La Justicia ordenó devolver $9.377 millones a Enrique Piñeyro por el impuesto a la riqueza que le cobró el gobierno de Alberto Fernández; el empresario donará los fondos a la Fundación Garrahan.
La Justicia argentina asestó un golpe directo a uno de los símbolos más controvertidos del populismo fiscal del gobierno de Alberto Fernández. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) debe reintegrar a Enrique Piñeyro la suma de $9.377.809.747 por el Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como “impuesto a la riqueza”, que el empresario, piloto y actor había abonado en 2021 bajo protesta.
Lejos de tratarse de un caso aislado, la resolución expone las costuras de un tributo que nació como una medida de emergencia en medio de la pandemia, pero que terminó convirtiéndose en una herramienta de recaudación discrecional. El fallo, que representa “el 99% del pago” realizado por Piñeyro, según sus propios cálculos, deja al descubierto el costo real de una política que castigó el ahorro, la inversión y el esfuerzo de trabajadores y emprendedores, mientras el Estado financiaba un gasto público descontrolado.
Un fallo que devuelve el dinero, pero no el valor
La sentencia no solo ordena la devolución de una cifra millonaria. También confirma que el reclamo de Piñeyro tenía fundamento: el tributo alcanzaba situaciones anteriores a la sanción de la ley, violando el principio de irretroactividad. El empresario había presentado una acción declarativa de certeza para que la Justicia definiera la validez de una porción del impuesto que, a su entender, excedía el marco legal.
Piñeyro pagó el impuesto, incluidos los punitorios por la demora, y luego el expediente incorporó el pedido de devolución. “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”, había advertido en su momento, al cuestionar la norma. La frase resume el modus operandi de un gobierno que, lejos de promover una reforma tributaria seria y progresiva, optó por el atajo de gravar patrimonios ya formados para sostener un esquema de clientelismo y subsidios mal focalizados.
El propio Piñeyro advirtió que, aunque recupera casi la totalidad de lo pagado, la devaluación y la inflación redujeron drásticamente el valor real del reintegro. Es decir, el Estado no solo le cobró un impuesto injusto, sino que además se benefició con la licuación de la moneda durante el tiempo que retuvo el dinero.
La donación al Garrahan
La decisión de Piñeyro de destinar los fondos a la Fundación Garrahan no es un detalle menor. El empresario dejó documentada la operación ante escribano público y la fundación ya aceptó el instrumento. “Yo ya hice la escritura de donación para el Garrahan”, confirmó. El dinero pasará por su cuenta personal por requisitos administrativos y luego será transferido a la entidad vinculada al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
“Quiero que los impuestos vayan a donde tienen que ir: a la salud, la educación y la nutrición”, sentenció Piñeyro. Su gesto contrasta con la opacidad en el destino de la recaudación del impuesto a la riqueza, que nunca tuvo una asignación específica transparente. Mientras el gobierno de Alberto Fernández pregonaba que los ricos pagarían la crisis, los fondos se diluyeron en un laberinto de partidas presupuestarias sin control.
El caso también deja al descubierto la hipocresía de un discurso oficial que estigmatizó a los empresarios y ahorristas, presentándolos como evasores o especuladores. Piñeyro no solo pagó el impuesto, sino que además donó el reintegro a una causa noble. Su conducta desmiente la narrativa oficial y expone la verdadera naturaleza de un tributo que, en los hechos, desalentó la formalidad y la inversión productiva.
Populismo fiscal: el legado que Alberto Fernández no puede ocultar
El “impuesto a la riqueza” fue presentado como un aporte “solidario” y “extraordinario”. Sin embargo, su diseño y aplicación demostraron lo contrario: se trató de un impuesto permanente en los hechos, que golpeó a patrimonios medios y altos, incluyendo a pequeños y medianos emprendedores que habían logrado acumular capital de trabajo. La presión tributaria se sumó a una inflación descontrolada y a una devaluación constante, asfixiando al sector privado.
Piñeyro vinculó el debate con las sucesivas regularizaciones de activos (blanqueos) dispuestas por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Según su mirada, estas herramientas desalientan a quienes cumplen sus obligaciones porque instalan la expectativa de una futura amnistía. “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”, insistió.
El empresario también cuestionó que mientras se creaban impuestos “solidarios” para los patrimonios altos, trabajadores de ingresos bajos —como los docentes— quedaban alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Esa contradicción revela el verdadero rostro del populismo fiscal: castigar a los que producen y ahorran, mientras se premia a los que especulan o dependen del Estado.
Un Estado “ecualizador”, no un recaudador voraz
Piñeyro no reniega del rol social del Estado. De hecho, sostuvo que el Estado debería funcionar como un “ecualizador” social, con capacidad para garantizar vivienda, educación, salud y nutrición. “Toda persona, por el solo hecho de nacer, tiene derecho” a esos servicios, afirmó. Pero esa visión, lejos de justificar el populismo fiscal, lo condena: un Estado que cobra impuestos excesivos y los derrocha no es un ecualizador, sino un socio parasitario del esfuerzo ajeno.
El fallo a favor de Piñeyro no es solo una victoria judicial. Es una señal de que los excesos del gobierno de Alberto Fernández empiezan a tener consecuencias. La devolución de $9.377 millones es una reparación parcial, pero el daño a la confianza, a la inversión y al empleo ya está hecho. La pregunta que queda flotando es cuántos otros contribuyentes, en Chubut y en todo el país, esperan una resolución similar mientras el Estado sigue cobrando impuestos que luego no puede justificar.
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