En un grave hecho de corrupción institucional, siete policías de Chaco fueron procesados y enviados a prisión preventiva por intentar sustraer más de nueve kilos de cocaína durante un procedimiento oficial de destrucción de drogas. El descubrimiento, realizado por un secretario judicial, destapó una red al interior de la fuerza encargada de combatir el narcotráfico.
La Justicia Federal de Resistencia confirmó la prisión preventiva por 100 días para siete efectivos de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco. Los agentes, que custodiaban el material, fueron sorprendidos in fraganti cuando intentaban sustraer 9.49 kilos de cocaína durante su traslado para ser incinerados en el polígono de tiro de Colonia Benítez.
La maniobra fue descubierta por el secretario del Juzgado Federal N°2, Martín Innocente, quien alertó movimientos sospechosos. Al intervenir, se encontraron los paquetes de droga escondidos en la cabina del patrullero, debajo de los asientos y en una mochila. El cargamento, valorado en aproximadamente 142.350 dólares, iba a ser reemplazado por un ladrillo de yeso para simular su destrucción.
Los imputados, que incluyen a un comisario, un subcomisario y cinco oficiales más, enfrentan cargos gravísimos: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (agravado por ser funcionarios públicos y por el número de partícipes) y peculado. Las penas previstas oscilan entre 6 y 20 años de prisión para el primer delito, y de 2 a 10 años para el segundo.
Los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg destacaron la «inusitada gravedad institucional» del caso. Subrayaron que los acusados, justamente encargados de prevenir el narcotráfico, utilizaron su conocimiento del procedimiento de destrucción para cometer el ilícito ante la presencia de autoridades judiciales. Este conocimiento especializado y su acceso a información sensible los convertía, según la fiscalía, en un riesgo concreto para la investigación, con capacidad para intimidar testigos o alterar pruebas.
La jueza de Garantías Zunilda Niremperger hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva hasta el 31 de marzo de 2026, argumentando una «peligrosidad procesal» fundada en la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la causa. Además, se allanó el domicilio de uno de los implicados, donde se secuestró una balanza de precisión, un elemento que, para la investigación, confirma la intención de reintroducir la droga en el mercado ilegal.
Este escándalo, que ha conmocionado a la sociedad chaqueña, expone una fisura alarmante en los eslabones encargados de la lucha contra el narcotráfico, donde quienes deben custodiar la droga incautada pasan a ser parte de su circuito de comercialización.
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