En una decisión que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la Argentina, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ratificó por mayoría el decomiso de los activos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La medida, celebrada por sectores que reclaman transparencia y justicia, implica que los bienes obtenidos ilícitamente durante la denominada “obra pública fraudulenta” en Santa Cruz serán recuperados por el Estado. Lejos de quedar en una declaración vacía, el fallo ordena la ejecución efectiva del remate de propiedades, vehículos y dinero, por un monto que supera los 684 mil millones de pesos.
Finalmente, los delincuentes pagarán por lo robado.
El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con el voto mayoritario de Hornos y Barroetaveña, sentó un precedente clave: ni la herencia ni la transferencia a terceros protegen el patrimonio de origen delictivo. Así, los bienes que Néstor y Cristina Kirchner cedieron a sus hijos –incluyendo departamentos, casas y terrenos en Río Gallegos y Lago Argentino– también serán ejecutados. “El decomiso no puede quedar en una declaración abstracta”, enfatizó Hornos en su voto, al tiempo que subrayó que permitir que el delito siga generando beneficios económicos sería una afrenta al sistema democrático.
La resolución ratifica lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, que había identificado un entramado de 141 inmuebles, 46 vehículos y más de 5 millones de dólares vinculados a la maniobra de corrupción. Incluso el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, en San José 1111, será rematado. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían insistido en que los condenados “todavía no han depositado ni un solo peso”, demostrando “total falta de arrepentimiento”. Ahora, la Justicia les responde con contundencia: el Estado recuperará hasta el último centavo.
Aunque el juez Borinsky disintió parcialmente al proponer excluir los bienes heredados por los hijos de la exmandataria, la mayoría del tribunal fue tajante. Hornos recordó que los delitos dolosos contra el Estado constituyen, según el artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático. Por lo tanto, quienes se beneficiaron no pueden conservar ni directa ni indirectamente las ventajas económicas obtenidas. La medida, que también alcanza a empresas como Austral Construcciones, envía un mensaje claro: en la Argentina, la corrupción ya no deja herencia impune.
Para los argentinos esta noticia representa un respiro de esperanza. Si bien la creencia popular indica que los montos sustraídos son aún mayores, lo cierto es que esta decisión judicial es un paso gigante hacia la reparación histórica. Finalmente, la Justicia demuestra que, aunque los poderosos hayan delinquido, llegará el día en que deberán responder con su patrimonio.
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