la Prefectura tuviese el poder de hundir plataformas en flagrancia, el Reino Unido debería desplegar más medios navales y aéreos de forma permanente, no para combatir, sino para disuadir una sanción administrativa que puede repetirse. Ese despliegue “por las dudas” no tiene techo claro y llega en el peor momento fiscal para Londres.
Argentina ni siquiera tendría que efectuar un hundimiento de una plataforma, la sola posibilidad de tener la capacidad hacerlo hunde a Londres en un conflicto económico y afectaría enormemente la rentabilidad del proyecto Sea Lion.
La ofensiva argentina, si ocurre, no sería bélica. Sería una sucesión de actos administrativos contra empresas privadas, con respaldo legal interno y un precedente que ya funcionó con buques pesqueros. El desgaste para el Reino Unido no vendría de un conflicto armado, sino de la necesidad de sostener un despliegue militar preventivo frente a una potestad sancionatoria que no requiere declaración de guerra. En términos estratégicos, la sola posibilidad de que la Prefectura actúe ya le cuesta a Londres muchísimo más de lo que le cuesta a Buenos Aires.
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